Los Voluntarios Proética han elaborado un Pronunciamiento dirigido a todas las altas autoridades, exigiendo que cumplan con su responsabilidad de ser transparentes y presentar sus declaraciones juradas de intereses, en la forma sugerida por la Comisión Presidencial de Integridad.

Dicho documento ha sido suscrito por ciudadanos de diversos campos, que, unidos, demandan a sus autoridades un Estado transparente sin secretismos y al servicio de la Nación.

Puede leer el pronunciamiento completo aquí:

(Fuente: Agencia Andina). Los partidos políticos deben depurar de sus filas a aquellos elementos que tengan alguna vinculación comprobada con la corrupción de la compañía brasilera Odebrecht, de lo contrario, perderían credibilidad, señaló hoy el director ejecutivo de Proética, Walter Albán.

Dijo que, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan, los partidos están “obligados moralmente” a identificar y sancionar a los militantes que, a su paso por el Estado, hayan recibido los sobornos que Odebrecht pagó en el Perú entre los años 2005 y 2014.

“Esto es indispensable si es que quieren seguir siendo una opción política a futuro, porque, en caso contrario, estas organizaciones quedarían totalmente en el descrédito y sin ninguna posibilidad de tener algo que decir en el futuro”, declaró a la Agencia Andina.

Según Albán, un caso de corrupción, como los sobornos pagados por Odebrecht para ganar obras públicas, remueve el escenario político en el país y hasta podría afectar, en términos electorales, a los partidos, pues -dijo- la gente se escandaliza ante este tipo de delitos

Por esa razón, el también exministro del Interior consideró que el caso de las coimas que Odebrecht reconoció haber pagado para ganar licitaciones en Perú, debe ser una oportunidad para que los partidos políticos depuren a sus malos elementos y tomen distancia de la corrupción.

“Los que incurrieron en prácticas corruptas deben ser denunciados por su propia organización política, porque esto (el caso Odebrecht) tiene una trascendencia solo comparable con lo que ocurrió al finalizar el gobierno fujimorista, con los vladivideos”, manifestó.

26/01/2017

Este miercoles Transparency International publicó el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 que otorga una puntuación y clasifica a los países según las percepciones sobre el grado de corrupción que existe en su sector público. En total, han sido evaluados 176 países, entre ellos el Perú.

Según el IPC, nuestro país ocupa el puesto 101 del ranking. En el 2015, ocupabamos el puesto 88, esto quiere decir que descendimos 13 posiciones lo que significa que la corrupción sigue agravándose.

Tomando como base estos datos, Proética ha elaborado una serie de cuadros que comparan la situación de nuestro país en relación a otros países de Sudamérica, con los países miembros de la Alianza del Pacífico, del foro APEC, de cuya cumbre fuimos los anfitriones en noviembre pasado, y de la OCDE, que es la organización de países desarrollados a la cual pretendemos ingresar.

Puedes verlos aquí:

 

Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento, dedicadas a hacer el seguimiento de los compromisos de Perú ante la Alianza para el Gobierno Abierto desde su adhesión en 2012, llamamos la atención del Presidente de la República, Sr. Pedro Pablo Kuczynski, sobre el grave retroceso en materia de transparencia y acceso a la información pública que supone el Decreto Legislativo N° 1353 que crea una oficina en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), calificándola como “Autoridad Nacional”, pero carente del nivel y de atribuciones mínimas para una entidad de esta naturaleza.

Puede leer el pronunciamiento completo aquí:

PRONUNCIAMIENTO- Autoridad para la transparencia: Una promesa incumplida by Proética on Scribd

25/01/2017

El Perú cayó del puesto 88 que obtuvo el 2015 a colocarse en el lugar 101 del ranking de los 176 países que han disminuido su percepción de la corrupción, así lo ha determinado el último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016 que este miércoles publicó la organización Transparency International.

Pero no solo eso, nuestro país ha pasado de mantener un IPC de 36 que obtuvo en el 2015, a tener 35. Esto es una mala señal dado que, según el estudio, cuando el valor del índice es mayor, quiere decir que hay menos percepción de corrupción en ese país. Como se aprecia, el Perú va en la dirección contraria.

Transparency International señaló además que el 69 por ciento de los 176 países incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de ínfimos niveles de corrupción), y esto dejó en evidencia el carácter masivo y generalizado de la corrupción en el sector público a nivel mundial.

Este año, fueron más los países que descendieron posiciones en el índice que los que escalaron puestos, y esto alerta sobre la necesidad de tomar medidas urgentes.

Ausencia de igualdad de oportunidades para todos

Para TI, la corrupción y la desigualdad se refuerzan mutuamente, creando un círculo vicioso entre corrupción, reparto desigual del poder en la sociedad y desigualdad en la distribución de la riqueza.

Los “Panama Papers” mostraron que para los ricos y poderosos sigue siendo demasiado sencillo aprovechar la opacidad del sistema financiero global para enriquecerse, en desmedro del bien común.

