(Fuente: Gestión) Pese a que contamos con un Portal de Transparencia, Samuel Rotta, subdirector de Proética, señala que no podemos conocer aún si los procesos de licitación ‘dirigido’ han aumentando o disminuido.

“Aún no existe un indicador que diga si está en aumento o si disminuyen las irregularidades en los procesos de licitación. Eso es un síntoma que te indica que no estamos sabiendo usar la herramienta”, menciona.

Y es que, según señala, la información que está disponible no está completa e incluso las obras pequeñas que se llevan a cabo a través de una concesión no cuentan con los expedientes técnicos.

“Nosotros hemos estado haciendo revisión y no encontramos los expedientes técnicos. Cuando de empieza a ver a detalle uno se encuentra con vacíos; no hay un cumplimiento cabal del portal de Transparencia y debería implementarse”, sostiene.

En ese sentido, Rotta señala que hay muchas formas de “sacarle la vuelta” a la norma de contratación ya que no existe un control en los procesos de licitación y adjudicación.

¿Cuáles son los mecanismos más usados para dirigir las licitaciones? El funcionario explica que en su mayoría tienen que ver en cómo las autoridades diseñan las bases y cómo declaran una necesidad -con urgencia o no- de comprar o desarrollar algo. “Aquí se suele plasmar las características de un servicio específico que es provisto solo por un interesado (a participar)”, refiere.

Los plazos en los que se dan estos concursos también son factores claves. “En los plazos también se aprovecha para beneficiar a alguien, se realizan los procesos o convocatorias en fiestas patrias o Navidad. Aprovechan fechas cortas”, resalta.

¿Se puede llevar un control? Tal como mencionábamos anteriormente, es difícil contar con el Portal de Transparencia ya que muchos de los documentos que suben son fotocopias, lo que “reduce la posibilidad de poder hacer un seguimiento a los procesos”.

De otro lado está -lamenta- el que los perdedores siempre se van a quejar y van a decir que el proceso han sido dirigidos “y eso refuerza el argumento de contar con estándares de transparencia mínimos en los que uno pueda acudir a los archivos, que todo sea público, y que los procesos se den en los plazos oportunos”.

Agrega que otra de las cosas que debería estar funcionando es un sistema de control que acompañe a los procesos de licitaciones, que no solo estén los autores. “Las licitaciones deben indicar los montos y el impacto social que implica la obra”.

“Hay algunos casos en que se dicen que sí se tiene un control, pero en la práctica no hay las posibilidades materiales para hacer el acompañamiento de estos procesos. Eso se facilitaría si es que los documentos cumplieran ciertos estándares”, puntualiza Rotta.

Licitaciones cuestionadas

El último caso cuestionado es el concurso que se hizo -entre el 24 y 28 de diciembre del 2015- para fabricar los pasaportes biométricos que dio como ganador al consorcio conformado por Gemalto México S.A. e It Continue Et Services, que es la Imprenta Nacional de Francia.

Y es que, Cancillería esperó hasta el jueves 24 de diciembre, víspera de Navidad, para pedir a las empresas las cotizaciones para fabricar los pasaportes electrónicos, colocando como plazo máximo para enviar la información el 28 de diciembre antes del mediodía. Es así, que se le adjudicó al consorcio los S/87.9 millones para la fabricación de los pasaportes. Monto superior a la que solicitaba otro postor que era de S/80 millones.

Pero esta no es la primera licitación que ‘gana’ la Imprenta Nacional de Francia. En agosto del año pasado Migraciones dejó en manos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) un concurso para comprar 1.2 millones de pasaportes electrónicos.

La OACI por ser un organismo internacional -que no pasa por la ley de contrataciones- adjudicó al consorcio mencionado unos S/102 millones para los pasaportes. El primer lote de los pasaportes, recién serán emitidos a partir del 26 de febrero de este año, dentro de una semanas.

Otro caso que ha dado qué hablar y ha generado diversos cuestionamientos es el proceso de adjudicación de la distribución de gas natural al norte a solicitud de la empresa Gases del Norte (Gasnorp), que no es otra que la empresa colombiana Promigas.

