Proética exige al Gobierno priorizar la lucha contra la corrupción

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró que faltó una clara línea de acción para fortalecer la lucha contra la corrupción en el segundo Mensaje a la Nación del presidente Pedro Pablo Kuczynski por fiestas patrias. Sostuvo que los escasos aspectos vinculados a esta materia, no fueron abordados de manera que permitan confiar en un buen resultado.

En efecto, más allá de recordar la denominada ‘Muerte Civil’, adoptada ya hace varios meses, el Presidente se limitó a expresar su voluntad de promover la reorganización del actual sistema de control y el rol de la Contraloría, así como una nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura”, indicó en la última edición de la Voz de Proética.

Sin embargo, en lo que respecta a la Contraloría, se trató solamente de un enunciado genérico, casi una aspiración, sin enunciar al menos las líneas maestras que debieran orientar dicha reorganización. .

Pero se mostró preocupado por el anuncio sobre los cambios en el Consejo Nacional de la Magistrura (CNM), ya que no solamente no se abordó la situación de sus actuales miembros, sino que el proyecto de ley planteado por el presidente Kuczynski en esta materia, lejos de mejorar el diseño de esta institución, derivaría en un franco retroceso.

“Se plantea modificar la Constitución, no para mejorar los criterios y formas de elección de sus miembros, garantizando idoneidad y transparencia, sino que se elimina la participación de la sociedad civil, excluyendo a los colegios profesionales y universidades, al tiempo de  reducir su composición de 7 a 5 miembros y otorgándoles representación tanto al Gobierno como al Congreso, con la elección de 2 de ellos. En pocas palabras, en lugar de mejorar la participación de la sociedad civil, se opta por liquidarla, sustituyéndola por un componente directamente político”, manifestó.

Además, señaló que tampoco se tomó en cuenta las recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad en relación al CNM, no obstante que dicha comisión fue creada por el propio presidente Kuczynski.

“No cabe duda que la lucha contra la corrupción en el sistema judicial, exige partir de revisar la situación del CNM, pero respecto a sus actuales miembros, no a futuro, por lo que, en rigor, el proyecto presentado no califica como una propuesta anticorrupción”, agregó.

Otros temas que estuvieron ausentes en el discurso de PPK para Albán, fueron las acciones para reforzar el Poder Judicial y el Ministerio Público, en las actuales investigaciones y procesos contra los responsables de graves hechos de corrupción.

“En suma, el gobierno del Presidente Kuczynski mantiene pendiente una labor indispensable, si se quiere afrontar con éxito los serios problemas que hoy agobian a los peruanos y peruanas. Desde Proética exhortamos a una rectificación en este sentido”, finalizó.

Foto: Radio Nacional 
31/07/2017

José Ugaz: “El presidente señala que estamos de salida del caso Lava Jato, cuando en realidad recién estamos entrando”

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(Por Luis Felipe Gamarra / Revista Cosas). José Ugaz Sánchez-Moreno es probablemente uno de los pocos abogados peruanos que puede hablar con conocimiento sobre la lucha anticorrupción. Durante catorce meses encabezó la Procuraduría Ad-Hoc para el caso Fujimori-Montesinos, el más importante en la historia judicial peruana, en el que se llegó a sentenciar a más de ciento veinte personajes claves de ese periodo, empezando por el propio Alberto Fujimori.

¿Considera que la elección del nuevo contralor, Nelson Shack, representa un paso firme en materia de lucha anticorrupción?

No necesariamente. La precipitación de la caída del ex contralor Edgar Alarcón no ha permitido un debate amplio para poder auscultar en el pasado de Shack. La oposición ha cuestionado que se haya enviado un solo candidato. Si bien parece tener un buen perfil, hubiera sido ideal generar algo de competencia para poder comparar propuestas. En estos casos, el acceso a los antecedentes, a la trayectoria, ayuda a que sea una elección legítima y se eviten futuros cuestionamientos.

¿Considera que el tema anticorrupción está en el ADN del presidente Pedro Pablo Kuczynski?

