Entrevista al Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán en el programa “A Pensar Más” con Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa.
Proética: Titular de la Sunedu deberá ser separada del cargo si se comprueba denuncias de plagio
(Por Ideeleradio) Si se confirman las denuncias periodísticas que señalan que la titular de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Flor Luna Victoria, plagió supuestamente varios artículos académicos, deberá ser separada de su cargo, sostuvo Walter Albán, director ejecutivo de Proética.
Fue en referencia a la información que señala que existirían 14 casos de presunto plagio, en tres artículos científicos en los que Luna Victoria consigna su nombre, y que registró como suyos ante el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) y que no fueron entrecomillados ni se hicieron las referencias bibliográficas correspondientes.
“Si esto se comprueba [el presunto plagio] no hay ninguna posibilidad de que esta señora [Flor Luna Victoria] pueda quedar al frente de esta institución”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Acá no se hace necesario probar ningún delito. El plagio es una cosa que se puede comprobar elementalmente, es simplemente un cotejo. De tal manera que si queda claro la falta de valores éticos, de principios y de una base moral que acredite la labor de esta persona, será suficiente para separarla del cargo”, manifestó.
Albán Peralta recordó que la Sunedu es una institución que supervisa que las instituciones de educación superior cumplan con determinados parámetros exigibles, por lo que cuestionó la permanencia dicha funcionaria.
“¿Cuánto daño puede producir eso [que una persona que haya cometido plagio encabece la Sunedu]?”, se preguntó.
“Sunedu, que es una institución creada precisamente para tratar de poner de alguna manera parámetros exigibles a todas las instituciones de educación superior, manejada por alguien que no tiene la base ética y de principios básicos para poder afrontar una labor de esta naturaleza”, sostuvo.
2/03/2018
Walter Albán: Congreso le busca “tres pies al gato” al pedir aclaración a la Corte IDH
(Por Ideeleradio) El Congreso ha presentado un pedido de aclaración a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre su requerimiento de archivar la denuncia contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por el simple hecho de que no quieren acatar tal medida, aseguró el director ejecutivo de Proética, Walter Albán.
“Lo que han hecho [los miembros del Parlamento] es una leguleyada. Sencillamente no quieren acatar o reconocer lo que ha resuelto la Corte [IDH] en este tema y, entonces, están tratando de darle vueltas al asunto buscándole tres pies al gato”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
Albán Peralta explicó que era imposible que el Estado peruano pueda desentenderse de un fallo del Sistema Interamericano y cuestionó al presidente del Congreso, Luis Galarreta, por haber deslizado tal posibilidad.
“No hay forma que el Perú pueda desentenderse de eso. Es más, jurídicamente cualquier cosa que el Congreso pueda decidir sobre esta materia está fuera de juego, no vale”, alegó.
“Me parece penoso que altas autoridades del Estado, el presidente del Congreso de la República, salga a decir que no le va a hacer caso a una decisión jurisdiccional de la Corte”, añadió.
Finalmente, el exministro sostuvo que detrás de aquello se encontraba el propósito de “controlar al Tribunal Constitucional, neutralizarlo, por lo menos, y a través de esto mandar un mensaje a todos los jueces”.
2/03/2018
“Lo que ha ocurrido es que esta corrupción ha entrado de lleno a la política” director ejecutivo de Proética sobre presunta financiación de Odebrecht a políticos
(Por NTN24) Walter Albán, Director ejecutivo de Proética, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional, dijo en el programa La Mañana de NTN24 que frente las denuncias hechas por el ex representante de la constructora de Odebrecht en Perú, Jorge Barata sobre financiamiento ilícito a algunos políticos, “lo que ha ocurrido es que esta corrupción ha entrado de lleno a la política a través del financiamiento de organizaciones políticas que ya estaban en sí mismas debilitadas y que cada vez tienen más, digamos, una característica de aparato electoral que de un partido con propuestas, con ideología o con doctrina”.
