Proética señala implicancias en el Perú del acuerdo entre Camargo Correa y la Fiscalía de Brasil

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán pidió que nuestras autoridades actúen con mayor diligencia y agilidad en las investigaciones que se siguen, a propósito de los sobornos pagados por empresas constructoras brasileñas a altos funcionarios peruanos por obras contratadas con el Estado. Esto se hace todavía más exigible ahora que se conoce que la empresa brasileña Camargo Correo involucrada, al igual que Odebrecht, en el escándalo de corrupción  “Lava Jato”, estaría negociando también con las autoridades de Brasil para que 40 de sus funcionarios y accionistas revelen información sobre el pago de sobornos en los diferentes países en donde  estos tuvieron lugar.

“Camargo Correa es muy importante porque  tuvo obras también significativas y fue precisamente a través del caso conocido como “Castillos de Arena” que involucraba a esta empresa, que tomamos conocimiento del pago de sobornos a autoridades peruanas”, dijo Albán en la última edición de La Voz de Proética.

Aunque este caso quedó archivado por decisión de la Corte Suprema de Brasil,  para Albán es probable que el mismo se reabra y nos permita entonces acceder a mayor información de la que se dispone hasta el momento, lo que sin duda hará remecer todavía más el escenario político nacional. Por ello, indicó, si bien es  importante contar con la colaboración de las autoridades de países como Brasil, Estados Unidos, Gran Bretaña o Suiza, no podemos depender exclusivamente de lo que puedan aportar instituciones de tales países, sino que se requiere de una actuación más ágil y decidida por parte de nuestras propias autoridades, particularmente en esta etapa, del Ministerio Público y la Procuraduría.

“Esperamos de que se pueda producir una mayor actividad de las instituciones en el país, nos referimos fundamentalmente al Ministerio Público, a la Procuraduría  y al Poder Judicial”, sostuvo.

Además, recalcó que el Poder Ejecutivo debería revisar la decisión de mantener en la Procuraduría Anticorrupción estos procesos a fin de dar paso a una Procuraduría Ad Hoc, por la transcendencia del caso y  la necesidad de manejarlo con el mayor cuidado, sigilo, atención y con los recursos necesarios.

“Vamos a seguir de cerca lo que ocurra con este proceso, que como sabemos tiene enorme importancia para nuestro país,  y queremos decirle a las autoridades que la reserva, la prudencia, son por supuesto muy importantes para trabajar seriamente estos temas, pero que no se confunda esa reserva con secretismo, porque eso no contribuye a generar confianza y que podamos sentir en el país que estamos actuando diligentemente para esperar los mejores resultados a partir de ello”, finalizó.

16/01/2017

“Reveladores de malos secretos”, por el presidente de Proética, Jorge Medina

medina el comercio.jpg

(Publicado en el diario El Comercio). La historia da cuenta de hechos delictivos que nunca se habrían conocido si no fuera por el coraje de quienes se atrevieron a denunciarlos: personas bautizadas como ‘whistle blowers’.

Los casos son de naturaleza muy variada. Los hay de índole político –como el protagonizado por “Garganta Profunda” en el escándalo Watergate en Estados Unidos– y también del tipo conspirativo, como el de Edward Snowden, el ex empleado de la CIA que denunció programas de vigilancia masiva.

También están los de carácter financiero y empresarial. En el 2009, por ejemplo, el banquero Bradley Birkenfeld destapó el funcionamiento de una división de gestión de patrimonio dentro de UBS, que asesoró a más de 20.000 empresas en la evasión de impuestos. Esta delación permitió al Gobierno Estadounidense cobrar unos US$5.000 mlls. en impuestos, sanciones y multas.

El buen funcionamiento de la figura del ‘whistle blowing’, lejos de ser una conducta desleal, constituye una buena práctica anticorrupción, básicamente por su efecto disuasivo. Si las organizaciones facilitaran que sus trabajadores y ejecutivos pusieran en conocimiento de los órganos de auditoría y vigilancia los actos ilícitos que pudieran conocer, lograrían entidades más transparentes y combatirían mejor la corrupción e impunidad.

Un reto es contar con instrumentos que incentiven las denuncias a través de programas de recompensas –tal como lo propone el Informe de la Comisión de Integridad– incluyendo, además, sistemas efectivos de protección al denunciante.

Asimismo, la implementación del sistema de responsabilidad administrativa, para casos de corrupción de personas jurídicas debería mejorar la puesta en valor de los estándares de transparencia e integridad.

