¿Cómo va el caso Odebrecht en otros países de Latinoamérica?

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Por Natasha Gutiérrez. Ha pasado más de un año desde que se hiciera público el Acuerdo de Lenidad que firmó Odebrecht con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ), reconociendo el pago de aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios de 12 países. ¿Cuáles son los avances de las investigaciones en los distintos países latinoamericanos en los que se iniciaron investigaciones?

Argentina: En junio de 2017, fiscales argentinos viajaron a Brasil para acceder a las delaciones premiadas de los funcionarios de Odebrecht. Los procuradores brasileños condicionaron este acceso al compromiso de no procesar judicialmente a ningún miembro de la empresa brasileña, requerimiento que no pudo ser firmado por sus pares argentinos debido a las limitaciones impuestas por la legislación penal argentina. Como solución, las fiscalías de ambos países acordaron la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación. Sin embargo, en agosto del año pasado, el presidente Michel Temer desconoció dicho acuerdo, dejando en suspenso el futuro de este equipo conjunto. Por otra parte, el Ministerio de Justicia argentino firmó un acuerdo con el DoJ a fin de acceder a los nombres de los involucrados en el pago de 35 millones de dólares en sobornos reconocidos por Odebrecht entre 2007 y 2015. Finalmente, los jueces y fiscales argentinos accedieron a la base de datos sobre violaciones a la Ley contra las Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Actualmente hay cinco investigaciones abiertas, pero no hay todavía ningún detenido.

Colombia: Odebrecht aceptó haber pagado sobornos por más de 11 millones de dólares a funcionarios colombianos entre 2009 y 2014. La Fiscalía General de la Nación dispuso el inicio de las investigaciones, las cuales se han sostenido principalmente en las declaraciones de Luiz Bueno Junior (expresidente de Odebrecht en Colombia) y Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares (empleados del Departamento de Operaciones Estructuradas de la firma), quienes ofrecieron colaborar con la justicia colombiana a cambio del cese de la acción penal, llegando a firmar un acuerdo con la Fiscalía, que hasta ahora no ha sido aprobado por el Juez. Mientras tanto, se ha logrado la condena de los empresarios Enrique y Eduardo Ghisays Manzur por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El primer funcionario público condenado ha sido el exviceministro de transportes Gabriel García Morales, a quien se le impuso 5 años de prisión por el delito de cohecho. En estos hechos también se han visto involucrados varios políticos; la Corte Suprema dispuso investigar a un grupo de congresistas conocidos como “los bulldozer”, una suerte de operadores políticos de Odebrecht.

Se conoció también que Odebrecht entregó dinero para las campañas electorales del 2010 y 2014 del actual presidente Juan Manuel Santos y la campaña del 2014 del excandidato Óscar Iván Zuluaga. El Consejo Nacional Electoral investigó estos hechos, pero ordenó su archivo, excepto de la campaña presidencial del 2014 del presidente Santos, cuya investigación continúa.

República Dominicana: En abril de 2017, en medio de intensas manifestaciones ciudadanas, el Poder Judicial de la República Dominicana aprobó un acuerdo entre Odebrecht y la Procuraduría General de la República, por el cual la empresa ofreció entregar información sobre los sobornos por 92 millones de dólares reconocidos ante el DoJ, efectuados entre 2001 y 2014, así como también pagar una indemnización de 184 millones de dólares a favor del Estado dominicano, a fin de que el Ministerio Público cese la persecución penal contra de la empresa. En base a esta información, junto a la recibida de la Procuraduría de Brasil, se ordenó detener a 14 personas involucradas en los sobornos, entre altos funcionarios y políticos, aunque solo 8 fueron efectivamente detenidos. El 9 de febrero de 2018, se dispuso la ampliación de la investigación por 4 meses más.

