(Vía El Comercio) Lo ocurrido ayer constituye el golpe más grande asestado a la defensa jurídica del Estado, que reclama con urgencia una actuación independiente, sobre todo ante un gobierno que ha sido incapaz de combatir la corrupción. La separación de la doctora Julia Príncipe Trujillo, quien se desempeñaba hasta ayer como jefa de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante delitos de lavado de activos, se produce cuando ella encabezaba una investigación en el caso de las agendas vinculadas a la esposa del presidente de la República, que podría revelar la infiltración de dineros oscuros en la campaña electoral del partido de gobierno.

Se censura a una funcionaria que ha demostrado en estos últimos 12 años un trabajo independiente en casos complejos, como el de Rodolfo Orellana, quien lideró una red de tráfico de influencias, lavado de activos y narcotráfico. La actuación del Gobierno es un mensaje nefasto para los procuradores que defienden los intereses del Estado: declarar a conveniencia del Ejecutivo. Si no, procesamiento y despido.

Asimismo, resultan indignantes las declaraciones hechas ayer en RPP por el renunciante ministro de Justicia, quien ofreció argumentos similares a los que utilizó Orellana en la revista “Juez Justo” para tratar de mellar la credibilidad de la doctora Príncipe. Esto, aunado a la destitución meses atrás de la ex procuradora Yeni Vilcatoma de la Cruz –quien denunció públicamente reuniones poco transparentes entre el entonces ministro de Justicia y el ahora abogado de la pareja presidencial, en las que se revelaba una excesiva preocupación por la situación del procesado Martín Belaunde Lossio–, termina por convencernos de que el Ministerio de Justicia actúa para cubrir a la primera dama ante investigaciones que deben desarrollarse y ante las cuales el presidente debió mantenerse al margen.

Algo muy grave –que no pasa inadvertido– es que con la desafortunada defensa del Gabinete al tan criticado hoy ex ministro Gustavo Adrianzén se termina arrastrando a todo el Gobierno a una situación de cuestionamiento, lo cual es nefasto para el país.

El jefe del Gabinete, Pedro Cateriano, ha señalado que la censura a un ministro desestabiliza el clima de inversiones. Se equivoca, nada desestabiliza más a los inversionistas y a la posibilidad de crear empleos y generar bienestar que un aparato de justicia débil y sumiso, como el gestado en este último tramo de la administración Humala.

Desde Proética, al tiempo de condenar esta torpe actuación del Gobierno, alentamos a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) –de la que somos parte la sociedad civil y los gremios empresariales– a pronunciarse sobre este atropello y exigir un diseño de defensa del Estado que otorgue suficiente independencia a los procuradores como defensores de los intereses generales de los peruanos y no de los gobiernos. La CAN no puede continuar con su evidente esterilidad.

Finalmente, invocamos a toda la ciudadanía a mantenerse vigilante y a exigir al Gobierno actuar con firmeza frente a la corrupción, el lavado de activos y el narcotráfico, venga de donde venga, y caiga quien caiga.

(Fuente: El Comercio) Pese a que el gobierno ha emitido en los últimos meses un paquete de decretos legislativos para combatir la inseguridad ciudadana (aumentando penas para extorsionadores o asesinos de policías, reformando el régimen laboral de la policía, etc.), a la población le sigue pareciendo que la raíz del problema es otra: la corrupción.

Según la última encuesta nacional de El Comercio hecha por Ipsos Perú, el 42% de los peruanos cree que la principal causa de inseguridad es la ineficiencia y la corrupción del sistema judicial. La falta de valores y principios está a la par (42%). Les siguen la carencia de leyes adecuadas (39%) y la ineficiencia y la corrupción policial (37%).

¿Por qué los peruanos no confían en sus autoridades? Para el ex ministro del Interior y actual presidente de Pro Ética, Walter Albán, este panorama se debe a la impunidad. Según Albán, el control interno que tienen el Poder Judicial, el Ministerio Público y la policía no es eficiente al momento de evaluar el trabajo de los funcionarios.

“Es evidente que el mecanismo de control interno no funciona. Está claro que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) no están en condiciones para enfrentar los niveles de corrupción de los jueces”, señala Albán.

El jefe de Pro Ética propone que el control de las instituciones sea externo. Una encuesta de dicha entidad, realizada en el 2013, dice que el Poder Judicial es considerada la tercera entidad más corrupta del país.

Endurecer los castigos para los policías, jueces o fiscales que cometan corrupción tampoco parece ser una solución viable. El ex jefe de la policía, general Gustavo Carrión Zavala, considera que más que punitiva la solución debe apuntar a lo formativo. Asegura que urge reestructurar la institución policial con nuevos cuadros de policías que tengan un mejor trato económico y profesional. “Hasta ahora lo único que se ha hecho ha sido poner parches a la reorganización. Hay que reemplazar todo el sistema”, asevera.

El experto en seguridad del IDL César Bazán cree que la desconfianza de la población ya ha alcanzado a todo el sistema judicial y se reafirma cuando se ven casos como el de la liberación de 52 delincuentes que tres días antes habían usurpado una vivienda.

