Por Natasha Gutiérrez. Ha pasado más de un año desde que se hiciera público el Acuerdo de Lenidad que firmó Odebrecht con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ), reconociendo el pago de aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios de 12 países. ¿Cuáles son los avances de las investigaciones en los distintos países latinoamericanos en los que se iniciaron investigaciones?
Argentina: En junio de 2017, fiscales argentinos viajaron a Brasil para acceder a las delaciones premiadas de los funcionarios de Odebrecht. Los procuradores brasileños condicionaron este acceso al compromiso de no procesar judicialmente a ningún miembro de la empresa brasileña, requerimiento que no pudo ser firmado por sus pares argentinos debido a las limitaciones impuestas por la legislación penal argentina. Como solución, las fiscalías de ambos países acordaron la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación. Sin embargo, en agosto del año pasado, el presidente Michel Temer desconoció dicho acuerdo, dejando en suspenso el futuro de este equipo conjunto. Por otra parte, el Ministerio de Justicia argentino firmó un acuerdo con el DoJ a fin de acceder a los nombres de los involucrados en el pago de 35 millones de dólares en sobornos reconocidos por Odebrecht entre 2007 y 2015. Finalmente, los jueces y fiscales argentinos accedieron a la base de datos sobre violaciones a la Ley contra las Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Actualmente hay cinco investigaciones abiertas, pero no hay todavía ningún detenido.
Colombia: Odebrecht aceptó haber pagado sobornos por más de 11 millones de dólares a funcionarios colombianos entre 2009 y 2014. La Fiscalía General de la Nación dispuso el inicio de las investigaciones, las cuales se han sostenido principalmente en las declaraciones de Luiz Bueno Junior (expresidente de Odebrecht en Colombia) y Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares (empleados del Departamento de Operaciones Estructuradas de la firma), quienes ofrecieron colaborar con la justicia colombiana a cambio del cese de la acción penal, llegando a firmar un acuerdo con la Fiscalía, que hasta ahora no ha sido aprobado por el Juez. Mientras tanto, se ha logrado la condena de los empresarios Enrique y Eduardo Ghisays Manzur por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El primer funcionario público condenado ha sido el exviceministro de transportes Gabriel García Morales, a quien se le impuso 5 años de prisión por el delito de cohecho. En estos hechos también se han visto involucrados varios políticos; la Corte Suprema dispuso investigar a un grupo de congresistas conocidos como “los bulldozer”, una suerte de operadores políticos de Odebrecht.
Se conoció también que Odebrecht entregó dinero para las campañas electorales del 2010 y 2014 del actual presidente Juan Manuel Santos y la campaña del 2014 del excandidato Óscar Iván Zuluaga. El Consejo Nacional Electoral investigó estos hechos, pero ordenó su archivo, excepto de la campaña presidencial del 2014 del presidente Santos, cuya investigación continúa.
República Dominicana: En abril de 2017, en medio de intensas manifestaciones ciudadanas, el Poder Judicial de la República Dominicana aprobó un acuerdo entre Odebrecht y la Procuraduría General de la República, por el cual la empresa ofreció entregar información sobre los sobornos por 92 millones de dólares reconocidos ante el DoJ, efectuados entre 2001 y 2014, así como también pagar una indemnización de 184 millones de dólares a favor del Estado dominicano, a fin de que el Ministerio Público cese la persecución penal contra de la empresa. En base a esta información, junto a la recibida de la Procuraduría de Brasil, se ordenó detener a 14 personas involucradas en los sobornos, entre altos funcionarios y políticos, aunque solo 8 fueron efectivamente detenidos. El 9 de febrero de 2018, se dispuso la ampliación de la investigación por 4 meses más.
Ecuador: En junio de 2017, el Fiscal General del Estado firmó un acuerdo de cooperación eficaz con Odebrecht, cuyo contenido aún no se conoce, a cambio de la entrega de información sobre los sobornos desembolsados entre los años 2007 y 2016, calculados en 33.5 millones de dólares. Los primeros resultados de la investigación se vieron en enero de 2017 con la detención de Mauricio Terán (exasesor del alcalde de Quito, Mauricio Rodas). En abril, luego de recibir la declaración del exabogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán, se ordenó la detención de Alecksey Mosquera (exministro de Energía) y Marcelo Endara (empresario).
Entre los altos funcionarios ecuatorianos implicados está el excontralor de la República, Carlos Pólit, quien habría emitido informes favorables en los proyectos que participaba la empresa, y a quien el exsuperintendente de Odebrecht en Ecuador, José Conceiçao dos Santos (actual delator en Brasil), grabó en conversaciones sobre el pago de estos sobornos. Actualmente, Pólit tiene orden de arresto domiciliario y se halla en trámite su extradición desde los Estados Unidos. Otro implicado es el vicepresidente de la República, Jorge Glas, quien fue detenido en agosto pasado, procesado y sentenciado por el delito de asociación ilícita a 6 años de prisión.
