• Por el presidente de Proética, Jorge Medina
• Publicado en el diario El Comercio

Nada desalienta más la inversión y la generación de empleo que la corrupción. Operar en un mercado en donde existe soborno, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada, concertación de precios, evasión fiscal, lavado de activos y obstrucción de la justicia, entre otras formas de corrupción, no solo crea distorsiones y aumenta el costo de hacer negocios, sino que también atenta contra la democracia y la gobernabilidad. Una empresa industrial, constructora o pesquera que soborna, no está en el negocio industrial, de construcción o de pesca: ¡está en el negocio de la corrupción!

¿Y a quién corresponde poner el tema anticorrupción en la agenda empresarial? Al directorio. Es este colegiado quien debe asumir la transparencia y la anticorrupción como requisito básico del buen gobierno corporativo (BGC). De allí la importancia que tienen los llamados programas de prevención y cumplimiento anticorrupción (PPCAC) para los directorios hoy en día, no solo porque la reciente regulación sobre la responsabilidad autónoma para personas jurídicas aconseja implementar este mecanismo como vía de exoneración penal, sino también porque es una buena manera de que el sector privado sea un verdadero agente de cambio. Tengamos en cuenta que, a decir de algunos analistas, el efecto del fenómeno Lava Jato le podría costar al país 1% de menor crecimiento del PBI este año.

¿QUÉ ES UN PPCAC?

Es un conjunto de políticas, estrategias y procedimientos que brindan seguridad razonable de que todo riesgo importante de corrupción será prevenido, y –de ocurrir– detectado y remediado oportuna y eficazmente.

¿Qué incluye un buen PPCAC? La comunicación y capacitación a empleados y directivos –también a distribuidores, contratistas, agentes e intermediarios de la empresa– para enfrentar dilemas éticos. Asimismo, procedimientos de investigación independiente, revisión de pagos especiales, pruebas anticorrupción a proveedores, canales de denuncia y políticas de protección al denunciante, y un monitoreo eficaz de la gestión de intereses. Además, políticas sobre contribuciones políticas.

FACTORES DE ÉXITO

1) ‘Tone at the top’: cuando la alta dirección se compromete y da el ejemplo, cuando se involucra en definir el alcance y extensión del PPCAC, cuando asigna los recursos suficientes y establece las responsabilidades sobre su ejecución y supervisión, se configura un verdadero ‘tone at the top’.

2) ‘Risk assessment’: estos programas deben ser el resultado de una evaluación especial de los riesgos de corrupción, pues difieren según el tamaño, sector, estructura y modelo de negocios de cada empresa. No existen programas ‘talla única’. La evaluación ad hoc permite identificar los riesgos y asignarles prioridad para definir el enfoque a seguir, incluyendo los riesgos legales y de reputación.

3) Ejecución y monitoreo: es responsabilidad del directorio cerciorarse de la adecuada ejecución y funcionamiento del PPCAC.

4) Revisión independiente: una manera eficaz mediante la cual el directorio puede evaluar la idoneidad del programa y tomar las acciones correctivas para mejorarlo es por medio de un examen experto e independiente.

5) Publicar los resultados: las empresas deberían informar a sus stakeholders –cualitativa y cuantitativamente– sobre los resultados alcanzados en sus PPCAC, incluyendo el dictamen de la revisión independiente antes señalada. Divulgar resultados e indicadores específicos es la mejor manera de rendir cuentas en materia de transparencia y la demostración más clara de que el principio de tolerancia cero a la corrupción es una realidad en la empresa.

Ilustración: Jean Izquierdo

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8/05/2017

Compartimos el siguiente pronunciamiento del equipo de “Voluntarios Proética” que exhorta al Congreso de la República a una reforma electoral que permita contar con autoridades idóneas que hagan posible el progreso de millones de peruanos y mejore el ejercicio de la política para lograr un país libre de corrupción.

Este pronunciamiento ha sido suscrito por ciudadanos de diversos frentes y que juntos demandan la aprobación de las medidas mencionadas en dicho documento a la brevedad posible, dado que estamos próximos a nuevas elecciones.

Lea el pronunciamiento completo actualizado aquí:

• Por el Presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz.
• Columna de opinión publicada en el diario El Comercio

La del título es una interjección de asombro ante hechos inesperados o de gran impacto. En esta coyuntura, resulta plenamente aplicable a nuestra realidad, y encima, coincide con la denominación de uno de los casos que se encuentra en pleno debate. Esto es lo que se nos viene:

1. La reforma electoral. El Ejecutivo ha presentado una propuesta muy importante de reforma electoral, que recogiendo las mejores ideas planteadas a lo largo de años en esta materia, implica una apuesta sería por la transparencia y la institucionalidad de los partidos políticos. Eliminar el voto preferencial, exigirles cobertura nacional, elecciones internas y claridad en el orden de los fondos de campaña, es un clamor nacional que se cae de maduro. El problema es que quienes tienen que aprobar esta reforma, son precisamente los que no la quieren hacer porque afecta a sus intereses subalternos. Veremos si nuestros políticos están a la altura de las circunstancias.

