(Fuente: La República / Por Jorge Loayza) En el sector Justicia se promulgaron 27 normas en el marco de las facultades legislativas, siete de ellas enfocadas en la lucha contra la corrupción. Incluso decretos de otros sectores (como la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado) también están focalizados para este fin.
Una de las decisiones del gobierno que han generado opiniones encontradas es la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual ha sido puesta en tela de juicio al considerar que será una entidad ‘sin dientes’.
Expertos consultados dijeron que debió tener autonomía y un mayor alcance.
El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, opinó que si bien en varios aspectos el gobierno tomó en cuenta las recomendaciones de la sociedad civil, en esta materia específica no ocurrió así.
“Se contaba con una propuesta muy completa y que por tanto daba un complemento indispensable a lo que viene a ser este proceso de liberarnos del secretismo en el gobierno peruano, que tanto daño ha hecho y contribuye a la corrupción. Sin embargo el resultado sorprendió a todos”, puntualizó Albán.
Al respecto, el abogado Erick Iriarte dijo que el DL promulgado dista de la propuesta presentada.
Iriarte formó parte del grupo de profesionales que presentó esta iniciativa al Ministerio de Justicia. Opinión similar han manifestado otros miembros de este grupo, como el abogado Javier Casas.
Para Iriarte el sistema se ha desequilibrado debido a que se ha priorizado la transparencia por encima de la protección de datos, cuando debió encontrarse un balance en ambos campos.
Explicó que en la propuesta se le planteó al Minjus –entre otras cosas– que la Autoridad de Transparencia sea un órgano técnico especializado. Esto no ocurrió, ya que dependerá del Ministerio de Justicia.
“Se avanzó, sí. En esencia, se pasó de no tener nada a tener algo”, comentó Iriarte. Aunque advirtió que en escenario político diferente al actual se podría retroceder.
Norma de la discordia
En concreto, el DL 1353 que pone en marcha la Autoridad de Transparencia propondrá las políticas en dicha materia y emitirá las directivas y lineamientos que sean necesarios.
Por primera vez en el país un servidor público podrá ser sancionado por no entregar información, en un plazo no mayor de 12 días hábiles. Aparte, se presentará al Congreso un informe anual sobre los pedidos de acceso a la información pública.
Las sanciones van desde una amonestación escrita hasta una suspensión sin goce de haber de entre 10 y 180 días, una multa no mayor de cinco Unidades Impositivas Tributarias (UIT), la destitución o la inhabilitación, dependiendo de la gravedad del caso.
También habrá un Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Fuentes del gobierno aseguraron que la discusión sobre la creación de esta entidad se concentró en ofrecerle agilidad, evitando la generación de una mayor burocracia.
Una de las promesas de campaña del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, fue la creación del organismo, hoy cuestionado.
Medidas anticorrupción
Por otro lado, una de las primeras normas publicadas en el marco de la delegación de facultades en lucha contra la corrupción fue la llamada “muerte civil”, en el DLN° 1243, que cambia hasta quince artículos del Código Penal.
Este DL fija entre cinco y veinte años el tiempo de inhabilitación principal por delitos contra la administración pública.
La norma también indica que habrá un registro único de sentenciados.
Ante las críticas iniciales, este decreto fue modificado para que el Estado pueda despedir a los sentenciados por corrupción. Iván Montoya, ex procurador anticorrupción, consideró que “esta es una de normas más completas” que ha dado el Ejecutivo.
“Ahora se ha cerrado un poco el círculo. Es estricta como debe ser, y eso me parece positivo”, añadió.
Otros DL establecen sanciones para los abogados que busquen retrasar procesos judiciales.
Aparte, las empresas corruptas no podrán contratar más con el Estado, ya que habrá responsabilidad en personas jurídicas en casos de corrupción.
Esto ayudará a que casos como los de la constructora brasileña Odebrecht puedan ser sancionables.
Se estableció, además, una mayor protección para los ciudadanos que denuncien actos de corrupción, así como la creación de la Procuraduría General del Estado.
Asimismo,el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) será la oficina encargada de informar sobre las posibles relaciones de parentesco de los servidores públicos.
Esto con la finalidad de evitar conflictos de interés en el ejercicio de sus funciones.
12/01/2017