(Fuente: Suplemento ESR de la Revista Stakeholders) No es fácil hacer empresa en el Perú. La burocracia, la tramitología, la informalidad y la corrupción, entre otros problemas, hacen muy complejo operar en nuestro país. Por ello, resulta muy destacable la iniciativa de Perú 2021 de reconocer con el Distintivo Empresa Socialmente Responsable a aquellas que hacen esfuerzos notables para operar con transparencia e integridad en un entorno altamente complejo.

Justamente, la revista Semana Económica acaba de publicar el estudio “Encuesta a Gerentes Generales” –que hace anualmente con Ipsos-, el cual revela cosas muy interesantes relacionadas con la ética empresarial. Por ejemplo, que el 54% de los gerentes consultados cree que solo algunas empresas, o una minoría de ellas, se conducen en forma ética. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué deberíamos hacer los empresarios para mejorar nuestra propia percepción?

La reflexión anterior resulta pertinente dado dos hallazgos del citado estudio que vale comentar. En primer lugar, que sólo 8% de los entrevistados considera prioritario mejorar el gobierno corporativo en sus empresas; y, segundo, a la pregunta de cuál cree usted que sería el principal mecanismo para combatir la corrupción en el sector privado, 8 de cada 10 gerentes responden que los códigos de conducta son la solución. Y esto sí es para preocuparse, pues es sabido que los códigos de conducta, siendo importantes, son totalmente insuficientes para combatir prácticas corruptas. Si no, veamos el escandaloso caso que protagonizan actualmente Petrobras –la gigante petrolera cotizada en la Bolsa de Nueva York- y las grandes constructoras brasileñas: todas ellas cuentan con excelentes códigos de conducta.

Por tanto, necesitamos considerar con más detenimiento cómo implementar verdaderos mecanismos anticorrupción. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque sin integridad y transparencia, afectamos seriamente nuestra capacidad de atraer inversiones y generar empleo. Esto resulta cada vez más claro en el mundo de los negocios, en donde los inversionistas –además de considerar la producción, los ingresos y el mercado- ponen mucha atención a variables como integridad y ética empresarial, pues éstas constituyen una garantía a sus inversiones.

¿Qué podemos hacer las empresas en el Perú para gestionar eficientemente los riesgos de corrupción? La respuesta no está en una mera declaración de principios y valores, ni en escribir códigos de conducta, sino en implementar los denominados Programas ad hoc de Cumplimiento Anticorrupción (PCAC), que no deben ser confundidos con sistemas de control interno o prácticas de buen gobierno corporativo, más allá de que se relacionan con todos ellos.

Los PCAC son muy eficaces cuando existe la voluntad real, al más alto nivel, de apoyar irrestrictamente una verdadera política de integridad. Estos programas se preparan a partir de un riguroso autodiagnóstico que permite identificar específicamente cuáles son los riesgos de corrupción en la empresa y cuáles sus potenciales áreas de mejora. Los PCAC no solo se refieren a prevenir y detectar coimas o sobornos, sino toda clase de corrupción, como conflictos de interés, abuso de información privilegiada, fraude contable, evasión fiscal, incumplimiento de obligaciones laborales, concertación de precios, espionaje industrial, entre otras conductas deshonestas.

Un buen PCAC incluye adecuados canales de denuncia y políticas de protección al denunciante, procedimientos de investigación independiente, medidas disciplinarias, revisión de pagos especiales como contribuciones políticas, pruebas anticorrupción a proveedores, monitoreo de la gestión de intereses, entre otros. También, actividades de capacitación y estrategias de comunicación para asegurar la adecuada difusión de los riesgos de corrupción y las medidas de prevención y detección. Un tema fundamental es el monitoreo del buen funcionamiento del PCAC, que debe hacerse al más alto nivel en la empresa: el Directorio, por ejemplo. Lo concreto es que los Programas ad hoc de Cumplimiento Anticorrupción tienen efectos muy positivos sobre la cultura de la empresa, y constituyen el mejor mecanismo para prevenir y combatir la corrupción.

Otro tema interesante que revela el estudio citado es que casi la mitad (46%) de los consultados considera a la sanción social como una de las medidas más efectivas para evitar la corrupción en el sector privado, es decir, la creación de listas “negras” de empresas no éticas y la expulsión de sus gremios. Este resultado confirma las sugerencias recibidas, por el autor de esta columna, de varios líderes empresariales cuando les solicité medidas para prevenir y combatir la corrupción en el sector privado, para una presentación en la CADE 2014. La propuesta más numerosa que recibimos fue la auto-regulación, que coincide con lo señalado por Semana Económica.

