Por Ricardo Uceda / La República
El paquete legislativo del pasado sábado 7 documentó la creación de una Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Su diseño había sido encargado en octubre pasado a un Grupo de Trabajo integrado por los funcionarios del MINJUS Roger Rodríguez y Omar Sar y por los abogados Diego Zegarra, Erick Iriarte, Fernando Castañeda, Roberto Pereira y Javier Casas, más la periodista Kela León. En la práctica, un comité de expertos. Cuando entregaron sus conclusiones, en noviembre, la ministra de Justicia no ocultó su satisfacción. Invitó a la presentación a los miembros de la Comisión Presidencial de Integridad, anunciando que la propuesta era piedra angular de la lucha anticorrupción. Los comisionados también expresaron su beneplácito. Pero muy pronto aparecieron los problemas.
Temas reservados
Desde la PCM y el MEF fueron expresadas objeciones que pusieron en cuestión la existencia misma de un grave problema de cumplimiento de la Ley de Transparencia. La realidad, sin embargo, es que pedidos de información relevantes que no tienen que ver con la seguridad nacional son rechazados y, ante esta negativa, hay que esperar a que un juez se pronuncie en sus diversas instancias. La desinformación causada por un vacío de la ley de 2002, que no creó una autoridad de cumplimiento —como en otros países— ha sido demostrada hasta la saciedad. Pero antes de que finalizara 2016, cuando ya el grupo había entregado su trabajo, apareció la pregunta:
—¿Qué demuestra que hay, efectivamente, un problema de transparencia? —dijo una funcionaria.
La objeción de fondo era a la existencia de un organismo autónomo que sin pedirle permiso al Gobierno decidiera cuáles asuntos podían ser informados y cuáles no. Actualmente, se supone que cada entidad pública hace su relación de información clasificada y sobre esa decisión no cabe apelación en ninguna instancia administrativa. Esto cuando la entidad confecciona efectivamente una relación de temas reservados. Hay muchas que no lo hacen. Cuando se les pide, pueden contestar que los temas bajo reserva incluyen la lista que los identifica.
Soñando Indecopi
A la PCM también le horrorizaba la idea de crear una dependencia pública más. Además, objetaba la capacidad sancionadora que tendría una autoridad de transparencia. El hecho de que fuera una promesa de campaña electoral de PPK no parecía problema.
—Y si no se cumple una promesa… ¿qué? —se llegó a escuchar en la PCM.
Cuando las resistencias trascendieron, gremios de la prensa y asociaciones de la sociedad civil pidieron al gobierno no dar marcha atrás. Oficialmente se negó toda discrepancia. Mayén Ugarte, Secretaria de Gestión Pública de la PCM, dijo que la administración estaba estudiando bien las cosas para que no hubiera superposición de roles o alguna disfuncionalidad. El viceministro de Justicia, Edgar Carpio, anunció que la autoridad por crearse sería “el Indecopi de la transparencia”.
La publicación del decreto legislativo acabó con el misterio: existían las discrepancias con el MINJUS y la PCM no quería una autoridad con dientes.
Tigre de papel
La norma crea dos oficinas, la denominada Autoridad y el Tribunal Administrativo, independientes entre sí. La Autoridad Nacional asumió funciones que antes mal hacía la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, como presentar un informe anual al Congreso y proponer políticas de transparencia. ¿Por qué ahora sí, desde el MINJUS, estas funciones se cumplirían? La Autoridad Nacional tiene competencias de supervisión débiles porque solo trabajará con aquellos documentos no clasificados como secretos, reservados o confidenciales. En otras palabras, no puede desclasificar una información. Bastará que la materia solicitada aparezca en una lista negra oficial para que sea incompetente. Aunque el decreto legislativo dice que coordinará la confección de las listas negras junto con las entidades estatales, no tendrá la última palabra. No es un organismo autónomo, y, en realidad, tampoco una autoridad, como estaba en la propuesta, sino una simple dirección del MINJUS.
El Tribunal Administrativo resolverá los reclamos cuando una entidad estatal rechaza la solicitud informativa de un ciudadano. Aunque el decreto busca proteger a sus miembros —elegidos por concurso público— con un nombramiento fijo, inmune a la remoción, el tribunal está adscrito al MINJUS. Cuando acabe su período, en uno de transición, podrán cambiar las condiciones. El advenimiento de cualquier ministro de Justicia tipo Gustavo Adrianzén, del quinquenio humalista, bastaría para someterlo.
El Tribunal Administrativo también resolverá las apelaciones de los funcionarios públicos sancionados por su propia entidad por infringir la ley. Pero si esta entidad decide que ninguno de sus funcionarios tiene responsabilidad, o si la sanción satisface al funcionario, el tribunal jamás conocerá apelación alguna.
“El diseño institucional de la autoridad y del tribunal no asegura ni su autonomía ni su eficacia, sino más bien las fragiliza” dice el abogado Javier Casas, quien integró el Grupo de Trabajo. Otro ex miembro, Roberto Pereira, dice: “Un tigre de papel”. La decepción de estos expertos nace de la convicción de que, por mucha buena voluntad que haya en el MINJUS, la burocracia mantendrá el secretismo.
Otro motivo es que la propia administración Kuczynski se inclinó ante el sector Defensa en el caso del VRAEM, una de las gestiones más oscuras del Estado. El caso pinta a la administración.
Más de lo mismo
Desde hace varios años el Ministerio de Defensa se ha negado continuamente a brindar informaciones sobre el VRAEM que ni lejanamente pueden considerarse agraviantes para la seguridad nacional. Por ejemplo, el número y la identificación de los muertos. O los reportes sobre cuya base se renuevan las declaratorias de estado de emergencia. En septiembre pasado, la PCM confirmó oficialmente que eran secretas las informaciones publicadas por Panorama sobre corrupción en la administración militar del VRAEM. Fue en respuesta a un fiscal, a quien Defensa había negado la información que necesitaba para investigar (porque era secreta).
Sin embargo, posteriormente el fuero militar comprobó que hubo corrupción. Ante un pedido del Centro LIBER, la PCM dijo que no poseía la disposición militar que declaraba reservada la información. LIBER la pidió al Comando Conjunto, que declaró secreta la disposición que había considerado secreto el material solicitado.
Una Autoridad de Transparencia como fue diseñada, hubiera desclasificado la información. Es evidente que su ocultamiento solo tapa un acto de corrupción, mientras los periodistas continúan denunciados por revelación de secretos nacionales. Veremos más de lo mismo.
10/01/2017