Ecuador: En junio de 2017, el Fiscal General del Estado firmó un acuerdo de cooperación eficaz con Odebrecht, cuyo contenido aún no se conoce, a cambio de la entrega de información sobre los sobornos desembolsados entre los años 2007 y 2016, calculados en 33.5 millones de dólares. Los primeros resultados de la investigación se vieron en enero de 2017 con la detención de Mauricio Terán (exasesor del alcalde de Quito, Mauricio Rodas).  En abril, luego de recibir la declaración del exabogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán, se ordenó la detención de Alecksey Mosquera (exministro de Energía) y Marcelo Endara (empresario).

Entre los altos funcionarios ecuatorianos implicados está el excontralor de la República, Carlos Pólit, quien habría emitido informes favorables en los proyectos que participaba la empresa, y a quien el exsuperintendente de Odebrecht en Ecuador, José Conceiçao dos Santos (actual delator en Brasil), grabó en conversaciones sobre el pago de estos sobornos. Actualmente, Pólit tiene orden de arresto domiciliario y se halla en trámite su extradición desde los Estados Unidos. Otro implicado es el vicepresidente de la República, Jorge Glas, quien fue detenido en agosto pasado, procesado y sentenciado por el delito de asociación ilícita a 6 años de prisión.

Guatemala: Odebrecht sobornó por 17 millones de dólares entre el 2013 y 2015. El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) iniciaron una investigación reservada, cuyos primeros resultados se obtuvieron en enero de 2018, luego de recibir la declaración de  los brasileños Marcos de Cerqueira Lima Machado (director de Odebrecht en Guatemala) y Luiz Antonio Mameri (empleado de Odebrecht); quienes se acogieron al principio de oportunidad y señalaron que el exministro de Comunicaciones Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio y el excandidato presidencial Manuel Baldizón recibieron sobornos para favorecer a la empresa Odebrecht en la adjudicación de contratos. Ambos fueron imputados por los delitos de lavado de activos, cohecho y asociación ilícita.

En septiembre de 2017, Odebrecht y el Ministerio Público firmaron un acuerdo de colaboración, mediante el cual la empresa repararía al Estado pagando 17 millones de dólares (equivalente al monto confesado del soborno ante el DoJ), así como aceptando liberar el contrato de construcción firmado entre la empresa y el Estado guatemalteco, el cual es materia de la investigación de estos hechos. Más información aquí.

México: En diciembre de 2016, la Procuraduría General de la República inició una investigación a poco de conocerse que Odebrecht confesó haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos entre los años 2010 y 2014. Como parte de la investigación, se recogió las declaraciones de Luis Alberto de Meneses (exdirector de Odebrecht en México), Luiz Antonio Mameri e Hilberto Da Silva (ambos empleados de Odebrecht en Brasil), quienes señalaron a Emilio Lozoya, quien fuera director de Pemex y miembro del equipo de campaña del actual presidente Enrique Peña Nieto, como el responsable de recibir sobornos a cambio de favorecer a Odebrecht con contratos de la empresa estatal mexicana. A la fecha, son 14 los investigados por estos hechos ilícitos y no hay ningún detenido.

Panamá: El Ministerio Público de Panamá creó la Fiscalía Especial Anticorrupción del Caso Odebrecht, luego de conocer que entregó sobornos por 59 millones de dólares entre 2010 y 2014. En noviembre de 2017, la corte aprobó un acuerdo de colaboración entre la empresa y la Fiscalía, así como tres acuerdos entre ésta y tres exejecutivos de Odebrecht. En el acuerdo con la empresa, además de brindar información, ésta se comprometió al pago de una sanción económica de 220 millones dólares durante 12 años.

Actualmente, son 68 los investigados por este caso, entre los que destacan el expresidente Ricardo Martinelli, sus hijos (Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares), así como varios exministros.

El primer condenado es un imputado cuyos datos se mantienen bajo reserva, debido a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, mediante el cual se le cambiaron los 42 meses de prisión a los que fue sentenciado por días multa más la devolución de un millón de dólares al Estado panameño.