“Creemos que en verdad la política ha sido penetrada por esta corrupción que tiene fuentes en empresas que realizan aparentemente una actividad regular y legal, pero también en la economía ilegal, en el narcotráfico, en lavado de activos (…) todo eso configura un escenario en el cual lo que preocupa es que el estado ha venido siendo progresivamente penetrado por lo que podría ser considerado como crimen organizado propiamente”, agregó Albán.
Estas declaraciones se dan en el contexto de las declaraciones de Barata quien, entre otros señalamientos, apuntó que el presidente actual, Pedro Pablo Kuczynski, recibió 300.000 dólares de la multinacional, dinero con el que se habría financiado parte de la campaña del mandatario en 2011.
Sobre si existe la posibilidad de que el presidente peruano pueda ser removido de su cargo por esta presunta financiación, Albán explicó “el tema del financiamiento de las campañas, y por recursos que los candidatos no declararon en su oportunidad, es un tema de ilegalidad pero que no está comprendido en la legislación peruana como delito propiamente. Esta trasgresión a la norma que obliga a declarar los aportes se castiga solo con multas”.
01/03/2018
Proética espera que Barata declare sobre financiamiento a todos los candidatos
(Por Ideeleradio) Las declaraciones que, hoy en Brasil, dé Jorge Barata ante el fiscal titular de lavado de activos, José Domingo Pérez, serán sumamente importantes ya que podría dar detalles del financiamiento que dio la empresa Odebrecht a determinadas campañas electorales, sostuvo Walter Albán, director ejecutivo de Proética.
“En el caso de lavado de activos, prácticamente lo interesante vendría hoy porque lo de ayer ya Barata lo había declarado antes, lo había reafirmado Marcelo Odebrecht”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“En cambio, recordemos que en la declaración de Marcelo Odebrecht, si bien sí fue enfática en decir que sí habían financiado la campaña de Keiko Fujimori, no dio ni un detalle, a diferencia de lo ocurrido con el expresidente Humala. En consecuencia, dijo ‘todo lo demás pregúntenselo a Barata’”, anotó.
Albán Peralta comentó que en esta sesión se podría descubrir quiénes fueron todos los candidatos a los que la constructora brasileña financió.
“Hay una lista de cuestiones que tienen que ser despejadas ya en este interrogatorio, pero además, lo que dijo Odebrecht es que no solo habían financiado a los Humala y a Keiko Fujimori, sino [también] a otros candidatos”, alegó.
Los fiscales
Resaltó, además, la participación que tendría el fiscal José Domingo Pérez, responsable de las pesquisas que se le siguen a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, en la posible develación de datos importantes, en contraste con la actuación del fiscal Germán Juárez Atoche.
“Entiendo que las preguntas del fiscal Pérez, que es quien interroga hoy, precisamente lo abren [a Jorge Barata] a que pueda declarar sobre otros financiamientos y esto marca mejor los alcances de una investigación que hasta el momento ha estado muy restringida”, explicó.
“Viendo el asunto en perspectiva, a mí me parece muy cuestionable la manera como [el fiscal Germán Juárez Atoche] ha manejado su investigación y también las decisiones que ha tomado y ha solicitado al Poder Judicial”, sentenció.
28/02/2018
9 de cada 10 peruanos no denuncian actos de corrupción
(Por Maribel Huayhuas/ Revista La Cámara)
¿El nivel de corrupción en el país va en aumento?
En el Péru es difícil medir los niveles de corrupción, pero según la percepción de la población el tema es muy grave. Hay una sensación de que se ha vuelto en el principal problema del país, casi tan importante como la inseguridad ciudadana, situación que es apremiante. Además, hay un desaliento de las personas frente a la posibilidad de que se pueda cambiar la situación en los próximos años. Hay desesperanza y desazón, la gente cree que la corrupción seguirá igual o aumentará.
¿Se denuncian los actos de corrupción?
La gente tiene temor respecto al tema. Cuando se consulta a personas víctimas de corrupción, se observa que 9 de cada 10 no presentan la denuncia. Lo primero que dicen es “que no quiero más problemas”, o refieren que si denuncian “no pasará nada, no habrá resultados”, situación que es lamentable. Hay que hacer cambios que mejoren el sistema para recibir las denuncias, que actualmente es muy complejo. También hay que asegurar el anonimato de los denunciantes, que se den las garantías y asegurar que la denuncia tendrá resultados.
