Por Walter Albán. A propósito de la última encuesta de Proética sobre corrupción, aplicada por IPSOS y presentada a fines de septiembre del año pasado, vale la pena reparar en una de las respuestas que ha mostrado mayor variación en esta oportunidad, comparándola con la obtenida en nuestro anterior sondeo, de noviembre de 2015.
La pregunta fue la misma: ¿Considera usted que es necesario algo de corrupción para poder facilitar el crecimiento de la economía y el desarrollo? Para el año 20015, un 51% de los entrevistados respondió que sí, expresando en consecuencia una alta tolerancia a la corrupción. En el año 2017, sin embargo, ha sido notorio el cambio en ese nivel, al haberse reducido a solamente un 15% el porcentaje de respuestas afirmativas. Una reducción tan drástica, de 36 puntos porcentuales, no puede pasar desapercibida y merece una explicación.
Es evidente que el resultado de una encuesta puede ser objeto de más de una interpretación, pero, ciertamente, será difícil discrepar en que esta significativa variación ha tenido, en el factor “Lavajato”, uno de carácter determinante. Podemos afirmar esto, no solamente por el hecho de que tan brusca reducción de la tolerancia en un lapso tan corto sólo puede derivar de algún hecho relevante vinculado al tema examinado, y eso sin duda ocurre con el escándalo desatado por el caso “Lavajato”, sino por otras respuestas brindadas también en la última edición de la encuesta.
En efecto, la verificación de que por primera vez en todos estos años, el flagelo de la corrupción sea percibido al interior del país como el problema que afecta más gravemente a los peruanos, incluso por encima de la delincuencia o inseguridad ciudadana y que a nivel nacional (es decir, incluyendo Lima), haya acortado sus distancias respecto a este último, de 16 a solamente 5 puntos porcentuales, fundamenta en buena medida nuestra hipótesis. En la misma dirección, podemos señalar que la inclusión de los empresarios entre los agentes más importantes de la corrupción (71%), muy cerca de quienes ocupan los dos primeros lugares (congresistas 77% y jueces, 72%), abunda en apuntalar esta manera de entender los resultados.
A partir de lo expuesto, hemos sostenido que se advierte un giro importante en el estado de ánimo de la ciudadanía, al reducirse sensiblemente los elevados niveles de tolerancia frente a la corrupción, haciéndose evidente, más bien, una creciente indignación frente a lo que Transparencia Internacional califica como la Gran Corrupción, o sea, aquella vinculada al poder político y económico en los más altos niveles.
Esta constatación es, a no dudarlo, de la máxima relevancia, porque nos coloca en un escenario en el que, finalmente, después de muchos años de indiferencia o desánimo, es posible hablar en el Perú de condiciones que favorecen una amplia y creciente movilización ciudadana para enfrentar con éxito, la gangrena material y moral que viene frenando desde los inicios de nuestra vida republicana el desarrollo de un proyecto nacional, capaz de posibilitar condiciones de vida digna a todos los peruanos.
- Fecha de publicación: 14/03/2018
- Foto: capitalhumano.com.co