(Fuente: Equal Times / Por Jérémy Joly). “El otro huaico que hemos tenido aquí en los últimos meses ha sido el de la corrupción. Lamentablemente, con la calidad de gobiernos municipales que tenemos, que deja mucho que desear, declarar el estado de emergencia abriría la puerta a la corrupción”.

Esta afirmación de Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú, durante una entrevista con CNN en español ha dado mucho de qué hablar. El país acababa entonces de vivir uno de sus peores desastres naturales y muchos habitantes exigían que el país se declarara en estado de emergencia nacional.

A fines de marzo, 630.000 personas se vieron afectadas por los grandes desprendimientos de tierra provocados por las fuertes lluvias. Cerca de 100.000 personas se han quedado sin hogar y los daños materiales son cuantiosos.

Sin embargo, el presidente se niega a cumplir los deseos de la población. ¿Por qué? Si bien después de la tragedia llegaron del extranjero millones de dólares de ayuda, Perú ha tenido que hacer frente a sus demonios. Si se declarara el estado de emergencia general, el problema en las municipalidades sería grave, ya que el estado de emergencia significa que se hacen obras sin concurso y sin licitación. ¿Cómo asegurar que estos fondos no se desvíen para enriquecer a unos pocos? La cuestión está lejos de ser trivial en el país andino, en donde las revelaciones sobre la corrupción han aumentado desde el comienzo del año.

En primer plano, destaca la empresa brasileña Odebrecht, que habría entregado más de 29 millones de dólares a funcionarios del país entre 2005 y 2014 a fin de asegurarse la obtención de contratos muy lucrativos.

Entrevistado por Equal Times, Jaris Mujica, investigador en la Universidad Católica de Perú (PUCP), sostiene que lo primero es distinguir los tipos de corrupción que afectan al país.

“El problema más importante es la corrupción administrativa. Aquí es generalizada. Algunos la practican para enriquecerse, pero se trata sobre todo de una lógica de ‘red’. Los funcionarios tienen contratos de corta duración, por lo que tienen que pensar en lo que van a hacer una vez terminado su contrato”.

Entre 2008 y 2016, el país ha descendido 29 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional. El país ocupa ahora la posición 101ª, con una puntuación de 35/100.

Walter Alban, director ejecutivo de Proética, la sección peruana de Transparencia Internacional, teme que lo peor aún está por llegar.

“Debido a la debilidad de nuestras instituciones y a la importancia del sector informal, se han dejado venir mafias extranjeras. Empezaron por sobornar para poder traficar fácilmente. Actualmente, la mayor parte del cuerpo policial, pero también el sistema judicial del país, son corruptos, y con el dinero han conseguido incrementar su poder. Hoy día, imponen a quién quieren en ciertas elecciones, por lo que controlan a los cargos electos”.

De acuerdo con una encuesta del diario peruano La República, la corrupción es ahora la segunda preocupación de los peruanos (52%), superada solamente por la violencia (61%).

Los cargos electos no son ajenos a este fenómeno. En 2014, el Ministerio Público encargado de la corrupción anunció que el 92% de los alcaldes del país estaban siendo investigados por corrupción… En el caso de los gobernadores regionales, los imputados son 21 de los 26 con los que cuenta el país.

Históricamente, Perú tiene un verdadero problema con la honradez de sus representantes. Alan García, presidente de 1985 a 1990 fue acusado de corrupción. Tras salvarse debido a la prescripción de los hechos, fue reelegido en 2006 por un segundo mandato. Y la lista no se detiene allí. Fernando Belaúnde, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala e incluso Pedro Pablo Kuczynski: todos los presidentes del país desde 1980 están vinculados de una manera u otra a un caso de corrupción.

Si se pregunta a un peruano de a pie, dirá que hay que remontarse hasta San Martín, el fundador de la República, para encontrar un líder de reputación intachable.

“Roba pero hace obras”

Finalmente, “roba pero hace obras” ha acabado por convertirse en un tradicional adagio peruano que se aplica a los representantes de los más altos niveles del poder.

Para gran parte de la población, son determinantes fundamentales los beneficios prácticos que pueden obtener de la actividad de un cargo electo, trátese de una carretera o un puente, para darle su voto. La convicción, profundamente arraigada, de que finalmente “todos están podridos” incita a votar por aquellos que realizan acciones concretas.