¿Funcionan las leyes que protegen a los denunciantes?
Contamos con una Ley de Protección de Denunciantes, pero su implementación ha sido pobre. Así como esta, hay otras leyes anticorrupción que no se aplican. Por ejemplo, el Perú es uno de los países pioneros en América Latina en tener una ley que regula el lobby (Ley de Gestión de Intereses), pero nunca se implementó, solo se estableció un registro, mas no hubo mayores avances. Estos ejemplos evidencian un problema de inaplicación de normas.
Frente a esta problemática ¿cómo combatirla?
Desde hace varios años, Proética ha apoyado e impulsado medidas como la Iniciativa Nacional Anticorrupción (2001) que contiene un valioso programa anticorrupción donde se destaca la transparencia total de la información en todas sus plataformas y de fácil acceso; fortalecimiento y modernizacion de los mecanismos de control de las instituciones para que sean eficientes. Asimismo, el establecer mecanismos de vigilancia ciudadana, pues creemos que ciudadanos más capacitados y más preparados pueden hacer un cambio importante en la lucha contra la corrupción. Y finalmente contar con instituciones independientes y autónomas como el Consejo Nacional de la Magistratura donde tenga el libre ejercicio de investigar sin amenazas o injerencias políticas.
¿Qué impacto ha tenido Vigilancia Ciudadana en el sector público?
Hemos realizado una investigación donde se midió la capacidad de impacto de este mecanismo sobre los costos de las obras públicas ejecutadas por municipios distritales, referente al desarrollo de pistas y veredas. Llegamos a la conclusión de que las obras vigiladas por una organización civil como Proética llegan a costar 18% menos que aquellas que no son vigiladas; ello demuestra que la vigilancia ciudadana garantiza cambios en la gestión pública.
Respecto a la pequeña corrupción ¿qué propone para erradicarla?
Lo esencial es fortalecer la poca cultura cívica que tenemos y eso implica acciones del sector educación, con programas que fortalezcan los valores en los niños, jóvenes y adultos. No olvidemos que este tipo particular de corrupción está muy arraigado en nuestro comportamiento, a lo que llamamos “normalización de la corrupción”. En los diferentes sectores socioeconómicos no se ven diferencias en el rechazo de estos actos, como por ejemplo, pagar una coima para evitar una papeleta, y eso es preocupante porque revela que existe una tolerancia tanto en la clase acomodada como en la clase media y sectores populares. El reto es establecer campañas informativas y de sensibilización, donde se dé a conocer la sanción efectiva.
Entonces ¿se debería establecer una cultura de tolerancia cero contra la corrupción?
Eso debería ser la meta. Los peruanos debemos aspirar, como sucede en economías desarrolladas, a que se persigan y se sancionen los actos de corrupción. El caso Lava Jato es un ejemplo importante porque reveló una poderosa red de corrupción. En este tema, tenemos una fiscalía que está tratando de avanzar a pesar de sus limitaciones y está enfrentándose a gente con poder tanto del ámbito empresarial como político.
Si bien se conoce que la corrupción en nuestro país se centró en el sector infraestructura y en el financiamiento de campañas políticas ¿qué otro sector es proclive a este flagelo?
Se debería realizar una fuerte investigación en el sector forestal, pues estamos realizando un seguimiento en la gestión del bosque amazónico. Ello responde a que se está facilitando la tala ilegal a través de permisos. También se debería poner mayor atención a la pequeña infraestructura que ejecutan los gobiernos locales para el desarrollo de pistas y veredas.
28/02/2018
¿Cómo va el caso Odebrecht en otros países de Latinoamérica?
Por Natasha Gutiérrez. Ha pasado más de un año desde que se hiciera público el Acuerdo de Lenidad que firmó Odebrecht con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ), reconociendo el pago de aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios de 12 países. ¿Cuáles son los avances de las investigaciones en los distintos países latinoamericanos en los que se iniciaron investigaciones?