Me queda claro que no es su prioridad. Su percepción del problema es superficial. En una entrevista reciente, el presidente señala que estamos de salida del caso Lava Jato, cuando en realidad recién estamos entrando. Si considera que, porque ya salieron dos o tres nombres, hay un presidente preso y otro perseguido, Lava Jato está resuelto, está equivocado. Los implicados están recién por aparecer. En Brasil llevan cuatro años y están en una etapa que dista de ser la de salida.

¿La medida en contra del expresidente Ollanta Humala y su esposa ha sido excesiva?

A diferencia de otros casos, en este hay información de los orígenes del financiamiento que se ha reunido después de tres años de investigaciones. Lo que no se comprende es por qué el fiscal, en lugar de terminar la investigación, formalizando la acusación penal, recurrió a la ampliación de dieciocho meses, dilatando el proceso. No tiene sentido.

¿Cuál cree que ha sido el problema?

Es un problema de enfoque de la Fiscalía. Y, sobre el peligro procesal (la posibilidad de fuga), parece que la decisión del juez no ha sido proporcional. La detención antes de la condena es la última opción para un juez. ¿No bastaba impedimento de salida del país? ¿Una prisión domiciliaria?

¿La justicia peruana está preparada para este caso?

Ningún país, menos en América Latina, por la falta de recursos, tanto humanos como económicos, está realmente preparado para competir con el poder político y económico de la corrupción. Pero existen formas, como en Brasil, que en un caso complejo como este creó una Fuerza de Tareas. En el caso peruano se advierte una falta de coordinación al más alto nivel. En el caso Fujimori-Montesinos, donde se creó el subsistema anticorrupción, se creó un coordinador superior a nivel de la Fiscalía, que hacía que todos los fiscales provinciales actuaran de una manera coordinada. Aquí hay desorden; incluso, hay quienes se declaran en rebeldía frente al sistema anticorrupción.

En este contexto, ¿siente que las exprocuradoras Julia Príncipe y Katherine Ampuero estuvieron a la altura del cargo?

La Procuraduría en general ha sufrido una serie de embates que la han colocado en una situación muy precaria. Eso mismo ha llevado al propio Ministerio Público a que no confíe en la Procuraduría. Aquí ha habido procuradoras que se mandan por su lado. Primero, declaran que no van a pedir reparación civil; después, dicen que sí; primero, hablan de una cifra; después, de otra, y eso genera disfunción. La Procuraduría no está en su mejor momento, porque, además, el Ministerio de Justicia tampoco define cuál será la estructura que tendrá y cuál será el perfil para tener buenos procuradores.

¿Cómo golpea este clima el hecho de que se hable de un indulto a Alberto Fujimori?

Alberto Fujimori, además de estar preso por casos de derechos humanos, se allanó a los casos por corrupción. Es claro que sería un golpe para la lucha anticorrupción. El problema del presidente Kuczynski, que está evaluando esta posibilidad, es que él es un hombre que viene del mundo empresarial, sin historia en materia anticorrupción, ni lucha por los derechos humanos. Viene de las finanzas, donde todo lo que fue violencia política fue ajeno e incomprendido.

¿Su olfato de exprocurador le dice que hay suficientes indicios para ir detrás de Alan García?

En materia penal no puedes confiar en tu olfato. Hay que analizar lo que hay sobre la mesa, y hay elementos iniciarios: su amistad con Barata, su participación en las obras, su entorno, donde ya hay gente procesada y detenida. Todo justifica por lo menos una indagación más profunda; por eso, llama la atención que, viniendo de Brasil una mención a la situación de financiamiento de partidos, la Fiscalía no haya tomado ese elemento para abrir otra investigación.

31/07/2017

“Liderazgo: ser, hacer y parecer”, por Jorge Medina

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  • Por el presidente de Proética, Jorge Medina.
  • Publicado en el diario El Comercio.

En las últimas décadas hemos visto la agudización de dos fenómenos. Por un lado, la infiltración de la economía ilegal en la política, y, por el otro, el incremento de la gran corrupción descentralizada en megaproyectos de infraestructura. Ambos fenómenos revelan cómo el (mal) interés político se mezcla con el (mal) interés privado para beneficiarse indebidamente en perjuicio del país.