También lea el artículo completo aquí: 

Reveladores de malos secretos by Proética on Scribd

16/01/2017

Hay controversia por alcances en acceso a la información pública

minjus1.jpg

(Fuente: La República / Por Jorge Loayza) En el sector Justicia se promulgaron 27 normas en el marco de las facultades legislativas, siete de ellas enfocadas en la lucha contra la corrupción. Incluso decretos de otros sectores (como la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado) también están focalizados para este fin.

Una de las decisiones del gobierno que han generado opiniones encontradas es la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual ha sido puesta en tela de juicio al considerar que será una entidad ‘sin dientes’.

Expertos consultados dijeron que debió tener autonomía y un mayor alcance.

El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, opinó que si bien en varios aspectos el gobierno tomó en cuenta las recomendaciones de la sociedad civil, en esta materia específica no ocurrió así.

“Se contaba con una propuesta muy completa y que por tanto daba un complemento indispensable a lo que viene a ser este proceso de liberarnos del secretismo en el gobierno peruano, que tanto daño ha hecho y contribuye a la corrupción. Sin embargo el resultado sorprendió a todos”, puntualizó Albán.

Al respecto, el abogado Erick Iriarte dijo que el DL promulgado dista de la propuesta presentada.

Iriarte formó parte del grupo de profesionales que presentó esta iniciativa al Ministerio de Justicia. Opinión similar han manifestado otros miembros de este grupo, como el abogado Javier Casas.

Para Iriarte el sistema se ha desequilibrado debido a que se ha priorizado la transparencia por encima de la protección de datos, cuando debió encontrarse un balance en ambos campos.

Explicó que en la propuesta se le planteó al Minjus –entre otras cosas– que la Autoridad de Transparencia sea un órgano técnico especializado. Esto no ocurrió, ya que dependerá del Ministerio de Justicia.

“Se avanzó, sí. En esencia, se pasó de no tener nada a tener algo”, comentó Iriarte. Aunque advirtió que en escenario político diferente al actual se podría retroceder.

Norma de la discordia

En concreto, el DL 1353 que pone en marcha la Autoridad de Transparencia propondrá las políticas en dicha materia y emitirá las directivas y lineamientos que sean necesarios.

Por primera vez en el país un servidor público podrá ser sancionado por no entregar información, en un plazo no mayor de 12 días hábiles. Aparte, se presentará al Congreso un informe anual sobre los pedidos de acceso a la información pública.

Las sanciones van desde una amonestación escrita hasta una suspensión sin goce de haber de entre 10 y 180 días, una multa no mayor de cinco Unidades Impositivas Tributarias (UIT), la destitución o la inhabilitación, dependiendo de la gravedad del caso.

También habrá un Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Fuentes del gobierno aseguraron que la discusión sobre la creación de esta entidad se concentró en ofrecerle agilidad, evitando la generación de una mayor burocracia.

Una de las promesas de campaña del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, fue la creación del organismo, hoy cuestionado.

Medidas anticorrupción

Por otro lado, una de las primeras normas publicadas en el marco de la delegación de facultades en lucha contra la corrupción fue la llamada “muerte civil”, en el DLN° 1243, que cambia hasta quince artículos del Código Penal.

Este DL fija entre cinco y veinte años el tiempo de inhabilitación principal por delitos contra la administración pública.

La norma también indica que habrá un registro único de sentenciados.

Ante las críticas iniciales, este decreto fue modificado para que el Estado pueda despedir a los sentenciados por corrupción. Iván Montoya, ex procurador anticorrupción, consideró que “esta es una de normas más completas” que ha dado el Ejecutivo.

“Ahora se ha cerrado un poco el círculo. Es estricta como debe ser, y eso me parece positivo”, añadió.

Otros DL establecen sanciones para los abogados que busquen retrasar procesos judiciales.

Aparte, las empresas corruptas no podrán contratar más con el Estado, ya que habrá responsabilidad en personas jurídicas en casos de corrupción.

Esto ayudará a que casos como los de la constructora brasileña Odebrecht puedan ser sancionables.

Se estableció, además, una mayor protección para los ciudadanos que denuncien actos de corrupción, así como la creación de la Procuraduría General del Estado.

Asimismo,el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) será la oficina encargada de informar sobre las posibles relaciones de parentesco de los servidores públicos.

Esto con la finalidad de evitar conflictos de interés en el ejercicio de sus funciones.

