(Por Bruno Bartra Bazán/ Gan@Más). CFA Society Perú llevó a cabo el networking forum ‘Impulsando la ética en el Perú’, en el que reconocidos expertos explicaron qué tanto ha afectado la corrupción en el país y qué se debería hacer de ahora en adelante para que este problema no afecte considerablemente la economía nacional.

Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN), dijo que el caso de corrupción de la empresa constructora Odebrecht, ha provocado que la economía peruana se paralice y que las inversiones se debiliten.

Recordó que antes de esta problemática el Perú crecía cerca de 4.5% por año y agregó que probablemente al término del 2017 sólo se llegue al 2.5%, de lo cual sólo el 1% correspondería al impacto sufrido por los desastres que causó el fenómeno El Niño Costero.

“Hay que castigar a los individuos corruptos; pero, no matar a los proyectos, pues sin estos se ve afectada la economía del país”, expresó Prialé.

Comentó que en muchos países que también enfrentan casos de corrupción no se paralizan los proyectos y los colaboradores eficaces se convierten en la mejor herramienta para restarle fuerza a este gran problema, mientras que en el Perú a estas personas se les suele demandar o incluso terminan en prisión por lo que contaron.

“¿Por qué en Canadá, Inglaterra o incluso Chile; no proliferan los grandes casos de empresas corruptas? Eso se debe a que hay una buena preparación de los concursos, por eso las mejores empresas del mundo compiten para lograr ser la ganadora”, enfatizó.

El especialista hizo un poco de memoria y precisó que en el 2016 el Estado gastó en obras un poco más de S/ 26 mil millones, de los cuales S/. 22 mil 500 millones fueron para pequeñas y medianas obras públicas, y sólo unos S/. 4,300 millones sirvieron para cofinanciar asociaciones público privadas (APP).

Con lo cual dejó en claro que se gasta más en obras que muchas veces se ejecutan en lugares remotos donde el sistema de control del gasto público no llega, así que indicó que se necesita con urgencia un sistema de seguimiento. “Si hay corrupción en APP imagínense cómo es en obras públicas”, acotó.

Prialé sostuvo que también se necesita un pacto nacional entre en Gobierno, la oposición, el Congreso y el sector privado; para impulsar la actividad económica y generar confianza en la sociedad.

Perú herido

Por su parte, Jorge Medina, presidente de Proética, señaló que en los últimos años el Perú ha tenido una mejor performance en lo económico y en la reducción de la pobreza; pero, añadió que le cuesta mucho mantener las cifras en verde y por eso cada vez es menos competitivo.

Recordó que según un reciente reporte mundial de competitividad del World Economic Forum, el Perú ocupa el puesto 101 sobre 138 países en lo que respecta a la conducta ética de las empresas.

Además, manifestó que hace unos años su institución contrató a Ipsos Perú para que hiciera un estudio con las cabezas de las empresas más importantes del país, para saber: ¿Qué piensan los CEO peruanos sobre la corrupción?

Y la mayoría expresó que este problema se presenta mayormente en los sectores: energía, construcción, petróleo y gas; e incluso agregaron que son las compañías brasileñas y chinas las que se encuentran más envueltas en este asunto.

“Quiero agregar que hace unos meses en un almuerzo privado el primer ministro, Fernando Zavala, reveló que el caso Odebrecht le va a costar al Perú no crecer por lo menos un 1%, lo que significa que 150 mil ciudadanos no van a poder salir de la pobreza en el 2017”, lamentó.

Medina consideró que para que el problema de la corrupción no siga creciendo las empresas deben implementar programas de cumplimiento anticorrupción, para prevenir cualquier riesgo y en caso ocurriera podrá ser detectado a tiempo para ser remediado.

Asimismo, dijo que hay que poner en marcha las reformas pendientes que el país necesita, sobre todo la laboral, pues el 70% de la economía es informal.

Buenos consejos

Mientras que Paul Smith, presidente del CFA Institute, le recomendó a las empresas trabajar limpiamente para lograr el sello de aprobación de la sociedad. Explicó que esto se consigue utilizando el conocimiento para el bien público y no para la maximización de los beneficios.

También indicó que deben contar con un código de ética, para poder monitorear sus labores y determinar si han podido cumplir con sus metas. “Deben tener un compromiso con la profesionalidad y los estándares fiduciarios más altos”, precisó.