En 2014, antes de las elecciones municipales de Lima, el instituto de sondeo Datum formuló una pregunta provocadora: “En su opinión, ¿quién además de robar va a hacer más obras?”

El que obtuvo la mayoría de votos (49%) en este sondeo fue Luis Castañeda, quien posteriormente resultó elegido alcalde. Un alcalde al que hoy se cuestiona por sus actividades a raíz del desastre. En algunas zonas de la capital, los daños podrían haber sido mucho menos importantes, pero los fondos destinados precisamente a la prevención de desastres no fueron utilizados y otros se destinaron a mejorar el paseo marítimo limeño. Asimismo, un puente construido durante su primer mandato (2003-2010) se desplomó de forma extraña. La Contraloría, un organismo de control público, inició una investigación en la que aparece varias veces su nombre.

Aún así, algunos se muestran optimistas respecto al futuro. Duberlí Apolinar Rodríguez, presidente del Tribunal Supremo, explica a Equal Times, las medidas puestas en marcha para mejorar la situación.

“El pasado mes de octubre, el presidente de la República aprobó la ley de ‘muerte civil’, según la cual una persona que haya sido condenada por corrupción no puede volver a formar parte de la función pública. Posteriormente, en marzo, el Congreso votó a favor de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Normalmente, la Constitución debería modificarse en agosto para aprobar el cambio. Al mismo tiempo, hemos creado un sistema específico con 14 jueces instituidos para luchar contra la corrupción con eficacia”.

Julio Arbizu Gonzáles, procurador anticorrupción de 2011 a 2014, tiene sus dudas sobre la eficacia del sistema. “El marco legislativo contra la corrupción en el Perú fue diseñado para desmantelar la organización piramidal establecida por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Hoy día, nos encontramos ante una corrupción más segmentada, ante la cual no hemos sido capaces de organizarnos”.

Foto: AP/Andina, Carlos Lezama

24/05/2017

• Por el Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán
• Publicado en el diario El Comercio

En el contexto de los escándalos de corrupción desatados a propósito del denominado Caso Lava Jato y la actuación de las empresas constructoras brasileñas, cuyos contratos con el Estado Peruano, solo entre los años 2004 y el 2015, suman más de US$17.000 millones (informe Pari), el gobierno del presidente Kuczynski, en uso de las facultades delegadas por el Congreso y a través del Decreto Legislativo 1341 de enero de este año, tomó una muy importante decisión al establecer que los conflictos que surgieran entre empresas contratistas y entidades del Estado (que la ley obliga someter a tribunales arbitrales) serían tramitados necesariamente de manera institucional y no bajo la modalidad de los denominados arbitrajes ad hoc. De esta manera, el gobierno prestó atención a una expresa recomendación de la Comisión Presidencial de Integridad que lideró el ex defensor del Pueblo Eduardo Vega y que, conforme a su mandato, entregó al presidente en diciembre del año pasado un conjunto de propuestas que debían ser ejecutadas para atacar frontalmente los graves problemas de corrupción que nos aquejan.

Pues bien, en una decisión ciertamente desconcertante, sin razón aparente y sin que haya tenido lugar un mínimo debate al respecto, en su sesión del 4 de mayo el pleno del Congreso aprobó derogar lo dispuesto por el Ejecutivo y volver a abrir la posibilidad de que las diferentes instituciones del Estado puedan acudir al arbitraje ad hoc. La diferencia es simple, el arbitraje institucional supone acudir a los servicios arbitrales de organizaciones privadas especializadas, que compiten en el mercado en función de los estándares de eficiencia, calidad y apego a reglas éticas, cuyos alcances pueden advertirse en los reglamentos y códigos que regulan su actuación, manteniendo además un registro ordenado de estos procesos. Desde luego, no todas las instituciones arbitrales guardan los mismos estándares o son igual de rigurosas, pero, en todos los casos, las posibilidades de evaluar esa actuación son mucho más accesibles que en el modelo alternativo.

