El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, demandó al Congreso de la República no postergar la reforma del sistema electoral y se debata cuanto antes. Esta demanda surge a causa de las propuestas formuladas por el Grupo de Trabajo que presidió la Congresista Patricia Donayre, y presentadas a la Comisión de Constitución..
Además señaló el riesgo de que mientras se distrae la atención ciudadana en sucesivos procesos interpelatorios, conducidos con escasa seriedad y carentes de objetivos precisos, se promuevan iniciativas contrarias a una política de integridad.
“En medio del penoso espectáculo de las interpelaciones o censuras ministeriales, al que parece estar apostando una amplia mayoría parlamentaria con el pretexto de ejercer su labor de control político del Ejecutivo, pasan desapercibidos proyectos de ley que, de ser aprobados, implicarían un claro retroceso en la lucha contra la corrupción”, dijo Albán en la última edición de La Voz de Proética. Ejemplos de ello, son los proyectos de ley destinados a favorecer la minería ilegal o mantener el arbitraje Ad-Hoc, en los procesos en los que el Estado es parte.
“Una vez más, desde la sociedad civil debemos hacer lo posible para poner freno a estos despropósitos”, indicó.
Respecto a la cuestión electoral, recalcó que no debemos permitir que nuevamente el Congreso escamotee una reforma indispensable para adecentar la política antes de las próximas elecciones regionales y municipales de octubre de 2018.
“Nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia, no permitamos que un ejercicio poco responsable del poder, termine anulándonos la legítima aspiración de peruanos y peruanas, de contar con autoridades elegidas, capaces y éticamente intachables”, finalizó.
(Pronunciamiento). Los capítulos latinoamericanos de Transparency International (TI) recibimos con profunda preocupación la noticia de que activistas de derechos humanos venezolanos, entre quienes se encontraba Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de la organización representante de TI en ese país, fueron amenazados con retirarles su pasaporte para impedir su regreso a su país. Esta amenaza fue realizada por funcionarios de la delegación venezolana en Ginebra, en el marco del evento “Derechos Humanos y Democracia en Venezuela”, realizado el pasado martes 6 de junio en el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas.
Esta nueva agresión se suma a varios hechos anteriores semejantes e incontables noticias sombrías sobre la situación y resultados de la represión en ese hermano país. Frente a ello, los capítulos de TI en la región expresamos nuestro firme respaldo a la lucha de nuestros colegas y sus aliados en Venezuela y exigimos el cese de la represión y la violencia desatada en contra de los manifestantes y activistas opositores, que ha tenido como resultado hasta el momento la muerte absurda de más setenta personas. Exigimos también que se detengan inmediatamente las amenazas y hostigamiento a activistas de derechos humanos y anticorrupción.
Demandamos también que, más allá del supuesto programa ideológico que pretende enarbolar el régimen autoritario que encabeza el Presidente Maduro, se inicien profundas e independientes investigaciones, que atiendan los indicios de gran corrupción que han emergido a lo largo de varios años y que han sido invisibilizados por parte de las instituciones de justicia venezolanas. Particularmente preocupante es el silencio en torno a los presuntos sobornos en mega-proyectos de infraestructura conocidos a raíz del destape de la confesión de la empresa brasileña Odebrecht ante la justicia norteamericana en diciembre pasado.
Tenemos la convicción de que, como ha ocurrido en otras oportunidades en nuestra región, la terquedad de un régimen absolutamente deslegitimado para dilatar su permanencia en el poder responde al fundado temor de que, apartándose del mismo, se haga evidente el manejo irregular de fondos públicos y que, en consecuencia, se termine procesando a encumbrados líderes políticos, como es el caso del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, acusado en su país de múltiples casos de corrupción y que enfrenta hoy un juicio de extradición en Florida, o como el expresidente peruano, Alberto Fujimori, quien actualmente purga sentencia por crímenes cometidos durante su gobierno. Los capítulos latinoamericanos de TI consideramos que es necesario enviarle a la comunidad internacional una señal de que no toleraremos la impunidad.
Al tiempo de expresar nuestro total respaldo al Capitulo Venezolano de TI y nuestra más sentida solidaridad al pueblo de Venezuela, exhortamos a la comunidad internacional a brindar su más decidido apoyo a la causa que ellos han abrazado en contra de ese régimen opresor, a favor de la libertad de los presos políticos y las más amplias libertades ciudadanas, así como impulsar la solución electoral a la situación de crisis.