Argentina: En junio de 2017, fiscales argentinos viajaron a Brasil para acceder a las delaciones premiadas de los funcionarios de Odebrecht. Los procuradores brasileños condicionaron este acceso al compromiso de no procesar judicialmente a ningún miembro de la empresa brasileña, requerimiento que no pudo ser firmado por sus pares argentinos debido a las limitaciones impuestas por la legislación penal argentina. Como solución, las fiscalías de ambos países acordaron la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación. Sin embargo, en agosto del año pasado, el presidente Michel Temer desconoció dicho acuerdo, dejando en suspenso el futuro de este equipo conjunto. Por otra parte, el Ministerio de Justicia argentino firmó un acuerdo con el DoJ a fin de acceder a los nombres de los involucrados en el pago de 35 millones de dólares en sobornos reconocidos por Odebrecht entre 2007 y 2015. Finalmente, los jueces y fiscales argentinos accedieron a la base de datos sobre violaciones a la Ley contra las Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Actualmente hay cinco investigaciones abiertas, pero no hay todavía ningún detenido.
Colombia: Odebrecht aceptó haber pagado sobornos por más de 11 millones de dólares a funcionarios colombianos entre 2009 y 2014. La Fiscalía General de la Nación dispuso el inicio de las investigaciones, las cuales se han sostenido principalmente en las declaraciones de Luiz Bueno Junior (expresidente de Odebrecht en Colombia) y Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares (empleados del Departamento de Operaciones Estructuradas de la firma), quienes ofrecieron colaborar con la justicia colombiana a cambio del cese de la acción penal, llegando a firmar un acuerdo con la Fiscalía, que hasta ahora no ha sido aprobado por el Juez. Mientras tanto, se ha logrado la condena de los empresarios Enrique y Eduardo Ghisays Manzur por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El primer funcionario público condenado ha sido el exviceministro de transportes Gabriel García Morales, a quien se le impuso 5 años de prisión por el delito de cohecho. En estos hechos también se han visto involucrados varios políticos; la Corte Suprema dispuso investigar a un grupo de congresistas conocidos como “los bulldozer”, una suerte de operadores políticos de Odebrecht.
Se conoció también que Odebrecht entregó dinero para las campañas electorales del 2010 y 2014 del actual presidente Juan Manuel Santos y la campaña del 2014 del excandidato Óscar Iván Zuluaga. El Consejo Nacional Electoral investigó estos hechos, pero ordenó su archivo, excepto de la campaña presidencial del 2014 del presidente Santos, cuya investigación continúa.
República Dominicana: En abril de 2017, en medio de intensas manifestaciones ciudadanas, el Poder Judicial de la República Dominicana aprobó un acuerdo entre Odebrecht y la Procuraduría General de la República, por el cual la empresa ofreció entregar información sobre los sobornos por 92 millones de dólares reconocidos ante el DoJ, efectuados entre 2001 y 2014, así como también pagar una indemnización de 184 millones de dólares a favor del Estado dominicano, a fin de que el Ministerio Público cese la persecución penal contra de la empresa. En base a esta información, junto a la recibida de la Procuraduría de Brasil, se ordenó detener a 14 personas involucradas en los sobornos, entre altos funcionarios y políticos, aunque solo 8 fueron efectivamente detenidos. El 9 de febrero de 2018, se dispuso la ampliación de la investigación por 4 meses más.
Ecuador: En junio de 2017, el Fiscal General del Estado firmó un acuerdo de cooperación eficaz con Odebrecht, cuyo contenido aún no se conoce, a cambio de la entrega de información sobre los sobornos desembolsados entre los años 2007 y 2016, calculados en 33.5 millones de dólares. Los primeros resultados de la investigación se vieron en enero de 2017 con la detención de Mauricio Terán (exasesor del alcalde de Quito, Mauricio Rodas). En abril, luego de recibir la declaración del exabogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán, se ordenó la detención de Alecksey Mosquera (exministro de Energía) y Marcelo Endara (empresario).