En efecto, los arbitrajes ad hoc, más allá de la formalidad de su instalación al inicio del proceso, no guardan mayor obligación que la de entregar copia de su resolución final (el laudo arbitral) al organismo público supervisor (OSCE). En definitiva, es evidente que el procedimiento ad hoc resulta a todas luces opaco y muy difícil de controlar. Por eso no sorprende que, en uno de los pocos estudios realizados al respecto, la Contraloría General de la República constatara que las entidades del Estado acudían en su gran mayoría a los arbitrajes ad hoc (más del 62%) y que de ellos, el Estado resultaba perdiendo más del 70% de las controversias, originando una enorme pérdida de recursos al erario nacional.

Por su parte, un informe de IDL Reporteros de diciembre último arrojó fuertes indicios de la existencia de mafias de profesionales dedicados a este negocio. Por esa razón, no se puede soslayar lo que viene ocurriendo en el Congreso ahora. No solamente se trata de la anotada derogatoria que subrepticiamente ha sido aprobada hace poco, sino además de otro proyecto de ley que se viene impulsando en la Comisión de Justicia, por el que se impediría que las instituciones arbitrales puedan establecer exigencias y filtros más rigurosos para evitar que accedan a sus servicios profesionales de escasa credibilidad o idoneidad.

El arbitraje ofrece sin duda la posibilidad de resolver los conflictos de una manera más eficiente a la que brinda el sistema judicial ordinario, que arrastra los consabidos problemas de congestión de causas, demora de los procesos o corrupción, generando enorme desconfianza ciudadana en el mismo. Pero los riesgos de deslegitimarlo y atentar contra sus objetivas ventajas, sin embargo, no solamente son potenciales, sino que se verifica que ello viene ya ocurriendo. El Congreso de la República no puede prestarse a este juego y es de esperar, en consecuencia, que entre sus propios miembros surjan voces suficientes para impedir este despropósito.

Ilustración: Víctor Sanjinez

24/05/2017

(Comunicado de Transparencia Internacional). Es inaceptable que para mantener el control sobre los recursos y las decisiones en beneficio propio un grupo en el poder viole diaria y sistemáticamente los derechos básicos de millones de venezolanos, resaltó hoy Transparencia International.

La corrupción es el abuso del poder público para el beneficio privado. Lo que está sucediendo en la Venezuela del Presidente Nicolás Maduro es una versión extrema de ese abuso.

“El régimen de Maduro es un caso flagrante de lo que se conoce como gran corrupción. Claramente viola dos de los derechos humanos más básicos: la salud y la seguridad. Miles de millones de dólares han sido robados de las arcas públicas por unos pocos en el poder, provocando que la gente pierda la vida diariamente debido a la falta de medicamentos y servicios de salud adecuados. Esta situación debe detenerse inmediatamente. La gente merece vivir en dignidad y sin represión”, dijo José Ugaz, Presidente de Transparencia Internacional.

Millones de personas están tomando las calles para exigir el fin del abuso de unos pocos a expensas de la mayoría. Transparencia Internacional se une a sus exigencias:

• que se establezca un calendario electoral,
• que se respete la autonomía de la Asamblea Nacional,
• que los presos políticos sean puestos en libertad,
• que se permita el ingreso de la ayuda humanitaria al país,
• que los civiles no sean juzgados en tribunales militares,
• y lo más urgente, que se detenga inmediatamente la represión brutal que ya ha causado la pérdida de más de 40 vidas.

“Es hora de celebrar elecciones en Venezuela; es hora que los venezolanos decidan su propio futuro. El gobierno sabe que son una minoría tratando de aferrarse al poder por todos los medios e ignora a la mayoría de los venezolanos. Sin embargo, el pueblo de Venezuela no está solo”, agregó Ugaz.

En cientos de ciudades de todo el mundo la gente va a demostrar en las calles su solidaridad con el pueblo de Venezuela el sábado 20 de mayo. Las organizaciones internacionales también deben demostrar su apoyo.

Transparencia Internacional pide a los miembros de la Organización de los Estados Americanos que tomen decisiones decisivas en la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores el 31 de mayo. La correcta implementación de los instrumentos democráticos interamericanos y del marco jurídico internacional es el mecanismo adecuado para expresar las preocupaciones y propuestas de los demás países de la región.

Foto: Reuters

19/05/2017

• Por el Coordinador de Auditoría Ciudadana de Proética, Carlos Arroyo.
• Publicado por la revista Intercambio.