Finalmente dijo que el CFA Institute defiende a los reguladores como una voz para la reforma, la protección de los inversionistas y la estabilidad en la industria de inversión; ya que de esta manera se puede combatir efectivamente a la corrupción.

2/08/2017

(Por Luis Felipe Gamarra / Revista Cosas). José Ugaz Sánchez-Moreno es probablemente uno de los pocos abogados peruanos que puede hablar con conocimiento sobre la lucha anticorrupción. Durante catorce meses encabezó la Procuraduría Ad-Hoc para el caso Fujimori-Montesinos, el más importante en la historia judicial peruana, en el que se llegó a sentenciar a más de ciento veinte personajes claves de ese periodo, empezando por el propio Alberto Fujimori.

¿Considera que la elección del nuevo contralor, Nelson Shack, representa un paso firme en materia de lucha anticorrupción?

No necesariamente. La precipitación de la caída del ex contralor Edgar Alarcón no ha permitido un debate amplio para poder auscultar en el pasado de Shack. La oposición ha cuestionado que se haya enviado un solo candidato. Si bien parece tener un buen perfil, hubiera sido ideal generar algo de competencia para poder comparar propuestas. En estos casos, el acceso a los antecedentes, a la trayectoria, ayuda a que sea una elección legítima y se eviten futuros cuestionamientos.

¿Considera que el tema anticorrupción está en el ADN del presidente Pedro Pablo Kuczynski?

Me queda claro que no es su prioridad. Su percepción del problema es superficial. En una entrevista reciente, el presidente señala que estamos de salida del caso Lava Jato, cuando en realidad recién estamos entrando. Si considera que, porque ya salieron dos o tres nombres, hay un presidente preso y otro perseguido, Lava Jato está resuelto, está equivocado. Los implicados están recién por aparecer. En Brasil llevan cuatro años y están en una etapa que dista de ser la de salida.

¿La medida en contra del expresidente Ollanta Humala y su esposa ha sido excesiva?

A diferencia de otros casos, en este hay información de los orígenes del financiamiento que se ha reunido después de tres años de investigaciones. Lo que no se comprende es por qué el fiscal, en lugar de terminar la investigación, formalizando la acusación penal, recurrió a la ampliación de dieciocho meses, dilatando el proceso. No tiene sentido.

¿Cuál cree que ha sido el problema?

Es un problema de enfoque de la Fiscalía. Y, sobre el peligro procesal (la posibilidad de fuga), parece que la decisión del juez no ha sido proporcional. La detención antes de la condena es la última opción para un juez. ¿No bastaba impedimento de salida del país? ¿Una prisión domiciliaria?

¿La justicia peruana está preparada para este caso?

Ningún país, menos en América Latina, por la falta de recursos, tanto humanos como económicos, está realmente preparado para competir con el poder político y económico de la corrupción. Pero existen formas, como en Brasil, que en un caso complejo como este creó una Fuerza de Tareas. En el caso peruano se advierte una falta de coordinación al más alto nivel. En el caso Fujimori-Montesinos, donde se creó el subsistema anticorrupción, se creó un coordinador superior a nivel de la Fiscalía, que hacía que todos los fiscales provinciales actuaran de una manera coordinada. Aquí hay desorden; incluso, hay quienes se declaran en rebeldía frente al sistema anticorrupción.

En este contexto, ¿siente que las exprocuradoras Julia Príncipe y Katherine Ampuero estuvieron a la altura del cargo?

La Procuraduría en general ha sufrido una serie de embates que la han colocado en una situación muy precaria. Eso mismo ha llevado al propio Ministerio Público a que no confíe en la Procuraduría. Aquí ha habido procuradoras que se mandan por su lado. Primero, declaran que no van a pedir reparación civil; después, dicen que sí; primero, hablan de una cifra; después, de otra, y eso genera disfunción. La Procuraduría no está en su mejor momento, porque, además, el Ministerio de Justicia tampoco define cuál será la estructura que tendrá y cuál será el perfil para tener buenos procuradores.

¿Cómo golpea este clima el hecho de que se hable de un indulto a Alberto Fujimori?

