(Fuente: El Comercio).- Tras las tensiones, sorpresas e incertidumbres que este accidentado proceso electoral trajo consigo, por fin sabemos entre qué candidatos debemos escoger el 5 de junio. No pocas dudas restan sin embargo sobre la manera como, quien finalmente resulte elegido, habrá de enfrentar los problemas que la ciudadanía ha venido señalando como los que afectan de forma más alarmante su calidad de vida: la inseguridad y la corrupción.
Al respecto, al margen de la mínima posibilidad que tuvimos para conocer en general los planes de gobierno de cada postulante, resulta crucial revisar las escasas y no siempre consistentes propuestas sobre los temas antes señalados. Así, atendiendo aquellas que han sido expresadas a nombre de las organizaciones políticas participantes en la contienda, constatamos que su formulación ha carecido de una perspectiva integral, capaz de asumir, por ejemplo, la cada vez más evidente vinculación entre el exponencial incremento de la corrupción y el de la criminalidad en el país.
En efecto, el notable crecimiento experimentado por nuestra economía durante más de una década, que ha contribuido sin duda a reducir significativamente los niveles de pobreza, ha ido aparejado sin embargo, dada nuestra profunda debilidad institucional, del incesante desarrollo de una economía ilegal, sustentada en actividades como el narcotráfico, lavado de activos o minería y tala ilegal, entre otras, que han dotado de ingentes recursos a sendas mafias del crimen organizado. En este contexto, tales mafias han desarrollado una eficaz estrategia de penetración del Estado, valiéndose en buena medida de la debilidad de las organizaciones políticas.
Así, los actuales niveles de corrupción en el aparato estatal registran una magnitud inédita y, si bien atraviesan al conjunto de sus instituciones, incluido el propio Congreso de la República, resulta particularmente preocupante que hayan alcanzado grados extremos en entidades claves para la lucha contra la criminalidad, como ocurre con la Policía Nacional, el Poder Judicial o el Ministerio Público y, en relación con estos últimos, también el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Al respecto, es equivocado sostener que se trata de un problema menor o aislado en cada caso, porque nos encontramos ante un mal que ha ido enquistándose y extendiéndose durante años en estas organizaciones, al punto de perforar las bases mismas de su estructura institucional.
Es entonces indispensable realizar un esfuerzo monumental para revertir esta situación y ello demanda, por cierto, madurez y sentido de responsabilidad de la clase política para construir, por encima de los resultados electorales y de la cuota de poder que lleguen a alcanzar en el próximo Congreso, los necesarios consensos para diseñar políticas públicas eficaces, dirigidas a superar exitosamente los actuales desafíos.
Es bajo esta perspectiva que deben ser abordadas medidas indispensables para nuestra recuperación institucional, como la de reformular la actual composición del CNM, orientando decididamente su actividad a encarar los graves problemas de corrupción, ineficiencia, lentitud, provisionalidad y desconfianza ciudadana, que afectan a nuestro sistema judicial.
Asimismo, el Congreso no puede continuar dilatando la aprobación de normas que otorguen facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera para acceder a la información tributaria y bancaria con que combatir el lavado de activos, así como la competencia de la SBS para supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito, que hoy actúan sin ningún control.
Cuestiones como la elección del contralor a base de un concurso público, la independencia de las procuradurías anticorrupción, la creación de una autoridad autónoma para la transparencia y el gobierno abierto, así como una nueva y efectiva ley de gestión de intereses, son solo algunas de las propuestas planteadas en el foro de candidatos a la presidencia que organizó Proética en enero. Pero todo ello, para su viabilidad, demanda sumar esfuerzos, definir una estrategia en común y la adopción de acuerdos mínimos, para convertir esos contenidos en verdaderas políticas de Estado.
A lo anterior debemos añadir el rol clave de la vigilancia ciudadana, a través de una activa participación de la sociedad civil en la cruzada a emprender. Sin ella, como lo ha demostrado más de una vez nuestra historia reciente, no habrá consensos ni rectificación de errores, sino solo un juego político en la superficie, en tanto los cimientos del país continuarán deteriorándose hacia una total descomposición.
