(Publicado en el diario El Comercio​). De poco sirvió que las circunstancias del país nos demostraran hasta la saciedad que la corrupción nos ha invadido de manera monumental. El gobierno ha optado, finalmente, por frustrar el proyecto de una autoridad autónoma de transparencia, capaz de acabar con las enormes resistencias que aún campean en el Estado cuando se trata de actuar con transparencia y brindar la información que se solicita.

Son innumerables los casos en los que la administración se niega a entregar la información, escudándose en el equivocado –cuando no doloso– argumento de que se trata de cuestiones “reservadas”. Sobran reportes hechos por entidades especializadas que confirman lo dicho. Así, quienes son rechazados en su pretensión informativa, se ven obligados a acudir al Poder Judicial para intentar, a través de procesos que pueden alcanzar fácilmente los tres años, revertir tal negativa, conforme da cuenta el Informe N° 165 de la Defensoría del Pueblo.

No cabe duda de que el Perú dio un paso trascendental cuando, en el 2001, el gobierno transitorio del presidente Valentín Paniagua aprobó las primeras normas para hacer efectivo el derecho fundamental a conocer toda información que obra en poder del Estado, exceptuándose razonablemente algunos escasos supuestos vinculados a ámbitos como la intimidad o la seguridad nacional. Un conjunto de normas posteriores, dictadas con el mismo propósito, no ha conseguido sin embargo desterrar la lógica secretista con la que con frecuencia actúa el Estado, como ocurre a todas luces hoy con la Municipalidad de Lima Metropolitana.

La experiencia demuestra que la tarea se encuentra inconclusa y que, para revertir la situación descrita, resulta indispensable contar con una autoridad independiente, capaz no solamente de sancionar a quienes se niegan a cumplir la ley, sino de desestimar cualquier calificación arbitraria de información bajo reserva, orientada más bien a mantenerse al margen del escrutinio de los medios y de la ciudadanía. Es por esa razón que desde pocos años atrás se fue gestando el consenso para crear esta autoridad autónoma, coincidiendo en ello tanto la sociedad civil como las diferentes instituciones estatales participantes en la Comisión Nacional Anticorrupción (CAN).

Así lo entendió también durante la campaña electoral el entonces candidato Pedro Pablo Kuczynski, quien comprometió en su plan de gobierno la creación de esa entidad. Más recientemente, la Comisión Presidencial de Integridad planteó lo mismo, coincidiendo luego en ello la comisión de expertos constituida por la ministra de Justicia, que elaboró el proyecto del decreto legislativo para darle vida.

¿Qué ocurrió entonces para que se produzca un resultado tan absurdo como el de crear una autoridad “autónoma” dependiente de un viceministerio y sin capacidad real para sancionar o, menos aun, rechazar reservas injustificadas? Podemos ensayar diferentes respuestas, pero una de ellas sin duda encuentra profundas raíces en nuestra historia: la secular tendencia de quienes ejercen el poder para no hacer totalmente visible su actuación, desconociendo que la clave para generar confianza ciudadana y contar con el mejor antídoto para prevenir el cáncer de la corrupción la constituye tanto la transparencia como el pleno acceso a la información pública. La coyuntura que vivimos hace evidente que hubiera resultado mejor optar oportunamente por políticas preventivas, antes de tener que acudir hoy a instituciones debilitadas y poco articuladas, para tratar de impedir la impunidad, cuando ya se produjo el enorme daño infligido al patrimonio y a la moral del país.

Los pretextos de siempre no encuentran asidero. “No más burocracia y gastos innecesarios”, se dice. Lo primero se contesta solo: ¿para qué crear entonces una nueva dirección en el Ministerio de Justicia? ¿Acaso no es eso más burocracia? Acerca de lo segundo, cabría recordar la obra de Alfonso Quiroz sobre la corrupción en el Perú, cuando afirma que históricamente la corrupción ha representado un promedio de entre 3% y 4 % del PBI. Y, si un crecimiento autosostenido demanda una media de crecimiento anual del PBI de entre 5% y 8 %, entonces nuestro país ha perdido o distribuyó mal alrededor del 40% a 50% de sus posibilidades de desarrollo. La autoridad autónoma habría sido, pues, la vacuna, pero el gobierno ha decidido por ahora ahorrarse ese gasto para cubrir los costos de la enfermedad, largamente superiores y con un resultado mucho menos eficiente.