Suscriben los siguientes capítulos de Transparencia Internacional:
(Fuente: Expreso). Los problemas de desempeño funcional demostrados por la Contraloría General de la República (CGR), que le han impedido detectar a tiempo muchos casos de corrupción, entre ellos los sobornos de Odebrecht para ganar obras públicas, conllevan a la necesidad de refundar ese organismo de control. Así lo sostuvo el ex procurador ad hoc para los casos Fujimori y Montesinos y actual presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz Sánchez-Moreno, en entrevista exclusiva con EXPRESO.
¿Cómo es posible que los órganos de control del Perú no hayan podido detectar a tiempo los grandes negociados que se daban en torno a las grandes obras públicas?
Eso da cuenta, en primer lugar, que las instituciones de control han fallado. La situación de la corrupción debería llevarnos a pensar qué tipo de institución tenemos. Yo creo que se debe reestructurar o refundar la Contraloría General de la República porque ha demostrado que llega tarde, no cumple con su función y cuando se señala la existencia de irregularidades, estas terminan por ser archivadas porque la investigación no estuvo bien estructurada.
Entonces hay un problema de desempeño funcional de la Contraloría que exige un cambio radical, y eso debería ser una prioridad en la agenda nacional.
¿Las denuncias contra el contralor Édgar Alarcón abonan más en su tesis de reestructurar la Contraloría?
No, lo del contralor es sólo un elemento más. El problema es que históricamente la Contraloría General de la República, como tal, no ha cumplido el rol que se le ha encargado. Han pasado muchos contralores y a todos se les ha hecho la misma crítica. Además, la Contraloría nunca ha descubierto un gran caso de corrupción, todo lo descubre la prensa o sale por denuncias privadas y no por un trabajo articulado de control. Yo creo que refundar la Contraloría es una necesidad impostergable de la agenda nacional.
¿Debe ser reemplazada por otra institución?
Lo que se tiene que hacer ahora es abrir un proceso de evaluación de cómo ha evolucionado la corrupción en el país para establecer qué tipo de institución necesitamos. Por ejemplo, esta fórmula de control por la cual las Oficinas de Control Interno (OCI) son pagadas por los mismos organismos que están siendo auditados, es un procedimiento pernicioso que ha venido generando una serie de problemas y disfuncionalidades.
¿Qué hacer entonces?
Pienso que se debe crear una comisión o un grupo de trabajo que se dedique a analizar la situación y reflexionar sobre ella. Creo que tiene que ser algo altamente técnico y, por supuesto, hay que buscar cooperación internacional.
¿Las denuncias contra Alarcón fortalecen el descrédito de la Contraloría?
El contralor tiene imputaciones muy serias que resolver. Primero por presionar a un funcionario subalterno para que retire un informe donde él estaba implicado, luego por beneficiar a una trabajadora con la que tenía una relación personal, después por realizar una serie de negocios que están prohibidos por ley; todo eso tiene que ser materia de una investigación profunda.
¿Se debe ir?
Vamos a ver si la comisión que se ha creado para investigarlo, más allá de los intereses políticos, piensa en el país. Si eso es así, la única salida posible es la destitución [del contralor], no hay otra vía con una responsabilidad tan grande.
En términos generales, ¿qué otra cosa se puede hacer para frenar esta gran ola de corrupción?
Hay iniciativas buenas pero esto tiene que integrarse al Plan Nacional Anticorrupción, y se tiene que implementar una política de mediano y largo plazo que sea comprensiva en todos los aspectos. Esto involucra a la ciudadanía, porque todos tenemos que tomar conciencia de lo que está causando la corrupción, de la responsabilidad y de nuestra obligación al momento de fiscalizar cuando encontramos que se están tomando decisiones corruptas.
¿La corrupción nos está ganando la pelea?
Como en muchos otros países, sobre todo los que están en vías de desarrollo, la corrupción es estructural, por lo tanto para poder resolver esta problemática se requieren reformas estructurales. Acá hay que trabajar un plan nacional anticorrupción, buscar políticas predictivas en el ámbito de educación, administración pública desde los estamentos de toma de decisión del gobierno, dar acceso a la información. Por supuesto también se requiere de un proceso de administración de justicia y de acción fiscal que sea fuerte y sólido. Entonces, todo esto necesita de un esfuerzo mucho más grande que adoptar una u otra medida aislada.
