El ex ministro del Interior, Fernando Barrios, no ha sido sancionado y su caso tiene que ser judicializado, sostuvo la directora ejecutiva de Proética, Cecilia Blondet, al desestimar las declaraciones del ex titular de Essalud, quien dijo que políticamente ya había pagado su responsabilidad en el caso del cobro de 90 mil soles por concepto de ‘despido arbitrario’.

“Cuando él dice que ya pagó, es falso. Él no pagó, él ha dejado un hueco tremendo, porque él como gran autoridad reconocida por el presidente, ha cometido este tremendo desfalco al Estado. ¿Cómo que ‘yo ya pague? ¿A quién le pagó esa frustración que supone que el presidente del Sistema Nacional de Seguridad Social se haya robado 90 mil soles? ¿Qué es esto?”, manifestó.

“Este caso hay que judicializarlo, este señor no se puede llevar 90 mil soles como despido arbitrario, simplemente decir que los devuelve y ya pagó. No puede ser, se tiene que judicializar y nosotros deberíamos ser capaces de seguir el acto para ver que este señor, que pretendió hacer este desfalco, termine como tiene que terminar, sancionado correctamente, porque si no la sensación de impunidad es demasiado grande y eso afecta la desconfianza”, añadió.

Barrios Ipenza dijo en la víspera, ante la Comisión de Seguridad Social del Congreso, que tiene su conciencia tranquila porque, políticamente, ya pagó su responsabilidad y dio un paso al costado.

(Fuente: La República)

Lima, ago. 18 (ANDINA). Una campaña para informar a la población respecto a dónde presentar sus denuncias en torno a eventuales hechos de corrupción, planteó hoy el presidente del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), Adrián Revilla. Comentó, en ese sentido, los alcances de la VI Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en Perú 2010, donde se revela que el 55 por ciento de los participantes desconoce dónde presentar una denuncia por este tema.

En ese sentido, Revilla sugirió que entidades como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación y la propia Contraloría General de la República podrían liderar una campaña en este sentido. “La tarea de las instituciones es empezar a instruir conjuntamente con aquellas entidades que reciben las quejas de corrupción; por eso es necesario pedirles que hagamos una campaña de información para los ciudadanos, y podrían hacerlo la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Contraloría.”

El representante de Proética resaltó que ocho de cada 10 peruanos considera que el Estado debe liderar la lucha contra la corrupción, y esta campaña ayudará en esa medida. Revilla alertó que la corrupción se ha convertido en el principal problema que advierten los ciudadanos, muy por encima de la delincuencia y el desempleo.

Opinó que “este llamado de atención” debe servir para orientar al Estado en el objetivo de disponer de funcionarios de alto nivel, a fin de contar con una mejor administración pública y, por lo tanto, con un mejor servicio. Revilla mencionó que el sondeo revela que en la medida en que se sancionen los actos de corrupción tendremos una menor actividad de corrupción en el país.

“La corrupción es un tema que está calando como la preocupación fundamental de los ciudadanos, quienes perciben como principal problema del Estado la corrupción de funcionarios, así como la falta de eficiencia”, argumentó.

Lima, ago. 01 (ANDINA). La aplicación de reglamentos más severos que establezcan sanciones contra los partidos políticos que no cumplan con presentar el informe financiero de sus actividades, propuso hoy la directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), Cecilia Blondet.

“Nos hace falta reglamentos que sean mucho más severos, y que castiguen a los partidos políticos cuando no aceptan ni se someten a las reglas que se encuentran plenamente vigentes para todos, sin distinción alguna”, declaró a la Agencia Andina.

Según el reciente reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), solo siete de doce partidos políticos que postulan a la alcaldía de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales 2010 presentaron, de manera parcial, el primer informe financiero de aportes y gastos de campaña del período febrero-junio de este año.

La representante de Proética recordó que el propio marco electoral establece condiciones, períodos y fechas para que las agrupaciones políticas cumplan con la obligación de transparentar sus finanzas y garantizar que no provienen de fuente ilícita.

El informe de la ONPE señala que Acción Popular, Todos por el Perú, Somos Perú, Partido Humanista Peruano, Partido Popular Cristiano, Restauración Nacional y Siempre Unidos son las agrupaciones que presentaron sus informes, cuyo plazo venció el pasado 16 de julio. “Si seguimos así, con esas actitudes tan contemplativas con los partidos políticos, lo único que vamos a lograr es que se sigan reproduciendo y que no asuman ninguna responsabilidad”, declaró Blondet.

Agregó que en la actualidad, los partidos infractores no tienen sanción alguna o los castigos son leves, lo cual es considerado como un indicador negativo por parte de los sectores interesados en luchar contra la corrupción. Por ejemplo, refirió que la ley no tiene previsto sanciones para estos partidos que se encuentran en plena campaña y que desobedecen los dispositivos electorales. “Ahora no les pasa nada, o si les pasa algo, es muy poco, no tienen problemas y siguen actuando. Esas son pésimas indicaciones para la gente que está luchando contra la corrupción y para la gente que pide cambios”, anotó.

Lima, jul. 05 (ANDINA). La directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), Cecilia Blondet, consideró que la Alianza por el Gran Cambio debería presidir la Comisión de Fiscalización del Congreso, y se pronunció en contra de que ese rol sea asumido por el fujimorismo o por un representante de Perú Posible.

Según explicó, la Comisión de Fiscalización del Congreso debe ser asumida por un grupo parlamentario que tenga independencia tanto del gobierno saliente, como del entrante.

En ese sentido, mencionó que ni el fujimorismo no cumple esta condición porque –dijo- mantuvo cierta cercanía con el actual gobierno.