2. El huaico Lava Jato. En pocas semanas, a mediados de Junio, se levantará el secreto de las delaciones premiadas en Brasil. Se espera que los fiscales brasileños entreguen a los 11 países involucrados en este megacaso de corrupción, un cúmulo de información que debe contener nombres, montos, fechas e historias hasta ahora desconocidos. Si bien es cierto que nuestros fiscales vienen haciendo un buen trabajo, la información carioca puede aportar en complejidad a las investigaciones e incrementar el fuego del brasero político ya bastante inflamado.

3. La investigación de la pareja Humala-Heredia. Parece que no era suficiente con que tuvieran que dar cuenta de los US$3 millones que recibieron para la campaña electoral desde el extranjero. Todo indica, según revelaciones de autorizadas fuentes brasileñas, que ese dinero proviene del ya famoso Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Es decir, dinero contaminado de ilicitud que por lo tanto inicia la cadena del delito de lavado de activos. Ahora se agregan dos delitos más: desaparición forzada de una persona a la que el ‘capitán Carlos’ habría mandado a desaparecer y delito contra la administración de justicia al haber sobornado a una testigo para que cambie de versión y lo exonere de responsabilidad penal. Al margen del debate técnico procesal sobre la validez de los audios y su extraño ‘sueño’ de varios años, aquí está en cuestión como tema de fondo el de la verdad. ¿La pareja presidencial era consciente de que estaba alimentando su campaña con fondos corruptos? ¿Fue nuestro ex presidente responsable de un delito de lesa humanidad? ¿Si fue capaz de ordenar una desaparición forzada también lo fue de corromper a un testigo para que lo libre de responsabilidad?

4. Terminemos con una nota muy positiva: la buena gestión del Ministerio de Interior. Después de años de inactividad y desaciertos, observamos con satisfacción los resultados que una gestión diligente viene entregando a la población en materia de lucha contra el crimen organizado y seguridad ciudadana. La mezquindad que impone la agenda política impide que se reconozca lo que está a la vista de todos. La policía –que está demostrando que cuando quiere cumplir con su misión, en vez de atentar contra los ciudadanos, puede ser muy eficiente– está prodigando golpes certeros a los criminales y desentrañando complejos delitos. No solo nos referimos a la campaña de recompensas que ha demostrado su utilidad, sino a que en cuestión de días se descubre y captura a los autores de crímenes de alto impacto. Más importante aun, el equipo de Interior, comandando por el ministro Carlos Basombrío, ha implementado una estrategia que privilegia la inteligencia, elemento indispensable para combatir no a los arranchadores de celulares sino a organizaciones criminales que tanto daño le vienen causando al país. Vemos cómo a través de importantes operativos bien diseñados y cuidadosamente trabajados, en estrecha coordinación con el Ministerio Público, se desbaratan organizaciones con decenas de personas dedicadas al asalto y asesinato, al tráfico de drogas, de tierras, de armas, entre otras perlas del código penal.

Se nos vienen semanas intensas, en las que podemos pasar del asombro a la posibilidad de construir un país diferente y mejor, con los cambios estructurales que nuestra realidad exige y que aseguren un cambio sostenible por el bien de nuestras generaciones futuras.

Ilustración: Giovanni Tazza

2/05/2017

(Fuente:La República/Por Wilber Huacasi). Hay dos rutas. La de Chimbote y la de Huaraz. Si vas por Chimbote, bastará llegar al terminal terrestre para apreciar, exactamente al frente, el inmenso Coliseo Cerrado Gran Chavín, de fierros oxidados y a medio construir. Si vas por Huaraz, a solo una media hora puedes conocer la provincia de Carhuaz. Allí tienes un moderno hospital con techos a punto de caer por la humedad. Áncash y su ruta turística de la corrupción.

El coliseo es una de las herencias que dejó César Álvarez Aguilar, personaje elegido como autoridad regional en el 2006 y reelecto para un segundo periodo, en el 2010. Hoy está tras las rejas.

La Contraloría General de la República (CGR) solo en esta obra abandonada ha estimado una pérdida de S/ 7’651.036. El informe de control establece que la gestión de Álvarez hizo adelantos de desembolsos y pagos adicionales sin ninguna justificación técnica. Hoy, la obra luce abandonada. Los fierros oxidados de la estructura son el reflejo de lo corroída que está la gestión pública en esta región.

Corrupción regional

César Álvarez, actualmente recluido en Piedras Gordas, tiene en curso 22 procesos, entre investigaciones fiscales y en etapa judicial, solamente por corrupción, según información oficial de las dos fiscalías anticorrupción instaladas en Chimbote y Huaraz.