Por eso, la declaración del presidente Pedro Pablo Kuczynski en su reciente mensaje –“la lucha anticorrupción requiere un trabajo en equipo”– es muy importante, pues la corrupción funciona a través de redes y complicidades, y para enfrentarla eficazmente se necesita crear una estructura fuertemente cohesionada. Quien debe liderar ese trabajo en equipo es el propio presidente de la República. Ese liderazgo, lamentablemente, no se percibió en su reciente mensaje presidencial, ni se percibe con nitidez en lo que va de su gestión. La ausencia de un liderazgo fuerte y visible es grave porque no ayuda a cambiar la autopercepción de ser un país en el que campea la corrupción e impunidad.

Según la última encuesta de Ipsos para El Comercio, el 48% de los peruanos cree que el combate a la corrupción –fenómeno que figura nuevamente como el principal problema del país– está peor respecto a hace un año. Seis de cada diez peruanos desaprueban la gestión del presidente y el 34% apunta, entre las razones para ello, a su falta de autoridad o carácter.

Si bien PPK ha dado algunas normas positivas para combatir la corrupción (la “muerte civil”, por ejemplo) y ha anunciado en su discurso la presentación de un proyecto de ley para reformar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (aunque quizás hubiese sido mejor la propuesta de la Comisión Presidencial de Integridad de que al menos la mitad de los integrantes del CNM sea elegida por concurso público), entre otras medidas, su mensaje careció de declaraciones más enérgicas. Por ejemplo, pudo haber hecho referencia a la urgente necesidad de una verdadera reforma electoral que, entre otras cosas, prevenga el financiamiento ilícito a la política, o a la reforma integral que requiere el Sistema Nacional de Control, incluyendo la completa reestructuración de la contraloría, para prevenir y combatir la gran corrupción.

El presidente tiene la oportunidad de liderar un gran movimiento nacional que integre a todas las fuerzas del país (sociales, políticas y económicas). Su visión, energía y entusiasmo son atributos necesarios para inspirar a que los peruanos unamos esfuerzos para transitar de la cultura de transgresión reinante en nuestro país a una cultura de transparencia e integridad. Cuando el presidente dice “el agua va a ser el legado de este gobierno”, “la salud es demasiado importante como para esperarla en una cola” o “la lucha de las mujeres es mi lucha”, inspira y persuade. La ciudadanía espera esa misma energía en temas anticorrupción. Su reciente discurso, en este tema, pareciera no izar una bandera común que aglutine a los peruanos dispuestos a trabajar para erradicar la corrupción y la impunidad.

Si el presidente ejerce un claro liderazgo en este tema, logrará el apoyo ciudadano que requiere para comprometer a actores relevantes –como la academia, la empresa privada, los medios o la juventud– a trabajar en equipo y exigir las reformas que debe hacer el Congreso para frenar la corrupción. Sin estas reformas los costos de la corrupción seguirán frenando nuestro desarrollo y será muy difícil lograr, no solo el crecimiento económico del 4% proyectado por el jefe de Estado para el 2018, sino la revolución social de la que nos volvió a hablar en su mensaje del 28 de julio.

Dotar de agua a todos los peruanos, mejorar la educación y los servicios de salud, mejorar la seguridad ciudadana, reducir la pobreza de 20,5% a 15% y desaparecer “virtualmente” la pobreza extrema el 2021, no será posible si no se ataca la causa transversal que impide nuestro progreso: la corrupción. Y eso pasa por convocar y convencer a los peruanos en ir por el camino correcto de las urgentes reformas (política, judicial, policial, etc.) que nos conviertan en un país transparente y justo.

Con el liderazgo adecuado haremos más difícil el camino de aquellos que creen que la vida se les facilita cuando dan o reciben una coima o cuando lucran con el erario nacional.

Frente a la corrupción también tenemos que ser –y parecer– “una sola fuerza”.

31/07/2017

Cámara de Comercio de Lima convoca a participar al XIII Premio Anual al Periodismo “Ramón Remolina Serrano”

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La Cámara de Comercio de Lima invita a los profesionales de la comunicación a participar en el XIII Premio Anual al Periodismo “Ramón Remolina Serrano”.

