(Por La República) La Declaración Jurada de Intereses tiene todavía carácter voluntario a pesar de su importancia. Reúne información sobre los empleos que han tenido los altos funcionarios en los últimos años y también de las empresas en las cuales han sido accionistas, aunque no hayan trabajado en ellas. La información incluye a sus familiares más directos.
Estos datos permitirán detectar la posibilidad de un conflicto de intereses entre la decisión que tome un funcionario y sus actividades privadas o la de sus familiares cercanos como esposa, hijos y hermanos.
Desde el año pasado en que se puso en práctica han sido muy pocos los funcionarios públicos que la han presentado. El Poder Ejecutivo lo ha hecho en razón al compromiso que adquirió. En el Poder Legislativo, solo 20 de los 130 parlamentarios presentaron el documento. Ningún legislador del Apra, Nuevo Perú y Acción Popular hizo la declaración.
A nivel de gobernadores regionales, la situación es lamentable. Ninguno lo ha presentado.
Ante esta situación, han surgido voces como la de Gerardo Távara, de la Asociación Civil Transparencia, para que esta práctica sea obligatoria a través de una ley.
De esta manera, ministros, viceministros, secretarios generales y directores del Poder Ejecutivo tendrán el deber imperativo de cumplirlo. Lo mismo que altos funcionarios de organismos autónomos como el Banco Central de Reserva, Sunat, Contraloría, Defensoría del Pueblo. También el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. Congresistas y funcionarios del Legislativo como el Oficial Mayor. Además de gobernadores regionales, directores regionales, alcaldes, provinciales y distritales.
“Que una ley los obligue a presentar la Declaración Jurada de Intereses y establezca dónde se colocan, ante quién se presentan y la sanción en caso no se cumpla. También, el órgano responsable de verificar que lo que allí se indica es verídico”, señaló Távara.
Proyecto de ley
El año 2016 se formó la Comisión Presidencial de Integridad presidida por el ex defensor del pueblo, Eduardo Vega. Esta comisión presentó cien recomendaciones.
La primera recomendación fue que los altos cargos del Poder Ejecutivo presenten una Declaración Jurada de Intereses y que, además, se entregue al Congreso un proyecto de ley para que sea obligatoria.
“Los altos funcionarios del Poder Ejecutivo cumplieron al 31 de enero con publicar esta declaración jurada. Lo que no se ha cumplido es con presentar el proyecto de ley”, cuestionó Gerardo Távara.