Bonanza empresarial de hijos de Fujimori vinculada al dinero de la corrupción de los ’90

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  • Por Edmundo Cruz, con la colaboración de Jorge Weston y Óscar Castilla y el apoyo de Proética. 
  • Publicado por Ojo Público.

Investigación fiscal apunta al dinero ilícito de la corrupción como “delito fuente” de las compañías de los hermanos Fujimori. Kenji y Hiro son los principales actores en las empresas creadas después de la condena de su padre por violación de derechos humanos.

Ocurrió entre julio del 2009 y fines del 2014: en solo cinco años, los hijos del expresidente Alberto Fujimori y Susana Higuchi constituyeron 21 empresas, en tanto que en los veinte años anteriores, la familia apenas había registrado cinco negocios.

El salto suena a emprendimiento. Lo curioso es que la vocación societal de los Fujimori Higuchi despertó en forma repentina, después que el padre fuera condenado a 25 años de prisión por violación de derechos humanos en el Caso La Cantuta-Barrios Altos.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia se dictó el 7 de abril del 2009 y la constitución de la primera empresa del grupo de las 21, o sea, Logística Integral Marítima Andina S.A., más conocida como Limasa, se produjo el 23 de julio del mismo año, tres meses y medio después.

El 10 de febrero pasado, el Ministerio Público abrió investigación fiscal preliminar a dos de las empresas de los Fujimori Higuchi: a Limasa, el almacen mayor, y a Alinsa (Almacenes Internacionales S.A.), un almacén menor. Se presume lavado de activos en agravio del Estado.

La hipótesis del fiscal Eduardo Cueva Poma, a cargo del caso, apunta a que se trata de dinero ilícito proveniente de la corrupción de los años 90. Es lo que se deduce de su pedido de información a la Corte Suprema de Justicia sobre las sentencias dictadas contra Alberto Fujimori Fujimori por delitos de peculado, malversación de fondos, cohecho y enriquecimiento ilícito. El fin es “auscultar el delito-fuente”, precisa en la diligencia 11 de la resolución fiscal.

HIRO, LA NOVEDAD

Los investigados son Kenji Gerardo, Hiro Alberto y Sachie Marcela Fujimori Higuchi. Los dos primeros accionistas mayoritarios de Limasa y Alinsa y de la mayoría de empresas del grupo de las 21.

Kenji es el que da la cara, figura como accionista de Limasa desde su fundación. En cambio, Hiro Alberto, el hermano mayor, apareció recién a fines del 2012 como director de Limasatrans, una empresa dependiente de la almacenera mayor. Se veía un Hiro poco interesado en Limasa, pero no es así.

Entre mediados del 2012 y comienzos del 2015, Hiro interrumpió sus estudios de analista financiero en Japón, donde reside, para venir a Perú a participar directamente en los aumentos de capital social por capitalización de deudas efectuados en Limasa, operaciones societales que son claves en la investigación fiscal.

Ahora Hiro es el principal accionista de Integrated Global Logistics o sencillamente IGL (exLimasa), la nueva razón social del almacén. Participa a través de la firma FM Capital Partners, poseedora del 41.38% del capital social, porcentaje que comparte por mitades con el norteamericano Daniel Scott Matson). Kenji es titular del 28.96% de IGL (ex Limasa).

La participación de Sachie Marcela y su esposo Mark Koenning es discreta y minoritaria. Keiko Sofía no figura en los directorios de Limasa ni Alinsa. Su esposo Mark Vito Villanella es promotor de dos empresas de alto capital, independientes de Hiro y Kenji.

La mitad de las 21 empresas del “boom” empresarial del quinquenio 2009-2014 ­–unas 10 para ser precisos están relacionadas con los hechos investigados por la fiscalía. Las relacionan los dos almacenes del grupo: Limasa y Alinsa que juegan un rol dominante.

Unas se han formado para cumplir un papel determinado en el supuesto lavado. Otras sencillamente son empresas de servicios complementarios. Los que mandan son los almacenes.

