Fiscal brasileño: “La anotación sobre Keiko Fujimori puede ser entregada en estos días”

(Por Rodrigo Cruz/El Comercio). El fiscal brasileño Orlando Martello, miembro de la Fuerza de Tarea de Lava Jato en Curitiba, fue quien confirmó –hace dos semanas– a la fiscalía peruana que existe la anotación “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht. El fiscal, en esta entrevista telefónica, cuenta que existen otras personas en Brasil –además de Jorge Barata y Ricardo Boleira– que están dando información sobre los sobornos pagados en el Perú.

— ¿Cuándo llegará al Perú la anotación de Marcelo Odebrecht en la que se menciona a Keiko Fujimori?
Yo fui quien le pidió formalmente al juez Sergio Moro que autorice compartir esa información porque vi que la necesitaban. Esta ya fue enviada la semana pasada a nuestra Secretaría de Cooperación Internacional en Brasilia para que sea mandada al Perú. Lo tramité como una colaboración espontánea.

— ¿Por qué espontánea?
Primero, porque el pedido que hizo inicialmente el Perú estaba demorando. Además, sabía que la fiscalía peruana tenía prisa por tener esa información. El fiscal [peruano] Alonso Peña Cabrera me pidió que verifique aquí, en Curitiba, ese documento, lo localice y lo envíe como una colaboración espontánea.

—Hechos esos trámites, ¿cuándo cree que llegará?
No tengo cómo dar una precisión a eso porque no está bajo mi control. Pero sé que no hay problemas para que sea entregada. Falta apenas una gestión burocrática que puede ser resuelta en uno o dos días. Lo único que demoraba era conseguir la autorización del juez Sergio Moro.

— ¿Qué gestiones faltan para que llegue la anotación?
La traducción del documento y la asignación de un compromiso que diga que esa información no se usará en contra de nuestros colaboradores [eficaces]. Se trata de un trámite muy rápido. Por eso digo que puede demorar uno o dos días. Alonso Peña [quien se encuentra en Brasil] tiene una buena relación con Vladimir Aras, el jefe de la Cooperación Internacional del Ministerio Público de Brasil. Así que puede que esa información ya se le esté entregando a él en estos días.

— ¿Solo enviarán la anotación o tienen más pruebas?
Solamente enviaremos esa información porque no tenemos nada más en Curitiba.

— ¿No tienen más información respecto a Keiko?
No en los documentos que tenemos. Pero es posible que haya más información en las delaciones hechas por los ex ejecutivos de Odebrecht. Existe un material que está separado en Brasilia con todas las irregularidades que sucedieron en el Perú . Es posible que en esos testimonios se hayan revelado más cosas sobre Keiko Fujimori.

— ¿También sobre otros políticos peruanos?
También es posible. Sin embargo, el contenido de ese material no lo conozco.

— ¿Por qué esa información solo está en Brasilia?
Porque fue hecha como parte de la colaboración premiada de la empresa. Todo ese material fue encaminado a Brasilia. No solo la parte respecto al Perú, sino la que refiere a todos los demás países. Además, en Curitiba no tenemos competencia jurisdiccional para procesar lo sucedido fuera de Brasil.

— ¿Y por qué recién envían la anotación sobre Keiko?
Porque no sabíamos que había una anotación importante [para ustedes]. Esa anotación por sí sola no era relevante para nosotros.

—¿Cómo la obtuvieron?
Estaba en el celular de Marcelo Odebrecht que fue incautado cuando lo arrestamos [en el 2015]. Analizamos su contenido, y ahí estaba. Pero fue por el pedido de la fiscalía peruana, creo que a raíz de la publicación de un medio, que se hicieron las gestiones para que sea remitida oficialmente.

—Para usted, ¿esa anotación prueba que Odebrecht financió a Keiko Fujimori?
No puedo concluir eso. Se tiene que comprender el contexto y oír a las personas involucradas. Puede ser un punto de partida para investigar. Pero hay que recordar que en las anotaciones de Marcelo Odebrecht había anotaciones sobre conversaciones con varias personas. De hecho, aparecen nombres de políticos brasileños en esas agendas pero no quiere decir que estén involucrados en algún ilícito.