Hubo un esfuerzo importante en el gobierno de Valentín Paniagua, ¿no es así?
El gobierno de transición de Paniagua creó la Iniciativa Nacional Anticorrupción que hizo un diagnóstico de la situación y proponía soluciones, era algo parecido a la comisión de integridad nacional que creó este gobierno. Pero cuando se entregó este informe simplemente se archivó. Allí había una oportunidad perdida y el resultado es la presencia de gobernadores regionales y más de un 80 % de los alcaldes a escala nacional investigados por actos de corrupción. Esto nos demuestra que estamos ante un problema sistémico.
¿La descentralización falló?
Esto no es culpa de la descentralización. Yo creo que como decisión política era necesaria pero se aplicó parcialmente. Se desconcentró el poder y los recursos pero no así el control, por eso es que hay autoridades que se dedicaron a saquear lo que les fue asignado para educación, salud y otras necesidades de su región.
Por otro lado, ¿está bien que el informe entregado por las autoridades brasileñas sobre las coimas de Odebrecht se mantenga en reserva?
Como es información que va a ser materia de investigación no se debe hacer público porque de lo contrario se perjudica la estrategia de la investigación. Creo que es una medida acertada que la información se mantenga en reserva para que las investigaciones puedan avanzar sin tropiezos.
¿Diría que el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski tiene la voluntad de frenar la corrupción?
El Gobierno ha tenido muchas expresiones respecto a generar una agenda de honestidad; pero hemos visto que ha incurrido en graves defectos. Primero con la designación de un asesor personal del Presidente que terminó siendo un traficante de la salud [caso ‘negociazo’ de Carlos Moreno]. Luego nos parece que no ha tenido la fortaleza que se debió observar al momento de designar a la Autoridad Nacional de Transparencia; y se ha creado una institución que no tiene todas las facultades que se requieren para que el acceso a la información sea realmente una realidad.
¿A qué se debe esto?
Percibimos que hay sectores del Gobierno que sí están interesados en la transparencia, pero nos parece que desde el más alto nivel falta una actitud más sostenida y coherente en esta materia.
CASO TOLEDO
¿Por qué se afirma que el tema de la extradición del expresidente Alejandro Toledo va a demorar?
La extradición es un proceso regulado y tiene plazos para poder cumplir con la entrega de la persona requerida. En este caso el Perú ha cumplido con enviar la información y la solicitud formal para que se proceda a la captura y entrega de Toledo en los Estados Unidos.
Eso tiene que seguir un procedimiento, no es como en otros países donde primero se captura y luego se extradita. En Estados Unidos antes de la detención debe judicializarse la solicitud. Y Toledo, por supuesto, tiene derecho a nombrar a un abogado y defenderse. Y luego se tiene que seguir todas las etapas, es decir, tendrá que pasar primero por una decisión judicial, luego ir a la corte del Estado y recién allí se va a determinar si esta procede o no.
¿Cuánto dura un proceso de extradición?
No hay un plazo exacto. Pero en casos de extradiciones anteriores como el de Manuel Aybar Malca [operador de Vladimiro Montesinos] y Carlos Manrique Carreño [directivo de CLAE], que fueron traídos de Estados Unidos, el proceso demoró años.
¿Qué opinión le merece que en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia aún no se haya dictado la prisión preventiva pese a la existencia de indicios que los vincularían a temas de corrupción?
No conozco realmente el contenido completo de las investigaciones, solo las publicaciones de prensa; pero también considero que no es una decisión discrecional si se justifica o no una medida cautelar. Entiendo que parte de las investigaciones giran en torno al origen de los fondos que recibieron. Considero que el hecho de recibir dinero para una campaña política es un hecho que debe ser investigado por encima de si esos fondos tienen un origen legal. Entonces, que lo que está haciendo la Fiscalía es tratar de acreditar de dónde vino ese dinero.
Proética, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional, realizó este 20 y 21 de junio el evento internacional “Financiamiento Climático, Buena Gobernanza e Integridad en el Sector Forestal y REDD+” en la ciudad de Lima.
El evento tuvo como objetivo compartir experiencias y buenas prácticas a nivel internacional, nacional y subnacional en gobernanza climática enfocada en el sector forestal y REDD+, abarcando temas relacionados al Acuerdo de París y al financiamiento climático. Para ello, se contará con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales del sector público, privado y sociedad civil.