Entre los altos funcionarios ecuatorianos implicados está el excontralor de la República, Carlos Pólit, quien habría emitido informes favorables en los proyectos que participaba la empresa, y a quien el exsuperintendente de Odebrecht en Ecuador, José Conceiçao dos Santos (actual delator en Brasil), grabó en conversaciones sobre el pago de estos sobornos. Actualmente, Pólit tiene orden de arresto domiciliario y se halla en trámite su extradición desde los Estados Unidos. Otro implicado es el vicepresidente de la República, Jorge Glas, quien fue detenido en agosto pasado, procesado y sentenciado por el delito de asociación ilícita a 6 años de prisión.
Guatemala: Odebrecht sobornó por 17 millones de dólares entre el 2013 y 2015. El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) iniciaron una investigación reservada, cuyos primeros resultados se obtuvieron en enero de 2018, luego de recibir la declaración de los brasileños Marcos de Cerqueira Lima Machado (director de Odebrecht en Guatemala) y Luiz Antonio Mameri (empleado de Odebrecht); quienes se acogieron al principio de oportunidad y señalaron que el exministro de Comunicaciones Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio y el excandidato presidencial Manuel Baldizón recibieron sobornos para favorecer a la empresa Odebrecht en la adjudicación de contratos. Ambos fueron imputados por los delitos de lavado de activos, cohecho y asociación ilícita.
En septiembre de 2017, Odebrecht y el Ministerio Público firmaron un acuerdo de colaboración, mediante el cual la empresa repararía al Estado pagando 17 millones de dólares (equivalente al monto confesado del soborno ante el DoJ), así como aceptando liberar el contrato de construcción firmado entre la empresa y el Estado guatemalteco, el cual es materia de la investigación de estos hechos. Más información aquí.
México: En diciembre de 2016, la Procuraduría General de la República inició una investigación a poco de conocerse que Odebrecht confesó haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos entre los años 2010 y 2014. Como parte de la investigación, se recogió las declaraciones de Luis Alberto de Meneses (exdirector de Odebrecht en México), Luiz Antonio Mameri e Hilberto Da Silva (ambos empleados de Odebrecht en Brasil), quienes señalaron a Emilio Lozoya, quien fuera director de Pemex y miembro del equipo de campaña del actual presidente Enrique Peña Nieto, como el responsable de recibir sobornos a cambio de favorecer a Odebrecht con contratos de la empresa estatal mexicana. A la fecha, son 14 los investigados por estos hechos ilícitos y no hay ningún detenido.
Panamá: El Ministerio Público de Panamá creó la Fiscalía Especial Anticorrupción del Caso Odebrecht, luego de conocer que entregó sobornos por 59 millones de dólares entre 2010 y 2014. En noviembre de 2017, la corte aprobó un acuerdo de colaboración entre la empresa y la Fiscalía, así como tres acuerdos entre ésta y tres exejecutivos de Odebrecht. En el acuerdo con la empresa, además de brindar información, ésta se comprometió al pago de una sanción económica de 220 millones dólares durante 12 años.
Actualmente, son 68 los investigados por este caso, entre los que destacan el expresidente Ricardo Martinelli, sus hijos (Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares), así como varios exministros.
El primer condenado es un imputado cuyos datos se mantienen bajo reserva, debido a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, mediante el cual se le cambiaron los 42 meses de prisión a los que fue sentenciado por días multa más la devolución de un millón de dólares al Estado panameño.
Venezuela: En la confesión de Odebrecht en Estados Unidos, la empresa reconoce haber desembolsado, entre 2006 y 2015, aproximadamente 98 millones de dólares. La Fiscal General de la Nación inició entonces una serie de investigaciones que involucran a 25 personas, entre las que está el actual presidente, Nicolás Maduro. Esto le costó a la fiscal Luisa Ortega ser destituida de su cargo. Sin embargo, en octubre pasado, la exfiscal publicó un video del brasileño Euzenando Azevedo (exdirector de Odebrecht en Venezuela), quien aseguraba haber entregado 35 millones de dólares a la campaña presidencial de Nicolás Maduro.