— Según su experiencia, ¿es posible que Odebrecht haya financiado a más de un partido político en el Perú?
Solamente puedo hablar respecto de Brasil porque no conozco la realidad en el Perú. En Brasil era común que Odebrecht financiara a los principales candidatos porque uno u otro iba a ganar la elección. Entonces, lo hacía para estar bien con todos. Es posible que haya pasado lo mismo en el Perú. Solo es una hipótesis.

— ¿Solo Jorge Barata y Ricardo Boleira están hablando sobre sobornos en el Perú, o hay más colaboradores?
Hay más personas.

— ¿Luiz Mameri, ex jefe de la constructora en América Latina, es uno de ellos?
No le puedo decir porque no tengo los testimonios conmigo. Pero sé que hay más.

— ¿Ya se han hecho las coordinaciones con el Perú para que sean interrogados los nuevos colaboradores?
Falta que se haga un acuerdo. Es necesario que se proteja a los colaboradores. Ellos quieren hablar, pero no pueden ser procesados por lo que dicen. Es necesario que el Perú haga un acuerdo que permita que entreguen las pruebas. Creo que la empresa no está totalmente protegida en su parte civil en el Perú.

— ¿Sería un acuerdo como el que firmó la fiscalía peruana con Marcelo Odebrecht en Curitiba?
Aquella vez, por ejemplo, los fiscales se comprometieron a no utilizar su testimonio contra él o la compañía.

— ¿Hay un nuevo pedido para interrogar a Odebrecht?
No lo sé aún. Los pedidos llegan primero a Brasilia y luego son enviados a nosotros.

— ¿Y para Jorge Barata?
En el caso de Jorge Barata, el pedido no viene a Curitiba porque él no está aquí. Creo que Barata está en Bahía.

— En setiembre entrará Raquel Dodge como procuradora general de Brasil, ¿es posible que con su entrada cambie la cooperación que tienen con el Perú?
No creo que nada cambie. Es cierto que esta pregunta debe ser hecha a ella, pero puedo decir que la doctora Dodge es una persona con mucha experiencia y comprende la importancia de la cooperación internacional, sobre todo en casos transnacionales y de gran complejidad.

Foto: El Comercio

Elaborarán proyecto de ley sobre declaración jurada de intereses, ingresos y bienes de funcionarios

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(Fuente: El Peruano). Una propuesta normativa para regular la  declaración jurada de intereses, ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos con el propósito de convertirla en una herramienta eficaz de prevención de la corrupción que permita detectar posibles conflictos de interés en la administración pública elaborará la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) en 45 días hábiles.

Ese grupo de trabajo llevará a cabo esa tarea junto con otras instituciones, como la Contraloría General de la República, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Con ese objetivo, en la última sesión de la CAN, los miembros de esta comisión acordaron formar un subgrupo de trabajo, que se instaló formalmente con la participación de representantes de las referidas instituciones.

En su primera reunión se acordó incorporar a Proética como miembro de este subgrupo; además, se invitará a otras entidades, como la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Al culminar su labor, el subgrupo de trabajo presentará la propuesta normativa ante el pleno de la CAN para que la apruebe y, posteriormente, la derive al Congreso de la República como un proyecto de ley, mediante la intervención de uno de sus miembros con iniciativa legislativa.

Respecto a la declaración jurada de intereses, existe un anteproyecto elaborado por la CAN y un proyecto de decreto legislativo, desarrollado por el Minjus, que serán insumos importantes para redactar la propuesta normativa.

En cuanto a la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, existe la Ley Nº 30161, modificada por la Ley Nº 30521, que no rige porque no se aprobó su reglamento.

Trascendencia

A criterio de la CAN, resulta importante contar con un marco legal que permita una mayor eficiencia en la supervisión de los ingresos, bienes, rentas e intereses de los principales funcionarios y servidores públicos, y que incorpore, además, la utilización de las nuevas tecnologías para contrastar y supervisar de manera efectiva la información proporcionada.

El objetivo es contar con un sistema articulado y coordinado entre diversas instituciones para prevenir los actos de corrupción, así como los conflictos de intereses en el Estado, acorde con los estándares internacionales, informó la CAN.

