El Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética) pidió ayer no dejar impunes los actos de corrupción en los últimos años e instó al Gobierno asumir de manera activa la defensa del Estado, como parte afectada, a través de las procuradurías anticorrupción.
En un pronunciamiento, la asociación advierte que los escándalos de corrupción “que se han destapado en años recientes” no han sido sancionados apropiadamente.
“Para rebatir la sensación de impunidad, el nuevo gobierno debe mostrar una posición sin ambigüedades ante las denuncias, asumiendo activamente el rol de parte afectada a través de las procuradurías anticorrupción; pero a la vez respetando la autonomía de las instituciones en los ámbitos jurídico y administrativo”, refirió.
La posición de Proética se produce en momentos en que diversas bancadas legislativas han planteado formar una comisión investigadora de los presuntos casos de corrupción del gobierno aprista, que abarque temas como el llamado caso “petroaudios”, Forsur, Essalud, entre otros.
Proética afirmó que las instituciones encargadas de luchar contra la corrupción necesitan funcionar “como una maquinaria eficiente y armoniosa” y sugirió fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, integrando en ella a la Contraloría General de la República.
También pidió que se plasme el ofrecimiento del Gobierno de legislar sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, en especial aquellos que tengan consecuencias mayores sobre la economía, la política, la institucionalidad o la sociedad peruana.
Inmunidad parlamentaria
Proética propuso, además, que se aplique con rigor y sin ambigüedades el artículo 16 del Reglamento del Congreso, el cual señala que la inmunidad parlamentaria no es válida para procesos judiciales previos a la elección de un congresista.
Sostuvo que eso es necesario para recuperar la legitimidad del Congreso, “duramente golpeado con constantes escándalos durante esta década”.
Responsabilidad
Consejo Nacional para la Ética Pública pidió a la alianza Gana Perú, como partido de gobierno, asumir su responsabilidad por las autoridades elegidas y funcionarios que, bajo su confianza, ingresen al aparato estatal, y comprometerse a investigar y sancionar a los que resulten involucrados en escándalos.
Planteó reducir los riesgos de corrupción, mediante la aplicación de la ley de transparencia, mejorar la calidad de la gestión de los recursos humanos, imponer un sistema eficiente y transparente de incentivos y sanciones, entre otras medidas.