En el fondo se cuestionan la falta de base y sustento de la propuesta tarifaria presentada, el alto costo de las tarifas finales que asumirían los usuarios residenciales y del pequeño comercio, por los altos montos de inversiones injustificados que encarecen indebidamente el proyecto; además de las notorias diferencias entre la propuesta original anulada en competencia con Sechura Oil & Gas y la propuesta final de Gasnorp como único participante ante el Ministerio de Energía y Minas en el proceso de solicitud de la concesión.

Lote 192 en Loreto. Ante la falta de ofertas en la licitación internacional de dicho lote, Perupetro se vio en la necesidad de flexibilizar las bases y hacer una adjudicación directa. Por motivos que hasta hoy no son públicos, se eligió a la canadiense Pacific Stratus, como ganadora. Empresa que a nivel de cotización bursátil estaba en rojo en 2015.

Retrocediendo un poco más, en el 2014 el proceso de concesión de lotes III y IV (Piura) generó duras críticas ya que el único postor fue Graña y Montero Petrolera. En ese entonces, la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú expresó su rechazo al proceso al señalar que “existe una sospechosa entrega de las concesiones de los lotes petroleros por parte de Perupetro”.

(Fuente: Perú21) El presidente de Proética, Jorge Medina, se refiere a las propuestas anticorrupción de los candidatos presidenciales y a la imagen del actual gobierno en este tema.

¿Cuál es su análisis de las propuestas anticorrupción de los candidatos presidenciales?

Primero, hay que reconocer el esfuerzo a los candidatos para estar presentes en el foro que organizamos. En segundo lugar, ha habido propuestas interesantes y muchos lugares comunes.

¿Cuáles?

Por ejemplo, prácticamente todos coincidieron en que hay que reformar el sistema nacional de control y la Contraloría. Otro lugar común fue el asunto de mejorar la administración de justicia, empezando por el CNM.

¿Le parece que la reforma de estas instituciones es fundamental?

He mencionado dos, pero también está el tema de cómo hacer mejorar el nivel de desafección entre la ciudadanía y el Estado. Esto tiene que ver con mecanismos que ayuden a eliminar la impunidad. En fin, en forma general ha habido propuestas interesantes, pero al mismo tiempo ha habido propuestas demagógicas e irrealizables.

¿Cuáles?

Un candidato propone eliminar la inmunidad al presidente de la República. Eso es imposible, porque habría un desgobierno total. Es una cosa diferente eliminar la inmunidad parlamentaria.

¿Suscribe esa propuesta?

Sería un buen mensaje. Hay delitos que se penan con años de cárcel, pero, para un congresista, la mayor pena es 120 días de suspensión. La inmunidad parlamentaria se ha convertido en impunidad, pero lo que yo quisiera señalar es que lo más relevante no se ha discutido, que es reformar la política. La corrupción es el abuso del poder en beneficio propio y en perjuicio de terceros violando normas legales o éticas. ¿Cómo resuelves la corrupción en el país? Con una mejor representación en el Congreso.

¿El Congreso es ‘la madre del cordero’?

Así es, es fundamental.

¿Qué reformas se necesitan?

Deberíamos tener una elección de congresistas en la segunda vuelta, para garantizar gobernabilidad. También hay que fortalecer a los partidos políticos y la democracia interna, para que al Congreso lleguen los mejores. Además, es fundamental cómo se financian las campañas. No tenemos ninguna transparencia.

¿Y los reportes a la ONPE?

Todos esos informes no resisten el menor análisis. Y la ONPE no puede morder. Si no cumples, te deberían quitar la inscripción. Los partidos políticos en el Perú son los menos transparentes y democráticos que hay.

Y, según sostiene, ningún candidato se refirió a este tema en el foro de Proética.

Tangencialmente algunos sí. Pero yo no escuché a nadie hablar con contundencia. Hay hipocresía, doble discurso, porque lo que se quiere es ganar la presidencia. Entre ganar la elección y la posibilidad de perderla diciendo la verdad, ya sabes cuál es la respuesta.

¿Qué prefieren?

Van por la verdad a medias en vez de ser transparente. Los ciudadanos tenemos que incrementar nuestra capacidad de indignación. ¿Por qué nuestros gobernantes no hacen nada? Porque no hay dividendos. Si yo apuesto por una reforma de largo plazo que subyace a mi término como autoridad, ¿qué hay para mí? Se lo llevan los otros. Pero si tuviéramos una ciudadanía empoderada, bien informada, otro sería el cantar. Los candidatos están ciegos, no ven el problema.