LIMASA (HOY IGL)

La exLimasa actualmente es uno de los almacenes más grandes del Perú, con un capital social superior a los dos millones de soles y una facturación anual promedio de alrededor de 8 y 9 millones de dólares en los años 2014 y 2015. Controla Limandina, Limasatrans, IGL Containers, IGL Services e IGL Transports.

Los Fujimori Higuchi crearon ex profeso otras dos firmas: FM Capital Partners e Inversiones Perú Japón, para que oficiaran de acreedoras de Limasa en los cuestionados aumentos de capital por capitalización de deudas. Lo increíble es que tanto la deudora como las acreedoras son propiedad de Kenji e Hiro Fujimori.

O sea, se habrían endeudado y pagado entre ellos mismos. Las dos firmas jugaron su partido y se fueron de baja.

El caso de Alinsa se trata de un almacén menor, de funcionamiento efímero. Nació de la reunión de tres razones sociales: Ogura Capital Partners, Vantage Merchant Capital y MSK Servicios, todas ellas constituidas al comienzo por un estudio de abogados. Los reales dueños –los Fujimori Higuchi– aparecieron después.

A través de una intermediaria, construyeron un local para el depósito en una zona insalubre de Villa El Salvador. Ahí se guardó mercadería durante once meses –se desconoce qué guardaron-, el local posteriormente fue abandonado, y los registros públicos nunca fueron informados.

Hiro es hoy principal accionista de Integrated Global Logistics o sencillamente IGL (exLimasa), la nueva razón social del almacén. Participa a través de la firma FM Capital Partners, poseedora del 41.38% del capital social, porcentaje que comparte por mitades con el norteamericano Daniel Scott Matson). Kenji es titular del 28.96% de IGL (ex Limasa).

EL NEGOCIO DE LOS ALMACENES

Una pregunta obligada: ¿por qué los Fujimori optaron por la rama almacenera para hacer empresa? O para ser más directos: ¿qué ventajas ofrece esa especialidad para el supuesto delito por el que son investigadas Limasa y Alinsa? Martín Mayandía Burns, abogado en Derecho Corporativo, Banca y Finanzas, responde así:

“Los almacenes aduaneros manejan mucho dinero y mucha carga. Tienen un gran volumen de caja. Esa caja proviene de dos fuentes: una, los clientes que tienen que pagar aduanaje, desaduanaje y manipuleo de carga lo que genera mucho volumen de dinero; y dos, manejan los dineros propios de la operación y del almacén”.

Considerando únicamente las sentencias confirmadas sobre peculado, malversación de fondos, cohecho y enriquecimiento ilícito, Alberto Fujimori adeuda al Estado una reparación civil de 27 millones 460 mil 216 soles; sin contar las otras causas judiciales.

Es difícil no creer que los hermanos Fujimori Higuchi hayan promovido estos negocios sin contar con el conocimiento o asesoría del jefe de familia.

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José Ugaz considera acertado que Katherine Ampuero sea destituida como procuradora

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(Fuente: El Comercio) El titular de Transparencia y ex procurador consideró que Ampuero no estaba a la altura de la responsabilidad que le correspondía.

El presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, apoyó la decisión de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, de retirar la confianza a la procuradora ad hoc del Caso Odebrecht, Katherine Ampuero, tras afirmar que esta no estuvo a la altura del cargo durante el tiempo que lo asumió.

Esta mañana, Pérez Tello indicó que despidió a Julia Príncipe como presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE) para recién proceder a separar a Ampuero. La salida de esta última se hará oficial en los próximos días.

José Ugaz calificó la futura salida de Ampuero como un tema “que se caía de maduro”, porque desde un inicio sorprendió con sus declaraciones y por los cuestionamientos que empezaron a hacerse públicos sobre su trayectoria personal.

“Me parece que la decisión es acertada, el Estado no puede darse el lujo que, en una situación tan aguda, como creo es el caso Lava Jato, de contar con funcionarios que no están a la altura de la responsabilidad que les corresponde”, declaró a RPP.

El ex procurador recordó también que Ampuero anunció que no fijaría los montos de reparación civil, para después “debatirse entra la inacción y una serie de medidas de poca efectividad”, lo que calificó como una acción contradictoria que sumaría a la decisión de Perez Tello.

