(Fuente: Gestión). Los recientes escándalos de Odebrecht, que evidenciaron la diseminación de la corrupción en las esferas más altas del poder, vuelven a poner en la mira a este delito como uno de los riesgos que enfrenta la clasificación crediticia del país.
La agencia Moody´s, en un reciente informe, advierte que toma en cuenta este tipo de eventos para la calificación crediticia del país.
Lee la nota completa del diario Gestión aquí:
17/05/2017
(Fuente: El Comercio). El Congreso de la República, al derogar la norma que el Ejecutivo que buscaba reglamentar los procesos arbitrales en los cuales participaba el Estado, limitándolos a que solo sean institucionales y no ad hoc, ha cometido “un grave retroceso en la lucha contra la corrupción”.
Así lo consideró la ONG Proética, al detallar que el Congreso está permitiendo de nuevo arbitrajes ad hoc que han causado pérdidas en el erario nacional.
“La propia Contraloría General de la República, en el estudio que realizó sobre el arbitraje en las contrataciones públicas, advertía que, hasta el año 2013, el Estado había resultado perdedor en más de 70% de los arbitrajes en los que había participado y, de estos, más del 62% habían sido ad hoc”, informó Proética a través de un comunicado.
Según esta organización, el Parlamento ha rechazado la modificación que había establecido el Gobierno “sin expresar un solo argumento para sustentar su decisión, sin ningún debate” durante el pleno del 4 de mayo último.
“Sería muy saludable que se produzca una rectificación en el propio seno del Congreso, evitando una medida que, claramente, va en una dirección contraria a lo que urge implementar para el interés del país”, concluye Proética.
Foto: TV Perú
16/05/2017
(Fuente: El Comercio / Por Karem Barboza Quiroz). Un total de S/96.5 millones fue el perjuicio económico que causaron los presuntos actos de corrupción cometidos por el ex gobernador regional del Callao Félix Moreno y otros funcionarios, informó la fiscalía del primer puerto.
A través de un comunicado detallaron que el perjuicio se desprende de la investigación que realiza en Ministerio Público del Callao, en cuatro obras públicas ejecutadas en dicha región.
Debido a que las investigaciones aún continúan, la fiscal superior Janet Vizcarra Choque de la fiscalía corportativa especializada en delito de corrupción de funcionarios, no descartó que la cifra aumente.
Las obras
Una de las obras bajo la lupa fiscal fue la construcción de la avenida Néstor Gambetta, donde el perjuicio alcanza los S/5.5 millones, debido a las ampliaciones indebidas y a las adendas otorgadas al Consorcio Gambetta, ganador de la buena pro y que estuvo conformado por las empresas brasileñas Queiroz Galvao y Camargo Correa.
Recordaron que en la investigación por el Caso Gambetta está siendo procesado el actual encargado del Gobierno Regional, Walter Mori Ramírez, por el presunto delito de colusión.
También se indicó que por la contratación de la empresa municipal FINVER para la construcción de un local de la Corporación Peruana de Aeropuerto y Aviación Comercial (Corpac), el perjuicio asciende a S/31 millones. El convenio, acotó la fiscalía, infringió la Ley de Contrataciones del Estado y cuya obra hasta el momento se encuentra inconclusa.
Además, siempre en líneas fiscales, la venta irregular de terrenos del Fundo Oquendo ubicado en el distrito de Ventanilla, causó otros S/10 millones en perjuicio económico para la región chalaca.
En este caso, tanto Félix Moreno como otros funcionarios de la región Callao, estarían inmersos en una negociación incompatible al presuntamente haber beneficiado a terceros mediante la venta subvaluada de dicho predio.
Finalmente, por la apropiación de S/500 mil, durante la construcción de un sauna en la Comandancia General del Ejército, ubicado en el distrito de San Borja; por parte de Félix Moreno Caballero junto a Paul Tito Da Silva y el ex comandante general del Ejército Mario Revoredo Castañón. Todos ellos, por este caso, habrían incurrido en el supuesto delito de peculado.
Foto: Agencia Andina
16/05/2017
Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, denuncia que en el Congreso de la Republica se ha producido un grave retroceso en la lucha contra la corrupción. En efecto, en un procedimiento silencioso y sin la menor transparencia, se ha procedido a derogar la norma que el gobierno del Presidente Kuczynski aprobó mediante Decreto Legislativo 1341 en enero de este año, estableciendo que los procesos arbitrales en los que participa el Estado deben ser necesariamente institucionales.
Lee nuestro pronunciamiento completo aquí:
(Fuente: La República). Debido al modo como quedaron reducidas a simples amonestaciones las sanciones dadas por el Pleno a tres congresistas cuyos procesos disciplinarios arrojaron indudables responsabilidades, el Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, advirtió que debe modificarse el sistema por el cual los congresistas se fiscalizan a sí mismos.
“Es tiempo de establecer un mecanismo que nos aleje del viejo y negativo ‘otorongo no come otorongo’ y hacer que quienes ventilen y sancionen estos procesos no sean los mismos congresistas. Fórmulas puede haber muchas, lo urgente es discutirlas de una vez y encontrar una que funcione. Un Congreso desprestigiado no es bueno para el país ni para la democracia”, apuntó.
Los congresistas Clayton Galván y Yesenia Ponce de Fuerza Popular, y Elías Rodríguez, del APRA, fueron solo amonestados en la sesión del Pleno del Congreso del miércoles 10, pese a que la comisión de Ética había planteado sanciones de suspensión hasta por 90 días para el primero, 120 días para la segunda y 30 días para el último.
