La ciudadanía espera que el Presidente Ollanta Humala, en los primeros meses de su gobierno, reafirme el compromiso de lucha contra la corrupción que ha expresado y reiterado durante la campaña y demuestre la voluntad política y el liderazgo necesario para combatir los riesgos de corrupción en el Estado y recuperar la confianza de la población en la autoridad, en la ley y en la democracia. Medidas de impacto positivo pueden y deben ser tomadas en el corto plazo:
Combatir la impunidad
Los escándalos de corrupción que se han destapado en años recientes no se han sancionado apropiadamente. Para rebatir la sensación de impunidad el nuevo gobierno debe mostrar una posición sin ambigüedades ante las denuncias, asumiendo activamente el rol de parte afectada a través de las procuradurías anticorrupción, pero a la vez respetando la autonomía de las instituciones en los ámbitos jurídico y administrativo. Debe cumplirse con el ofrecimiento de legislar sobre la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción, particularmente aquellos que tengan consecuencias mayores sobre la economía, la política, la institucionalidad o la sociedad peruana.
Para recuperar la legitimidad del Parlamento, duramente golpeado con constantes escándalos durante esta década, debe aplicarse con rigor y sin ambigüedades el artículo 16 del Reglamento del Congreso, que señala que la inmunidad parlamentaria no es válida para procesos judiciales previos a la elección de un congresista. La alianza Gana Perú, como partido de gobierno, debe asumir su responsabilidad por las autoridades elegidas y funcionarios que, bajo su confianza, ingresen al aparato estatal, para lo cual debe comprometerse a investigar y sancionar orgánicamente a quienes resulten involucrados en escándalos en vez de protegerlos.
Ensamblar el sistema anticorrupción
Las instituciones encargadas de luchar contra la corrupción necesitan funcionar como una maquinaria eficiente y armoniosa para que haya éxito. En ese sentido se debe fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción integrando en ella a la Contraloría General de la República, así como ratificando su existencia a través de una ley en la que se precise sus funciones de promover, coordinar y evaluar la política pública contra la corrupción en el país, respondiendo ante el Estado y la sociedad por su desempeño. Las entidades con competencias anticorrupción –particularmente las salas contra la corrupción del Poder Judicial, las Fiscalías especializadas anticorrupción, el sistema de procuradurías anticorrupción, la Policía Anticorrupción, la Contraloría General de la República, el Organismo Supervisor de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera—deben contar con los recursos y capacidades necesarias para cumplir con sus funciones y metas, combinándose esa mejora con un afinamiento de los propios mecanismos de control institucional al interior de ellas.
Reducir riesgos de corrupción
Las condiciones que permiten que se den actos de corrupción deben ser minimizadas. Para ello, principalmente: Debe fortalecerse la implementación de la ley de transparencia. Debe asegurarse que todos los ministerios cumplan al 100% con las previsiones establecidas en esa norma y su reglamento. De otro lado, debe evaluarse seriamente la creación de un organismo autónomo que sea responsable de garantizar el derecho al acceso a la información pública, con capacidad para sancionar a funcionarios, emitir recomendaciones vinculantes ante las entidades y procesar los conflictos en este campo, descargando al Poder Judicial. Con respecto al Servicio Civil, están pendientes de discusión y aprobación en el Congreso una serie de normas complementarias, pero clave, para mejorar la calidad de la gestión de los recursos humanos. Además, debe establecerse un sistema eficiente y transparente de incentivos y sanciones. Debe crearse perfiles de puestos y se debe capacitar y evaluar al personal en cuanto a ética pública. Los mecanismos existentes de participación ciudadana deben revisarse para estimular y facilitar la vigilancia de organizaciones sociales a las decisiones y gestión sobre los recursos públicos.
Prestar atención a la política social del Estado
El clientelismo y uso patrimonial del Estado en los sectores sociales redunda en una pésima calidad de servicios públicos y afecta la lucha contra la pobreza. Por ello, implementar las medidas señaladas con anterioridad con especial atención en este campo, y con peculiar dedicación en el próximo Ministerio de Inclusión Social, es una medida fundamental de lucha contra la corrupción, la pobreza y la exclusión en el Perú.
Lima, agosto 2011
Contacto: María Eugenia Esparza mesparza@proetica.org.pe / 446 8581 – 446 8943