Venezuela: En la confesión de Odebrecht en Estados Unidos, la empresa reconoce haber desembolsado, entre 2006 y 2015, aproximadamente 98 millones de dólares. La Fiscal General de la Nación inició entonces una serie de investigaciones que involucran a 25 personas, entre las que está el actual presidente, Nicolás Maduro. Esto le costó a la fiscal Luisa Ortega ser destituida de su cargo. Sin embargo, en octubre pasado, la exfiscal publicó un video del brasileño Euzenando Azevedo (exdirector de Odebrecht en Venezuela), quien aseguraba haber entregado 35 millones de dólares a la campaña presidencial de Nicolás Maduro.

En septiembre de 2017, la Asamblea Constituyente, compuesta íntegramente por representantes oficialistas, designó al nuevo fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien señaló que continuará las investigaciones por el caso Odebrecht. A la fecha, sin embargo, no se conoce la lista de implicados ni los montos que habrían recibido los funcionarios venezolanos involucrados en los sobornos.

 

Conclusiones:

  • En cada país, sea por estrategia o por limitaciones de la legislación, se ha optado por un camino diferente para ahondar en las investigaciones del caso Odebrecht. En República Dominicana, Ecuador, Guatemala y Panamá, así como en Perú, se priorizó la firma de un acuerdo con la empresa, a fin de obtener información y las pruebas en contra de los implicados. Varios de estos acuerdos tienen naturaleza jurídica distinta y condiciones diferentes.

  • Solo República Dominicana y Guatemala acordaron con la empresa Odebrecht el pago de una indemnización por los daños causados a estos países producto del pago de los sobornos reconocidos en Estados Unidos. Mientras que en Panamá el acuerdo con la empresa concierne al pago de una sanción económica.

  • Colombia, Ecuador y Panamá son los primeros países que han obtenido condenas en contra de los imputados. Los dos primeros países han enviado a prisión a ex altos funcionarios del Estado.

  • En Colombia, República Dominicana y Guatemala se aplicó la figura del principio de oportunidad permitiendo el archivo de los procesos en contra de los brasileños exdirectivos de Odebrecht; y en Panamá se utilizó la figura de la colaboración eficaz.

  • La transparencia de los avances de las investigaciones varía de uno a otro país, pero en ningún caso se cuenta con un canal óptimo de información desde la fiscalía. Es necesario revisar esta situación para evitar rumores que puedan enturbiar los procesos y para mantener apropiadamente informados a los ciudadanos.

 

Fecha de publicación: 28/02/2018

Foto: eldefinido.cl

Ministerio Público debe investigar exhaustivamente a todos los implicados en el caso Lava Jato

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El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán exhortó al Ministerio Público a tener mayor cuidado con la difusión de sus acciones, particularmente en lo que concierne al caso Lava Jato y evitar brindar información parcial o sesgada, que puede terminar generando mayor desconfianza en el funcionamiento del sistema judicial. Estos comentarios se produjeron a propósito de las declaraciones hechas a un medio local en días pasados, por el Fiscal Rafael Vela, quien coordina a las Fiscalías que investigan los delitos de Lavado de Activos en esa institución.

“En repetidas oportunidades desde Proética hemos sostenido que la Fiscalía debe mejorar su comunicación con la ciudadanía, informando sobre el curso de las investigaciones, sin pretender que todo lo actuado es necesariamente reservado”, dijo en la última edición de la Voz de Proética. Pero señaló al respecto, que tal información debe ser brindada a cabalidad, cuidando de no generar confusiones o recelos respecto de la labor cumplida.

En tal sentido, no obstante que desde meses atrás, tanto el Fiscal de la Nación como algunos de sus fiscales han cumplido con informar sobre los avances de las investigaciones, superando así su tradicional hermetismo, las declaraciones brindadas por el Fiscal Rafael Vela sobre el próximo interrogatorio a Barata, causaron un explicable desconcierto.