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19/01/2017

(Fuente: Agencia Andina).  Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, exhortó a hacer todos los esfuerzos para ampliar las investigaciones de los contratos de constructoras brasileñas en el Perú, no solo desde el primer gobierno de Alan García (1985-1990), sino también desde 1979, cuando empezaron a trabajar en el país andino.

Explicó que desde 1979, al final del gobierno de la Junta Militar, Odebrecht empezó a contratar con el Estado peruano.

“Habría que hacer esfuerzos más grandes para ampliar las investigaciones que no solo alcanzan al primer gobierno de Alan García sino que desde el año 1979 se han registrado obras de Odebrecht”, señaló Agencia Andina.

Las investigaciones del caso Odebrecht involucran por el momento a los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y OIllanta Humala (2011-2016).

Según la revelación de la propia empresa Odebrecht, pagó sobornos por US$ 29 millones a funcionarios de esos tres gobiernos con la finalidad de ganar licitaciones de contratos de obras de infraestructura en Perú.

Respecto a la encuesta según la cual la mayoría de peruanos coincide en que hubo coimas a altas autoridades de tres gobiernos, Albán consideró que ese resultado es comprensible debido al nivel de corrupción registrado en el Perú en determinadas épocas.

“Ante tantas denuncias que se vienen dando se comprende que la ciudadanía perciba que estén involucrados (las autoridades de los tres gobiernos) o tengan alguna responsabilidad y ya desde el primer gobierno de Alan García, habían denuncias, lo malo es que las investigaciones en el Perú no avanzan lo suficiente”, señaló.

Respecto a que los expresidentes Alejandro Toledo y Alan García estén fuera del país, Albán consideró evidente que ello puede generar en alguna medida un obstáculo para las investigaciones.

“Lo único que se espera, como han venido sosteniendo (los expresidentes), es que estén dispuestos a colaborar, demostrar su inocencia y actuar con consecuencia”, afirmó.

En cuanto a la información que pueda haber recabado el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez en su reunión con su homólogo de Brasil, Rodrigo Janot, el también exdefensor del Pueblo, señaló que lo más importante es que dicha información le dé un impulso y mayor agilidad a las investigaciones en Perú.

17/01/2017

(Publicado en el diario El Comercio). La historia da cuenta de hechos delictivos que nunca se habrían conocido si no fuera por el coraje de quienes se atrevieron a denunciarlos: personas bautizadas como ‘whistle blowers’.

Los casos son de naturaleza muy variada. Los hay de índole político –como el protagonizado por “Garganta Profunda” en el escándalo Watergate en Estados Unidos– y también del tipo conspirativo, como el de Edward Snowden, el ex empleado de la CIA que denunció programas de vigilancia masiva.

También están los de carácter financiero y empresarial. En el 2009, por ejemplo, el banquero Bradley Birkenfeld destapó el funcionamiento de una división de gestión de patrimonio dentro de UBS, que asesoró a más de 20.000 empresas en la evasión de impuestos. Esta delación permitió al Gobierno Estadounidense cobrar unos US$5.000 mlls. en impuestos, sanciones y multas.

El buen funcionamiento de la figura del ‘whistle blowing’, lejos de ser una conducta desleal, constituye una buena práctica anticorrupción, básicamente por su efecto disuasivo. Si las organizaciones facilitaran que sus trabajadores y ejecutivos pusieran en conocimiento de los órganos de auditoría y vigilancia los actos ilícitos que pudieran conocer, lograrían entidades más transparentes y combatirían mejor la corrupción e impunidad.

Un reto es contar con instrumentos que incentiven las denuncias a través de programas de recompensas –tal como lo propone el Informe de la Comisión de Integridad– incluyendo, además, sistemas efectivos de protección al denunciante.

Asimismo, la implementación del sistema de responsabilidad administrativa, para casos de corrupción de personas jurídicas debería mejorar la puesta en valor de los estándares de transparencia e integridad.

También lea el artículo completo aquí: 

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16/01/2017

(Fuente: La República / Por Jorge Loayza) En el sector Justicia se promulgaron 27 normas en el marco de las facultades legislativas, siete de ellas enfocadas en la lucha contra la corrupción. Incluso decretos de otros sectores (como la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado) también están focalizados para este fin.