¿Están ciegos porque quieren?

Si yo soy un partido político y necesito dinero para ganar las elecciones y tengo la posibilidad de recibir ese dinero, pero no es muy santo, ¿qué hago? ¿Primero recibo, gano la elección y después hago la reforma, o no lo recibo y me quedo sin reformar? Hoy los políticos tienen un dilema moral que no están analizando adecuadamente.

¿Cómo cree que queda la imagen de este gobierno en vista de las agendas de la primera dama? Los peritos determinaron que es su letra y ahora la Fiscalía entra en la fase de determinar la procedencia del dinero.

¿Se puede dañar más la imagen del gobierno? Este es un gobierno del quinquenio perdido, pero lo mismo te podría decir de los gobiernos anteriores. Lo de las agendas es una cosa muy penosa para el país. Esto no es más que un resultado de cómo se ejerce la política en el Perú.

¿Pero cree que la pareja presidencial es corrupta?

Corrupción es el abuso del poder en beneficio propio, en desmedro de otros, violando normas legales o éticas. ¿Crees tú que la pareja presidencial abusa de su poder? Ahí tienes la respuesta.

Entonces, dígame si, para usted, han abusado del poder violando normas éticas o legales.

Por lo menos éticas. Tú no eres ético cuando no eres consciente de que tus actos influyen negativamente en los demás, en la economía, en la confianza, en la institucionalidad. ¿Cuántos meses discutiendo las agendas?, ¿cuántos meses discutiendo el tema Belaunde Lossio?, ¿cuántos meses discutiendo el tema López Meneses? Yo no puedo hablar de responsabilidad legal porque no soy abogado, pero obviamente que hay una responsabilidad ética o moral.

(Fuente: Americas Quarterly) Durante las últimas décadas, diversas investigaciones han demostrado el enorme impacto nocivo de la corrupción en el desarrollo económico, político y social de los países. Sin embargo, a pesar de toda la evidencia existente –cuyos sólidos argumentos revelan que la corrupción incrementa la desigualdad y la pobreza-, esta sigue diseminándose en nuestros países en forma alarmante, siendo el soborno la práctica más común.

Según los resultados del estudio de LAPOP Barómetro de las Américas 2014 –que mide comportamientos y condiciones socio-económicas en nuestra región-, 1 de cada 5 ciudadanos reportaron haber pagado un soborno en el último año, y 7 de cada 10 personas señalaron que la corrupción es algo muy común entre los funcionarios de los gobiernos. Los resultados del estudio son consistentes con los de años anteriores y nos recuerdan que los ciudadanos –además de experimentar la corrupción en nuestra vida cotidiana- percibimos que está muy difundida en las élites, tanto en el sector gubernamental como en el empresarial.

En el informe “¿Cómo afecta la corrupción el crecimiento económico?”, publicado en mayo pasado, los investigadores Jan Hanousek y Anna Kochanova analizaron las conclusiones de diversos estudios sobre corrupción respecto de sus efectos en la economía. A partir de una serie de entrevistas, Hanousek y Kochanova determinaron que –no obstante que para muchos empresarios el soborno facilita los resultados de la empresa porque les permite crecer más rápido- este constituye un arma de doble filo porque eleva los costos de operación y genera incertidumbre a la hora de estimar el monto de la próxima coima, mordida o como se le llame en nuestros países, lo que termina comprometiendo la competitividad de la empresa a largo plazo.

Después de una década, en la que decenas de millones de personas salieron de la pobreza en nuestra región, actualmente –debido al menor crecimiento de China y a la caída de los precios de nuestros principales productos de exportación, entre otras razones- enfrentamos un momento de desaceleración y decrecimiento. Y es precisamente ahora, en épocas de “vacas flacas” como la actual, que salen a relucir un conjunto de problemas estructurales que subyacen a la actividad productiva y que tienen que ver más con la debilidad de nuestras instituciones, como la falta de transparencia, la poca rendición de cuentas y el irrespeto a la ley. En este contexto, la corrupción –ciertamente una moneda de dos caras: corrupto y corruptor- se ha convertido en uno de los principales desafíos que tenemos hoy, y que –en épocas de bonanza- no hemos encontrado la forma cómo enfrentar, o lo que es peor, no hemos querido hacerlo.