En el primer día del evento se trató el tema: “Acuerdo de París y Marco de Transparencia”, donde participarán Vania Montalvo de Transparencia Mexicana y Jessica Webb de Global Forest Watch World Resources Institute. Además, se presentaron los avances nacionales en la elaboración de nuestros compromisos climáticos (NDCs) y el Marco de Transparencia, a cargo de Rosa Morales del Ministerio del Ambiente y Paula Fuentes, representante del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe.
En el segundo día del evento se abordó el tema: “Corrupción: un reto para la gobernanza en el sector forestal”. Para ello, Frank Mphalo de Transparencia Internacional Zimbabwe expuso sobre gobernanza forestal, REDD+ y riesgos de corrupción en África. Asimismo, Proética y Convoca presentaron un informe de investigación sobre tráfico de tierras, deforestación y corrupción en la Amazonía Peruana. Por otro lado, Julia Urrunaga de Environmental Investigation Agency (EIA) expuso sobre el estado del mercado forestal y estándares internacionales, exposición que contó con los comentarios del ex presidente ejecutivo de OSINFOR, Rolando Navarro, el presidente del Comité de Maderas e industrias de ADEX, Eric Fisher, entre otros destacados panelistas.
Este evento internacional se desarrolló en el marco del proyecto “Políticas Climática y Finanzas Climáticas”, y fue organizado por el Programa Gobernanza Climática de Proética, Transparencia Mexicana, y Transparencia Internacional, y con el apoyo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear de Alemania.
INAUGURACIÓN DEL EVENTO INTERNACIONAL
Estuvo a cargo del Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán: la coordinadora del Programa de Gobernanza Climática, Magaly Avila y el Oficial del Programa de Integridad en las Finanzas Climáticas de la Secretaría de Transparencia Internacional, Thomas Vink. Mira sus participaciones aquí:
DÍA 01: ACUERDO DE PARÍS Y MARCO DE TRANSPARENCIA
En la primera mesa, participaron la Coordinadora del Programa de Integridad en el Financiamiento Climático de Transparencia Mexicana, Vania Montalvo, y la Coordinadora de Relacionamiento con Sociedad Civil de World Resources Institute, Jessica Webb.
Vania Montalvo abordó el tema “OCP: Desafíos en la implementación de proyectos climáticos centrados en energía limpia. Flujos internacionales de financiamiento y oportunidades para asegurar su integridad y gobernanza”. Mientras que Jessica Webb trató el tema “Desafíos en la reducción de emisiones de USCUSS: oportunidades para la Transparencia de datos en Tierras”. Los comentarios estuvieron a cargo de la Cordinadora de Proyectos del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), Paula Fuentes y el Coordinador de la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra (CEPES), Pedro Castillo.
En la segunda mesa del primer día, participaron la Directora General de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación del Ministerio del Ambiente, Rosa Saravia y la la Cordinadora de Proyectos del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), Paula Fuentes.
Rosa Saravia del Minam expuso el tema “NDCs y el Marco de Transparencia: Avances en la elaboración e implementación”. Por su parte, Paula Fuentes de GFLAC trató el tema “Retos regionales para el cumplimiento del Acuerdo de París: Análisis de las NDCs en financiamiento, transparencia y participación”.
Los comentarios estuvieron a cargo de la representante del Grupo Perú Ambiente y Clima, Beatriz Salazar y de la Coordinadora de Incidencia del Programa de Integridad en las Finanzas Climáticas de Transparencia Internacional, Lisa Ann Elges.
MESAS DE TRABAJO: DESAFÍOS EN EL SECTOR FORESTAL Y REDD+
Además, se desarrollaron cinco mesas de trabajo donde los participantes y expositores debatieron los siguientes temas: buena gobernanza en el diseño de proyectos, desafíos y oportunidades para acceder al financiamiento forestal y cómo tener éxito en su implementación a nivel nacional y subnacional, salvaguardas sociales y ambientales: buenas prácticas y desafíos en su formulación e implementación, la perspectiva de los pueblos indígenas como parte integral de los proyectos forestales, y tala ilegal.
