Martes 03 de enero de 2017. Fuente: Perú21. Corrupción, un mal transversal que cada día progresa en detrimento del Estado. A propósito del caso Odebrecht, ¿cómo reducir sus índices? En esta entrevista, Jorge Medina señala qué factores atacar para mejorar el horizonte.

¿Qué medidas anticorrupción es necesario aplicar de manera urgente el 2017?

Tenemos los casos de corrupción del momento, pero ha habido otros casos antes y probablemente haya otros después. A este problema hay que verlo de otra manera. Tenemos que ir a los orígenes de la corrupción. Lo que usualmente hacemos es ver los efectos y nunca la causa.

¿Cuál es la madre del cordero?

La débil institucionalidad, la frágil democracia, la manera como se ejerce y se financia la política que hace que la corrupción penetre gobiernos regionales, municipales, Congreso, Policía, Fiscalía, Poder Judicial (PJ). Ahí está el problema. Porque hoy podemos tener una investigación muy buena y meter a la cárcel a los corruptos, pero no habremos resuelto nada. Entonces sería ideal que el Congreso, en lugar de enfocarse en el escándalo de turno, se focalice en los orígenes del problema.

Los aspectos que ha mencionado implicarían una reforma amplia.

Sí, pero hoy más que nunca existe la posibilidad de llevarla a cabo. En el Congreso tenemos seis agrupaciones políticas, una dominante. Si hay voluntad política, creo que el Perú tiene una gran oportunidad.

¿Qué se necesita?

Hay que hacer la reforma política, porque en la medida que los partidos sean débiles, que no tengan democracia y que sigan alimentándose de forma, por decir lo menos, poco transparente, no vamos a mejorar.

¿El Congreso está malgastando sus esfuerzos creando la comisión Lava Jato? ¿Es un mensaje proactivo o reactivo?

Es absolutamente reactivo, así como todas las comisiones que se han formado. Lo que deberíamos hacer es formar comisiones proactivas para ir, insisto, a la causa del problema.

Además de la reforma política, ¿qué necesitamos?

La reforma de la administración de justicia, empezando por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Hay que cambiar cómo se elige a sus miembros. Debe ser por concurso público.

Eso también está en el terreno del Legislativo.

Por eso. Genial que se forme la comisión investigadora de Odebrecht en el Congreso. Ojalá que lo hagan bien y que no interfieran. Yo estoy hablando ahora de una cosa mucho mayor… El PJ requiere otra reforma. ¿Cómo puede un organismo tan importante tener una presidencia que dura 2 años? Por lo menos deberían ser 4 años. Eso por darte solo un ejemplo. Un segundo tema tiene que ver con los recursos. El PJ y la Fiscalía necesitan muchos recursos más de los que tienen. Recursos financieros, tecnológicos… pero eso no se puede hacer a cuentagotas.

¿Y el Estado tiene los recursos para hacer tamaña inversión?

Siempre vamos a responder que no tenemos los recursos suficientes. Sin embargo, eso se paga solo, porque si el Perú avanza en la prevención y el combate a la corrupción podríamos ganar 2 o 3 puntos del PBI (Producto Bruto Interno).

Por el perjuicio económico que ocasiona al Estado.

Absolutamente. El error que cometemos es ver esto como un costo y no por sus beneficios.

¿De quién debe venir la voluntad política? La Ley de Presupuesto ya se aprobó en el Congreso, pero a propuesta del Ejecutivo.

Yo creo que está faltando visión en el Ejecutivo, porque creo que la voluntad existe. Si la visión estuviese bien, estaría dándole más recursos al PJ y a la Fiscalía.

¿En el Congreso también falta visión?

Ahí sí, además de visión, se requiere voluntad política. ¿Por qué? Porque algunas reformas políticas van a ser contrarias a sus intereses. Se podrían hacer la pregunta ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Con el sistema actual, con el voto preferencial, con financiamiento político no muy transparente, sin rendición de cuentas adecuada. Y entonces dicen ¿por qué me hago el harakiri? Yo sé que no tiene mucho sex appeal hablar de esto, pero el presidente y los políticos deberían ser capaces de hacer una conexión entre estas cosas no muy atractivas con lo que implica para el ciudadano de a pie.

Sobre el caso Odebrecht, el presidente dijo que evalúan demandar a la empresa. También hay quienes piden el embargo de sus bienes y la suspensión de sus obras. ¿Usted qué opina?

Ese es un asunto legal. Lo que sí creo es que este no es un momento de tibiezas. Creo que hay que ser muy firmes y no cederle ningún espacio a la corrupción. Tenemos que cautelar los derechos del Estado, de los peruanos. No debemos permitir que desaparezca documentación.

