(Por Maribel Huayhuas/ Revista La Cámara)
¿El nivel de corrupción en el país va en aumento?
En el Péru es difícil medir los niveles de corrupción, pero según la percepción de la población el tema es muy grave. Hay una sensación de que se ha vuelto en el principal problema del país, casi tan importante como la inseguridad ciudadana, situación que es apremiante. Además, hay un desaliento de las personas frente a la posibilidad de que se pueda cambiar la situación en los próximos años. Hay desesperanza y desazón, la gente cree que la corrupción seguirá igual o aumentará.
¿Se denuncian los actos de corrupción?
La gente tiene temor respecto al tema. Cuando se consulta a personas víctimas de corrupción, se observa que 9 de cada 10 no presentan la denuncia. Lo primero que dicen es “que no quiero más problemas”, o refieren que si denuncian “no pasará nada, no habrá resultados”, situación que es lamentable. Hay que hacer cambios que mejoren el sistema para recibir las denuncias, que actualmente es muy complejo. También hay que asegurar el anonimato de los denunciantes, que se den las garantías y asegurar que la denuncia tendrá resultados.
¿Funcionan las leyes que protegen a los denunciantes?
Contamos con una Ley de Protección de Denunciantes, pero su implementación ha sido pobre. Así como esta, hay otras leyes anticorrupción que no se aplican. Por ejemplo, el Perú es uno de los países pioneros en América Latina en tener una ley que regula el lobby (Ley de Gestión de Intereses), pero nunca se implementó, solo se estableció un registro, mas no hubo mayores avances. Estos ejemplos evidencian un problema de inaplicación de normas.
Frente a esta problemática ¿cómo combatirla?
Desde hace varios años, Proética ha apoyado e impulsado medidas como la Iniciativa Nacional Anticorrupción (2001) que contiene un valioso programa anticorrupción donde se destaca la transparencia total de la información en todas sus plataformas y de fácil acceso; fortalecimiento y modernizacion de los mecanismos de control de las instituciones para que sean eficientes. Asimismo, el establecer mecanismos de vigilancia ciudadana, pues creemos que ciudadanos más capacitados y más preparados pueden hacer un cambio importante en la lucha contra la corrupción. Y finalmente contar con instituciones independientes y autónomas como el Consejo Nacional de la Magistratura donde tenga el libre ejercicio de investigar sin amenazas o injerencias políticas.
¿Qué impacto ha tenido Vigilancia Ciudadana en el sector público?
Hemos realizado una investigación donde se midió la capacidad de impacto de este mecanismo sobre los costos de las obras públicas ejecutadas por municipios distritales, referente al desarrollo de pistas y veredas. Llegamos a la conclusión de que las obras vigiladas por una organización civil como Proética llegan a costar 18% menos que aquellas que no son vigiladas; ello demuestra que la vigilancia ciudadana garantiza cambios en la gestión pública.
Respecto a la pequeña corrupción ¿qué propone para erradicarla?
Lo esencial es fortalecer la poca cultura cívica que tenemos y eso implica acciones del sector educación, con programas que fortalezcan los valores en los niños, jóvenes y adultos. No olvidemos que este tipo particular de corrupción está muy arraigado en nuestro comportamiento, a lo que llamamos “normalización de la corrupción”. En los diferentes sectores socioeconómicos no se ven diferencias en el rechazo de estos actos, como por ejemplo, pagar una coima para evitar una papeleta, y eso es preocupante porque revela que existe una tolerancia tanto en la clase acomodada como en la clase media y sectores populares. El reto es establecer campañas informativas y de sensibilización, donde se dé a conocer la sanción efectiva.
Entonces ¿se debería establecer una cultura de tolerancia cero contra la corrupción?
Eso debería ser la meta. Los peruanos debemos aspirar, como sucede en economías desarrolladas, a que se persigan y se sancionen los actos de corrupción. El caso Lava Jato es un ejemplo importante porque reveló una poderosa red de corrupción. En este tema, tenemos una fiscalía que está tratando de avanzar a pesar de sus limitaciones y está enfrentándose a gente con poder tanto del ámbito empresarial como político.
Si bien se conoce que la corrupción en nuestro país se centró en el sector infraestructura y en el financiamiento de campañas políticas ¿qué otro sector es proclive a este flagelo?
Se debería realizar una fuerte investigación en el sector forestal, pues estamos realizando un seguimiento en la gestión del bosque amazónico. Ello responde a que se está facilitando la tala ilegal a través de permisos. También se debería poner mayor atención a la pequeña infraestructura que ejecutan los gobiernos locales para el desarrollo de pistas y veredas.
28/02/2018