“En demasiados países, las personas se ven privadas de sus necesidades más básicas y se acuestan con hambre cada noche debido a la corrupción, mientras los poderosos y corruptos gozan impunemente de una vida de lujos”, expresó José Ugaz, presidente de Transparency International.

“No hay tiempo que perder. Es necesario combatir la corrupción con urgencia, para que mejore la vida de las personas en todo el mundo”, agregó Ugaz.

Los casos de corrupción a gran escala, desde Petrobras y Odebrecht en Brasil hasta el expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich, muestran cómo la colusión entre empresas y políticos arrebata a las economías nacionales miles de millones de dólares de ingresos que se desvían para beneficiar a unos pocos, a costa de la mayoría.

Este tipo de corrupción a gran escala y sistémica redunda en violaciones de derechos humanos, frena el desarrollo sostenible y favorece la exclusión social.

La puntuación de Brasil en el índice, por ejemplo, ha descendido significativamente en comparación con cinco años atrás, tras la revelación de sucesivos escándalos de corrupción en los que se vieron envueltos políticos y empresarios de primera línea.

Sin embargo, el país ha demostrado este año que, mediante el trabajo independiente de los organismos encargados de la aplicación de la ley, es posible exigir que rindan cuentas personas que antes se consideraban intocables.

Qué se debe hacer

En el caso del Perú, el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene la oportunidad de revertir la caída de nuestro país en el IPC 2016, asumiendo las recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad e impulsando su implementación en toda su extensión, así como rectificando algunas decisiones equivocadas como la creación de una Autoridad Nacional de Transparencia sin capacidad real de actuar, tal como ya lo advirtió Proética.

Transparency International señaló que no basta con realizar ajustes técnicos a leyes específicas contra la corrupción. Se necesita implementar con urgencia reformas sistémicas profundas que puedan contrarrestar el creciente desequilibrio de poder y riqueza, empoderando a los ciudadanos para que pongan freno a la impunidad generalizada por la corrupción, exijan que los poderosos rindan cuentas y realmente tengan voz en las decisiones que afectan su vida diaria.

Estas reformas deben incluir la divulgación, a través de registros públicos, de quiénes son los verdaderos titulares de sociedades, así como sanciones para los profesionales que facilitan estas operaciones y son cómplices en el movimiento de flujos de dinero corrupto de manera transfronteriza.

Los resultados

El Índice de Percepción de la Corrupción 2016 analiza las percepciones sobre corrupción en el sector público en 176 países.

Dinamarca y Nueva Zelanda muestran los mejores resultados, con puntuaciones de 90, seguidas de cerca por Finlandia (89) y Suecia (88). Si bien ningún país está exento de corrupción, los países en el extremo superior comparten características de gobierno abierto, libertad de prensa, libertades civiles y sistemas judiciales independientes.

Por décimo año consecutivo, Somalia tiene los peores resultados del índice, con apenas 10 puntos esta vez. Sudán del Sur se ubica en el penúltimo puesto, con una puntuación de 11, seguido por Corea del Norte (12) y Siria (13). Los países en el extremo inferior del índice se distinguen por una impunidad generalizada de la corrupción, gobernabilidad deficiente e instituciones frágiles.

Vea la nota original de TI en este enlace.

25/01/2017

(Publicado en el diario El Comercio​). De poco sirvió que las circunstancias del país nos demostraran hasta la saciedad que la corrupción nos ha invadido de manera monumental. El gobierno ha optado, finalmente, por frustrar el proyecto de una autoridad autónoma de transparencia, capaz de acabar con las enormes resistencias que aún campean en el Estado cuando se trata de actuar con transparencia y brindar la información que se solicita.

Son innumerables los casos en los que la administración se niega a entregar la información, escudándose en el equivocado –cuando no doloso– argumento de que se trata de cuestiones “reservadas”. Sobran reportes hechos por entidades especializadas que confirman lo dicho. Así, quienes son rechazados en su pretensión informativa, se ven obligados a acudir al Poder Judicial para intentar, a través de procesos que pueden alcanzar fácilmente los tres años, revertir tal negativa, conforme da cuenta el Informe N° 165 de la Defensoría del Pueblo.

No cabe duda de que el Perú dio un paso trascendental cuando, en el 2001, el gobierno transitorio del presidente Valentín Paniagua aprobó las primeras normas para hacer efectivo el derecho fundamental a conocer toda información que obra en poder del Estado, exceptuándose razonablemente algunos escasos supuestos vinculados a ámbitos como la intimidad o la seguridad nacional. Un conjunto de normas posteriores, dictadas con el mismo propósito, no ha conseguido sin embargo desterrar la lógica secretista con la que con frecuencia actúa el Estado, como ocurre a todas luces hoy con la Municipalidad de Lima Metropolitana.

