La Fiscal Superior especializada en delitos contra el medio ambiente, Flor De María Vega, respaldó el pedido que diversos colectivos y organizaciones de sociedad civil, entre ellas Proética, formularon al Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski a fin de que derogue el reglamento del Decreto Legislativo 1220, el cual facilitaría que madera de procedencia ilegal evada las incautaciones y continúe, en consecuencia, la exportación de la misma, depredando nuestros bosques y burlando a la administración tributaria en perjuicio de todos.
“¿Por qué se ha reglamentado? Para detener al Ministerio Público en sus funciones. No lo vamos a permitir: Ya estamos solicitando la derogatoria”, mencionó la representante del Ministerio Público este viernes 19 durante su exposición en una de las mesas del Diálogo sobre Fortalecimiento de la Lucha contra la Corrupción y el Comercio Ilícito, que tuvo lugar en el marco de la reunión de delegados del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se desarrolla en Lima.
La fiscal informó además que apenas tuvo conocimiento del cuestionado reglamento, se lo informó al despacho del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. “¿Qué se ha pretendido? Hacer una calificación del tipo de madera a considerarse ilegal. Sin ninguna facultad ni criterio técnico, introducen en el reglamento que el Ministerio Público solo debe considerar ilegal los productos maderables en estado natural o de primera transformación. ¿Y los de segunda transformación? ¿Así sean de procedencia ilegal tenemos que dejarlos pasar? ¿Permitir que se deforeste nuestro país? No. Estamos pidiendo la derogatoria de este reglamento”, agregó enfáticamente durante su intervención.
Cabe señalar que esta semana diversos colectivos y organizaciones de sociedad civil instaron, a través de una carta pública, al presidente Kuczynski a que derogue el reglamento del DL 1220, aprobado por el DS 010-2016-MINAGRI, pues señala que “se entiende como productos forestales maderables, objeto de tráfico ilegal, a aquellos productos forestales en estado natural o de primera transformación”, con lo cual queda abierta la posibilidad de que madera ilegal de “segunda transformación” no sea objeto de incautación. Esto, además del riesgo de deforestación, también pone en peligro nuestro compromiso internacional de conservación de bosques asumido en el TLC con Estados Unidos.