12/01/2017

Países que han solicitado oficialmente información al Ministerio Público Federal de Brasil sobre #LavaJato

mapa1.jpg

Compartimos con ustedes dos gráficas de suma importancia: la primera da cuenta de la relación de países que han solicitado oficialmente información al Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil sobre el caso #LavaJato. Entre ellas, figura el Perú.

La segunda es sobre países a los cuales el MPF ha solicitado de manera oficial información sobre este caso.

(Imágenes: MPF de Brasil).

La Autoridad sometida

Por Ricardo Uceda / La República

El paquete legislativo del pasado sábado 7 documentó la creación de una Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Su diseño había sido encargado en octubre pasado a un Grupo de Trabajo integrado por los funcionarios del MINJUS Roger Rodríguez y Omar Sar y por los abogados Diego Zegarra, Erick Iriarte, Fernando Castañeda, Roberto Pereira y Javier Casas, más la periodista Kela León. En la práctica, un comité de expertos. Cuando entregaron sus conclusiones, en noviembre, la ministra de Justicia no ocultó su satisfacción. Invitó a la presentación a los miembros de la Comisión Presidencial de Integridad, anunciando que la propuesta era piedra angular de la lucha anticorrupción. Los comisionados también expresaron su beneplácito. Pero muy pronto aparecieron los problemas.

Temas reservados

Desde la PCM y el MEF fueron expresadas objeciones que pusieron en cuestión la existencia misma de un grave problema de cumplimiento de la Ley de Transparencia. La realidad, sin embargo, es que pedidos de información relevantes que no tienen que ver con la seguridad nacional son rechazados y, ante esta negativa, hay que esperar a que un juez se pronuncie en sus diversas instancias. La desinformación causada por un vacío de la ley de 2002, que no creó una autoridad de cumplimiento —como en otros países— ha sido demostrada hasta la saciedad. Pero antes de que finalizara 2016, cuando ya el grupo había entregado su trabajo, apareció la pregunta:

—¿Qué demuestra que hay, efectivamente, un problema de transparencia? —dijo una funcionaria.

La objeción de fondo era a la existencia de un organismo autónomo que sin pedirle permiso al Gobierno decidiera cuáles asuntos podían ser informados y cuáles no. Actualmente, se supone que cada entidad pública hace su relación de información clasificada y sobre esa decisión no cabe apelación en ninguna instancia administrativa. Esto cuando la entidad confecciona efectivamente una relación de temas reservados. Hay muchas que no lo hacen. Cuando se les pide, pueden contestar que los temas bajo reserva incluyen la lista que los identifica.

Soñando Indecopi

A la PCM también le horrorizaba la idea de crear una dependencia pública más. Además, objetaba la capacidad sancionadora que tendría una autoridad de transparencia. El hecho de que fuera una promesa de campaña electoral de PPK no parecía problema.

—Y si no se cumple una promesa… ¿qué? —se llegó a escuchar en la PCM.

Cuando las resistencias trascendieron, gremios de la prensa y asociaciones de la sociedad civil pidieron al gobierno no dar marcha atrás. Oficialmente se negó toda discrepancia. Mayén Ugarte, Secretaria de Gestión Pública de la PCM, dijo que la administración estaba estudiando bien las cosas para que no hubiera superposición de roles o alguna disfuncionalidad. El viceministro de Justicia, Edgar Carpio, anunció que la autoridad por crearse sería “el Indecopi de la transparencia”.

La publicación del decreto legislativo acabó con el misterio: existían las discrepancias con el MINJUS y la PCM no quería una autoridad con dientes.

Tigre de papel

La norma crea dos oficinas, la denominada Autoridad y el Tribunal Administrativo, independientes entre sí. La Autoridad Nacional asumió funciones que antes mal hacía la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, como presentar un informe anual al Congreso y proponer políticas de transparencia. ¿Por qué ahora sí, desde el MINJUS, estas funciones se cumplirían? La Autoridad Nacional tiene competencias de supervisión débiles porque solo trabajará con aquellos documentos no clasificados como secretos, reservados o confidenciales. En otras palabras, no puede desclasificar una información. Bastará que la materia solicitada aparezca en una lista negra oficial para que sea incompetente. Aunque el decreto legislativo dice que coordinará la confección de las listas negras junto con las entidades estatales, no tendrá la última palabra. No es un organismo autónomo, y, en realidad, tampoco una autoridad, como estaba en la propuesta, sino una simple dirección del MINJUS.

