(Fuente: Agencia Andina). El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, se pronunció a favor de que el Poder Judicial y el Ministerio Público trabajen con fiscalías y juzgados ad hoc para investigar la corrupción de las empresas brasileñas dado lo complejo del tema.
En ese sentido saludó la decisión del gobierno al crear la procuraduría adhoc para darle mayor celeridad a su trabajo y obtener las reparaciones adecuadas por los perjuicios ocurridos perpetrados contra el Estado.
“Nos parece una buena decisión (la procuraduría adhoc) que obviamente parte de la lentitud (…) en haber tratado de manejar el tema con la procuraduría anticorrupción que ya tiene dificultades para manejar sus más de 30 mil casos que tiene en curso y sumar ahora el caso de la corrupción brasileña, sería pedir demasiado”, señaló a Andina.
Al respecto, dijo que tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público deben adoptar decisiones similares y realizar un trabajo articulado que rinda mejores frutos.
“Es indispensable que en cada una de estas instituciones trabajen con mecanismos adhoc para trabajar a fondo el asunto de la corrupción brasileña que es bastante complejo y que requiere no solo de mucha responsabilidad sino de un trabajo articulado”, expresó.
Albándijo que por ahora “la voz cantante” la tiene el Ministerio Público, pues el Poder Judicial solo está atendiendo requerimientos puntuales, pero conforme avancen las investigaciones y se formulen las denuncias, los jueces van a tener un rol mucho más protagónico.
“Esto no es un tema más de corrupción sino de megacorrupción y por la complejidad del asunto, demanda un trámite mucho más ágil y especializado, contando para ello con los recursos necesarios y hacer frente con éxito una tarea tan compleja que no solo requiere de conocimiento de abogados sino de varios especialistas”, manifestó.
Albán indicó que incluso en la Policía Nacional se está creando un destacamento especializado para el caso de la corrupción brasileña; por tanto se debe trabajar con mecanismos especializados y cautelar los intereses del Estado.
30/01/2017