La auto-regulación consiste en un sistema de premios y castigos conducente a la sanción social, y contempla la creación de un Comité de Buenas Prácticas conformado por personalidades independientes y de reconocida solvencia moral, que funciona como un centro de observación y otorga una especie de certificado a las empresas que implementen programas ad hoc de cumplimiento anti-corrupción. Quienes obtengan el certificado califican como proveedores preferidos del Sector Privado. Se sanciona así a quienes no observen estándares éticos.

Naturalmente, al no ser los actos de corrupción hechos públicos, la marginación social resulta difícil si no se cuenta con un fallo judicial u otro elemento válido; sin embargo, no contar con el certificado constituye una forma de sanción social o moral, la que suele ser más efectiva que la sanción legal.

Otra sugerencia recibida fue la creación de un think tank en el sector privado, que convoque al diálogo y analice la corrupción desde sus diferentes ángulos, para sugerir alternativas de solución. La idea es que este think tank se sume a los esfuerzos que vienen haciendo otras entidades de la sociedad civil –como Proética- que trabajan este tema.

(Fuente: Correo) El 46% de peruanos señala a la corrupción como uno de los principales problemas del país y un 82% considera que el crimen organizado ha penetrado la política, según un estudio de la Asociación Civil Proética, difundido hoy con motivo del Día Internacional contra La Corrupción.

Tanto en Lima como en el interior del país, la población señala a la delincuencia (62%), la corrupción (46%) y el consumo de drogas (30%) como los mayores problemas del país.

El 61% de los encuestados señala de manera específica la corrupción de funcionarios y autoridades, por amplio margen, como el más serio problema percibido en el Estado peruano.

Cuatro de cada cinco encuestados además percibe que la corrupción ha incrementado en los últimos años y el 53% estima que ésta aumente en el quinquenio siguiente.

A nivel de desempeño institucional, la ciudadanía tiene una evaluación relativamente positiva de los medios de comunicación y la Defensoría del Pueblo; y en contraste, una mayoritariamente tiene una apreciación negativa de los partidos políticos y el Poder Judicial.

En ese sentido, el Poder Judicial, el Congreso de la República y la Policía Nacional son consideradas como las tres instituciones más corruptas del país.

Asimismo, 82% de encuestados considera que el crimen organizado estaría muy infiltrado en la política, principalmente a través del financiamiento de campañas (38%) y las conexiones con funcionarios en puestos clave (22%), de acuerdo al estudio.

Frente a esta situación, la propuesta de reforma política que parece encontrar mayor aceptación entre los encuestados es que las autoridades destituidas por delitos de narcotráfico, lavado de activos y/o terrorismo no sean reemplazadas y que su curul quede vacía, señaló Proética.

Cuando la corrupción es considerada a un nivel más micro y cercano a los encuestados, el estudio señala que existe tolerancia media a las coimas, los sobornos, la vara (influencia), las argollas y el robo de servicios públicos.

Solo un 10% señala que sí le solicitaron coimas, regalos propinas y/o sobornos pero se negaron a darlos, una menor proporción admite haber accedido, y un porcentaje muy pequeño (1%) admite que lo hizo por iniciativa propia.

De estos dos últimos grupos, el 52% alega haberlo hecho para evitar mayores sanciones y el 37% porque si uno no paga, las cosas no funcionan. En general, de quienes tuvieron contacto con funcionarios corruptos, solo el 11% hizo la denuncia respectiva.

La encuesta se elaboró sobre la base de 1308 encuestas a hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos de residentes en el ámbito urbano de las 16 principales ciudades del país.

(Fuente: LaMula.pe) El Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) acordó iniciar este lunes el trámite de declaración de vacancia al consejero electo Alfredo Quispe Pariona, por causal de incapacidad moral.

La mencionada entidad concluyó que el audio en que el consejero Alfredo Quispe declararía haber incurrido en una conducta irregular en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, y los hechos relacionados con el presunto acoso sexual que se le atribuyen en la misma casa de estudios, afectarían la dignidad del cargo de consejero del CNM.

No obstante, el CNM precisó que Quispe Pariona jurará al cargo puesto que la Ley Orgánica del CNM solo prevé la vacancia de consejeros en ejercicio de funciones y no la de los electos.

El CNM precisó que mientras el trámite proceda, Quispe Pariona no podrá cumplir funciones como consejero porque se encontrará suspendido.

Asimismo, luego de correr traslado de las causales de vacancia de dicho consejero, éste podrá manifestar su posición en el plazo de cinco días hábiles.