Guatemala: Odebrecht sobornó por 17 millones de dólares entre el 2013 y 2015. El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) iniciaron una investigación reservada, cuyos primeros resultados se obtuvieron en enero de 2018, luego de recibir la declaración de los brasileños Marcos de Cerqueira Lima Machado (director de Odebrecht en Guatemala) y Luiz Antonio Mameri (empleado de Odebrecht); quienes se acogieron al principio de oportunidad y señalaron que el exministro de Comunicaciones Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio y el excandidato presidencial Manuel Baldizón recibieron sobornos para favorecer a la empresa Odebrecht en la adjudicación de contratos. Ambos fueron imputados por los delitos de lavado de activos, cohecho y asociación ilícita.
En septiembre de 2017, Odebrecht y el Ministerio Público firmaron un acuerdo de colaboración, mediante el cual la empresa repararía al Estado pagando 17 millones de dólares (equivalente al monto confesado del soborno ante el DoJ), así como aceptando liberar el contrato de construcción firmado entre la empresa y el Estado guatemalteco, el cual es materia de la investigación de estos hechos. Más información aquí.
México: En diciembre de 2016, la Procuraduría General de la República inició una investigación a poco de conocerse que Odebrecht confesó haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos entre los años 2010 y 2014. Como parte de la investigación, se recogió las declaraciones de Luis Alberto de Meneses (exdirector de Odebrecht en México), Luiz Antonio Mameri e Hilberto Da Silva (ambos empleados de Odebrecht en Brasil), quienes señalaron a Emilio Lozoya, quien fuera director de Pemex y miembro del equipo de campaña del actual presidente Enrique Peña Nieto, como el responsable de recibir sobornos a cambio de favorecer a Odebrecht con contratos de la empresa estatal mexicana. A la fecha, son 14 los investigados por estos hechos ilícitos y no hay ningún detenido.
Panamá: El Ministerio Público de Panamá creó la Fiscalía Especial Anticorrupción del Caso Odebrecht, luego de conocer que entregó sobornos por 59 millones de dólares entre 2010 y 2014. En noviembre de 2017, la corte aprobó un acuerdo de colaboración entre la empresa y la Fiscalía, así como tres acuerdos entre ésta y tres exejecutivos de Odebrecht. En el acuerdo con la empresa, además de brindar información, ésta se comprometió al pago de una sanción económica de 220 millones dólares durante 12 años.
Actualmente, son 68 los investigados por este caso, entre los que destacan el expresidente Ricardo Martinelli, sus hijos (Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares), así como varios exministros.
El primer condenado es un imputado cuyos datos se mantienen bajo reserva, debido a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, mediante el cual se le cambiaron los 42 meses de prisión a los que fue sentenciado por días multa más la devolución de un millón de dólares al Estado panameño.
Venezuela: En la confesión de Odebrecht en Estados Unidos, la empresa reconoce haber desembolsado, entre 2006 y 2015, aproximadamente 98 millones de dólares. La Fiscal General de la Nación inició entonces una serie de investigaciones que involucran a 25 personas, entre las que está el actual presidente, Nicolás Maduro. Esto le costó a la fiscal Luisa Ortega ser destituida de su cargo. Sin embargo, en octubre pasado, la exfiscal publicó un video del brasileño Euzenando Azevedo (exdirector de Odebrecht en Venezuela), quien aseguraba haber entregado 35 millones de dólares a la campaña presidencial de Nicolás Maduro.
En septiembre de 2017, la Asamblea Constituyente, compuesta íntegramente por representantes oficialistas, designó al nuevo fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien señaló que continuará las investigaciones por el caso Odebrecht. A la fecha, sin embargo, no se conoce la lista de implicados ni los montos que habrían recibido los funcionarios venezolanos involucrados en los sobornos.
Conclusiones:
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En cada país, sea por estrategia o por limitaciones de la legislación, se ha optado por un camino diferente para ahondar en las investigaciones del caso Odebrecht. En República Dominicana, Ecuador, Guatemala y Panamá, así como en Perú, se priorizó la firma de un acuerdo con la empresa, a fin de obtener información y las pruebas en contra de los implicados. Varios de estos acuerdos tienen naturaleza jurídica distinta y condiciones diferentes.
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Solo República Dominicana y Guatemala acordaron con la empresa Odebrecht el pago de una indemnización por los daños causados a estos países producto del pago de los sobornos reconocidos en Estados Unidos. Mientras que en Panamá el acuerdo con la empresa concierne al pago de una sanción económica.
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Colombia, Ecuador y Panamá son los primeros países que han obtenido condenas en contra de los imputados. Los dos primeros países han enviado a prisión a ex altos funcionarios del Estado.
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En Colombia, República Dominicana y Guatemala se aplicó la figura del principio de oportunidad permitiendo el archivo de los procesos en contra de los brasileños exdirectivos de Odebrecht; y en Panamá se utilizó la figura de la colaboración eficaz.
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La transparencia de los avances de las investigaciones varía de uno a otro país, pero en ningún caso se cuenta con un canal óptimo de información desde la fiscalía. Es necesario revisar esta situación para evitar rumores que puedan enturbiar los procesos y para mantener apropiadamente informados a los ciudadanos.
Fecha de publicación: 28/02/2018
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