DÍA 02: CORRUPCIÓN: UN RETO PARA LA GOBERNANZA EN EL SECTOR FORESTAL
En la primera mesa del segundo día, participó el Coordinador de Gobernanza y Finanzas ClimáticasTransparency International Zimbabue, Nyasha Frank Mpahlo con el tema “Gobernanza forestal, REDD+ y riesgos de corrupción en África”. Mira su participación aquí:
En segunda mesa del segundo día, se presentó el estudio realizado por Proética y Convoca: “Tráfico de tierras, deforestación y corrupción en la Amazonía Peruana”. Para ello se contó con la participación del periodista Aramis Castro de Convoca y como panelistas al Oficial del Programa de Derechos Territoriales e Industrias Extractivas de OXFAM Perú, Juan Luis Dammert, el asesor técnico de la Asociaicón Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Roberto Espinoza, el presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (FECONAU), Roberto Guimaraes y el Coordinador del Programa Perú en Earth Innovation Institute, Gustavo Suarez de Freitas.
En la tercera mesa de diálogo, participó la Directora del Programa Perú de Environmental Investigation Agency (EIA), Julia Urrunaga. Expuso el tema “Estado del mercado forestal: estándares internacionales” y contó con los comentarios de la Fiscal Adjunta Provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), Marianella Vega, el ex presidente ejecutivo de Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR), Rolando Navarro, el presidente del Comité de Madera e Industrias de la Madera de la Asociación de Exportadores (ADEX), Erik Fischer y el procurador del Ministerio del Ambiente (MINAM), Julio Guzmán.
En la cuarta mesa de diálogo, la especialista del Programa de Gobernanza Climática de Proética, Cecilia Tacusi-Oblitas presentó un mecanismo de atención al ciudadano para la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción. Los comentarios estuvieron a cargo de la Coordinadora de Gestión del Conocimiento de la Secretaría de Transparencia Internacional, Claire Martin, el director de la Dirección de Estudios de Investigación (SERFOR), Leoncio Ugarte y la investigadora principal del Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR), Anne Larson.
CLAUSURA DEL EVENTO INTERNACIONAL
El Director Ejecutivo Adjunto de Proética, Samuel Rotta, se encargó de las palabras del cierre del evento.
El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, pidió al Poder Judicial más rigurosidad y consistencia en sus decisiones, en referencia a las recientes liberaciones de los ex gobernadores regionales Wilfredo Oscorima de Ayacucho, Yván Vásquez de Loreto y Félix Moreno del Callao.
“Más allá de los cuestionamientos formulados al Poder Judicial por estas polémicas decisiones, lo cierto es que nos encontramos ante claras señales de debilidad e inconsistencia de nuestro sistema judicial” indicó Albán, en la última edición de La Voz de Proética.
Además, sostuvo que un Poder Judicial impredecible y contradictorio en sus decisiones, incrementa la enorme desconfianza que la ciudadanía guarda frente al sistema de justicia. Sin embargo, recalcó que, a no dudarlo, existen numerosos jueces y fiscales decididamente comprometidos en la lucha contra la corrupción, por lo que pidió establecer lazos con la sociedad civil para respaldar estos esfuerzos.
“Desde Proética, reiteramos al Presidente del Poder Judicial y los jueces supremos en materia penal, hacer lo necesario para impulsar que la revisión de la casasión solicitada por la Fiscalía en el caso del Sr. Moreno, se resuelva cuanto antes, estableciendo pautas uniformes y precisas a ser observadas en materia de prisión preventiva. Sólo de esa manera, evitaremos que el desconcierto siga cundiendo y podamos revertir la percepción de que la impunidad ha cobrado en el Perú nueva vigencia”, señaló.
Por otro lado, hizo un llamado a la ciudadanía a estar alerta y dispuesta a movilizarse, para evitar que los reales intereses del país sean atropellados.
“Es tiempo de articular una alianza con aquellos que desde el Estado y al margen de cualquier bandera política, estén dispuestos a comprometerse en esta lucha”, finalizó.
Debido a la reciente decisión adoptada por mayoría de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que revoca el mandato de prisión preventiva del Sr. Félix Moreno Caballero, Gobernador del Callao; Proética, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional, considera necesario expresar lo siguiente:
1. Esta polémica decisión, adoptada en las últimas horas, ha puesto en evidencia la falta de criterios uniformes en el sistema judicial para evaluar la validez de los mandatos de prisión preventiva cuando ellos se sustentan en incriminaciones hechas por aspirantes a colaboradores eficaces.