Foto: CAN

25/08/2017

Proética plantea tomar con reserva la ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción 

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, planteó tomar con reserva la reciente modificación de la Constitución para establecer la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, debido a que esta decisión del Congreso, resultaba mucho menos importante que abordar los reales un problemas de fondo en esta materia, que se relacionan más bien con las excesiva dilación de la que con frecuencia son objeto las investigaciones fiscales y los procesos judiciales contra funcionarios corruptos, permitiendo que tales actuaciones se prolonguen por años, sin que se llegue a un resultado.

“Pareciera que se cumple por fin una vieja aspiración para evitar la impunidad, y que ningún funcionario responsable de esos delitos pueda encontrar, en el simple transcurso del tiempo, la oportunidad para escapar de la persecución penal y su sanción”, dijo en la última edición de La Voz de Proética.

Sin embargo, advirtió que a pesar de existir en la actualidad plazos suficientes para procesar debidamente, incluso aquellos casos que por su complejidad requieren investigaciones y juzgamientos prolongados, estos no son respetados y la lentitud con la que suelen tramitarse precisamente estos casos, es más que preocupante.

“Los delitos de corrupción más graves, cuentan ya con penas elevadas y conforme al actual Código Procesal, la prescripción se suspende al iniciarse el proceso penal. Resulta discutible entonces que la imprescriptibilidad pueda ser entendida como el gran remedio”, recalcó.

Sostuvo que hoy en día asistimos a varios procesos importantes que por su carácter complejo, el Ministerio Público viene investigando desde años atrás, sin siquiera formular las acusaciones que permitan dar paso a un cabal juzgamiento de los imputados.

Por ello, manifestó que urge mejorar los procesos y diseños de actuación en lo que toca a las etapas de investigación y juzgamiento, para que culminen en plazos que correspondan a su complejidad, pero sin dejar de ser razonables.

“Es importante acabar con la impunidad, pero debemos lograr este objetivo de la mejor manera. La verdadera justicia es también oportuna”, finalizó.

Foto: Agencia Andina

21/08/2017

Eduardo Vega: “Falta más iniciativa en lucha anticorrupción”

(Por Ricardo Monzón/Perú21). El Legislativo y el Ejecutivo sacaron adelante el proyecto de reforma constitucional para permitir la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en el Estado, el cual pretende ser un antídoto contra este flagelo que campea en todo estamento público. Eduardo Vega, ex presidente de la Comisión Presidencial de Integridad, opina sobre las repercusiones de la ley.

¿Cuánto puede cambiar la administración pública con esta medida?

Va en la línea de reconocer que en los últimos años frente a la corrupción hubo mucha impunidad porque se aplicaban los plazos de prescripción, ya que los procesos se dilataban mucho. Una norma de este tipo intenta cambiar el rumbo de impunidad.

¿En qué plazos prescribían los delitos antes de esta norma?

En el mismo que tenía la pena. Por ejemplo, si se trataba de peculado, que tiene una condena de cuatro años, prescribía el caso en cuatro años. Esta figura de la imprescriptibilidad va a ir de la mano de otras que se han ido dando en los últimos meses, a partir de la delegación de facultades: agravamientos de pena, penas efectivas, es decir, sin beneficios penitenciarios, muerte civil, y luego esta imprescriptibilidad.

¿Entonces sí se ha impulsado un paquete integral anticorrupción?

Sí, en el plano normativo sí tenemos un paquete distinto del que teníamos hace un año atrás.

¿Las medidas que menciona, y en específico la de no prescripción, son disuasivas?

Frente a la corrupción tenemos que ver medidas preventivas, de control y represivas. En este caso, estamos frente a las medidas represivas, punitivas, y este paquete era necesario. Obviamente, hay que seguir viendo las medidas de control, la Contraloría requiere una modernización y, por supuesto, necesitamos también medidas preventivas. Debe haber mayor transparencia en cómo se actúa en el Estado.

¿Pero la sanción penal apunta al desaliento en la comisión de delitos?

Así es. Pero, mire, en el Poder Judicial se ha condenado a 3,356 personas por delitos de corrupción y solo están en la cárcel 506. Eso hace que los corruptos estén permanentemente haciendo su costo-beneficio. Ahora sabrán que, por lo menos, no va a prescribir el delito.