¿Le sorprendió que el ex asesor Carlos Moreno siga trabajando en el Estado?

Nosotros hemos propuesto, en la Comisión Presidencial de Integridad, que ninguna persona condenada por corrupción pueda trabajar en el Estado, pero debería haber un mínimo de sentido común para que el Estado acepte el ingreso de alguien que tiene estos cuestionamientos.

Autoficha

“Soy presidente de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. Integré la Comisión Presidencial de Integridad, que creó el gobierno y que propuso 100 recomendaciones en materia de lucha anticorrupción. Esperamos que las medidas no queden en el papel”.

“Nadie en su sano juicio entiende que en un país como el Perú, donde es evidente la penetración del dinero ilícito en la política, le puedan negar la facultad a la UIF de ayudar a los organismos electorales. Eso fue nefasto e irresponsable”.

“La Autoridad Nacional de Transparencia es fundamental porque no hay mejor antídoto para la corrupción que la rendición de cuentas. Estaría adscrito al Ministerio de Justicia. Debe haber también un Sistema Nacional de Integridad que dependa de la Presidencia de la República”.

Link: http://peru21.pe/opinion/jorge-medina-hay-que-ir-origenes-corrupcion-2266743

3/01/2017

Lima 28 diciembre 2016. Fuente: Agencia Andina. El Perú requiere de un acuerdo político para garantizar el cumplimiento de las metas propuestas por el gobierno en seguridad ciudadana y el Foro del Acuerdo Nacional constituye el espacio ideal en ese propósito, señaló hoy el director ejecutivo de Proética, Walter Albán.

Sostuvo que el objetivo de reducir la tasa de victimización y de robos, así como el elevar el número de efectivos policiales en las calles, propuestos por el Gobierno en un periodo de dos años, “son metas razonables, aunque no fáciles de cumplir, porque partimos de una situación coyuntural difícil”.

“El país requiere un acuerdo político en materia de seguridad ciudadana, de lo contrario será muy difícil llevar adelante políticas que tengan un resultado exitoso en la lucha contra la criminalidad”, expresó a la Agencia Andina.

En ese sentido, dijo que el Acuerdo Nacional constituye la oportunidad de “oxigenar” el debate sobre los temas que demandan, necesariamente, consensos.

Consideró, por ello, saludable el establecimiento de metas tangibles y cuantificables sobre la materia por parte del Gobierno, “que se puedan medir en el tiempo y evaluadas”.

Sostuvo que la conformación de grupos de trabajo para dar seguimiento a los acuerdos adoptados por el Acuerdo Nacional resulta una garantía de pasar del discurso a las acciones concretas, tal y como lo reclama la población.

Link: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-proetica-peru-requiere-acuerdo-politico-para-cumplir-metas-seguridad-ciudadana-647021.aspx

28/12/2016

Publicado el 23 de diciembre de 2016.- Transparency International insta hoy a los fiscales nacionales de 9 países latinoamericanos y 2 países africanos a pedir a sus pares de EE. UU., Brasil y Suiza que compartan las pruebas relativas al acuerdo por USD 2.600 millones alcanzado con la constructora brasileña Odebrecht.

Esta información podrá ser usada para investigar a quienes aceptaron sobornos y permitieron que Odebrecht arrebatara oportunidades comerciales a sus competidores en estos 11 países.

El arreglo alcanzado entre los fiscales y Odebrecht pone al descubierto la maquinaria global de corrupción a gran escala, y expone a una red financiera de sociedades pantalla e instituciones bancarias que se emplearon para pagar más de USD 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales y a partidos y dirigentes políticos corruptos en Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. “Las autoridades en estos países deben actuar ahora sobre la base de esta información.

El soborno no puede quedar impune. Las pruebas deberían ser compartidas y los culpables llevados ante la justicia”, sostuvo el presidente de Transparency International, José Ugaz.

“Los fiscales de estos 11 países deberían conformar un equipo de investigación conjunta, tal como lo recomienda la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, para lograr que su trabajo sea más efectivo y contribuir así a un enfoque más oportuno y sostenido que favorezca la rendición de cuentas”, añadió Ugaz.

Ayer, el Departamento de Justicia de EE. UU. informó que Odebrecht S.A. y la petroquímica brasileña Braskem S.A., también relacionada con Odebrecht, se declararon culpables y aceptaron pagar una multa total combinada de, al menos, USD 3.500 millones para zanjar los cargos que enfrentan ante autoridades de EE. UU., Brasil y Suiza, relativos a tramas corruptas para el pago de sobornos por cientos de millones de dólares a funcionarios gubernamentales.

La División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht —a la cual el Departamento de Justicia de EE. UU. denominó “Departamento de Sobornos”— debilitó sistemáticamente la integridad de funcionarios gubernamentales en América Latina y en Angola y Mozambique.