Proética es el capítulo peruano de Transparencia Internacional, y de manera periódica mide las percepciones sobre la corrupción en el Perú. Su último trabajo fue presentado en diciembre del 2015 y en él podemos apreciar una serie de conclusiones bastante interesantes, situaciones que vemos reflejadas en nuestra sociedad.

Los resultados, por ejemplo, ratifican que la inseguridad y la delincuencia (62%) son el principal problema que afronta el país y que en segundo lugar está la corrupción (46%). Cuando la consulta se hace más específica, para poder identificar cuál es el principal problema que afronta el Estado y qué impide el desarrollo del país, los encuestados no dudan en colocar a la corrupción en primer lugar con un 61%, el cual está directamente vinculado a la corrupción de funcionarios y autoridades. Estas primeras cifras revelan que peruanas y peruanos somos conscientes que la corrupción es un serio problema presente, que afecta y desacelera nuestros progresos de desarrollo y que resulta estar asociada a la burocracia del Estado y/o a quienes nos representan políticamente.

Pese a ello, el 87% acepta no haber denunciado cuando les solicitaron dar o cuando dieron regalos, propinas o coimas, esto no hace más que fortalecer la permisibilidad del problema. Debemos tener en cuenta que el 54% considera que el “capacitar en cómo denunciar los actos de corrupción”, es la mejor forma de combatir la corrupción desde la ciudadanía, luego están otras dos importantes salidas anticorrupción también priorizadas, “promover las reformas políticas” (33%), y “vigilar el gasto público y exigir rendición de cuentas” (32%).

El estudio también nos brinda datos respecto a la percepción de corrupción hacia nuestras instituciones, por un lado los medios de comunicación y la Defensoría del Pueblo son consideradas en un 36% y 32% respectivamente, por tener “buenas y muy buenas” gestiones contra la corrupción, frente a otras instituciones que fueron descalificadas como “mala y muy mala” en su desempeño de lucha contra la corrupción, en el siguiente orden: Congreso de la República (76%), Partidos políticos (64%), Poder Judicial (61%), Gobierno central (55%), Gobiernos Regionales (52%), Fiscalía de la Nación (50%).

En la misma línea del párrafo anterior, la población percibe como las instituciones más corruptas al Poder Judicial, el Congreso de la República y a la Policía Nacional, seguidos de los partidos políticos, gobiernos regionales y Fiscalía de la Nación.

Por otro lado, la novena encuesta consideró preguntas relacionadas a empresa y corrupción. El 89%, considera que la corrupción perjudica “mucho y bastante” el desarrollo de las empresas. Los resultados ponen énfasis que en el sector empresarial la ciudadanía percibe que los actos de corrupción suceden con mayor frecuencia desde las empresas grandes (65%), y también desde las empresas informales (49%).

Para el último trimestre del 2015, fecha en que se aplicó esta medición, el 83% consideraba que, en los próximos cinco años, la situación de la corrupción en el país no cambiaría nada o empeoraría; razón no les faltó, así como tampoco el cuestionar desde su opinión que son funcionarios en puestos clave, autoridades y grandes empresas, los involucrados en los casos de corrupción. Esa percepción hoy se materializa y se respalda en hechos tangibles, lo más visible es el reciente “Caso Lava Jato” donde empresas brasileñas, y las delaciones de sus funcionarios, vienen desenmascarado una serie de hechos de gran corrupción al más alto nivel, comprometiendo autoridades y altos funcionarios de nuestros últimos tres gobiernos. No debiera sorprendernos toparnos con similar modalidad en el nivel sub nacional.

Para este año, Proética tiene programada la elaboración de la décima edición de este estudio; el contexto en el que vivimos anuncia a todas luces que los resultados no serán alentadores, sin embargo, al mismo tiempo, sus resultados propiciarán una nueva línea de base a tener en cuenta. El gobierno y demás entidades del Estado deben iniciar procesos de reformas, implementando políticas contra la corrupción que ayuden a revertir los resultados negativos mostrados. Existe la necesidad urgente de repensar el cómo devolver y fortalecer la confianza de la ciudadanía hacia el Estado que garanticen un país en democracia, hoy puede presumirse de vulnerable.