Alberto Fujimori, además de estar preso por casos de derechos humanos, se allanó a los casos por corrupción. Es claro que sería un golpe para la lucha anticorrupción. El problema del presidente Kuczynski, que está evaluando esta posibilidad, es que él es un hombre que viene del mundo empresarial, sin historia en materia anticorrupción, ni lucha por los derechos humanos. Viene de las finanzas, donde todo lo que fue violencia política fue ajeno e incomprendido.

¿Su olfato de exprocurador le dice que hay suficientes indicios para ir detrás de Alan García?

En materia penal no puedes confiar en tu olfato. Hay que analizar lo que hay sobre la mesa, y hay elementos iniciarios: su amistad con Barata, su participación en las obras, su entorno, donde ya hay gente procesada y detenida. Todo justifica por lo menos una indagación más profunda; por eso, llama la atención que, viniendo de Brasil una mención a la situación de financiamiento de partidos, la Fiscalía no haya tomado ese elemento para abrir otra investigación.

31/07/2017

• Por el presidente de Proética, Jorge Medina.
• Publicado en el diario El Comercio.

En las últimas décadas hemos visto la agudización de dos fenómenos. Por un lado, la infiltración de la economía ilegal en la política, y, por el otro, el incremento de la gran corrupción descentralizada en megaproyectos de infraestructura. Ambos fenómenos revelan cómo el (mal) interés político se mezcla con el (mal) interés privado para beneficiarse indebidamente en perjuicio del país.

Por eso, la declaración del presidente Pedro Pablo Kuczynski en su reciente mensaje –“la lucha anticorrupción requiere un trabajo en equipo”– es muy importante, pues la corrupción funciona a través de redes y complicidades, y para enfrentarla eficazmente se necesita crear una estructura fuertemente cohesionada. Quien debe liderar ese trabajo en equipo es el propio presidente de la República. Ese liderazgo, lamentablemente, no se percibió en su reciente mensaje presidencial, ni se percibe con nitidez en lo que va de su gestión. La ausencia de un liderazgo fuerte y visible es grave porque no ayuda a cambiar la autopercepción de ser un país en el que campea la corrupción e impunidad.

Según la última encuesta de Ipsos para El Comercio, el 48% de los peruanos cree que el combate a la corrupción –fenómeno que figura nuevamente como el principal problema del país– está peor respecto a hace un año. Seis de cada diez peruanos desaprueban la gestión del presidente y el 34% apunta, entre las razones para ello, a su falta de autoridad o carácter.

Si bien PPK ha dado algunas normas positivas para combatir la corrupción (la “muerte civil”, por ejemplo) y ha anunciado en su discurso la presentación de un proyecto de ley para reformar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (aunque quizás hubiese sido mejor la propuesta de la Comisión Presidencial de Integridad de que al menos la mitad de los integrantes del CNM sea elegida por concurso público), entre otras medidas, su mensaje careció de declaraciones más enérgicas. Por ejemplo, pudo haber hecho referencia a la urgente necesidad de una verdadera reforma electoral que, entre otras cosas, prevenga el financiamiento ilícito a la política, o a la reforma integral que requiere el Sistema Nacional de Control, incluyendo la completa reestructuración de la contraloría, para prevenir y combatir la gran corrupción.

El presidente tiene la oportunidad de liderar un gran movimiento nacional que integre a todas las fuerzas del país (sociales, políticas y económicas). Su visión, energía y entusiasmo son atributos necesarios para inspirar a que los peruanos unamos esfuerzos para transitar de la cultura de transgresión reinante en nuestro país a una cultura de transparencia e integridad. Cuando el presidente dice “el agua va a ser el legado de este gobierno”, “la salud es demasiado importante como para esperarla en una cola” o “la lucha de las mujeres es mi lucha”, inspira y persuade. La ciudadanía espera esa misma energía en temas anticorrupción. Su reciente discurso, en este tema, pareciera no izar una bandera común que aglutine a los peruanos dispuestos a trabajar para erradicar la corrupción y la impunidad.

Si el presidente ejerce un claro liderazgo en este tema, logrará el apoyo ciudadano que requiere para comprometer a actores relevantes –como la academia, la empresa privada, los medios o la juventud– a trabajar en equipo y exigir las reformas que debe hacer el Congreso para frenar la corrupción. Sin estas reformas los costos de la corrupción seguirán frenando nuestro desarrollo y será muy difícil lograr, no solo el crecimiento económico del 4% proyectado por el jefe de Estado para el 2018, sino la revolución social de la que nos volvió a hablar en su mensaje del 28 de julio.