El patrullaje militar Un porcentaje alto (58%) de la población sigue creyendo que mandar a integrantes de las Fuerzas Armadas a las calles sería una buena opción para enfrentar la inseguridad. En Lima la cifra es de 60%. No obstante, se refleja una reducción, ya que una encuesta de Ipsos Perú de junio último revelaba que el 87% de los limeños apoyaba esta medida.

Para Bazán, el rechazo a esta iniciativa por el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, la policía y expertos en seguridad ha causado efecto en la población. Sin embargo, aún se evidencia que hay una sensación de ineficiencia de la policía para el patrullaje en las calles.

Ante esto, tanto Bazán como Carrión recuerdan que sacar a las calles a los militares es una propuesta que atenta contra el Estado de derecho y podría ocasionar conflictos. Lea el artículo completo aquí:

La corrupción y la falta de valores son las principales causas de la inseguridad by Proética on Scribd

(Fuente: El Comercio) El presidente Ollanta Humala es percibido por la opinión pública como más corrupto que el encarcelado ex mandatario Alberto Fujimori y el ex asesor Vladimiro Montesinos, porque la pareja presidencial no respondió adecuadamente a las denuncias y se puso trabas a las investigaciones, sostuvo el director de Proética, Walter Albán.

“Hay dos factores determinantes para que la ciudadanía piense que el gobierno de Ollanta Humala es más corrupto que al gobierno de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. El primero, es que la percepción ciudadana siempre le carga mayor responsabilidad al que tiene en sus manos el Poder Ejecutivo, y en esa medida no se libra el presidente Humala de esta mala calificación”, dijo en Radio San Borja.

“Lo segundo, es que también se han producido denuncias y en titulares en muchos medios los temas que están vinculados al financiamiento de la organización política del presidente, y creo que las respuestas no han sido las más acertadas o han sido ponerle trabas a las investigaciones. Eso creo que ha sido un error, por lo que creo que eso ha alimentado la idea en la gente que el gobierno de Ollanta Humala es más corrupto que los anteriores”, añadió.

Albán, ex ministro del Interior de Humala, explicó que de acuerdo a los sondeos realizados por Proética, la ciudadanía percibe a la corrupción como el segundo problema más grave que tiene el país.

“Todas las encuestas que ha publicado Proética y la última fue en el año 2013, indican que en un primer lugar la ciudadanía coloca primero a la inseguridad ciudadana, pero el segundo, con un porcentaje bastante alto es el de corrupción”, acotó.

Según la última encuesta de Datum, el 27% de ciudadanos lo considera al ex presidente Alan García, como la persona más corrupta del país, ubicándose en primer lugar por encima de Ollanta Humala con un 20%, Vladimiro Montesinos un 13% y Alberto Fujimori con un 10%. En sexto puesto, figura Nadine Heredia (4%).

(Fuente: Ideeleradio) Se deben poner candados en los partidos políticos para evitar la filtración del narcotráfico en la política, sostuvo el director ejecutivo de Proética, Walter Albán, tras considerar que se deben tomar medidas para controlar el financiamiento de los partidos y evitar casos como los de Gerald Oropeza.

Fue al referirse a los audios y videos encontrados por la policía ecuatoriana en el celular que Gerald Oropeza, donde se jacta de tener “gente por todos lados”, así como el apoyo de alguien a quien llama “tío Alan”.

“Hemos llegado a una situación en la cual, los vínculos del narcotráfico con la política han llegado a niveles muy peligrosos para el país, ya no hablemos solo del APRA, hay evidentemente elementos suficientes para afirmar esto sin ninguna duda, pero el tema es que también hay otras organizaciones políticas que han sido infiltradas por lo mismo; de manera que se trata de poner candados a está infiltración”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Si el Congreso se sigue resistiendo a tomar las medidas para controlar el financiamiento de las organizaciones nos vamos no solo a mantener en esta situación sino que vamos a ir a algo peor, por eso es que es importante y delicado lo que se está debatiendo en el Congreso”, acotó.

(Fuente: La República) Nuevas voces se suman al pedido de los organismos electorales rectores para que el presidente Ollanta Humala observe la autógrafa que modifica la Ley de Partidos Políticos, que obra en sus manos desde el 1° de octubre.

Esta vez la advertencia de que esa autógrafa, si es aprobada, sería un “retroceso” en la necesaria reforma electoral, proviene de Proética.

El director ejecutivo de esta institución, Walter Albán, sostuvo que la observación es la medida más aconsejable, ya que el Congreso de la República sigue sin tratar temas cruciales para la reforma electoral, como las medidas para garantizar la democracia interna en las organizaciones políticas y la supervisión en el financiamiento público y privado de estas.

Por el contrario, dijo, en el Parlamento se aprobaron medidas que van en una direccion distinta, como la de elevar a 25% el margen de candidatos invitados, los que serían elegidos por las cúpulas de los partidos y no por su militancia como debería ser. “Por esa razón, esa autógrafa debe ser materia de observación electoral”, precisó Albán.

En ese sentido, cuestionó que el presidente de la Comisión de Constitución, el nacionalista Fredy Otárola, siga insistiendo en aprobar en el pleno medidas que ni siquiera expresan el consenso del grupo legislativo, dejando de lado las propuestas alcanzadas por los organismos electorales y otras instituciones especializadas de la sociedad civil.