Por su parte, a la ciudadanía le toca aplicar en acciones a las respuestas que ya se validaron en este último estudio, las que tienen que ver, con incidir en reformas legislativas que mejoren nuestro sistema político y las de activar una ciudadanía alerta y vigilante que exija transparencia y rendición de cuentas, sobre todo en la gestión pública, en todos sus poderes y en todos sus niveles.

17/05/2017

Compartimos el siguiente pronunciamiento del Consejo Privado Anticorrupción (CPA) que expresa su preocupación frente al dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, a favor del Proyecto de Ley N°1206/2016CR, que fuera aprobado por el Pleno del Congreso de la República, el cual propone la derogación de la modificación del artículo 45.1 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Lee el pronunciamiento completo aquí:

17/05/2017

• Por el presidente de Proética, Jorge Medina.
• Publicado en la revista Intercambio

El impacto de la corrupción es tan perjudicial para la democracia, y afecta tan gravemente a quienes menos tienen, que una sincera radiografía de sus causas y de cómo opera, es necesario para esclarecer las apremiantes tareas para enfrentarla con éxito.

Las pérdidas anuales que origina la corrupción se estiman entre el 4% y 5% del PBI, cifra similar al presupuesto que recibe el sector Educación. ¿Qué lograríamos con esos recursos que se pierden? La respuesta no es difícil: mejores programas de educación y nutrición infantil, acceso a la salud a personas en situación vulnerable, combatir eficientemente la inseguridad ciudadana, brindar más oportunidades de desarrollo, etc. Lastimosamente, el estado de confort de la clase dirigente –tanto política, empresarial, académica, como de la sociedad misma-, han permitido que la corrupción se generalice y dañe cada vez más nuestra frágil democracia e institucionalidad.

Los escándalos que hoy llenan las primeras planas demuestran la grosera manera en que el interés político se mezcla con el interés privado, para –a través de redes y complicidades- aprovecharse de las necesidades del país y, mediante licitaciones y obras públicas, beneficiarse indebidamente. Pero es tiempo de empezar a organizarnos para prevenir y combatir este mal que el historiador económico Alfonso Quiroz definió en su libro Historia de la Corrupción en el Perú, como “el mal uso del poder político burocrático por parte de funcionarios coludidos con mezquinos intereses privados, para obtener ventajas (…) contrarias a las metas del desarrollo social, mediante la malversación o el desvío de recursos públicos y la distorsión de las políticas e instituciones”.

El ecosistema de la corrupción y sus vacunas

En los 90, la corrupción tuvo un control centralizado desde la cabeza del Estado. Luego, en la primera mitad de los 2000, se descentralizó debido al proceso de regionalización, y desde entonces –con crecimiento económico- se intensificó la infiltración de la corrupción en la política. El problema se nos ha ido de las manos porque fuimos incapaces de entender la naturaleza del fenómeno.

La corrupción, ¿es causa o efecto? Erróneamente se tiende a pensar que es lo primero. Pero no; es efecto. Y a lo que le tenemos que poner atención es a sus causas. Para empezar: a la forma en que se ejerce y se financia la política. Hay demasiada infiltración de dinero proveniente del narcotráfico, la minería y tala ilegales, el contrabando y otras formas de crimen organizado, que financian costosísimas campañas electorales, y luego viene el pago de favores, que no son en el mejor interés del país. Una segunda causa es la falta de transparencia y rendición de cuentas en el Estado, que hacen nula cualquier vigilancia ciudadana. Una tercera razón son los ineficientes mecanismos de control, investigación y sanción, y un desfasado Sistema Nacional de Control que hace ineficiente la labor de la Contraloría General de la República.

Una cuarta razón –la más importante quizás- es nuestra débil institucionalidad. Por ejemplo, el Poder Judicial –que debería ser la última reserva moral del país- funciona muy mal, la ley no se aplica igual para todos, se compran voluntades, y eso genera impunidad. El Consejo Nacional de la Magistratura, encargado de nombrar y ratificar jueces y fiscales, es una entidad muy cuestionada, y sobre la idoneidad de sus miembros se ciernen dudas más que razonables. La Policía Nacional, el Ministerio Público, los gobiernos regionales y municipales y el mismo Congreso de la República, son ejemplos de instituciones que requieren de reformas urgentes. Por tanto, entender las causas de la corrupción, es fundamental para enfrentarla. Eso va en línea directa con lo que señalan Daron Acemoglu y James Robinson en su libro “Por qué fracasan los países”: en gran parte por la debilidad de sus instituciones.