“La verdad sin embargo, es que las investigaciones de las diferentes fiscalías se llevan a cabo en paralelo y bajo características también distintas, por razones que procesalmente resultan atendibles. Así por ejemplo, las que se ocupan de investigar lavado de activos, a cargo de los fiscales Germán Juárez y José Domingo Pérez, llevan los casos de los esposos Humala y Keiko Fujimori, respectivamente, y son solamente ellos los que habrán de interrogar a Barata en esta oportunidad. Las investigaciones por corrupción, las lleva adelante el equipo de Fiscales que dirige el Fiscal Hamilton Castro, y este se encuentra preparando sus propios interrogatorios”, sostuvo.

En definitiva, precisó que todos los posibles implicados en el escándalo Lava Jato deben ser exhaustivamente investigados, comprendiendo desde luego tanto al presidente Kuczynski como su antecesor, Alan García.

26/02/2018

Peruanos consideran que corrupción es principal problema del país

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https://youtu.be/v6rwP88IbDs

(Por John Lossio/HispanTV) Los peruanos consideran que la corrupción y la inseguridad ciudadana son los problemas más graves de su país. Esto, según un estudio realizado recientemente y que también incluye a la pobreza como una de las taras que impide el desarrollo de esta nación.

La mayoría de peruanos considera que la corrupción es el principal problema que sufre el país. Según un estudio de la consultora Laboratorio de Comunicaciones que tomó como base cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cerca del 50 % de ciudadanos cree que este mal está por encima del problema de la delincuencia que alcanza un 42 %.

Lima y Cusco son las regiones donde la población percibe un mayor índice de corrupción. Este problema afecta principalmente a los más pobres, quienes reclaman a las autoridades esta falta de transparencia.

Según el estudio de Comlab, la pobreza se erige como el tercer gran problema del Perú. Para el economista Ismael Muñoz, el crecimiento del país no ha sido suficiente y no se han hecho grandes modificaciones en el modelo productivo.

Los expertos coinciden en que la población peruana es cada día más consciente del problema de la corrupción a la que perciben como un mal endémico. Por ello, exigen a las autoridades profundas reformas que acaben con la impunidad y permitan el desarrollo del país.

23/02/2018

Autoridades y especialistas coinciden en necesidad de reformas para fortalecer la democracia

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(Por Trujillo en Línea) Como una urgencia para fortalecer la democracia en el país, consideraron autoridades y expertos el hech de poner en agenda una serie de reformas institucionales. Este fue el punto coincidente en el Foro “Reformas pendientes para la democracia”, convocado por la Asociación Civil Transparencia con el apoyo de la Embajada de Canadá.

Este foro contó con la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros y titular de la PCM; Mercedes Araoz, además del presidente del Poder Judicial, Duberli Rodríguez y el titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, entre otras autoridades como la embajadora del Canadá en Perú, Embajadora Gwyneth Kutz.

El Embajador Allan Wagner, Presidente de Transparencia, señaló que la democracia peruana hoy es desafiada por la corrupción, la crisis de representatividad y la débil representatividad del sistema de partidos, los escasos niveles de inclusión del sistema político, y la insatisfacción ciudadana con el sistema de administración de justicia.

Mientras que la Presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Araoz, resaltó que una de las reformas de fondo más necesarias en el país es la que se deriva de la agenda planteada por la Comisión Presidencial de Integridad (CPI), campo en el que pronto estarán anunciando nuevas medidas.

A su turno, los Presidentes del Poder Judicial y del Ministerio Público, Duberlí Rodríguez y Pablo Sánchez, respectivamente, resaltaron los avances y desafíos que enfrenta la reforma del sistema de administración de justicia.

En el panel principal, cuatro expertos abordaron distintos aspectos de las reformas pendientes en el país. El jurista Javier de Belaúnde señaló que diversos esfuerzos de mejora de la administración de justicia en el país no han logrado disminuir la altísima desconfianza ciudadana. Entre los aspectos urgentes a abordar, resaltó la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (procedimientos para la selección de sus miembros, criterios de evaluación a jueces y fiscales). Por otro lado, consideró prioritario revisar el rol de la Corte Suprema, eliminando la provisionalidad de sus miembros y centrando su tarea en la revisión de casos vía casación.