Ahora que los fiscales de Brasil, EE. UU. y Suiza han cumplido con su parte al alcanzar un arreglo definitivo en esta causa penal de alcance global, ha llegado el momento de que otros países investiguen las numerosas pruebas aportadas y no permitan que Odebrecht y los altos funcionarios que aceptaron sobornos se libren de ser juzgados y queden impunes.

Link del comunicado aquí.

24/12/2016

1. Las últimas informaciones difundidas en diferentes medios locales, en torno a las implicancias en el Perú de las revelaciones hechas por la empresa brasileña Odebrecht ante la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, han tenido enorme y justificada repercusión. Dada su trascendencia, es preciso exigir que se adopten todas las medidas necesarias para conjurar oportunamente todo riesgo de impunidad.

2. Dicha información nos remite a casi 10 años atrás, involucrando autoridades peruanas del más alto nivel a lo largo de la gestión de los tres últimos gobiernos entre los años 2005 y 2014.  La magnitud y alcances de tales hechos de corrupción, superan todo lo expresado hasta el momento y producen no solamente indignación y repulsa, sino profundo dolor por el daño perpetrado al Perú, extendiéndose el mismo al conjunto de la sociedad, pero también a la propia fibra moral del país.

3. Por ello, consideramos indispensable convocar a la ciudadanía a una urgente movilización, manteniéndonos en alerta permanente y exigiendo a nuestras autoridades proceder a la altura de lo que las circunstancias demandan, deponiendo al efecto todo interés ajeno al de conocer a fondo la verdad y actuar en consecuencia a ella.

4. Esperamos una actuación ágil y cautelosa por parte del Ministerio Público, institución a la que debe brindársele todo el apoyo necesario para que, además de continuar con las investigaciones en colaboración con las autoridades jurisdiccionales de Brasil y otros Estados concernidos, se encuentre también en condiciones de hacer frente con éxito a una cuestión ciertamente compleja y en la que, con seguridad, habrán de surgir previsibles presiones y todo tipo de obstáculos.

5. En la misma dirección, exhortamos al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República a que, en el más breve plazo, implementen las propuestas anticorrupción de la Comisión Presidencial de Integridad y el Plan 32 de la Asociación Civil Transparencia, cuyos contenidos resultan indispensables para instaurar la máxima transparencia en toda la administración estatal; fortalecer la integridad y la ética en los sectores público y privado; reformular el sistema de contrataciones del Estado bajo tales premisas, así como evitar la corrupción en las obras públicas de infraestructura.

Lima, 24 de diciembre de 2016

Jueves 22 de diciembre de 2016. Nota de prensa de Transparencia.

Tras conocerse la decisión del Consejo de la Magistratura de no ratificar a Mariano Cucho como jefe de la ONPE, la Asociación Civil de Transparencia emitió una nota en la cual destacó las cualidades profesionales y éticas de Cucho, así como las innovaciones que introdujo durante su gestión.

“Mariano Cucho no solo continuó con la ampliación del voto electrónico, sino que además introdujo el Sistema de Escrutinio Automatizado que permite contar con resultados electorales más rápidos y reduce al mínimo los errores en las actas”, señaló Transparencia.

Recalcó también los avances para acercar las mesas de votación al domicilio de los electores, con lo cual se facilita el ejercicio del derecho al voto. Transparencia destacó que bajo la gestión de Mariano Cucho, ONPE se convirtió en impulsor de la reforma electoral junto al JNE y RENIEC y trabajó muy coordinadamente con organizaciones de sociedad civil.

“Las propuestas de Transparencia en el Plan 32 y las de la Comisión de Integridad enfatizan la necesidad de fortalecer las funciones de ONPE, especialmente para el control del financiamiento de los partidos y de las campañas electorales; esto requiere de una persona con incuestionables credenciales democráticas y de honestidad”, señaló Transparencia.

Transparencia afirmó que guarda gratitud y reconocimiento hacia Mariano Cucho y que estará muy vigilante del concurso que ahora abrirá el Consejo de la Magistratura para designar al nuevo jefe de ONPE.

22/12/2016

(Fuente Perú21/Por Brunella Rodríguez Giorgio) El lunes 5 de diciembre, la Comisión Presidencial de Integridad presentó un informe con medidas concretas para promover la integridad y el respeto a principios éticos en la función pública. El documento gira en torno a 20 ejes conformados por 100 medidas que buscan combatir la corrupción.

Sin embargo, ¿cuáles son las medidas más resaltantes? En esta oportunidad hemos escogido los diez ejes más importantes del informe para explicar y entender de qué manera lograrán la finalidad que persiguen.