Además, criticó su falta de comunicación e interacción constante con el Ministerio Público, ya que “en una situación como esta, y como experiencia del pasado, debió ser una relación fluida”.

Sobre las declaraciones de la ministra, quien aseguró que la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, decidió apartarse del cargo tras el cese de la confianza de Ampuero, José Ugaz cree que ha sido “un acto de solidaridad o fastidio por no ser consultada previamente”.

“Es lamentable porque se supone que fue elegida para que ponga orden en la Procuraduría desde una jefatura máxima, pero también resulta cuestionable que aparezca respaldando a una funcionaria que claramente no ha dado la talla”, agregó.

Finalmente, José Ugaz manifestó que este tema llama a la reflexión sobre la designación de funcionarios sin concursos ni debates, y sin que la opinión pública conozca previamente a los elegidos.

20/07/2017

Proética destaca elección de Shack y asegura que no decepcionará la confianza

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(Fuente: Agencia Andina). El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, destacó hoy la elección de Nelson Shack como contralor general de la República y aseguró que no decepcionará la confianza puesta en su persona por parte del Poder Ejecutivo y el Legislativo.

“Me parece una excelente elección, porque se trata de una persona que reúne todas las características de lo que reclama el perfil de un contralor general de la República”, resaltó en declaraciones a la Agencia Andina.

Shack será el nuevo contralor general de la República por un periodo de siete años tras resultar elegido hoy con el voto mayoritario de la Comisión Permanente del Congreso de la República. Su candidatura fue propuesta por el Ejecutivo y tuvo 18 votos a favor de su elección, uno en contra y cuatro abstenciones.

Destacó, en tal sentido, que la propuesta del Ejecutivo fue bastante centrada, al recurrir a una persona con una trayectoria intachable y muy calificada en la administración pública, y expresó su confianza en que el nuevo titular de la Contraloría impulse un cambio en el sistema nacional de control.

“Nelson Shack no va a decepcionar; sin embargo, esperamos que no solo se refiera al cambio de la persona, sino que esto pueda implicar un gran cambio en el sistema nacional de control, y en la forma como está organizada y actúa la Contraloría General de la República”, agregó.

Asimismo, subrayó que la elección de Shack ratifica su correcta trayectoria personal y profesional.

“Puedo afirmar que se trata de alguien muy calificado, con trayectoria, y ha dado muestras de que nada pueda opacar el buen concepto que se tiene de su perfil. Es alguien que puede hacer mucho por mejorar el nivel de una institución que ha sido muy golpeada”, finalizó.

Foto: Agencia Andina

19/07/2017

“Marcha Verde” exige cárcel para el presidente Danilo Medina por caso Odebrecht

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(Fuente: Hoy). Este domingo 16 de julio, ciudadanos y ciudadanas de República Dominicana se movilizaron para exigir que el presidente Danilo Medina sea sometido penalmente a la justicia, debido a los indicios de responsabilidad de su gobierno en el caso Odebrecht.

En su “Proclama 16 de julio”, el movimiento reclamó la investigación penal de los funcionarios y legisladores responsables de aprobar o gestionar los contratos de la empresa, incluyendo a los expresidentes Leonel Fernández, responsable del 52% de los contratos, e Hipólito Mejía, en cuyo gobierno se firmó el 11% de los contratos.

“Convocamos a las mujeres y hombres de trabajo, a los comerciantes, empresarios, religiosos, estudiantes, pensionados y a todo el pueblo dominicano a una gran unidad nacional, para intensificar la lucha verde contra la corrupción y la impunidad en cada paraje, municipio y provincia, como un aguacero ciudadano indetenible, que barra el lodo de las instituciones y el sistema político corrompido y deje a nuestro país bañado de justicia, bienestar, democracia y esperanza”, proclamó la profesora María Teresa Cabrera, quien fue la responsable de leer el manifiesto junto a otras mujeres del colectivo.

Con el evento del domingo, el movimiento ha cerrado un ciclo de movilizaciones sostenidas durante meses y se prepara para definir nuevas acciones.

