(Fuente: El Comercio / Por Sebastian Ortiz Martínez) Odebrecht se comprometió a entregar a la fiscalía peruana “información y documentación relevante” dentro de la investigación que se le sigue por los sobornos de US$29 millones de dólares que pagó a funcionarios públicos de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala a cambio de la buena pro de un conjunto de obras.
La constructora brasileña también deberá depositar S/30 millones de soles a las cuentas del Estado como adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas a determinarse dentro del proceso penal, según el acuerdo que firmó con el Ministerio Público, que aún no brinda todos los detalles del mismo.
¿Este convenio impide que los bienes que Odebrecht tiene el Perú sean embargados?
El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, explicó a El Comercio que ningún acuerdo firmado por la fiscalía puede limitar las acciones de la Procuraduría Anticorrupción, institución que puede pedir el embargo de los activos de la constructora brasileña así como el congelamiento de las cuentas del fondo para la gasoducto sur, obra a cargo de los brasileños.
“De ninguna manera los acuerdos que pueda haber llegado Odebrecht con el Ministerio Público limita la competencia de la Procuraduría de solicitar el congelamiento de cuentas. Lo que se conoce es que existe un gesto de la empresa, en el sentido, de que tiene el ánimo de colaborar”, refirió el también ex defensor del Pueblo.
El abogado penalista Carlos Caro coincidió con Albán e indicó que la defensa del Estado, al no haber sido parte de la negociación con la empresa brasileña, está en libertad de pedir el embargo de sus bienes y servicios.
En diálogo con este Diario, Caro señaló que la procuraduría puede plantear la incautación de los activos de Odebrecht cuando se inicie la investigación preparatoria y se tenga cargos concretos.
Agregó que el congelamiento de los bienes puede darse si se demuestra que la empresa está vendiendo sus activos para eludir el pago de una eventual reparación, “pero lo central para un juez son las pruebas”.
Caro afirmó que sí bien Odebrecht admitió el pago de sobornos, en el Perú los procesos se inician contra personas naturales y continúan con las jurídicas, como la compañía. Por ello, hasta no que se identifiquen a los ejecutivos que pagaron los sobornos, es difícil que se pueda solicitar con éxito el embargo de los activos de la constructora.
— “La reacción fue lenta” —
La ex procuradora supranacional Delia Muñoz exhortó al fiscal anticorrupción Hamilton Castro Trigoso, titular de la investigación del Caso Lava Jato, a brindar los detalles del acuerdo suscrito con la constructora brasileña, porque le preocupa que este documento pueda “ser usado como un escudo” para dejar de lado ciertas áreas de la pesquisa.
“En aras de la transparencia, la fiscalía debe exhibir los acuerdos firmados, porque este caso es tan delicado y abarca a muchos países de América Latina”, subrayó.
Muñoz consideró “positivo” que Odebrecht, al suscribir el convenio, reconozca que ha cometido actos irregulares. Sin embargo, indicó que el adelanto de pago de 30 millones de soles “es casi nada” en comparación a lo que el gigante brasileño ganó en las obras que realizó en el país en los últimos tres mandatos.
El ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra cuestionó que la fiscalía haya tenido una reacción lenta en el Caso Odebrecht.
“No puede ser posible que en noviembre del año pasado hayan iniciado las investigaciones cuando el tema ya se conocía desde hace mucho tiempo. Esta reacción tardía, estos problemas que tienen con la cooperación internacionales, a raíz de la decisión de la fiscalía brasileña de no entregar toda la información al Perú es lo que ha llevado a la fiscalía a negociar rápidamente con la empresa”, señaló en Canal N.
Gamarra también criticó que el procurador anticorrupción Amado Enco no haya sido parte de la negociación con Odebrecht, cuando el Estado, al cual el letrado representa, fue víctima de la constructora. “Hubiera sido importante que se negocie con todos los actores: la empresa corruptora, el fiscal que investiga y el abogado de la víctima, que es el procurador”, subrayó.
6/01/2017