El Tribunal Administrativo resolverá los reclamos cuando una entidad estatal rechaza la solicitud informativa de un ciudadano. Aunque el decreto busca proteger a sus miembros —elegidos por concurso público— con un nombramiento fijo, inmune a la remoción, el tribunal está adscrito al MINJUS. Cuando acabe su período, en uno de transición, podrán cambiar las condiciones. El advenimiento de cualquier ministro de Justicia tipo Gustavo Adrianzén, del quinquenio humalista, bastaría para someterlo.

El Tribunal Administrativo también resolverá las apelaciones de los funcionarios públicos sancionados por su propia entidad por infringir la ley. Pero si esta entidad decide que ninguno de sus funcionarios tiene responsabilidad, o si la sanción satisface al funcionario, el tribunal jamás conocerá apelación alguna.

“El diseño institucional de la autoridad y del tribunal no asegura ni su autonomía ni su eficacia, sino más bien las fragiliza” dice el abogado Javier Casas, quien integró el Grupo de Trabajo. Otro ex miembro, Roberto Pereira, dice: “Un tigre de papel”. La decepción de estos expertos nace de la convicción de que, por mucha buena voluntad que haya en el MINJUS, la burocracia mantendrá el secretismo.

Otro motivo es que la propia administración Kuczynski se inclinó ante el sector Defensa en el caso del VRAEM, una de las gestiones más oscuras del Estado. El caso pinta a la administración.

Más de lo mismo

Desde hace varios años el Ministerio de Defensa se ha negado continuamente a brindar informaciones sobre el VRAEM que ni lejanamente pueden considerarse agraviantes para la seguridad nacional. Por ejemplo, el número y la identificación de los muertos. O los reportes sobre cuya base se renuevan las declaratorias de estado de emergencia. En septiembre pasado, la PCM confirmó oficialmente que eran secretas las informaciones publicadas por Panorama sobre corrupción en la administración militar del VRAEM. Fue en respuesta a un fiscal, a quien Defensa había negado la información que necesitaba para investigar (porque era secreta).

Sin embargo, posteriormente el fuero militar comprobó que hubo corrupción. Ante un pedido del Centro LIBER, la PCM dijo que no poseía la disposición militar que declaraba reservada la información. LIBER la pidió al Comando Conjunto, que declaró secreta la disposición que había considerado secreto el material solicitado.

Una Autoridad de Transparencia como fue diseñada, hubiera desclasificado la información. Es evidente que su ocultamiento solo tapa un acto de corrupción, mientras los periodistas continúan denunciados por revelación de secretos nacionales. Veremos más de lo mismo.

10/01/2017

Proética: Avances y limitaciones de los Decretos Legislativos Anticorrupción

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, se pronunció sobre los decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo, en especial sobre aquellos que abordan la lucha contra la corrupción en nuestro país. Al respecto, señaló que, si bien hay avances importantes, existen aspectos que merecen ser puestos en cuestión.

Por un lado, indicó que es positivo que se haya ampliado la responsabilidad penal de las personas jurídicas o haber establecido mecanismos para proteger a los denunciantes de hechos de corrupción, así como la obligación de dar a conocer las decisiones judiciales, sin embargo, mostró su preocupación respecto a la manera como se ha optado finalmente para crear la Autoridad Autónoma de Transparencia.

“Nos parece que debe ser revisada esta decisión de que la Autoridad Autónoma haya devenido en una dependencia del Ministerio de Justicia, sin atribuciones suficientes para garantizar un adecuado manejo administrativo de este acceso a la información, que era precisamente la médula de la propuesta que había formulado la sociedad civil en este tema”, mencionó Albán en la nueva edición de la Voz de Proética 2017.

Otro punto de revisión para nuestro Director Ejecutivo es acerca de la Procuraduría General, la cual, según advirtió, no es la Procuraduría Autónoma que se había pedido para desempeñar una tarea especializada en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.

“Creemos que se ha buscado mejorar el diseño que ya existía, pero no se ha atendido  lo que habíamos planteado para dar un paso decisivo hacia un modelo que otorgara independencia a los procuradores que se ocupan de cautelar políticas de Estado, diferenciándolos de aquellos otros continuarían ejerciendo la defensa de  las instituciones estatales”, sostuvo.