16/05/2017
El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, advirtió que continúa incrementándose el descrédito del Congreso de la República y la enorme desconfianza ciudadana en esta institución, tras la manera como quedaron reducidas a simples amonestaciones, las sanciones dadas por el Pleno a tres congresistas cuyos procesos disciplinarios arrojaron indudables responsabilidades.
En referencia a tales amonestaciones, aplicadas a los congresistas Clayton Galván y Yesenia Ponce de Fuerza Popular, y Elías Rodríguez del APRA, en la sesión del Pleno del Congreso del miércoles pasado, recordó que las propuestas alcanzadas por la Comisión de Ética había planteado sanciones de suspensión hasta por 90 días para el primero, 120 días para la segunda, y 30 días para el último.
“El resultado fue pues deplorable y debe dar lugar a una profunda revisión en lo que se refiere al control disciplinario de los congresistas, hecho por otros congresistas”, dijo Albán en la última edición de La Voz de Proética.
En el caso de la parlamentaria, Yesenia Ponce, indicó que precisamente Proética había presentado directamente la denuncia ante la Comisión de Ética, en octubre del año 2016, recalcando que la falta cometida por la citada legisladora, había sido no solamente grave, sino que había quedado plenamente registrada en una grabación de la sesión del Consejo Regional de Áncash que se había celebrado días antes.
“Actuando prepotentemente y asumiendo un rol absolutamente ajeno a su función congresal, logró imponerse para impedir que pueda revisar un sospechoso acuerdo de ese consejo, adoptado en una sesión anterior. De esa manera, se consumó un oscuro procedimiento tendiente a legitimar un probable tráfico de terrenos, perjudicando el proyecto de irrigación de Chinecas, de interés para toda la población de Áncash”, señaló.
Asimismo, Albán lamentó que el presidente de la Comisión de Ética, Segundo Tapia, no hiciera respetar el dictamen de dicha Comisión. Por ello, propuso que se revisara el régimen disciplinario de los parlamentarios así como regular en paralelo sus eventuales conflictos de interés.
“Es tiempo también de establecer un mecanismo que nos aleje del viejo y negativo dicho que dice “otorongo no come otorongo” y hacer que quienes ventilen y sancionen estos procesos, no sean los mismos congresistas. Fórmulas pueden haber muchas, lo urgente es discutirlas de una vez y encontrar una que funcione. Un Congreso desprestigiado no es bueno para el país ni para la democracia, pero toca a los propios congresistas tomar la iniciativa para cambiar esta lamentable situación”, finalizó.
Foto: Agencia Andina
15/05/2017
(Fuente: La República). Proética informó que la queja presentada ante el Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) contra el Juez de Paz Letrado de Sullana, Juan José Albán Parra, se debe a que esta autoridad anuló y archivó de forma irregular el procedimiento sancionador que seguía la Contraloría General de la República a un grupo de funcionarios del Comité de Administración de Fondo Educativo del Callao (CAFED).
Dichos funcionarios, que ya habían sido sancionados con la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, estaban acusados de simular la contratación de servicios de capacitación de docentes por más de 6 millones de soles entre los años 2011 y 2012.
Proética señaló que el Juez Albán Parra admitió de manera irregular y se pronunció a favor del hábeas corpus planteado por el ex asesor jurídico del CAFED, Luis José Calderón Vargas, y con ello limitó las funciones de la Contraloría infringiendo la Ley 29277 referida a la Carrera Judicial.
El Director Ejecutivo Adjunto de Proética, Samuel Rotta, invocó al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría a no amilanarse ante este tipo de acciones que intentan limitar su potestad sancionadora y su autonomía.
Foto: Perú21
15/05/2017
Proética ha presentado formalmente ante el Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) una queja contra el Juez de Paz Letrado de Sullana, Juan José Albán Parra, por anular y archivar de forma irregular el procedimiento sancionador que seguía la Contraloría General de la República a un grupo de funcionarios del Comité de Administración de Fondo Educativo del Callao (CAFED), una entidad del Gobierno Regional del Callao, acusados de simular la contratación de servicios de capacitación de docentes por más de 6 millones de soles entre los años 2011 y 2012. Cabe señalar que estos funcionarios ya habían sido sancionados con la inhabilitación para el ejercicio de la función pública.
El motivo de la queja presentada por nuestra institución es porque el juez, asumiendo competencias que no le correspondían, admitió de manera irregular y se pronunció a favor del hábeas corpus planteado por el ex asesor jurídico del CAFED, Luis José Calderón Vargas, y de esta manera, limitó las funciones de la Contraloría incurriendo así en faltas muy graves por haber infringido el artículo 34, numeral 1 y18 de la Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial.
En la penúltima edición de nuestro editorial “La Voz de Proética”, el Director Ejecutivo Adjunto de nuestra institución, Samuel Rotta, señaló que “lo peor es que este juez no solamente ha beneficiado con su sentencia al funcionario sino que ha extendido sus efectos en favor de los otros funcionarios públicos sancionados que laboraron en el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao”.
Por ello, Rotta invocó al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría no amilanarse ante este tipo de acciones que intentan limitar su potestad sancionadora y autonomía.
Puedes leer el documento enviado a la OCMA aquí:
Foto: Perú21
12/05/2017