Dotar de agua a todos los peruanos, mejorar la educación y los servicios de salud, mejorar la seguridad ciudadana, reducir la pobreza de 20,5% a 15% y desaparecer “virtualmente” la pobreza extrema el 2021, no será posible si no se ataca la causa transversal que impide nuestro progreso: la corrupción. Y eso pasa por convocar y convencer a los peruanos en ir por el camino correcto de las urgentes reformas (política, judicial, policial, etc.) que nos conviertan en un país transparente y justo.

Con el liderazgo adecuado haremos más difícil el camino de aquellos que creen que la vida se les facilita cuando dan o reciben una coima o cuando lucran con el erario nacional.

Frente a la corrupción también tenemos que ser –y parecer– “una sola fuerza”.

31/07/2017

La Cámara de Comercio de Lima invita a los profesionales de la comunicación a participar en el XIII Premio Anual al Periodismo “Ramón Remolina Serrano”.

El concurso se titula “Los sobrecostos de la burocracia para las empresas y vías de la solución”, y tiene como objetivo incentivar el interés de la prensa nacional para promover reportajes y artículos de análisis, debate, investigación y solución sobre las graves consecuencias de las barreras burocráticas en el desarrollo empresarial y económico.

Las trabas burocráticas ralentizan el quehacer empresarial y de la sociedad en general, pues generan costos absurdos que los peruanos se ven en la necesidad de atender. Además, el exceso de burocracia propicia la corrupción y desincentiva la formalización y resta competitividad.

Los comunicadores pueden participar en cuatro categorías: periodismo escrito, radial, televisivo y digital. Asimismo, los trabajos periodísticos deben haber sido publicados, difundidos o transmitidos entre el 1º de septiembre de 2016 y el 31 de agosto de 2017.

El ganador de cada categoría percibirá el monto de S/6.000 y un diploma de la Cámara de Comercio de Lima. El segundo puesto de cada categoría recibirá un total de S/1,500 y un diploma de la Cámara de Comercio de Lima.

Los trabajos pueden ser presentados al Jurado Calificador hasta el 31 de agosto del 2017 en formato físico o digital.

Esta edición cuenta con el auspicio de Coca-Cola, Petramás, Southern Copper y Pricewaterhousecoopers.

Para mayor información, pueden escribir a dbernizon@camaralima.org.pe, ccl-imagen@camaralima.org.pe o llamar a los teléfonos 219-1820 y 219-1817

25/07/2017

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25/07/2017

Las instalaciones de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, fue el lugar de encuentro para que 27 participantes desarrollen de manera conjunta, los días 14 y 15 de julio, el Laboratorio Cívico “Ciudadanía, juventud y lucha contra la corrupción”.

Este LabCívico tuvo como objetivo co-crear una propuesta de trabajo para ser gestionada en mediano plazo, y contribuir a mejorar la articulación y movilización de los jóvenes en Lima para la lucha contra la corrupción en la política.

Para lograr este objetivo y como resultado del trabajo del laboratorio, se priorizó la sensibilización y el fortalecimiento de capacidades de la población joven, como mecanismo para reflexionar sobre cómo la corrupción afecta el desarrollo del país y el por qué es importante involucrarnos para luchar contra ella, sobre todo desde las organizaciones de sociedad civil.

En los dos días de jornada, los jóvenes elaboraron una propuesta de trabajo que incluye mejorar las capacidades anticorrupción del grupo impulsor, elaborar una guía metodológica para líderes contra la corrupción, identificar y lograr alianzas institucionales para el desarrollo de las capacitaciones, y contar con una plataforma digital, como las redes sociales, para difundir mensajes de sensibilización y las acciones que se implementarán.

En el taller participaron jóvenes periodistas, activistas sociales y universitarios de distintas casas de estudios, también se contó con la presencia de instituciones de la sociedad civil como Ashanti, la Red Interquorum y Transparencia, por parte del Estado participó la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).

El Laboratorio Cívico “Ciudadanía, juventud y lucha contra la corrupción” fue organizado por Proética, en el marco de acciones de la Escuela de Incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente de Chile.

24/07/2017