Cualquiera sea el caso, el fondo de la cuestión es que si no combatimos la corrupción, ésta puede socavar gravemente la democracia de nuestros países y afectar su gobernabilidad. Dos ejemplos recientes ilustran con claridad este riesgo. El primero se refiere a una red criminal en Guatemala, que generó una millonaria defraudación fiscal por sobornos cobrados a empresarios para la evasión de impuestos aduaneros, y que involucra al expresidente renunciante Otto Pérez Molina y otras altas autoridades, actualmente en prisión, además de explicar la victoria de un comediante como el nuevo presidente del país. El segundo ejemplo viene de Brasil: el grave caso de corrupción conocido como “Lava Jato”, en el que se acusa al gobierno de estar involucrado en una red de sobornos millonarios vinculados con empresas privadas, principalmente constructoras, a través de la estatal Petrobras. Pero no necesariamente serían estos dos los casos más corruptos, pues habría que ver lo que ocurre en Venezuela, Argentina y Panamá, entre otros países. Lo concreto es que en nuestra región estamos viendo a cientos de miles de personas movilizándose para manifestar su indignación por la conducta deshonesta de gobernantes y empresarios, evidenciando cómo la corrupción incrementa la desafección de la población con las instituciones, autoridades y clases dirigentes.

Ante un escenario así, la pregunta que surge es: ¿Qué rol debemos jugar los empresarios para ayudar a solucionar este problema? En primer lugar, debemos empezar por entender a cabalidad qué es lo que tenemos al frente. La corrupción es un fenómeno muy complejo que funciona a través de redes y complicidades insertadas en casi todo ámbito de la sociedad. Desde las denuncias de corrupción en la FIFA, hasta la falta de transparencia en El Vaticano que tanto preocupa al Papa Francisco; desde la pequeña coima al policía o al funcionario de tercer nivel del municipio, hasta los grandes escándalos relacionados con licitaciones y contratos millonarios; desde la corrupción en sectores como salud, deporte y educación, hasta la corrupción política que envuelve a gobernantes y congresistas.

En segundo lugar, debemos reconocer que la corrupción no solo se manifiesta en la forma de coimas o sobornos, sino también en acciones delictivas de diversa índole –muchas veces conocidas como “delitos de cuello y corbata”- como por ejemplo concertación de precios mediante cárteles, uso indebido de información privilegiada, conflictos de interés, fraude contable, evasión fiscal, espionaje industrial, entre otras modalidades que se observan en la actividad empresarial.

En tercer lugar –y una vez que hemos comprendido la complejidad del fenómeno de la corrupción- el siguiente paso es asumir la responsabilidad que nos toca; es decir, reconocer la evidente necesidad de involucrarnos activamente en la solución del problema. Esto es vital dado el alto grado de economía ilegal en la mayoría de nuestros países, en donde reinan el incumplimiento de la ley y la impunidad. Ello requerirá de un liderazgo empresarial adaptativo e innovador y del ejercicio de una buena dosis de coraje. Los empresarios no operamos en una isla, somos parte de la sociedad. Invertimos nuestro capital y creamos empleo, pagamos impuestos y ayudamos a generar bienestar. Pero nuestra actividad empresarial jamás estará completa –y correrá serios riesgos- si nos ponemos de costado esperando que sea otro quien arregle el problema de la corrupción.

La iniciativa global Inclusive Capitalism (www.inc-cap.com), que empezó a gestarse en 2012 y que hace unos meses celebró su segunda conferencia anual en Londres- nos plantea cosas muy interesantes. Primero, que es fundamental desarrollar un sentido de urgencia para reconocer y aceptar la necesidad de innovar la forma de hacer negocios, de manera que sus beneficios lleguen a más personas. Segundo, que las estrategias que consideran las necesidades de la sociedad en el largo plazo, son las que hacen sostenible a la empresa como generadora de bienestar. Tercero, que el liderazgo bien ejercido permite alcanzar la cooperación entre Empresa, Sociedad y Estado. Cuarto, que al contar con nuevas tecnologías de información y comunicación, y herramientas de innovación y desarrollo, la empresa tiene la posibilidad de beneficiar más y mejor a la sociedad, asegurando así la sostenibilidad del capitalismo. Es decir, entre otras iniciativas, combatir la corrupción es una forma de proteger al capitalismo.