Cuando la Comisión Presidencial de Integridad entregó su informe, usted dijo que 30 de las medidas allí contempladas podían implementarse rápidamente. ¿Cuál es su balance de ello?

Me refería a propuestas normativas que tenían que ver con el ámbito penal. Si hoy, después de 8 meses de haber terminado el trabajo de la comisión, hago un balance, pues hay un nuevo marco jurídico, un avance. En cuanto a transparencia, el presidente publicó su declaración jurada de intereses, pero no hay una norma que respalde y obligue a eso. Hay que mirar los dos lados de la moneda.

¿Qué otras medidas que planteó la comisión no se han concretado?

Está la creación de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, que sí se creó, pero es una dirección dentro del Ministerio de Justicia. Yo no me imagino a un director pidiéndole a un ministro información y que le hagan caso. Y lo tercero está pendiente, una nueva ley de lobbies. Sí se reguló esta ley, pero, creo, de manera deficiente. Por el otro lado, sí es una buena ley la de protección al denunciante.

La Comisión de Integridad también hizo una propuesta para cambiar la conformación del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y esta dista mucho de la que finalmente propuso el presidente Kuczynski.

Quedé sorprendido por dos cosas. Primero porque, efectivamente, el presidente tenía una propuesta en mano de la comisión que proponía que la mitad de los miembros del CNM sean elegidos por concurso público y la otra mitad por instituciones y, dos, uno aceptaría esta propuesta si fuera buena, pero no, es mala. Un debate que se inicia con una propuesta de ese tipo no llegará a buen puerto. Sí hay necesidad de una reforma en el CNM, pero no para debilitarla o politizarla.

Jorge Medina, presidente de Proética, dijo en Perú21 que no había ni liderazgo ni energía del gobierno para impulsar políticas de lucha contra la corrupción. ¿Coincide?

Nosotros siempre hemos esperado un mayor liderazgo y energía frente a la corrupción, que sea el tema central de este gobierno y lo que vimos en los primeros meses no hablaba mucho en ese sentido. Siento que falta más iniciativa. El paquete normativo es un avance, pero no es todo. No hacen bien a la lucha anticorrupción estas tensiones, peleas, que vimos del Ejecutivo con la Procuraduría.

¿Qué podría hacer el presidente para tener más iniciativa en estos temas?

Hay que crear verdaderos sistemas de integridad en las contrataciones públicas, en la selección de personal y mejorar los sistemas de transparencia. Con el sector privado, hay que mejorar el tema de las APP (asociaciones público-privadas), que han sido fuente de los casos más graves de corrupción en el país: Chinchero, Gasoducto, tren eléctrico, Interoceánica. Las empresas brasileras se han aprovechado de estos sistemas de APP para sobrevalorar las obras y para ganar en los arbitrajes.

Foto: USI

21/08/2017

Proética: Hay indicios para investigar a Keiko Fujimori por lavado de activos

(Fuente: Agencia Andina). Las anotaciones de Marcelo Odebrecht sobre Keiko Fujimori son suficientes indicios para investigar a la lideresa de Fuerza Popular por el presunto lavado de activos, señaló el director ejecutivo de Proética, Walter Albán.

Por ello, Albán consideró correcto el envío de fiscales a Brasil para el recojo de información al respecto debido a sus implicancias.

“En esto (las anotaciones de Odebrecht) habría suficientes indicios para hablar, por ejemplo, de lavado de activos. Esto necesariamente, obligará a abrir una investigación a fondo sobre estos hechos”, expresó en declaraciones a Andina.

Dijo que corresponde al Ministerio Público actuar frente a las versiones recogidas sobre una supuesta anotación de Marcelo Odebrecht sobre Keiko Fuijmori, porque debe existir una igualdad de criterios en las investigaciones.

El director de Proética, también exministro del Interior, recordó que la Fiscalía abrió investigación preliminar a los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, así como a la exprimera dama, Nadine Heredia, por hechos similares.