2. La libertad decretada en favor del Sr. Moreno bajo mandato de comparecencia con restricciones, supone la continuidad del proceso y no lo libra de una eventual determinación de responsabilidad por los delitos que le han sido imputados o incluso de una nueva medida de detención provisional, en tanto se configuren los requisitos para su procedencia.
3. No obstante ello, resulta preocupante que los jueces superiores que tomaron esa decisión, no hayan tenido en consideración el obvio peligro procesal derivado de la misma. En efecto, bajo las actuales circunstancias, es inminente el riesgo de que esta persona pueda ocultar o manipular pruebas, al tener absoluto control sobre ellas en su condición de gobernador y máxima autoridad del gobierno regional. En tal sentido, preocupa también que la Sala no haya atendido dicho riesgo estableciendo cuando menos como regla de conducta, que se abstenga de ejercer el cargo de gobernador.
4. Estimamos urgente la presentación de la casación anunciada por el Ministerio Público para que la Sala Suprema revise esta decisión y, en tal sentido, dada la relevancia del caso, exhortamos a la Presidencia del Poder Judicial a promover que este delicado asunto sea examinado a la brevedad posible, estableciendo además los criterios definitivos a observar por todas las instancias tratándose estos mandatos de prisión preventiva.
(Fuente: El Comercio). Las prácticas sistemáticas de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht han generado toda clase de impactos en empresas de su mismo rubro, sobre todo en aquellas que se vincularon con esta como parte de un consorcio, en momentos en los que por lo menos la justicia brasileña consideraba a la firma brasileña sospechosa de actos de soborno. ¿Cómo evitar verse arrastrado por situaciones como las que está atravesando Odebrecht, hasta hace poco considerada una empresa ejemplar en otros campos?
Jorge Medina Méndez, presidente de la asociación Proética, representante en el Perú de Transparencia Internacional, así como ex CEO de EY para Perú, comparte aquellas pautas que deben seguir los altos directivos de las compañías para no verse involucrados en casos que pongan en entredicho la reputación de sus firmas ni tampoco la de sus propios nombres.
Para Medina, luchar contra la corrupción no solo genera un impacto positivo en la sociedad sino sobre todo promueve resultados financieros en azul y alta rentabilidad. Además, nos cuenta qué políticas seguir y cómo podemos definir un plan o programa anticorrupción.
En el mundo corporativo, ¿qué debemos entender por corrupción?
La pregunta es importante porque permite que nos pongamos todos en la misma página. Corrupción es el abuso del poder en forma indebida violando la ética y las leyes para obtener beneficios personales en desmedro o perjuicios de otros. Eso es corrupción.
¿Y qué debemos saber de los Programas de Cumplimiento Anticorrupción?
Son el conjunto de políticas, estrategias y procedimientos que le permiten a las empresas obtener una seguridad razonable de que todo riesgo de corrupción será prevenido y detectado en forma oportuna, y remediado de forma eficaz.
¿A través de qué mecanismos se expresan estos programas de anticorrupción?
Hay varios factores críticos de éxito para que un Programa Anticorrupción logre su objetivo. El primer factor crítico de éxito es lo que se conoce en inglés como Tone At The Top, que es la posición o postura de la alta dirección de la empresa, y cómo esta se manifiesta. Otros mecanismos son la declaración de valores o el predicamento del presidente de la compañía. Esto se manifiesta, en principio, a través del ejemplo. Sobre todo, cuando se asignan los recursos necesarios para que ese programa funcione, en el que se utilizan recursos tecnológicos, humanos y financieros.
¿Incluye un análisis de riesgo frente a eventuales casos de corrupción?
Ese es un segundo factor crítico: el risk assessment. Los riesgos de corrupción varían en función de la industria o del sector en el que opera la empresa, de su tamaño, de la geografía o del mercado, de su complejidad o su estructura. Hay que hacer una evaluación de riesgos que le permita a dirección de la empresa entender a qué se expone en estas situaciones, que comprenda las consecuencias legales y reputacionales, para que tome decisiones bien informadas. Entonces, una vez que tenemos esa evaluación de riesgos, ¿qué cosa hacemos? Decidimos hacer o no hacer las cosas, entrar o no entrar a un negocio.
¿En qué momento se define el plan anticorrupción?
