Seis desafíos y recomendaciones para minimizar los riesgos de corrupción en la gestión forestal y REDD+

Proética, junto a ocho capítulos nacionales de Transparency International desde el año 2011 viene impulsando la gobernanza climática, y desde el 2015 incidiendo en la mejora de la gobernanza forestal, con el fin de responder a los desafíos de corrupción que prevalecen en este sector, buscando mejorar la gobernanza en los fondos climáticos destinados a proyectos REDD+, e incorporar la transparencia y accesos a la información, rendición de cuentas, participación plena y efectiva de actores, así como mecanismos efectivos para luchar contra la corrupción, en  las estrategias y políticas nacionales y sub-nacionales destinadas a gestionar los bosques y cumplir nuestros compromisos de disminuir la deforestación.

El Perú ocupa el cuarto puesto en cuanto a territorio ocupado por bosque tropical en el mundo. A nivel nacional, los bosques ocupan casi el 60% de nuestro territorio, así mismo reservan una gran biodiversidad y basta cantidad de pueblos indígenas. A pesar de contar con toda esta riqueza, en los últimos años la deforestación en el país ha ido en aumento por actividades económicas relacionadas a la agroindustria, la construcción de grandes proyectos de infraestructura, el cambio de uso de suelo, entre otros motores de deforestación.

En una coyuntura, en donde sabemos que la corrupción afecta todos los sistemas de gobierno, es prioridad poner candados firmes, para mejorar la gobernanza forestal y proteger nuestros bosques amazónicos y a las poblaciones que ahí habitan.

Por ello, en el día de los bosques y no ajenos a la crisis política que venimos enfrentado, donde la corrupción también pone en riesgo la buena gobernanza forestal y las acciones que como país venimos impulsando, planteamos seis desafíos y recomendaciones  para minimizar los riesgos de corrupción en la gestión forestal y REDD+ en:

  • Es necesario que los instrumentos de buena gobernanza sean medibles (cuantificables) y mejoren la gestión forestal. Aún hace falta mejorar las capacidades para gestionar procesos participativos, inclusivos e institucionalizados desde el Estado.
  • El financiamiento para el sector forestal necesita de estudios de mercado relativos a riesgos, retorno de la inversión, fichas técnicas por producto, beneficios de inversión, entre otros, para fomentar la inversión en el sector. Asimismo, las autoridades regionales forestales deben involucrarse en las diversas formas de financiamiento a las que pueden acceder y el gobierno central debe impulsar mecanismos de control eficientes para minimizar los riesgos de corrupción en estas áreas.
  • El rol de OSINFOR es fundamental para determinar el origen legal de la madera, por ello es necesario que esta institución siga manteniendo su independiente de la autoridad que da los títulos habilitantes. Es necesario dotar de mayores recursos a esta institución, a fin de mantener su autonomía.
  • El involucramiento del sector privado formal así como de las autoridades regionales con competencias en el sector forestal y órganos de control, es significativo para combatir la tala ilegal a nivel subnacional. El sector privado formal, puede exigir el origen legal de la madera así como los Gobiernos Regionales pueden mejorar sus sistemas de vigilancia involucrando a actores locales como comunidad indígenas, ONGs, y pequeños y medianos empresarios.
  • Para que el financiamiento climático sea efectivo, la comunidad internacional debe hacer enfrentar tres puntos cruciales: la transparencia de información; métodos de cuantificación homologados; y realizar un reporte de información accesible a los ciudadanos.
  • Los órganos con competencias en materia forestal, de fiscalización y de control, requieren contar con un estudio sobre economía de la ilegalidad y financiamiento ilícito a partidos y campañas políticas de las actividades ilegales que se vienen generando en la Amazonía peruana (como tala ilegal, minería ilegal, tráfico de tierras, entre otros), a fin de identificar los flujos ilícitos provenientes de actividades ilegales que podrían financiar puestos claves en el sector público.

 

21/03/18

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