Los diez ejes principales

Los siete primeros ejes están orientados a promover la integridad, prevenir y sancionar la corrupción. El primero de ellos sugiere evitar el delito de tráfico de influencias mediante tres medidas concretas. Cabe precisar que este ilícito puede ser cometido por cualquier persona que venda influencias reales o simuladas. Según la comisión, este acto debilita la misión que el Estado persigue y por ello es esencial su erradicación.

También, se propone impedir el ingreso o reingreso a la función pública de personas condenadas por corrupción, narcotráfico y lavado de activos. Las medidas planteadas en este eje deben alcanzar al Poder Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, organismos constitucionales autónomos, gobiernos regionales y locales.

Asimismo, se ha recomendado transparentar el Sistema de Contrataciones del Estado, mediante la implementación de 17 medidas orientadas a promover que los contratos celebrados por el Estado eviten elementos cuestionables durante el proceso de contratación y se adquieran productos o servicios de calidad. El abogado Carlos Caro señaló a Perú21 que “una de las principales fuentes de corrupción en el Estado se da en estos casos”.

Un ejemplo reciente son las compras de computadoras realizadas por el Ministerio de Educación (Minedu), involucradas en un presunto caso de corrupción. Como es sabido, dicha compra fue realizada mediante los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. Este es un método de contratación especial en el que una entidad celebra un contrato sin utilizar un procedimiento de selección, en caso de que dicho catálogo contenga el bien o servicio que se requiere.

Otro de los ejes planteados es evitar la corrupción en las obras públicas de infraestructura y fortalecer la autonomía de los organismos reguladores, lo cual, según se señala en el informe, es uno de los factores de corrupción que más desconfianza genera en la ciudadanía. También se indica que este ilícito ocurre por la falta de un Plan Nacional de Infraestructura, la poca transparencia, presentación de postores únicos y los indicios de concertación entre postores.

Con el objetivo de informar sobre casos de corrupción, este eje promueve la denuncia y protección a los acusadores. Para ello, consideran necesario contar con mecanismos de fácil acceso para denunciar estos ilícitos, así como medidas para el resguardo a denunciantes, testigos y personas involucrados en estos delitos que colaboren en la investigación.

Eduardo Vega, presidente de la Comisión Presidencial de Integridad, declaró a este medio su recomendación de incorporar un programa de recompensas para personas que denuncien a “funcionarios corruptos tanto en el sector público como el privado”.

El informe de la Comisión Presidencial de Integridad, a diferencia de lo que ocurre actualmente, ha planteado limitar la inmunidad parlamentaria solo en los casos en los que los congresistas hayan sido condenados mediante sentencia firme con prisión efectiva por delitos dolosos realizados antes de iniciar su función parlamentaria. Ello sin contar con la aprobación de ningún órgano del Congreso.

Otra propuesta es promover la integridad en el sector privado, pues la comisión considera que tiene una participación relevante en el desarrollo económico y social del país. Por ello, considera que la posibilidad de que también exista corrupción en las empresas afecta también su avance.

Los tres últimos ejes tratan sobre los mecanismos de seguimiento y promoción de una cultura de integridad. El primero de ellos busca fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, la cual está orientada a proponer políticas que prevengan y sancionen estos delitos.

El segundo eje propone crear el Sistema de Integridad en el Poder Ejecutivo. Y el tercero plantea crear el observatorio de monitoreo y evaluación de la implementación de las medidas propuestas en dicho informe.

El proceso de ejecución

Allan Wagner, miembro de la Comisión Presidencial de Integridad, declaró que la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, se encuentra analizando y catalogando las propuestas del informe, para determinar cuáles son las medidas que podrán ser realizadas por las facultades delegadas o los instrumentos propios del Ejecutivo, y cuáles deberán remitir como proyectos de ley al Congreso.

Asimismo, asegura que el presidente Pedro Pablo Kuczynski manifestó a los miembros de la comisión que la llamada declaración de intereses será implementada antes de final de año.

Como peruanos, hemos sido tolerantes al aceptar actos de corrupción a cambio de obras mediocres. Esperemos que con las medidas propuestas se logren mejoras en la función pública, mas no se debe olvidar que para lograr un cambio real se requiere de un trabajo en conjunto con la ciudadanía.

Tenga en cuenta

• El Índice de Percepción de Corrupción 2015, elaborado por la organización Transparencia Internacional, mostró un retroceso de Perú de tres puestos, colocándonos en la posición 88 de un total de 168 países analizados a nivel mundial.
• La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) tiene como objetivo coordinar acciones y proponer políticas de mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el Perú. No obstante, la institución solo contó con S/1’143,140.00 de presupuesto para el año 2016.

18/12/2016