¿Qué hacer entonces? Empecemos por comprender que se requiere la participación de las clases dirigentes, pero no sólo del Estado, sino del Sector Privado, la Academia, los Medios de Comunicación y la Sociedad Civil. Si asumen su rol, podremos llevar a cabo las tantas veces postergadas reformas del Estado que requiere el país, como las reformas política, judicial, policial, entre otras, sin las cuales no avanzaremos en combatir la corrupción endémica.

Hay cosas muy concretas que se podrían hacer inmediatamente. Para muestra un botón: reforzar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para permitirle identificar de dónde proviene el dinero que financia campañas y políticos, pues es inconcebible que siendo el Perú uno de los principales productores de cocaína del mundo tengamos una UIF sin el suficiente empoderamiento. Igualmente, se debería dotar de mayores facultades a los organismos electorales para que puedan ejercer los controles debidos y sancionar ejemplarmente –no solo con penas pecuniarias, sino también políticas- a quienes incumplan las regulaciones.

La responsabilidad del Sector Privado

La corrupción tiene su propia dinámica, funciona en base a redes y complicidades y se desenvuelve en un mercado de oferta y demanda con actores que miden costos y beneficios. En este entorno prospera la gran corrupción. Casos como el de Odebrecht muestran cómo se utilizan miles de millones en beneficio de unos pocos a expensas de muchos, fomentando la exclusión social e impidiendo el desarrollo.

La empresa privada tiene la responsabilidad de vacunarse contra este mal a través del desarrollo de los llamados Programas de Cumplimiento Anticorrupción, un mecanismo de prevención interna que establece estándares desde el máximo nivel de la compañía —directorio y gerencia-, que define una nueva filosofía ética para hacer negocios. Una pregunta para los miembros de los directorios de empresas es cómo harán para que la Cuarta Revolución Industrial, esa que hoy desarrolla a velocidad impresionante nanotecnologías, inteligencia artificial y hasta impresoras 3D, sea artífice de un nuevo momento en la lucha anticorrupción.

La sociedad civil está despierta

El rol de la sociedad es también vital en esta lucha, y su principal tarea es influir en la ciudadanía para que incremente su nivel de indignación y movilización.

A finales del 2016, el nuevo gobierno invitó a un conjunto de expertos de la sociedad civil, en la llamada Comisión Presidencial de Integridad, para desarrollar un informe construido sobre la escucha a líderes sectoriales. Fue así como ministros, empresarios, sindicatos, académicos, entre otros, fueron actores activos de esta hoja de ruta para el cambio que finalizó con 100 recomendaciones. Entre ellas, están el impedimento del ingreso o reingreso a la función pública de las personas condenadas por corrupción, narcotráfico y lavado de activos; transparentar el sistema de Contrataciones del Estado, evitar la corrupción en las obras públicas de infraestructura y fortalecer la autonomía de los organismos reguladores; impulsar el Gobierno Electrónico y la simplificación administrativa, promover la denuncia y proteger al denunciante, reformar el Sistema de Justicia para erradicar la impunidad, reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, así como limitar la inmunidad parlamentaria. También, crear el Sistema de Integridad en el Poder Ejecutivo y fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, así como crear un Observatorio que monitoree y evalúe la implementación de las propuestas hechas.

Por otro lado, la Asociación Civil Transparencia presentó a finales del 2015 su Plan32, un proyecto que busca contribuir al fortalecimiento de las instituciones en el Perú y, con ello, a mejorar la calidad de nuestra democracia, mejorar el Congreso, el Poder Judicial, la Administración Pública y el Sistema Electoral.

Finalmente, Proética, el capítulo peruano de Transparency International, tomó la iniciativa de convocar a profesionales del sector privado, público y social a formar parte del grupo Voluntarios Proética, para que canalicen esfuerzos que hagan realidad la lucha contra la corrupción y obtengan resultados con ello.

La solución es compleja, pero no imposible. El principal desafío es tener la voluntad de todos los actores involucrados, y qué mejor momento que éste para empezar.

17/05/2017