Su sucesor, el también encarcelado Waldo Ríos, tiene en la actualidad cuatro procesos por corrupción que vienen desde la época en que era alcalde de Huaraz (1998).

“Dos de los casos están en salas penales y son por el caso del mercado modelo y una obra de electrificación, donde se habría cometido el delito de peculado”, explica Jorge Temple, fiscal superior anticorrupción de Huaraz.

La saga continúa con Enrique Vargas Barrenechea, el tercer gobernador regional preso de Áncash. Sobre él pesan diez investigaciones y procesos por presuntos delitos de peculado y colusión.

Semanas antes de que un juez lo sentenciara por mentir en su hoja de vida, autoridades del Ministerio Público allanaron un inmueble de propiedad de un cuñado suyo. Se habría tratado de un despacho paralelo a la región. Allí se encontraron documentos públicos e incluso cheques. El fiscal Jorge Temple cuenta que todo esto fue hallado tras un mes de seguimiento, con autorización de un juzgado de investigación preparatoria.

Las secuelas de esta crisis institucional afectan directamente a los pobladores. Ocurre, por ejemplo, en la provincia de Carhuaz. Ya en la última campaña de elecciones regionales, La República dio cuenta del hospital abandonado por la gestión Álvarez.

Transcurrido el tiempo, el nosocomio al fin ha empezado a funcionar. Mujeres y niños son atendidos por el personal, en el primer nivel, entre paredes de brillantes losetas. Todo estaría bien, de no ser porque al llegar al segundo piso, los mismos usuarios se dan con otra realidad. Hay ambientes abandonados, oficinas vacías con techos a punto de desplomarse, un almacén sin puerta de seguridad. Secuelas de la corrupción regional.

Los alcaldes

El mapa turístico de la corrupción en esta región se extiende a las instancias del gobierno municipal. De los 20 alcaldes provinciales de la actual gestión (2015-2018), 17 tienen investigaciones fiscales o procesos por corrupción.

Con 65 casos, el alcalde de la provincia de Huaylas, Renson Martínez, es quien registra el mayor número de investigaciones o procesos judiciales, según información oficial de la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Huaraz.

Particular es el caso de los distritos de San Marcos y Chavín de Huántar, cuyos municipios recibieron presupuestos millonarios por el canon.

En San Marcos, durante el periodo 2011-2014, pasaron cuatro alcaldes, uno de ellos, Óscar Ugarte Salazar, fue vacado por nepotismo y tiene 50 procesos en curso por corrupción. En la actualidad está prófugo. Su sucesor, Félix Chávez Alfaro, no se quedó atrás: en febrero fue intervenido recibiendo un presunto soborno de 5 mil soles. Actualmente enfrenta en libertad 29 investigaciones y procesos judiciales.

Similar es el panorama en Chavín de Huántar, donde el ex alcalde Manuel Páucar enfrenta 47 procesos y el actual, Joel Rosales, tiene cinco investigaciones en trámite.

Saldo de la corrupción

Después de Lima, Áncash es la única región del país que se puede dar el “lujo” de tener dos sedes regionales de la Contraloría. Una está ubicada en Huaraz y la segunda fue instalada el 2015 en Nuevo Chimbote, debido al alto número de denuncias, según explicó a La República, Ronny Rubina, contralor de Chimbote.

Entre el 2007 y el 2016, este organismo hizo al menos 23 auditorías al gobierno regional y a los municipios provinciales y distritales (ver cuadros). Además de hallar responsabilidad penal y administrativa en autoridades y funcionarios, estimó perjuicios económicos hasta por un promedio de 200 millones de soles, por el adelanto de pagos para obras inconclusas, incrementos de partidas sin sustento o la omisión de cobro de penalidades a las constructoras infractoras.

Todo un récord en la ya bastante trajinada historia de la corrupción en el Perú.

Irregularidades cometidas en todas las instancias de gobierno

Entre las obras más cuestionadas por corrupción en Áncash se encuentra el Coliseo Gran Chimú de Chimbote. La gestión de Álvarez autorizó pagos adelantados sin el avance físico de la obra. La responsabilidad penal alcanza a los ex funcionarios de su gestión.

Otro caso emblemático es la Red Vial de Pallasca. Aquí la región otorgó conformidad de servicio, omitiendo el cobro de penalidades por incumplimientos de la empresa. Asimismo, se autorizó pagos adicionales sin sustento e incluso honorarios para un gerente por días no laborales. El perjuicio solo en este caso es de 21 millones de soles.

Otra obra vial cuestionada es la comprendida entre Nepeña y Pueblo Libre. Aquí también se dio la conformidad del servicio sin el cobro de penalidad por algunos incumplimientos e incluso se pagó a personal como si hubiera laborado a tiempo completo, a pesar de que no lo hicieron.