La experiencia demuestra que la tarea se encuentra inconclusa y que, para revertir la situación descrita, resulta indispensable contar con una autoridad independiente, capaz no solamente de sancionar a quienes se niegan a cumplir la ley, sino de desestimar cualquier calificación arbitraria de información bajo reserva, orientada más bien a mantenerse al margen del escrutinio de los medios y de la ciudadanía. Es por esa razón que desde pocos años atrás se fue gestando el consenso para crear esta autoridad autónoma, coincidiendo en ello tanto la sociedad civil como las diferentes instituciones estatales participantes en la Comisión Nacional Anticorrupción (CAN).

Así lo entendió también durante la campaña electoral el entonces candidato Pedro Pablo Kuczynski, quien comprometió en su plan de gobierno la creación de esa entidad. Más recientemente, la Comisión Presidencial de Integridad planteó lo mismo, coincidiendo luego en ello la comisión de expertos constituida por la ministra de Justicia, que elaboró el proyecto del decreto legislativo para darle vida.

¿Qué ocurrió entonces para que se produzca un resultado tan absurdo como el de crear una autoridad “autónoma” dependiente de un viceministerio y sin capacidad real para sancionar o, menos aun, rechazar reservas injustificadas? Podemos ensayar diferentes respuestas, pero una de ellas sin duda encuentra profundas raíces en nuestra historia: la secular tendencia de quienes ejercen el poder para no hacer totalmente visible su actuación, desconociendo que la clave para generar confianza ciudadana y contar con el mejor antídoto para prevenir el cáncer de la corrupción la constituye tanto la transparencia como el pleno acceso a la información pública. La coyuntura que vivimos hace evidente que hubiera resultado mejor optar oportunamente por políticas preventivas, antes de tener que acudir hoy a instituciones debilitadas y poco articuladas, para tratar de impedir la impunidad, cuando ya se produjo el enorme daño infligido al patrimonio y a la moral del país.

Los pretextos de siempre no encuentran asidero. “No más burocracia y gastos innecesarios”, se dice. Lo primero se contesta solo: ¿para qué crear entonces una nueva dirección en el Ministerio de Justicia? ¿Acaso no es eso más burocracia? Acerca de lo segundo, cabría recordar la obra de Alfonso Quiroz sobre la corrupción en el Perú, cuando afirma que históricamente la corrupción ha representado un promedio de entre 3% y 4 % del PBI. Y, si un crecimiento autosostenido demanda una media de crecimiento anual del PBI de entre 5% y 8 %, entonces nuestro país ha perdido o distribuyó mal alrededor del 40% a 50% de sus posibilidades de desarrollo. La autoridad autónoma habría sido, pues, la vacuna, pero el gobierno ha decidido por ahora ahorrarse ese gasto para cubrir los costos de la enfermedad, largamente superiores y con un resultado mucho menos eficiente.

¿Autoridad autónoma? ¿Cuál?, por Walter Albán by Proética on Scribd

19/01/2017

(Fuente: Agencia Andina).  Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, exhortó a hacer todos los esfuerzos para ampliar las investigaciones de los contratos de constructoras brasileñas en el Perú, no solo desde el primer gobierno de Alan García (1985-1990), sino también desde 1979, cuando empezaron a trabajar en el país andino.

Explicó que desde 1979, al final del gobierno de la Junta Militar, Odebrecht empezó a contratar con el Estado peruano.

“Habría que hacer esfuerzos más grandes para ampliar las investigaciones que no solo alcanzan al primer gobierno de Alan García sino que desde el año 1979 se han registrado obras de Odebrecht”, señaló Agencia Andina.

Las investigaciones del caso Odebrecht involucran por el momento a los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y OIllanta Humala (2011-2016).

Según la revelación de la propia empresa Odebrecht, pagó sobornos por US$ 29 millones a funcionarios de esos tres gobiernos con la finalidad de ganar licitaciones de contratos de obras de infraestructura en Perú.

Respecto a la encuesta según la cual la mayoría de peruanos coincide en que hubo coimas a altas autoridades de tres gobiernos, Albán consideró que ese resultado es comprensible debido al nivel de corrupción registrado en el Perú en determinadas épocas.

“Ante tantas denuncias que se vienen dando se comprende que la ciudadanía perciba que estén involucrados (las autoridades de los tres gobiernos) o tengan alguna responsabilidad y ya desde el primer gobierno de Alan García, habían denuncias, lo malo es que las investigaciones en el Perú no avanzan lo suficiente”, señaló.

Respecto a que los expresidentes Alejandro Toledo y Alan García estén fuera del país, Albán consideró evidente que ello puede generar en alguna medida un obstáculo para las investigaciones.

“Lo único que se espera, como han venido sosteniendo (los expresidentes), es que estén dispuestos a colaborar, demostrar su inocencia y actuar con consecuencia”, afirmó.

En cuanto a la información que pueda haber recabado el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez en su reunión con su homólogo de Brasil, Rodrigo Janot, el también exdefensor del Pueblo, señaló que lo más importante es que dicha información le dé un impulso y mayor agilidad a las investigaciones en Perú.

17/01/2017