Lima, martes 30 de enero de 2024. El Índice de Percepciones de Corrupción (IPC) 2023, que evalúa qué tan corruptos son percibidos 180 países, fue presentado hoy por Transparencia Internacional a primera hora desde su sede en Berlín.

Perú ha registrado su caída anual más fuerte en el ranking global desde 2012 al bajar del puesto 101 al lugar 121, encontrándose ahora en el tercio inferior y compartiendo posición con Angola, Mongolia y Uzbekistán. Esto responde a una caída de tres puntos en el valor del índice respecto del año anterior: de 36 a 33.

Las fuentes que alimentan este instrumento cubren un periodo de aproximadamente dos años; en el caso de Perú, desde 2022 hasta setiembre de 2023, con lo cual el valor registrado por Perú se habría visto afectado por los destapes de corrupción y conductas antiéticas de los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte, así como de las decisiones del Congreso de la República que han acumulado contrarreformas, retrocesos en instrumentos anticorrupción, como la colaboración eficaz, y blindajes a congresistas cuestionados éticamente, entre otros.

En las Américas, Perú se ubica en el tercio inferior, por debajo de Ecuador, país que protagoniza por estos días una dramática crisis de violencia generada por el crimen organizado del narcotráfico, gestada en años anteriores.

Al comparar al Perú con los países de la OCDE, alianza a la cual estamos candidateando, estaría penúltimo, superando solamente a México, también profundamente afectado por el narcotráfico. Cabe señalar que entre los países de este grupo también están los que muestran un mejor desempeño en el control de la corrupción, como Dinamarca (que obtiene 90 de los 100 puntos posibles), Finlandia (87) y Nueva Zelanda (85).

Si la comparación se traslada al espacio geoeconómico de APEC, cuya cumbre se realizará este año en Lima, nuestro país también se encuentra cerca de la cola y detrás de países como Tailandia, Indonesia y Filipinas; superando solamente a Papúa Nueva Guinea, Rusia y México.

Para Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, organización que representa a Transparencia Internacional en Perú, el resultado de nuestro país es muy preocupante y debería reforzar el sentido de urgencia para detener el deterioro institucional que se viene registrando durante los últimos años. Para ello, señaló que “es indispensable retomar las reformas, en particular las contrataciones del Estado y el fortalecimiento del marco institucional para la integridad pública y para asegurar la transparencia y el acceso a la información pública”.

Asimismo, recalcó que es importante darle un mayor impulso a la implementación de reformas clave, como la modernización del servicio civil, sobre lo cual debiera haber un consenso nacional.

Por su parte, la presidenta de Proética, la historiadora Carmen McEvoy, señaló que la corrupción devora la institucionalidad de la república y el tejido social, contribuyendo en gran parte, entre otras cosas, al crecimiento de la violencia cotidiana que no nos da tregua. Por ello, añadió que no debemos perder de vista que nos estamos jugando la reconstrucción del sentido mismo de república, que debiera tener como eje la ética en las decisiones sobre los asuntos públicos y retroalimentarse con el fortalecimiento de la ética en esferas domésticas y organizativas.

“Esta apuesta viene amenazada por muchos frentes, desde las coimas de siempre, grandes y pequeñas, hasta la irrupción de organizaciones criminales que capturan territorios, rutas de tráfico de mercancías ilícitas y agentes del Estado; por ello, el reto es enorme y nuestras autoridades tienen que estar a la altura”, sentenció.

Desde su creación en 1995, el IPC se ha convertido en el principal indicador mundial de corrupción en el sector público. A partir del año 2012 se reajustó la metodología para permitir su comparabilidad anual y poder darle seguimiento a la evolución de cada país.

El cálculo del índice se basa en la revisión y estandarización de datos de 13 fuentes externas generadas por instituciones multilaterales, fundaciones privadas y think tanks reconocidos globalmente, como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, The Economist Intelligence Unit, la Fundación Bertelsmann, entre otras.

El IPC debe leerse de forma invertida; es decir, mientras mayor sea su valor (100), menor percepción de corrupción hay en un país. De la misma forma, mientras más se acerca al 0, significa que la corrupción es percibida como más fuerte.

Descarga el reporte aquí.

El día de mañana, 15 de diciembre de 2023, un grupo de congresistas insistirá en la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Este hecho confirma que se trata de un conflicto motivado por prejuicios ideológicos e intereses subalternos de sectores representados en el Parlamento, a quienes no les importan los actos imputados a Patricia Benavides, sustentados con evidencias que se han difundido de manera pública y que resultan indignos de una Fiscal de la Nación.

Desde Proética, reiteramos que la señora Benavides debía ser suspendida e investigada por la JNJ, tal como ocurrió. Es absurdo que desde el Congreso se alegue un inexistente conflicto de intereses como causal de remoción de la Junta, cuyo real objetivo es despejar el camino de quienes pretenden capturar las instituciones del país en favor de sus propios y oscuros intereses.

Hacemos un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante frente a esta nueva agresión contra la democracia y, de ser necesario, salir en su defensa.

La suspensión del fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, por parte de la Autoridad de Control del Ministerio Público, no sólo desconoce los estándares internacionales de libertad de expresión de magistrados, sino que desestabiliza los esfuerzos para identificar responsabilidades y sancionar el más grande esquema de corrupción de las últimas décadas, el cual involucra a expresidentes, líderes políticos y grandes empresas. Además, Vela coordina las fiscalías de lavado de activos, las cuales investigan una larga lista de autoridades en ejercicio.

Las dilaciones, errores estratégicos y excesos del Equipo Especial deben valorarse y corregirse según criterios técnicos; no manipularse para garantizarle impunidad a los procesados removiendo fiscales incómodos atropellando la institucionalidad.

Además de Vela, también fue suspendido el procurador general del Estado, Daniel Soria, por decisión del Ministerio de Justicia, quien venía impulsando investigaciones a altas autoridades en ejercicio, incluyendo casos de este gobierno, reeditándose una arbitrariedad similar a la realizada por el expresidente Pedro Castillo y su primer ministro Aníbal Torres cuando su despacho promovió investigaciones por corrupción en contra de aquel.

Estas decisiones se suman a una serie de ataques a los avances sostenidos en la dimensión punitiva de la lucha contra la corrupción, como los intentos aún en curso por inutilizar la colaboración eficaz y la extinción de dominio, así como la amenaza vigente contra la Junta Nacional de Justicia.

Organismos y autoridades competentes deben respetar la institucionalidad vigente y la ciudadanía debiera mantenerse alerta para defender el Estado de derecho en nuestro país.

Lima, 26 de noviembre de 2023