En septiembre de 2017, la Asamblea Constituyente, compuesta íntegramente por representantes oficialistas, designó al nuevo fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien señaló que continuará las investigaciones por el caso Odebrecht. A la fecha, sin embargo, no se conoce la lista de implicados ni los montos que habrían recibido los funcionarios venezolanos involucrados en los sobornos.
Conclusiones:
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En cada país, sea por estrategia o por limitaciones de la legislación, se ha optado por un camino diferente para ahondar en las investigaciones del caso Odebrecht. En República Dominicana, Ecuador, Guatemala y Panamá, así como en Perú, se priorizó la firma de un acuerdo con la empresa, a fin de obtener información y las pruebas en contra de los implicados. Varios de estos acuerdos tienen naturaleza jurídica distinta y condiciones diferentes.
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Solo República Dominicana y Guatemala acordaron con la empresa Odebrecht el pago de una indemnización por los daños causados a estos países producto del pago de los sobornos reconocidos en Estados Unidos. Mientras que en Panamá el acuerdo con la empresa concierne al pago de una sanción económica.
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Colombia, Ecuador y Panamá son los primeros países que han obtenido condenas en contra de los imputados. Los dos primeros países han enviado a prisión a ex altos funcionarios del Estado.
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En Colombia, República Dominicana y Guatemala se aplicó la figura del principio de oportunidad permitiendo el archivo de los procesos en contra de los brasileños exdirectivos de Odebrecht; y en Panamá se utilizó la figura de la colaboración eficaz.
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La transparencia de los avances de las investigaciones varía de uno a otro país, pero en ningún caso se cuenta con un canal óptimo de información desde la fiscalía. Es necesario revisar esta situación para evitar rumores que puedan enturbiar los procesos y para mantener apropiadamente informados a los ciudadanos.
Fecha de publicación: 28/02/2018
Foto: eldefinido.cl
Ministerio Público debe investigar exhaustivamente a todos los implicados en el caso Lava Jato
El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán exhortó al Ministerio Público a tener mayor cuidado con la difusión de sus acciones, particularmente en lo que concierne al caso Lava Jato y evitar brindar información parcial o sesgada, que puede terminar generando mayor desconfianza en el funcionamiento del sistema judicial. Estos comentarios se produjeron a propósito de las declaraciones hechas a un medio local en días pasados, por el Fiscal Rafael Vela, quien coordina a las Fiscalías que investigan los delitos de Lavado de Activos en esa institución.
“En repetidas oportunidades desde Proética hemos sostenido que la Fiscalía debe mejorar su comunicación con la ciudadanía, informando sobre el curso de las investigaciones, sin pretender que todo lo actuado es necesariamente reservado”, dijo en la última edición de la Voz de Proética. Pero señaló al respecto, que tal información debe ser brindada a cabalidad, cuidando de no generar confusiones o recelos respecto de la labor cumplida.
En tal sentido, no obstante que desde meses atrás, tanto el Fiscal de la Nación como algunos de sus fiscales han cumplido con informar sobre los avances de las investigaciones, superando así su tradicional hermetismo, las declaraciones brindadas por el Fiscal Rafael Vela sobre el próximo interrogatorio a Barata, causaron un explicable desconcierto.
“La verdad sin embargo, es que las investigaciones de las diferentes fiscalías se llevan a cabo en paralelo y bajo características también distintas, por razones que procesalmente resultan atendibles. Así por ejemplo, las que se ocupan de investigar lavado de activos, a cargo de los fiscales Germán Juárez y José Domingo Pérez, llevan los casos de los esposos Humala y Keiko Fujimori, respectivamente, y son solamente ellos los que habrán de interrogar a Barata en esta oportunidad. Las investigaciones por corrupción, las lleva adelante el equipo de Fiscales que dirige el Fiscal Hamilton Castro, y este se encuentra preparando sus propios interrogatorios”, sostuvo.
En definitiva, precisó que todos los posibles implicados en el escándalo Lava Jato deben ser exhaustivamente investigados, comprendiendo desde luego tanto al presidente Kuczynski como su antecesor, Alan García.
26/02/2018