“Sería inaceptable si el Ministerio Público no tomara medidas, pero lo está haciendo. El criterio no debe ser abismalmente diferente y aquí los elementos, que todos hemos podido apreciar, son bastante parecidos si comparamos casos”, agregó.

Indicó que investigaciones de esta naturaleza le hace bien al país porque los políticos deben actuar con transparencia.

Foto: Perú21

21/08/2017

Aprobaron imprescriptibilidad de delitos de corrupción de funcionarios

(Fuente: La República).  El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación y por unanimidad la reforma constitucional referida a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.

De esta manera, el plazo de prescripción de la acción penal se duplica en los ilícitos cometidos en contra de la administración pública.

No obstante, debe precisarse que la norma también alcanza a los servidores del sector privado e incluso a los procesos por corrupción pendientes.

La congresista de Nuevo Perú Marisa Glave saludó la aprobación de esta norma y la consideró “como un gran paso en la lucha contra la corrupción”.

El ex presidente de la Comisión de Constitución Miguel Torres sostuvo que en los próximos días se aprobará una ley para definir exactamente cuáles son los delitos que no prescribirán.

El congresista y presidente de la Comisión de Justicia, Alberto de Belaunde, saludó la aprobación por unanimidad de la ley de imprescriptibilidad porque “marca el camino para acabar de una vez con la impunidad”.

18/08/2017

Poder Judicial pide al Gobierno aprobar la política nacional de lucha contra la corrupción

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(Fuente: Gestión). El titular del Poder Judicial y presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), Duberlí Rodríguez Tineo, invocó al Ejecutivo la urgente aprobación de la política nacional de lucha contra la corrupción, iniciativa elaborada por este grupo de trabajo y aprobada por su pleno en febrero.

“Es momento de mostrar que todos nosotros apuntamos a un mismo objetivo, por ello es indispensable avanzar con la aprobación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción así como su herramienta de implementación, el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2017-2021”, subrayó.

Ante las autoridades y representantes de las 23 instituciones públicas, privadas y la sociedad civil que conforman la CAN, refirió que esta política de lucha contra la corruupción, que se encuentra en proceso de aprobación en la PCM, servirá como marco de referencia para definir las acciones y medidas más prioritarias del Plan 2017 – 2021.

“Tener por primera vez una Política Nacional de Integridad resulta trascendental, por lo que solicitó a la PCM dar prioridad a la aprobación de dicha política pública”, subrayó.

Ante lo cual, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, indicó esta sería aprobada a más tardar, en la quincena de setiembre. Esto permitirá que la CAN inicie la elaboración del Plan Nacional de lucha contra la corrupción para lograr su aprobación antes de fin de año.

Pasos urgentes 
En otro momento, el titular de la CAN lamentó que, en la actualidad, la corrupción se haya convertido en el principal problema del país, de acuerdo a la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Por lo que anunció algunas medidas urgentes que implementará e impulsará a la brevedad, entre ellas, la reactivación de las Comisiones Regionales Anticorrupción (CRA), con el objetivo de comprometer a las autoridades del interior del país en la promoción de la integridad y lucha contra la corrupción.

Del mismo modo, dijo que su gestión impulsará el fortalecimiento de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, con el fin de consolidar su institucionalidad y lograr un mayor compromiso de sus miembros en las actividades que desarrollan.

Como primer paso, hoy se aprobó el anteproyecto de ley de reforma de la CAN que será enviado al Congreso de la República y que incorpora al Ministerio de Educación y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como nuevos miembros y, además, otorga voz y voto a todos sus integrantes.

Otro de los acuerdos fue la creación de un grupo de trabajo conformado por la CAN, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Contraloría General de la República, Proética y la Cámara de Comercio de Lima, que se encargará de elaborar una propuesta normativa que regule de manera armónica, la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas y la Declaración Jurada de Intereses, con el fin de lograr una mayor eficacia de estas importantes herramientas de prevención de la corrupción.

“Está en nuestras manos, de cara a la historia y ad portas del Bicentenario de nuestra Independencia, llevar adelante las acciones detalladas y las demás que sean necesarias para hacer frente a la corrupción y sentar las bases para un Estado íntegro y más justo para todos sus ciudadanos”, enfatizó el titular de la CAN.

Foto: CAN

16/08/2017