Finalmente, recalcó que se requiere articular una estrategia que tome como base las propuestas formuladas por la Comisión Presidencial de Integridad porque, de otra manera, no habrá forma de que todo esto pueda contribuir en forma integral a que la lucha contra la corrupción en el Perú tenga efectivos resultados.

“Esperamos que no sólo se pongan en ejecución las medidas adoptadas sino que, en algunos casos al menos, podamos ir a una rectificación de lo hasta ahora planteado”, finalizó.

9/01/2017

Odebrecht hizo obras por US$ 12,300 millones

1sss45555.jpg

(Fuente: Diario Uno) La empresa brasileña Odebrecht realizó obras en el Perú por 12,300 millones de dólares, sin contar los sobrecostos y sobre eso es que debe calcularse el monto que debe devolver a nuestro país, advirtió Eduardo Vega, titular de la Comisión Presidencial de Integridad.

Con la finalidad de recuperar el dinero que perdió el Estado con los sobornos que Odebrecht reconoció haber pagado, Vega recomendó que se lleve a cabo una auditoría a las obras que ejecutó la firma brasileña en el Perú.

“Hay que hacer un esfuerzo por recuperar el dinero robado a los peruanos, no podemos pensar solo en la reparación civil, eso está bien para el proceso penal. Hagamos una auditoría para ver cuánto costaron las obras que Odebrecht hizo en el Perú y cuánto de exceso se ha pagado y recuperemos ese dinero”, refirió.

El exdefensor del Pueblo sostuvo que el caso Odebrecht es una oportunidad para hacer cosas importantes en materia de lucha anticorrupción, sobre todo en el lado preventivo como los sistemas de integridad que debe haber en la administración pública.

BASTA DE INERCIA

Consideró necesario exigir a las empresas máximas garantías de integridad y transparencia cuando contraten con el Estado y advirtió que hay gente dispuesta a luchar contra la corrupción, como autoridades y movimientos; pero también existe tolerancia a la corrupción en la sociedad.

Manifestó que es necesario cambiar la inercia frente a dicho delito y resaltó los alcances registrados en el marco del Acuerdo Nacional. “Se han comprometido las organizaciones políticas, los gremios empresariales y la sociedad civil a hacer el cambio y facilitar las investigaciones del Ministerio Público”, comentó.

Asimismo, sugirió otras medidas con las cuales se puede avanzar desde los partidos políticos, como el rechazo a las donaciones anónimas y la bancarización de los aportes en campañas electorales.

Vega advirtió que hay mucha desconfianza y malestar frente a quienes dirigen el país y consideró que el caso Odebrecht es el más grande de corrupción en América Latina.

“Diría que es similar a lo que ocurrió con Montesinos en los 90. Odebrecht se había organizado de tal manera que tenía departamentos concebidos para pagar los sobornos y el reto es desentrañar esta organización y encontrar y sancionar a los culpables”, precisó.

ADEMÁS

El presidente de Proética, Jorge Medina, consideró que la débil institucionalidad, la frágil democracia, la manera como se ejerce y se financia la política hace que la corrupción penetre gobiernos regionales, municipales, Congreso, Policía, Fiscalía, Poder Judicial (PJ). “Ahí está el problema”, señaló.

8/01/2017

Proética exhorta a comisión Lava Jato a no obstaculizar labor del MP y PJ

andinafoto1.jpg

(Fuente: Agencia Andina) El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró que la comisión Lava Jato del Congreso debe ser muy cuidadosa en el desarrollo de sus labores, para no obstaculizar las investigaciones que llevan de manera profesional, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial.

Indicó que el Ministerio Público está cumpliendo con su trabajo al no difundir la información acumulada del proceso que viene realizando, al igual que la preparación del Poder Judicial para participar en este caso.

“Esta comisión debe andar con sumo cuidado y ojalá que los miembros se porten de acuerdo a lo que efectivamente corresponde a una instancia de carácter político como el Congreso y no se tomen acciones que puedan obstaculizar o tomar injerencia en cuestiones que deben ser manejas profesionalmente por el sistema de justicia”, dijo a la agencia Andina.

En ese sentido, refirió que existe riesgo de que la investigación quede distorsionada, debido a los intereses de cada organización política representada en la comisión.

La comisión Lava Jato es presidida por Víctor Albrecht (FP) e integrada por Karina Beteta (FP); Victor Andrés García Belaunde (AP); Mauricio Mulder (Apra); Marisol Espinoza (APP); Gino Costa (PPK); y Jorge Castro (FA).

8/01/2017