El concurso se titula “Los sobrecostos de la burocracia para las empresas y vías de la solución”, y tiene como objetivo incentivar el interés de la prensa nacional para promover reportajes y artículos de análisis, debate, investigación y solución sobre las graves consecuencias de las barreras burocráticas en el desarrollo empresarial y económico.

Las trabas burocráticas ralentizan el quehacer empresarial y de la sociedad en general, pues generan costos absurdos que los peruanos se ven en la necesidad de atender. Además, el exceso de burocracia propicia la corrupción y desincentiva la formalización y resta competitividad.

Los comunicadores pueden participar en cuatro categorías: periodismo escrito, radial, televisivo y digital. Asimismo, los trabajos periodísticos deben haber sido publicados, difundidos o transmitidos entre el 1º de septiembre de 2016 y el 31 de agosto de 2017.

El ganador de cada categoría percibirá el monto de S/6.000 y un diploma de la Cámara de Comercio de Lima. El segundo puesto de cada categoría recibirá un total de S/1,500 y un diploma de la Cámara de Comercio de Lima.

Los trabajos pueden ser presentados al Jurado Calificador hasta el 31 de agosto del 2017 en formato físico o digital.

Esta edición cuenta con el auspicio de Coca-Cola, Petramás, Southern Copper y Pricewaterhousecoopers.

Para mayor información, pueden escribir a dbernizon@camaralima.org.pe, ccl-imagen@camaralima.org.pe o llamar a los teléfonos 219-1820 y 219-1817

25/07/2017

Boletín informativo N°4 – Red Nacional Anticorrupción

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25/07/2017

Proética pide revisar con cuidado el rol de las procuradurías especializadas

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán consideró indispensable definir los roles de las procuradurías especializadas y los alcances de la independencia que se plantea reconocerles, a fin de que puedan ejercer su labor sin presiones o limitaciones ajenas a su mandato legal.

Señaló que, lamentablemente, la reciente experiencia para orientar un nuevo modelo para estas procuradurías ha tenido un desenlace más bien negativo, que se constata con los ceses de Julia Príncipe, quien venía presidiendo el Consejo de Defensa Jurídica del Estado y el de Katherine Ampuero, de la Procuraduría Ad-Hoc para el caso Lava Jato. Al respecto, indicó que estos ceses y la manera de anunciarlos, dejan una impresión de poca claridad sobre el papel que deben desempeñar estas instituciones.

“Lejos de transmitir confianza en la ciudadanía, los anuncios y los diversos comentarios formulados en las horas siguientes, han contribuido a crear mayor confusión en este tema”, agregó.

En ese sentido, recalcó que desde un inicio ha existido poca precisión respecto a qué tipo de procuradurías queremos establecer en nuestro país. Por ello, consideró necesario no postergar más este debate y evitar así que los problemas que se han advertido hasta el momento, se repitan más adelante.

Respecto a la salida de la procuradora Ampuero, sostuvo que ésta ha dejado muchas dudas sobre su idoneidad para cumplir la delicada función que le fue encomendada, haciendo evidente que carecía de una estrategia clara y consistente, capaz de proteger adecuadamente los intereses del Estado que, por cierto, es el interés de todos los peruanos.

“Lo importante ahora es sacar lecciones de lo ocurrido y, cualquiera sea la decisión que se tome a futuro, es indispensable definir mejor el perfil y los roles para esta procuraduría”, dijo en la última edición de la Voz de Proética.

Además, resaltó que no se trata solamente de elaborar con cuidado el reglamento que debe poner en vigencia la nueva Ley de la Defensa Judicial del Estado, sino de revisar el diseño mismo de esta útima, y su funcionalidad al objetivo que se persigue.

“Es importante otorgar mayores márgenes de independencia a estas Procuradurías especializadas, pero no al punto de disociar su actuación de los mandatos constitucionales y legales a los que debe someterse sin duda, ni que pretendan asumir autonomías, que solamente la Constitución puede otorgar, en los casos que ella así lo contempla expresamente”, finalizó.

24/07/2017

Laboratorio Cívico: Jóvenes comprometidos en la lucha contra la corrupción

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Las instalaciones de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, fue el lugar de encuentro para que 27 participantes desarrollen de manera conjunta, los días 14 y 15 de julio, el Laboratorio Cívico “Ciudadanía, juventud y lucha contra la corrupción”.