El politólogo Martín Tanaka señaló que el impulso reformista observado a inicios del período gubernamental se ha debilitado, aunque algunos cambios se lograron de cara a las elecciones regionales y municipales. Hacia el futuro, entre los diversos temas posibles, propuso centrarse en el fortalecimiento de mecanismos de democracia interna en los partidos políticos, pues su existencia incide directamente sobre la transparencia y la fiscalización.

La economista Carolina Trivelli planteó que la inclusión política no es solo un tema de cuotas, sino que deben discutirse reformas complementarias para equilibrar las oportunidades de participación política de mujeres, jóvenes y pueblos originarios. Entre los mecanismos a adoptar propuso: la alternancia en las listas de candidatos (más potenciada si se elimina el voto preferencial); incentivos a partidos políticos que promuevan la participación de mujeres y sectores minoritarios; visibilización y apoyo a mujeres, jóvenes y líderes étnicos que ocupan cargos partidarios y políticos, con especial énfasis en regidores y regidoras.

Por último, Walter Albán, director ejecutivo de Proética, recordó que la corrupción es uno de los principales problemas percibidos por la población peruana, especialmente en regiones, y pese a que este tema fue central en la campaña electoral del actual Presidente, no se constatan muchos avances, como lo evidencia el cumplimiento parcial de las recomendaciones de la CPI.

El evento fue clausurado por Eduardo Vega, ex Presidente de la CPI, quien en su intervención, además de resaltar los consensos en favor de una reforma política más ambiciosa, solicitó al recién electo Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura archivar la investigación contra el Fiscal de la Nación, como un gesto que afirma el respeto a la institucionalidad democrática en el país.

23/02/2018

Perú entre los países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional

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(Por Gestión) Transparencia Internacional lamentó hoy la falta de esfuerzos en el mundo para combatir la corrupción, al publicar su indice anual sobre la materia, en el que Perú aparece entre los últimos países.

En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2017, liderado por Nueva Zelanda y Dinamarca como los países más limpios, Venezuela es el latinoamericano peor situado, en el puesto 169; mientras que Perú está al mismo nivel que Brasil, Panamá y Colombia, en el puesto 96. El que obtuvo mejor puntuación a nivel de la región fue Uruguay en el puesto 23.

Transparencia Internacional subraya la relación entre los niveles de corrupción y la libertad de prensa al indicar que, “en los últimos seis años, más de nueve de cada diez periodistas fueron asesinados en países con puntuaciones” bajas en su índice.

“Asimismo, uno de cada cinco periodistas que murieron estaba trabajando en investigaciones sobre corrupción”, añade, poniendo como ejemplo el caso de Brasil.

“Los reporteros en Brasil – perseguidos por investigar la corrupción en gobiernos locales y la criminalidad vinculada con las drogas- arriesgan su vida a diario tan solo por hacer su trabajo”, señala el texto.

“Aunque detener la corrupción lleva tiempo, en los últimos seis años numerosos países han conseguido progresos mínimos o nulos”, indica la organización anticorrupción, que celebra no obstante que países como Costa de Marfil, Senegal y Reino Unido “mejoraron de manera significativa su puntuación” en dicho lapso.

Estados como Siria, que en 2018 entra en su octavo año de guerra, y Yemen, sumido desde hace tres años en una guerra civil, siguieron cayendo en la clasificación, que cierra Somalia.

A continuación, los 10 primeros Estados de la clasificación, seguidos de una selección de países y territorios puntuados entre 0 (el más corrupto) y 100 (el menos corrupto), en base a datos de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Foro Económico Mundial.