En el municipio del Santa, la Contraloría detectó irregularidades en la obra de agua potable. En este caso, hubo ampliación de plazos para culminar la obra sin sustento y el municipio evitó cobrar penalidades, con un perjuicio de 1.7 millones de soles.

En este mismo gobierno local, la gestión pasada suscribió un contrato por 999 mil soles para implementar un sistema informático. Pagaron más de la mitad, aunque el servicio nunca entró en funcionamiento.

Foto: La República

2/05/2017

(Fuente: Agencia Andina). El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró que aprobar la reforma electoral propuesta para mejorar el sistema político, ocasionaría que la confianza de la ciudadanía en este poder de Estado aumente, por tratarse de uno de los temas centrales para el país.

En ese sentido, consideró necesario que el Parlamento haga los esfuerzos necesarios para conseguir el mismo consenso que hubo para aprobar la ley de la reconstrucción, en la reforma electoral, a fin de ponerla en práctica durante los comicios regionales y municipales del próximo año.

“El país requiere este tipo de consensos y lo apreciaría en su real magnitud, sería un paso más en la dirección correcta que tiene que tener el Congreso de la República para generar confianza en la ciudadanía”, declaró a la Agencia Andina.

Según advirtió, a pesar de que las elecciones son en octubre de 2018 y el camino parece aparentemente largo, se está contra el tiempo.

“En julio habrá cambio de directiva, cambio en las comisiones, lo que no se presentó antes debería iniciar un nuevo proceso para entrar a debate. Ha sucedido antes, los meses pasan sin debatir lo más prioritario”, aseveró Albán.

Para el representante de Proética, uno de los problemas más serios ha sido la demora en la preparación del documento a cargo de la subcomisión parlamentaria que encabeza Patricia Donayre, de la bancada de Fuerza Popular.

“Lleva buena cantidad de meses en esta tarea y no se ha sabido hacia dónde apuntaban sus objetivos ni los resultados”, puntualizó.

La idea, insistió, es evitar llegar a las próximas elecciones con una norma como la actual que permite la posibilidad de financiamiento de campañas y candidatos con dinero proveniente de la corrupción o el crimen organizado.

“Esperamos una reacción positiva en el Congreso, que se agilice el paso y prime el consenso, por ejemplo, sobre la idoneidad de los candidatos, evitando aquellos con sentencias por delitos graves, obligando a informar si tienen procesos, que los aportes sean bancarizados, etc.”, agregó.

Foto: Perú21

2/05/2017

(Fuente: Perú21). Una de las voces más autorizadas para hablar de corrupción es Jorge Medina. El presidente de Proética opina sobre las recomendaciones de OCDE.

¿La Autoridad Nacional de Transparencia no tendrá la suficiente autonomía?

Que el Gobierno haya creado una autoridad para velar por el acceso a la información pública es bien importante. Probablemente no fue exactamente lo que sugirieron los miembros de la Comisión Presidencial de Integridad ni OCDE. Eso hubiese sido lo ideal, pero ya tenemos esto. Esperemos que esté bien empoderada.

OCDE propone ampliar las declaraciones juradas. ¿Qué tan importante es ello?

La primera recomendación que dimos en la Comisión Presidencial fue que todas las altas autoridades del Estado presenten una declaración de intereses para que señalen las relaciones que tuvieron en los últimos 5 años antes de asumir la función pública. Eso lo cumplieron el presidente y sus ministros, pero lo tiene que hacer el Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, gobernadores, alcaldes, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura…

¿Cuáles son los mayores riesgos de la ley del lobby? ¿Falta una campaña de información?

El tema de la gestión de intereses es importante para la democracia. Cuando uno lo hace de manera transparente incluso se ayuda a la autoridad a tomar buenas decisiones. El lobby es bueno para el país, para los mercados, para la sociedad. ¿Dónde está el problema? En el Perú, tradicionalmente, no ha habido transparencia. En cada entidad debe haber un registro especial para la gestión de intereses.

¿En el tema de protección de denunciantes es donde más hemos avanzado? El Ejecutivo publicó un reglamento en abril de este año.

No sé si es en el que más se ha avanzado, pero sí te puedo decir que los mecanismos de denuncia y de protección al denunciante son fundamentales para combatir frontalmente la corrupción. Hay que incentivar esas figuras. Si somos capaces de que eso funcione bien, muchas cosas saldrían a la luz. Es más, en la Comisión Presidencial de Integridad recomendamos que eso se lleve al sector privado y que haya una recompensa.

OCDE pide reducir el número de jueces y fiscales provisionales. ¿Coincide con eso?

Absolutamente. Lo que pasa es que mientras al corrupción va a un paso acelerado, la anticorrupción camina. En tres años se deben reducir drásticamente los jueces y fiscales provisionales.