Este LabCívico tuvo como objetivo co-crear una propuesta de trabajo para ser gestionada en mediano plazo, y contribuir a mejorar la articulación y movilización de los jóvenes en Lima para la lucha contra la corrupción en la política.

Para lograr este objetivo y como resultado del trabajo del laboratorio, se priorizó la sensibilización y el fortalecimiento de capacidades de la población joven, como mecanismo para reflexionar sobre cómo la corrupción afecta el desarrollo del país y el por qué es importante involucrarnos para luchar contra ella, sobre todo desde las organizaciones de sociedad civil.

En los dos días de jornada, los jóvenes elaboraron una propuesta de trabajo que incluye mejorar las capacidades anticorrupción del grupo impulsor, elaborar una guía metodológica para líderes contra la corrupción, identificar y lograr alianzas institucionales para el desarrollo de las capacitaciones, y contar con una plataforma digital, como las redes sociales, para difundir mensajes de sensibilización y las acciones que se implementarán.

En el taller participaron jóvenes periodistas, activistas sociales y universitarios de distintas casas de estudios, también se contó con la presencia de instituciones de la sociedad civil como Ashanti, la Red Interquorum y Transparencia, por parte del Estado participó la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).

El Laboratorio Cívico “Ciudadanía, juventud y lucha contra la corrupción” fue organizado por Proética, en el marco de acciones de la Escuela de Incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente de Chile.

24/07/2017

Bonanza empresarial de hijos de Fujimori vinculada al dinero de la corrupción de los ’90

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  • Por Edmundo Cruz, con la colaboración de Jorge Weston y Óscar Castilla y el apoyo de Proética. 
  • Publicado por Ojo Público.

Investigación fiscal apunta al dinero ilícito de la corrupción como “delito fuente” de las compañías de los hermanos Fujimori. Kenji y Hiro son los principales actores en las empresas creadas después de la condena de su padre por violación de derechos humanos.

Ocurrió entre julio del 2009 y fines del 2014: en solo cinco años, los hijos del expresidente Alberto Fujimori y Susana Higuchi constituyeron 21 empresas, en tanto que en los veinte años anteriores, la familia apenas había registrado cinco negocios.

El salto suena a emprendimiento. Lo curioso es que la vocación societal de los Fujimori Higuchi despertó en forma repentina, después que el padre fuera condenado a 25 años de prisión por violación de derechos humanos en el Caso La Cantuta-Barrios Altos.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia se dictó el 7 de abril del 2009 y la constitución de la primera empresa del grupo de las 21, o sea, Logística Integral Marítima Andina S.A., más conocida como Limasa, se produjo el 23 de julio del mismo año, tres meses y medio después.

El 10 de febrero pasado, el Ministerio Público abrió investigación fiscal preliminar a dos de las empresas de los Fujimori Higuchi: a Limasa, el almacen mayor, y a Alinsa (Almacenes Internacionales S.A.), un almacén menor. Se presume lavado de activos en agravio del Estado.

La hipótesis del fiscal Eduardo Cueva Poma, a cargo del caso, apunta a que se trata de dinero ilícito proveniente de la corrupción de los años 90. Es lo que se deduce de su pedido de información a la Corte Suprema de Justicia sobre las sentencias dictadas contra Alberto Fujimori Fujimori por delitos de peculado, malversación de fondos, cohecho y enriquecimiento ilícito. El fin es “auscultar el delito-fuente”, precisa en la diligencia 11 de la resolución fiscal.

HIRO, LA NOVEDAD

Los investigados son Kenji Gerardo, Hiro Alberto y Sachie Marcela Fujimori Higuchi. Los dos primeros accionistas mayoritarios de Limasa y Alinsa y de la mayoría de empresas del grupo de las 21.

Kenji es el que da la cara, figura como accionista de Limasa desde su fundación. En cambio, Hiro Alberto, el hermano mayor, apareció recién a fines del 2012 como director de Limasatrans, una empresa dependiente de la almacenera mayor. Se veía un Hiro poco interesado en Limasa, pero no es así.