Una de las decisiones del gobierno que han generado opiniones encontradas es la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual ha sido puesta en tela de juicio al considerar que será una entidad ‘sin dientes’.

Expertos consultados dijeron que debió tener autonomía y un mayor alcance.

El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, opinó que si bien en varios aspectos el gobierno tomó en cuenta las recomendaciones de la sociedad civil, en esta materia específica no ocurrió así.

“Se contaba con una propuesta muy completa y que por tanto daba un complemento indispensable a lo que viene a ser este proceso de liberarnos del secretismo en el gobierno peruano, que tanto daño ha hecho y contribuye a la corrupción. Sin embargo el resultado sorprendió a todos”, puntualizó Albán.

Al respecto, el abogado Erick Iriarte dijo que el DL promulgado dista de la propuesta presentada.

Iriarte formó parte del grupo de profesionales que presentó esta iniciativa al Ministerio de Justicia. Opinión similar han manifestado otros miembros de este grupo, como el abogado Javier Casas.

Para Iriarte el sistema se ha desequilibrado debido a que se ha priorizado la transparencia por encima de la protección de datos, cuando debió encontrarse un balance en ambos campos.

Explicó que en la propuesta se le planteó al Minjus –entre otras cosas– que la Autoridad de Transparencia sea un órgano técnico especializado. Esto no ocurrió, ya que dependerá del Ministerio de Justicia.

“Se avanzó, sí. En esencia, se pasó de no tener nada a tener algo”, comentó Iriarte. Aunque advirtió que en escenario político diferente al actual se podría retroceder.

Norma de la discordia

En concreto, el DL 1353 que pone en marcha la Autoridad de Transparencia propondrá las políticas en dicha materia y emitirá las directivas y lineamientos que sean necesarios.

Por primera vez en el país un servidor público podrá ser sancionado por no entregar información, en un plazo no mayor de 12 días hábiles. Aparte, se presentará al Congreso un informe anual sobre los pedidos de acceso a la información pública.

Las sanciones van desde una amonestación escrita hasta una suspensión sin goce de haber de entre 10 y 180 días, una multa no mayor de cinco Unidades Impositivas Tributarias (UIT), la destitución o la inhabilitación, dependiendo de la gravedad del caso.

También habrá un Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Fuentes del gobierno aseguraron que la discusión sobre la creación de esta entidad se concentró en ofrecerle agilidad, evitando la generación de una mayor burocracia.

Una de las promesas de campaña del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, fue la creación del organismo, hoy cuestionado.

Medidas anticorrupción

Por otro lado, una de las primeras normas publicadas en el marco de la delegación de facultades en lucha contra la corrupción fue la llamada “muerte civil”, en el DLN° 1243, que cambia hasta quince artículos del Código Penal.

Este DL fija entre cinco y veinte años el tiempo de inhabilitación principal por delitos contra la administración pública.

La norma también indica que habrá un registro único de sentenciados.

Ante las críticas iniciales, este decreto fue modificado para que el Estado pueda despedir a los sentenciados por corrupción. Iván Montoya, ex procurador anticorrupción, consideró que “esta es una de normas más completas” que ha dado el Ejecutivo.

“Ahora se ha cerrado un poco el círculo. Es estricta como debe ser, y eso me parece positivo”, añadió.

Otros DL establecen sanciones para los abogados que busquen retrasar procesos judiciales.

Aparte, las empresas corruptas no podrán contratar más con el Estado, ya que habrá responsabilidad en personas jurídicas en casos de corrupción.

Esto ayudará a que casos como los de la constructora brasileña Odebrecht puedan ser sancionables.

Se estableció, además, una mayor protección para los ciudadanos que denuncien actos de corrupción, así como la creación de la Procuraduría General del Estado.

Asimismo,el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) será la oficina encargada de informar sobre las posibles relaciones de parentesco de los servidores públicos.

Esto con la finalidad de evitar conflictos de interés en el ejercicio de sus funciones.

12/01/2017

Compartimos con ustedes dos gráficas de suma importancia: la primera da cuenta de la relación de países que han solicitado oficialmente información al Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil sobre el caso #LavaJato. Entre ellas, figura el Perú.

La segunda es sobre países a los cuales el MPF ha solicitado de manera oficial información sobre este caso.

(Imágenes: MPF de Brasil).