1. Nueva Zelanda (89 puntos)
2. Dinamarca (88)
3. Finlandia, Noruega, Suiza (85)
6. Singapur, Suecia (84)
8. Canadá, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido (82)
12. Alemania (81)
…

16. Estados Unidos, Bélgica (75)
23. Uruguay, Francia (70)
26. Chile, Bután (67)
29. Portugal, Catar, Taiwán (63)
38. Costa Rica, Lituania (59)
42. España, República Checa, Chipre (57)
54. Italia, Mauricio, Eslovaquia (50)
62. Cuba, Malasia (47)
85. Argentina, Suazilandia, Islas Salomon, Kuwait, Kosovo, Benín (39)
96. Brasil, Perú, Panamá, Colombia, Zambia, Tailandia, Indonesia (37)
112. Bolivia, El Salvador, Níger, Maldivas, Argelia (33)
135. México, República Dominicana, Honduras, Paraguay, Rusia (29)
143. Guatemala, Mauritania, Líbano, Kenia, Bangladés (28)
151. Nicaragua, Uganda (26)
169. Venezuela, Irak (18)
180. Somalia (9)

22/02/2018

El Perú sigue desaprobado en la lucha contra la corrupción

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( Por La República) Según el Índice de Percepciones de Corrupción de la organización Transparency International, cuya edición 2017 fue entregada ayer en su sede de Berlín, el Perú es uno de los países con mayores problemas de corrupción.

Entre los 35 miembros de la Organización de Estados Americanos, nuestro país ocupa el puesto 24, con 37 puntos sobre 100. Mientras que Canadá es el que muestra menor percepción de corrupción. El instrumento de medición indica que tiene 82 puntos de 100.

Al respecto se pronunció Walter Albán, director Ejecutivo de Proética, que es el capítulo peruano de Transparency International. Subrayó la preocupante ubicación del Perú en una región que tiene altos índices de deshonestidad.

“Nos encontramos en el último tercio de una de las regiones que aporta el mayor número de países en los que se perciben niveles muy graves de corrupción. Por debajo se encuentran países con valores extremos de corrupción como Honduras, México, Paraguay y Venezuela”, precisó Albán.

De acuerdo a este instrumento de medición, del 2012 a la fecha se ha venido constatando que el Perú se ubica entre los países en donde se perciben mayores problemas de corrupción. Esta mala práctica se realiza principalmente en América Latina, África y el Sudeste Asiático.

Mejoría falaz

La mejora que se observa respecto al año 2016, de 35 a 37 puntos, se explicaría por las investigaciones que en ese tiempo emprendió el Ministerio Público sobre grandes casos de corrupción.

Sin embargo, Proética señaló que se trata de una diferencia muy poco significativa, teniendo en cuenta que esta última medición incluyó a más países que el año anterior.

Además, los resultados de las fuentes consultadas para elaborar el índice se dieron antes del mes de diciembre, que es cuando se discutió en el Perú el tema de la vacancia presidencial y tuvo lugar el indulto otorgado a Alberto Fujimori.

De ahí que Proética consideró que si se hiciera una comparación con la escala de calificación escolar, las mediciones realizadas desde el 2012 hasta el 2017 equivaldrían a una nota inferior a 08. Es decir, el Perú está bien jalado.

“No solo nos encontramos estancados en niveles graves de corrupción, sino que, a la luz de los últimos acontecimientos en el país, es probable que esta situación pueda empeorar”, alertó Albán.

El capítulo peruano de Transparency International pidió cautelar la autonomía de la Fiscalía frente a los poderes políticos y económicos. Recomendó poner atención en los conflictos de intereses de altos funcionarios y en el financiamiento de campañas electorales, entre otros.

22/02/2018

Perú sigue en rojo en lucha anticorrupción, según índice internacional

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( Por Perú 21) El Perú sigue en rojo en la lucha contra la corrupción, según advierte un estudio elaborado por Transparencia Internacional, que evalúa a 180 países, y que fue hecho público este miércoles.

Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, señaló que si hiciéramos una comparación con la escala de calificación escolar, los resultados de las mediciones realizadas desde 2012 hasta el 2017, le ponen al Perú una nota desaprobatoria menor a 08.

“No solamente nos encontramos estancados en niveles graves de corrupción, sino que, a la luz de los últimos acontecimientos en el país, es probable que esta situación pueda todavía empeorar”, remarcó Walter Albán, director ejecutivo de Proética.

El Índice de Percepciones de Corrupción de Transparencia Internacional (TI) 2017 muestra que a nivel general el Perú ocupa el puesto 96 entre 180 países. Mientras que de las 35 naciones miembros de la OEA, está en el lugar 24, con 37 puntos sobre 100.

Proética señala que desde el 2012, el Perú se ubica entre los países en donde se perciben mayores problemas de corrupción (por debajo de la mitad del ranking general), los cuales se distribuyen principalmente en América Latina, África y el Sudeste Asiático.

“Nos encontramos en el último tercio de una de las regiones que aporta el mayor número de países en los que se perciben niveles muy graves de corrupción. Por debajo se encuentran países con valores extremos de corrupción, como Honduras, México, Paraguay y Venezuela”, advirtió.

En rojo
En el ranking, el Perú aparece mejor ubicado que Bolivia, México, Venezuela, Haití, Honduras y Ecuador, pero por debajo de Argentina, Brasil, Uruguay y Estados Unidos, entre otros.

Proética explicó, además, que la mejora con respecto al índice del año 2016 (de 35 a 37 puntos) podría sustentarse en los avances del Ministerio Público en las investigaciones sobre los grandes casos de corrupción.

Sin embargo, alertó que se trata de una diferencia muy poco significativa, más aún, si se considera que esta última medición ha incluido a más países que el año anterior (180 frente a 176 en 2016) y, sobre todo, que las fuentes consultadas para elaborar el índice produjeron sus resultados antes del mes de diciembre.

En ese período se debatió la moción de vacancia presidencial y se otorgó el indulto al ex presidente Alberto Fujimori.

Además, consideró debe recuperarse la agenda anticorrupción entregada por la Comisión Presidencial de Integridad a fines de 2016, particularmente en lo preventivo, en cuanto se refiere a conflictos de intereses de los altos funcionarios, transparencia y control de los proyectos de infraestructura.

21/02/2018

Perú continúa desaprobado en índice de corrupción, según Transparencia Internacional

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(Por La República)Perú se ubica entre los países en donde se perciben mayores problemas de corrupción, según el estudio Índice de Percepciones de Corrupción de Transparencia Internacional, el cual fue dado a conocer este miércoles.

Así, Perú se ubica en el puesto 96 de un total de 180 países. De esta manera, se encuentra por debajo de la mitad del ránking general, siendo uno en el que se perciben mayores problemas de corrupción.

Si se compara esta cifra con la de los 35 países miembros de la Organización de los Estados Americano (OEA), Perú ocupa este año el puesto 24, con 37 puntos sobre 100. Por contraste, Canadá obtiene la mejor ubicación (82 puntos de 100), siendo considerado el país con menor percepción de corrupción.

Al respecto, Walter Albán, director ejecutivo de Proética, recordó que nos encontramos por delante de países con altos índices de corrupción.

“Nos encontramos en el último tercio de una de las regiones que aporta el mayor número de países en los que se perciben niveles muy graves de corrupción. Por debajo se encuentran países con valores extremos de corrupción, como Honduras, México, Paraguay y Venezuela”, expresó.

Albán señaló que, si compara esta ubicación con la con la escala de calificación escolar, los resultados de las mediciones realizadas desde 2012 hasta el 2017, le ponen al Perú una nota desaprobatoria menor a 08.

“No solamente nos encontramos estancados en niveles graves de corrupción, sino que, a la luz de los últimos acontecimientos en el país, es probable que esta situación pueda todavía empeorar”, sentenció Albán.

21/02/2018