Una medida concreta que los empresarios podríamos llevar a cabo, a fin de reducir las oportunidades e incentivos a los corruptos, es apoyar el periodismo de investigación, que ha probado ser en varios de nuestros países un bastión importante para desenmascarar casos emblemáticos de corrupción. Otra medida concreta es divulgar el financiamiento político que hacemos y exigir a los candidatos y partidos que apoyamos que cumplan con las normas de transparencia y rendición de cuentas. Otra forma moderna, que da muy buenos resultados, es la sanción moral, llamada también sanción social, mediante la cual se logra que los corruptos sientan vergüenza de serlo. Esto consiste en un sistema de auto-regulación empresarial, basado en premios y castigos, conducente a aislar socialmente al corrupto. Pero la medida más directa y efectiva es desarrollar –al interior de nuestras organizaciones- programas ad-hoc anticorrupción, que sean ejecutados y supervisados permanentemente, y que, además, sean auditados en forma independiente y sus resultados divulgados a nuestros Stakeholders. En otras palabras, plena transparencia y compromiso que envíe un claro mensaje de “Cero tolerancia a la corrupción”.

Porque cuando uno reflexiona a cabalidad sobre los efectos perversos de la corrupción, llega a la conclusión de que ésta viola los derechos más fundamentales del ser humano, pues no solo se trata de los miles de millones malgastados o robados, sino principalmente lo que se deja de hacer en obras de agua potable y alcantarillado, postas y hospitales, escuelas y universidades, puertos, caminos y puentes, entre otras obras necesarias que cambiarían la suerte de millones de familias.

En un mundo, cuya clara tendencia es el empoderamiento de los individuos, nuestra única opción como empresarios es aprovechar la extraordinaria oportunidad que tenemos de ayudar a diseñar estrategias para combatir el flagelo de la corrupción desde una perspectiva holística, es decir, trabajando coordinadamente con el Estado, la Academia, los medios de comunicación y los demás partícipes de la Sociedad Civil. Después de todo, eliminar la corrupción es, también, beneficioso para la sostenibilidad empresarial, pues a menor corrupción mayor oportunidad para que millones de personas alcancen prosperidad y desarrollo, lo que –a su vez- genera más consumidores.

(Fuente: Perú21) Walter Albán, director ejecutivo de Proética, aseguró —en entrevista con la redacción de Perú21— que la inseguridad ciudadana está fuertemente vinculada con el crecimiento de la corrupción por lo que este tema debe ser priorizado en la agenda de los candidatos presidenciales.

En el segmento electoral #Diálogos21, el exministro del Interior advirtió que el avance de la corrupción ha penetrado el Estado debido a la debilidad de todas las instituciones que forman el aparato público, por lo que siempre hay una persona cuidando los intereses de otras.

“Tengo la impresión de lo que ahora percibimos como una corrupción que se ha extendido y enraizado —más todavía— no nos permite apreciar su profundidad, la dimensión que ha tomado la corrupción”, expresó Walter Albán.

Walter Albán, director ejecutivo de Proética, aseguró —en entrevista con la redacción de Perú21— que la inseguridad ciudadana está fuertemente vinculada con el crecimiento de la corrupción por lo que este tema debe ser priorizado en la agenda de los candidatos presidenciales.

En el segmento electoral #Diálogos21, el exministro del Interior advirtió que el avance de la corrupción ha penetrado el Estado debido a la debilidad de todas las instituciones que forman el aparato público, por lo que siempre hay una persona cuidando los intereses de otras.

“Tengo la impresión de lo que ahora percibimos como una corrupción que se ha extendido y enraizado —más todavía— no nos permite apreciar su profundidad, la dimensión que ha tomado la corrupción”, expresó Walter Albán.

Además, Walter Albán manifestó que el crecimiento económico de los últimos 20 años se ha desarrollado de la mano con una economía ilegal promovida por el narcotráfico y esto ha permitido que surjan mafias y organizaciones criminales.

En otro momento, el director de Proética sostuvo que se debe eliminar la inmunidad parlamentaria, pues ha sido mal utilizada en el Congreso y solo ha servido para encubrir irregularidades de algunos políticos.

Finalmente, Walter Albán mencionó que la peor manera de enfrentar la corrupción es prometer con “fuegos artificiales”, es decir anunciar medidas que impactan, pero que en realidad no tienen sustento ni trascienden en la lucha anticorrupción.