Entre mediados del 2012 y comienzos del 2015, Hiro interrumpió sus estudios de analista financiero en Japón, donde reside, para venir a Perú a participar directamente en los aumentos de capital social por capitalización de deudas efectuados en Limasa, operaciones societales que son claves en la investigación fiscal.

Ahora Hiro es el principal accionista de Integrated Global Logistics o sencillamente IGL (exLimasa), la nueva razón social del almacén. Participa a través de la firma FM Capital Partners, poseedora del 41.38% del capital social, porcentaje que comparte por mitades con el norteamericano Daniel Scott Matson). Kenji es titular del 28.96% de IGL (ex Limasa).

La participación de Sachie Marcela y su esposo Mark Koenning es discreta y minoritaria. Keiko Sofía no figura en los directorios de Limasa ni Alinsa. Su esposo Mark Vito Villanella es promotor de dos empresas de alto capital, independientes de Hiro y Kenji.

La mitad de las 21 empresas del “boom” empresarial del quinquenio 2009-2014 ­–unas 10 para ser precisos están relacionadas con los hechos investigados por la fiscalía. Las relacionan los dos almacenes del grupo: Limasa y Alinsa que juegan un rol dominante.

Unas se han formado para cumplir un papel determinado en el supuesto lavado. Otras sencillamente son empresas de servicios complementarios. Los que mandan son los almacenes.

LIMASA (HOY IGL)

La exLimasa actualmente es uno de los almacenes más grandes del Perú, con un capital social superior a los dos millones de soles y una facturación anual promedio de alrededor de 8 y 9 millones de dólares en los años 2014 y 2015. Controla Limandina, Limasatrans, IGL Containers, IGL Services e IGL Transports.

Los Fujimori Higuchi crearon ex profeso otras dos firmas: FM Capital Partners e Inversiones Perú Japón, para que oficiaran de acreedoras de Limasa en los cuestionados aumentos de capital por capitalización de deudas. Lo increíble es que tanto la deudora como las acreedoras son propiedad de Kenji e Hiro Fujimori.

O sea, se habrían endeudado y pagado entre ellos mismos. Las dos firmas jugaron su partido y se fueron de baja.

El caso de Alinsa se trata de un almacén menor, de funcionamiento efímero. Nació de la reunión de tres razones sociales: Ogura Capital Partners, Vantage Merchant Capital y MSK Servicios, todas ellas constituidas al comienzo por un estudio de abogados. Los reales dueños –los Fujimori Higuchi– aparecieron después.

A través de una intermediaria, construyeron un local para el depósito en una zona insalubre de Villa El Salvador. Ahí se guardó mercadería durante once meses –se desconoce qué guardaron-, el local posteriormente fue abandonado, y los registros públicos nunca fueron informados.

Hiro es hoy principal accionista de Integrated Global Logistics o sencillamente IGL (exLimasa), la nueva razón social del almacén. Participa a través de la firma FM Capital Partners, poseedora del 41.38% del capital social, porcentaje que comparte por mitades con el norteamericano Daniel Scott Matson). Kenji es titular del 28.96% de IGL (ex Limasa).

EL NEGOCIO DE LOS ALMACENES

Una pregunta obligada: ¿por qué los Fujimori optaron por la rama almacenera para hacer empresa? O para ser más directos: ¿qué ventajas ofrece esa especialidad para el supuesto delito por el que son investigadas Limasa y Alinsa? Martín Mayandía Burns, abogado en Derecho Corporativo, Banca y Finanzas, responde así:

“Los almacenes aduaneros manejan mucho dinero y mucha carga. Tienen un gran volumen de caja. Esa caja proviene de dos fuentes: una, los clientes que tienen que pagar aduanaje, desaduanaje y manipuleo de carga lo que genera mucho volumen de dinero; y dos, manejan los dineros propios de la operación y del almacén”.

Considerando únicamente las sentencias confirmadas sobre peculado, malversación de fondos, cohecho y enriquecimiento ilícito, Alberto Fujimori adeuda al Estado una reparación civil de 27 millones 460 mil 216 soles; sin contar las otras causas judiciales.

Es difícil no creer que los hermanos Fujimori Higuchi hayan promovido estos negocios sin contar con el conocimiento o asesoría del jefe de familia.

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