Proética saluda y manifiesta su respaldo a la “Marcha Verde” y en particular a nuestros colegas de Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparency International, quienes están comprometidos con la lucha contra la impunidad en su país.

Foto: Hoy

18/07/2017

Proética demanda al MP y al PJ una actuación más ágil, independiente y eficaz en los casos de corrupción

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, planteó la necesidad de que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, actúen con mayor agilidad, transparencia y eficiencia, en los casos de corrupción que se ventilan hoy en el país. Señaló que por el momento se advierten deficiencias que deben ser superadas, para avanzar con las investigaciones y juzgamiento de los diferentes procesos, en el marco del respeto a las reglas del debido proceso e independencia de la magistratura.

Al respecto indicó, “desde que estalló el escándalo en el caso Lava Jato, a raíz de haberse hecho público el acuerdo suscrito en los Estados Unidos entre la empresa Odebrecht y el Departamento de Justicia, esperábamos que las investigaciones a cargo del Ministerio Público peruano avanzaran decididamente en lo que toca a esta empresa brasileña, pero también respecto a las otras empresas constructoras de ese país, hoy procesadas en Brasil, con varios de sus directivos presos. Sin embargo, no ha ocurrido eso y las investigaciones parecen más bien haberse estancado”.

En tal sentido, expresó la necesidad de que las autoridades jurisdiccionales adopten las medidas necesarias para procesar los casos de corrupción con mayor agilidad y eficiencia, en el marco del respeto al debido proceso e independencia de la magistratura.

Al finalizar, Albán remarcó la importancia de sostener la colaboración con las autoridades brasileñas para seguir contando con la información brindada por sus fuentes. “Es importante que se respeten los compromisos celebrados con las autoridades brasileñas para contar con su colaboración y las delaciones obtenidas de las personas procesadas o condenadas en ese país. De otra manera, nos expondremos a perder información valiosa para establecer la responsabilidad de todos aquellos que, tanto en los ámbitos público como privado, traicionaron al Perú, enriqueciéndose ilícitamente a costa de hipotecar su futuro”.

Foto: Agencia Andina

17/07/02017

Transparencia Internacional: La condena al ex presidente Lula demuestra el vigor del sistema de justicia de Brasil

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(Transparencia Internacional). El presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, consideró que la condena al ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a 9 años y medio de prisión por corrupción, es una señal significativa de que el estado de derecho está funcionando en este país y que no hay impunidad, ni siquiera para los más poderosos.

“Lula no es el único político de alto nivel en el foco de las investigaciones de corrupción. El actual presidente, Michel Temer, que está del otro lado del espectro político, también enfrenta cargos de corrupción, al igual que el senador Aécio Neves, que se enfrentó a la ex presidenta Dilma Rousseff en las últimas elecciones presidenciales”, señaló Ugaz.

Asimismo, indicó que tras el destape del escándalo Lava Jato, que involucró a políticos de todos los partidos políticos y empresarios más poderosos de dicho país, no sorprende que los investigadores y jueces que llevan este caso se enfrenten ahora a ataques de todas partes. “Esto es prueba que la corrupción no distingue entre ideologías o partidos políticos”, agregó Ugaz.

Por ello, Transparencia Internacional ha pedido que se garantice que las investigaciones puedan proceder y que todos los procesos judiciales sean independientes y estén libres de interferencia de cualquier partido político.

Cabe recordar que la investigación del caso Lava Jato se centra en los acuerdos corruptos realizados entre políticos y empresarios a cambio de contratos en obras de infraestructura.

En diciembre pasado, Transparencia Internacional concedió el Premio Anticorrupción 2016 al equipo de fiscales del caso Lava Jato del Ministerio Público Federal de Brasil, por su valiente y dedicado trabajo en la lucha contra la corrupción.

Foto: AP

13/07/2017

La autonomía de la justicia en Guatemala debe ser respetada y fortalecida

Compartimos el siguiente comunicado de Acción Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional de Guatemala, en el cual expresa su preocupación ante la falta de condiciones físicas y procesales para impartir justicia en Guatemala respecto a los casos de corrupción masiva, cooptación del estado, macrocriminalidad y justicia transicional.

Lea el comunicado completo aquí:

13/07/2017