Crisis judicial y política explicarían el bajo resultado

El continuo fracaso de la mayoría de los países para controlar de forma eficiente la corrupción está contribuyendo a una crisis de la democracia en todo el mundo, según la interpretación que hace Transparencia Internacional de los resultados del más reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC 2018), que fueron publicados hoy a nivel mundial por esta organización con sede en Berlín.

En esta edición se ha evaluado a 180 países. Dinamarca y Nueva Zelandia se han ubicado en las mejores posiciones, siendo percibidos como los países menos corruptos; en tanto, Somalia, Siria y Sudán del Sur obtuvieron los más bajos resultados, agrupándose en el extremo más preocupante de la lista. Más de dos tercios del total de países han sacado menos de 50 puntos (la mitad de la escala), reafirmando la persistencia de la corrupción a través de todo el mundo. Al contrastar el IPC 2018 con otros índices que miden la calidad de la democracia, Transparencia Internacional constata que, en líneas generales, aquellos países con peores niveles de institucionalidad y respeto por los derechos humanos también presentan los peores niveles de percepción de corrupción.

Este año, el Perú ha descendido en el ranking global, al obtener 35 puntos, dos menos que el año pasado, compartiendo ahora la posición 105, junto con El Salvador, Timor Oriental y Zambia, entre otros países.

Crisis de corrupción en el sistema de justicia y en la política

El deterioro del valor del IPC de nuestro país puede deberse a la exposición de graves casos de corrupción durante el 2018, particularmente en el sistema de justicia, señaló el Director Ejecutivo de Proética, Samuel Rotta Castilla.

“El destape de la red conocida como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, que supuestamente buscaba capturar puestos claves en las entidades autónomas de justicia, y conformada por altos magistrados, debe haber impactado en el comportamiento del índice. A esto deben sumarse los intentos para entorpecer las investigaciones que vienen llevando los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato.” agregó el representante del capítulo de Transparencia Internacional en nuestro país.

También advirtió que, si bien estos casos han congregado una gran atención pública, no debe olvidarse la gravedad de la corrupción a nivel descentralizado. En efecto, según datos del Jurado Nacional de Elecciones, más de 100 autoridades sub-nacionales fueron vacadas o suspendidas por corrupción durante el 2018. De otro lado, un reporte de la Procuraduría Anticorrupción informó que en el 2017 se acumularon más de 1,400 investigaciones contra autoridades locales y regionales por delitos de corrupción.

Investigaciones y reformas necesarias

El Perú recibe estos datos en un momento en que está próxima la suscripción del acuerdo de colaboración fiscal con la compañía brasileña Odebrecht, así como en plena discusión sobre las reformas judicial y política.

“Esta es la peor ubicación que logra nuestro país en este ranking. Para revertir la caída es indispensable que los procesos de investigación arrojen la verdad sobre los políticos que se corrompieron y que se les imponga las mayores sanciones posibles. A la vez, es necesario adoptar e implementar las reformas con responsabilidad, audacia y, sobre todo, liderazgo. Nos estamos jugando tanto la lucha contra la impunidad como asegurar una institucionalidad que tenga a la ética pública en sus cimientos”, finalizó Rotta Castilla.

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