“Necesitamos que esta comisión sea muy independiente, por eso pienso que si bien tiene que ser una oposición al gobierno en acciones, también tiene que ser una oposición al gobierno saliente, y esa no es la situación de los fujimoristas”, declaró.

En el caso de Perú Posible, argumentó que Perú Posible tampoco debería presidirla porque su líder, el ex presidente Alejandro Toledo, está en conversaciones muy cercanas con el electo mandatario Ollanta Humala, con lo cual se estaría comprometiendo con el siguiente gobierno.

“Perú Posible estaría perdiendo objetividad para dirigirla, podría ser juez y parte, habría que ver cómo evolucionan las conversaciones entre el presidente Toledo y el presidente electo Humala, pero de hecho esta cercanía los limita para presidir esta comisión”, dijo.

En ese sentido, Blondet mencionó que Alianza por el Gran Cambio no presenta estos impedimentos, por lo que sería correcto que asuma la presidencia de la Comisión de Fiscalización.

“Si tendría que ser algún grupo político tendría que ser Alianza Por el Gran Cambio, porque califica para serlo”, subrayó.

Voceros del grupo fujimorista han defendido su derecho de presidir la Comisión de Fiscalización argumentando que les corresponde hacerlo al haberse convertido en el principal partido de oposición.

No obstante, representantes de Gana Perú han objetado ello y han manifestado que la vinculación de algunos de los miembros del fujimorismo en irregularidades descalifica a ese grupo para presidir la comisión encargada de investigar denuncias de corrupción.

Lima, mar. 19 (ANDINA). Si se logra que el empresario de televisión José Enrique Crousillat pague la reparación de 80 millones al Estado, se daría una señal poderosa en la lucha contra la corrupción, sostuvo hoy la directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), Cecilia Blondet.

Destacó, en ese sentido, que el nuevo ministro de Justicia, Víctor García Toma, muestre la disposición para nombrar al mejor procurador de su sector a fin de concretar ese objetivo.

“Sería una señal poderosa que se logre cobrar la reparación a Crousillat. A pesar de que hemos visto la forma como evolucionan estos casos, me parece muy importante iniciar este proceso y sería fantástico que se concrete.”

Blondet dijo esperar que ese procurador también se encargue de evaluar más casos de corrupción con el fin de generar un precedente y un llamado de atención a todas las personas que, por orden judicial, tienen deudas con el Estado.

“Es importante que el ministro mantenga el ímpetu y que inmediatamente realice acciones que permitan pasar de las buenas intenciones a los hechos concretos.”

Sostuvo que los primeros anuncios para afrontar el caso Crousillat son alentadores y generan “optimismo” para ganar la batalla en la lucha contra la corrupción.

“García Toma es un profesional que ha demostrado un trabajo muy neutral cuando asumió roles en el Estado, además tiene experiencia en el sector justicia, eso es muy importante y considero que los anuncios que ha dado son muy alentadores “respecto a la situación del prófugo Crousillat”.

Del mismo modo, destacó la disposición de reforzar la coordinación con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Villa Stein; y la fiscal de Nación, Gladys Echaiz, con el fin de avanzar en lograr una administración de justicia correcta y rápida.

Opinó que García Toma tiene el reto de reforzar la figura del procurador anticorrupción y el sistema penitenciario a cargo del Inpe.

Lima, feb. 05/2010 (ANDINA). El Plan Nacional Anticorrupción debe servir de insumo para las propuestas de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción sobre la transparencia de las instituciones del Estado frente al ciudadano y el sector privado, planteó hoy a directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), Cecilia Blondet.

“Es importante que se trabaje sobre este plan y sobre lo que hizo la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) porque durante su funcionamiento, presentó una serie de documentos que valdría la pena recuperar”, declaró a la Agencia Andina. Confió en que Genaro Matute, secretario ejecutivo de la Comisión de Alto Nivel, compile esa información para que el grupo de trabajo multisectorial no parta de cero en la labor delegada por el Poder Ejecutivo.

Según dijo, el Plan Nacional Anticorrupción fue una propuesta interesante del ex presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, mientras que los documentos de la ONA fueron el resultado de la labor desplegada por su entonces directora Carolina Lizárraga.

En su calidad de representante de Proética en la Comisión, confesó que mantiene altas expectativas por el anunciado plan sobre la transparencia de las instituciones del Estado frente al ciudadano y el sector privado. “Si logramos que la Comisión tenga una capacidad de coordinación, va a ser muy bueno porque uno de los grandes problemas es la falta de coordinación entre las instituciones”, comentó.

Agregó que el aspecto de la coordinación es fundamental porque siempre existe un riesgo de duplicidad de funciones entre organismos del Estado. Por ese motivo, destacó que en la Comisión se encuentren todos los representantes de las instituciones porque podrán velar para que no se generen situaciones de conflicto de competencia, y sobre esa base, hacer una buena fiscalización.

También consideró necesario que el plan de trabajo aborde otros temas, como la transparencia en la ejecución de presupuesto públicos y los procesos de licitación estatal, para evitar casos de corrupción en diversos estamentos. “Personalmente tengo las más altas expectativas en la Comisión porque se forma sobre una plataforma diferente a la de la ONA, ya desactivada”, comentó.

Blondet recordó que en el caso la ONA, se trataba de una sola persona designada por el Poder Ejecutivo, mientras que la Comisión de Alto Nivel se encuentra integrada por representantes de instituciones, incluida la sociedad civil. Destacó, por ejemplo, la inclusión de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) porque es importante monitorear la relación del sector privado con el aparato estatal para evitar casos de corrupción en licitaciones públicas, por ejemplo.

“Lo importante es que en el sector privado hay una actitud abierta al tema de los pactos de ética y a reducir los riesgos de corrupción”, acotó.