Por Jorge Medina
Presidente de Proética
(Publicado en El Comercio)
Las pérdidas que origina la corrupción representan casi el 10% del Presupuesto General de la República, porcentaje similar al destinado a los sectores Salud o Transportes. Bastaría solo con este dato para darnos cuenta de que, como sociedad, hemos permitido que la corrupción ponga en jaque el desarrollo de nuestro país. Por ello, el gobierno creó la Comisión Presidencial de Integridad (CPI), a la que encargó proponer –en un plazo de 45 días– medidas para promover la integridad en la función pública, fomentar la transparencia y prevenir y sancionar la corrupción.
La semana pasada, la CPI –que actuó con absoluta independencia y autonomía– presentó su informe. En la ejecución de su trabajo escuchó a representantes de todos los sectores. Así, congresistas, ministros, autoridades, empresarios, líderes sindicales, académicos, periodistas y ciudadanos de diferentes regiones en audiencias públicas fueron actores activos del resultado de su informe de 100 medidas.
Para la gran mayoría de ciudadanos, la forma en que las autoridades toman decisiones es opaca. Por ello, la primera recomendación de la CPI es que antes del 31 de enero del 2017, todo alto funcionario (incluido el presidente de la República, ministros, congresistas y jueces supremos, entre otros) deberán presentar una declaración jurada de intereses que contenga información sobre sus vínculos societarios, empresariales, profesionales y laborales anteriores al ejercicio del cargo, lo que se hará púbico en las páginas web de cada entidad. El uso eficiente de esto y el desarrollo de un programa de recompensas por denuncias de corrupción serán dos herramientas para que la ciudadanía se entere de quién es quién y sepa qué hacer en casos de corrupción.
En la ejecución de su trabajo, la CPI constató la exigencia de los ciudadanos de crear barreras que eviten, entre otros, los siguientes problemas: (i) que los corruptos ingresen al Estado; (ii) que se produzca tráfico de influencias; y (iii) que el financiamiento ilícito siga penetrando la política. Para el primer caso, la CIP ha propuesto impedir el ingreso o reingreso a la función pública a quienes sean condenados por corrupción, aun cuando hayan cumplido su pena.
Para el segundo caso, recomendó modificar la legislación de gestión de intereses, en términos similares a los propuestos por Transparencia: establecer un sistema de corresponsabilidad entre gestores de intereses y funcionarios públicos, eliminar la diferenciación entre intereses propios y de terceros estableciendo un mismo sistema de obligaciones y responsabilidades, y simplificar el registro de gestores de intereses.
Por el lado del financiamiento ilícito a la política, la CPI considera urgente y prioritaria una reforma integral que garantice que los líderes políticos y candidatos a puestos de poder por elección popular sean detalladamente observados. A través de una declaración jurada, cada candidato deberá especificar el monto de sus impuestos pagados en los últimos cinco años, así como las fuentes y montos de sus ingresos.
Deberán ser transparentes sobre sus cuentas bancarias, inversiones e inmuebles, tanto en el país como en el exterior. Para concretar este desafío, se ha propuesto el fortalecimiento de la UIF y la ONPE; esta última, con la facultad de calcular, en base a estudios de mercado y al historial de reportes, los costos de las campañas electorales para exigir a las organizaciones políticas la revelación de sus fuentes de financiamiento. El incumplimiento será sancionado con severas penas no solo pecuniarias, sino también políticas.
Las contrataciones del Estado, por ser un medio de concreción de malas prácticas, son otro punto trascendental del informe. Además de medidas de simplificación, digitalización y gobierno abierto, la CPI ha propuesto que las personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción no puedan contratar con el Estado. También que el arbitraje en materia de contratación pública sea únicamente institucional, no ad hoc. Asimismo, crear una procuraduría especializada en arbitrajes que monitoree y asesore a los procuradores que tienen a su cargo la defensa del Estado.
Otra medida que la CPI considera fundamental es crear un sistema de justicia especializado en delitos de corrupción conformado por cuerpos especializados del Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional, en trabajo coordinado con la UIF, la Procuraduría Anticorrupción y la contraloría, y que esté integrado por personal de elevado nivel ético, altamente calificado y sometido a permanente evaluación. En este propósito, el Estado debe asegurar la participación y el apoyo de organismos y fuentes de cooperación internacional, a fin de darle la máxima eficiencia al sistema, incluyendo la capacidad de la intervención en flagrancia de graves delitos de corrupción.
El gobierno no es el único responsable. El Congreso cumple un rol trascendental, especialmente en llevar a cabo las reformas necesarias. Los medios de comunicación tienen también responsabilidad, por ejemplo, en la creación de campañas de una cultura de integridad. Así como ellos, la academia, el empresariado y la sociedad civil, liderados por entidades como Transparencia y Proética, están invitados a acompañar este nuevo paradigma en el Perú, a través de la implementación de un observatorio de monitoreo y evaluación de cada una de las propuestas de la CPI.
Pocos movimientos –como uno anticorrupción– podrían ser capaces de reunir, sin posibilidad de discriminación social o ideológica, a todos los sectores de la sociedad para llevar a cabo la gran lucha de nuestros tiempos –prevenir y combatir la corrupción– y construir el país que todos queremos.
15/12/2016