Una vez que tengo los recursos y el llamado risk assessment establecido, podemos preparar un programa específico para la empresa. ¿Qué cosa se requiere? Tener gente capacitada, buenos sistemas y que este proceso sea monitoreado y controlado. Es muy importante que el directorio descargue su responsabilidad de monitorear el programa para que se cumpla de forma debida.
¿Sin participación del directorio esto sería posible?
El directorio tiene que cerciorarse de que ese programa será bien ejecutado. Y una manera muy eficaz es cuando se hace a través de revisiones independientes externas. Si tenemos una empresa donde hay el apoyo de la más alta autoridad de la compañía, donde hemos hecho un programa en base a nuestros riesgos, podemos ser capaces de llamar a terceros independientes y preguntarles qué tal estamos. Eso le permite al directorio y a la alta gerencia hacer los cambios adecuados.
Todos son temas internos, ¿hay formas de hacer evidente que las empresas participan de estos programas, de cara a los consumidores o clientes?
Ese es el último paso. Es fundamental, y revela en qué medida existe el verdadero compromiso de la compañía de tolerancia cero a la corrupción, publicar los resultados de esa revisión. Así como publicas tus memorias financieras anuales y tus actividades de responsabilidad social, deberíamos informar a nuestros stakeholders el resultado de nuestros programas anticorrupción.
En su experiencia, de las grandes empresas que conoce, sobre todo aquellas que contratan con el Estado, ¿cuántas presentan públicamente estos reportes?
No conozco a ninguna. En el mundo hay, pero deberíamos hacerlo. En el Perú, según he visto, hay 118 empresas que han firmado el Pacto Global de Naciones Unidas, cuyo décimo principio es el combate a la corrupción. Y las empresas que han firmado, empresas de primer nivel, medianas y chicas, han asumido el compromiso de combatir la corrupción en todas sus formas, incluyendo el soborno y la extorción. No dice que solamente tengas un buen gobierno corporativo o un buen sistema de control interno, un buen código de conducta o una buena declaración de valores. Dice específicamente: “Hemos firmado el compromiso de combatir la corrupción en todas sus formas”. Eso implica ser consecuentes no solo al interior de mi empresa, sino especialmente con mi cadena de valor. Es allí donde se esconden espacios para la corrupción.
Muchas empresas prefieren que estos casos no se hagan públicos si se descubren.
Sí, ese es un error. Porque las empresas y los empresarios somos muy sensibles al impacto que tienen las consecuencias de lo que decimos o no decimos, de lo que hacemos y no hacemos. Entonces, ante estas situaciones, actuamos de forma muy reservada. Aunque, en el mundo hay empresas que en sus códigos de conducta se señala explícitamente que, ante casos como estos, de violación de normas legales o de la ética, se hará pública la situación, incluyendo los nombres propios de los involucrados. Eso ayuda muchísimo a que esas cosas no ocurran.
Muchos empresarios peruanos son declarativos en estos temas, pero no los vemos activos en la denuncia de la corrupción. ¿Sientes eso?
Tiene que estar en tu ADN. No solo es actuar éticamente al interior de nuestras organizaciones, sino el poder influenciar. Este año, muchos analistas señalaron que el caso Lava Jato nos iba a costar un punto del PBI de crecimiento. Un punto implica cerca a 150.000 menos de peruanos que saldrán de la pobreza. Es decir, la relación entre la ética en los negocios con el desarrollo del país, que al final del día significa mejores y mayores consumidores (y mejor beneficio para los negocios y para los mercados) es directa. Entonces, los principios éticos, el vivir los valores día a día en nuestras operaciones, debería ser un tema absolutamente de negocios.
¿Qué dirías de los socios de Odebrecht en los consorcios? ¿No hubo un buen análisis de riesgos?
Allí hay un tema que es bien importante. Ciertamente es delicado, complejo, pero se requiere del ejercicio de un liderazgo valiente y con coraje como para que se deslinde de la corrupción, más allá de que no haya ninguna sentencia judicial o acusaciones. Había indicios. Tampoco se les ve a los gremios empresariales muy activos en estos temas. Los gremios tenemos la facultad de aceptar o no a alguien que se asocie a estos actos. Asimismo, tenemos la facultad de modificar nuestros estatutos, de hacer que el cumplimiento de ciertas normas sea obligatorio. Además, de mejorar nuestras regulaciones de cómo podemos expulsar o no aceptar a alguien.
