Estas son las cartas enviadas por Proética a las autoridades de Uruguay y la OEA sobre nuestra posición frente al pedido de asilo de Alan García

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Encuentra en el siguiente enlace las cartas enviadas al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro y al embajador de Uruguay en Perú, Carlos Barros, sobre nuestra posición frente a la solicitud de asilo del ex presidente Alan García, investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión.

También el pronunciamiento de los capítulos de Transparencia Internacional en América Latina y el Caribe donde expresan su preocupación por este pedido.

Carta de Transparencia Internacional enviada al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez

Descarga el documento aquí.

Carta de Proética enviada a la Organización de los Estados Americanos (OEA)

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Carta de Proética enviada al Embajador de Uruguay, Carlos Barros

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Pronunciamiento de los capítulos de Transparencia Internacional en América Latina y el Caribe

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Capítulos de Transparencia Internacional en América Latina y el Caribe expresan su preocupación por un posible asilo a Alan García en Uruguay

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Ante el asilo diplomático solicitado a Uruguay por el ex presidente peruano, Alan García, las organizaciones que representamos a Transparencia Internacional en los países de América Latina y el Caribe manifestamos nuestra preocupación por una posible decisión del gobierno uruguayo accediendo al pedido.

Desde que se hiciera pública la confesión de la empresa Odebrecht ante la justicia norteamericana, en diciembre de 2016, hemos visto con interés el proceso de investigación desplegado en el Perú y entendemos que, con las limitaciones que impone una investigación compleja, en el Perú existe una fiscalía y un poder judicial independientes del poder político que han demostrado estar a la altura de los retos que la actual realidad le exige. Hoy, esos jueces y fiscales están demostrando que es posible combatir la impunidad en el caso de corrupción trasnacional más importante de estos tiempos, pues se está investigando a todos los gobiernos y algunos de los principales líderes políticos desde 2001, independientemente de sus simpatías ideológicas, habiéndose llegado a dictar medidas restrictivas en varios casos. Alan García, presidente del Perú entre 2006 y 2011, está siendo investigado, junto a otros miembros de su gobierno, por colusión y lavado de activos en el caso del Metro de Lima, obra construida por la empresa Odebrecht en la que se han pagado millonarios sobornos y por la que están detenidos un vice-ministro y varios altos funcionarios de su régmien ante la existencia de abrumadora prueba en su contra.

Como activistas y expertos en lucha contra la corrupción, entendemos también que esto es lo que debiera ocurrir cuando la justicia actúa con independencia del poder político en cualquier país.

Por eso, consideramos que una decisión del gobierno uruguayo concediendo el asilo a García Pérez, no solo erosionaría las labores de investigación al interior del Perú, sino que representaría un retroceso significativo en los esfuerzos regionales para combatir la gran corrupción y la impunidad, pues se estaría yendo a contracorriente de un conjunto de acuerdos internacionales, plasmados en las convenciones contra la corrupción de la Organización de Estados Americanos (Caracas, 1996) y de las Naciones Unidas (Mérida, 2003), así como en el Compromiso de Lima, recientemente adoptado por la VIII Cumbre de las Américas (Lima, 2018). Todos estos instrumentos, suscritos por Uruguay y Perú, promueven la colaboración más amplia entre países para facilitar las investigaciones por corrupción y confiamos que el gobierno uruguayo los tomará en consideración y valorará apropiadamente sus disposiciones.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional a mantenerse vigilante de la decisión que se otorgue en este caso, así como a las organizaciones y ciudadanía del hermano país de Uruguay a estar atentas ante un posible asilo de su gobierno al ex presidente peruano. Confiamos en la fortaleza de la ética pública del país y de su institucionalidad y de su sociedad.

Suscriben:

Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco
Associação Transparência e Integridade, capítulo brasileño
Asociación para una Sociedad más Justa – ASJ, capítulo hondureño
Costa Rica Íntegra, capítulo costarricense
Chile Transparente, capítulo chileno
Fundación Nacional para el Desarrollo – FUNDE, capítulo salvadoreño
Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño
Participación Ciudadana, capítulo dominicano
Poder Ciudadano, capítulo argentino
Proética, capítulo peruano
Transparencia Mexicana, capítulo mexicano
Transparencia por Colombia, capítulo colombiano
Transparencia Venezuela, capítulo venezolano

20 de noviembre de 2018

Descarga nuestro pronunciamiento aquí.

Proética: “Concederle asilo a Alan García sería un retroceso gravísimo en la lucha contra la corrupción en la región”

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Ante el pedido de asilo solicitado por el ex presidente Alan García a la embajada de Uruguay en Lima, luego de que el Poder Judicial dictara contra él 18 meses de impedimento de salida del país, como parte de la investigación por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión, el Director Ejecutivo de Proética, Samuel Rotta Castilla, advirtió que si el gobierno de Tabaré Vásquez le concede la protección diplomática al ex presidente peruano, se daría un retroceso muy grave en la lucha contra la corrupción en Sudamérica.

“Es claro que en el Perú no hay ningún elemento para sostener el argumento de la persecución política. Lo que sí hay es un intento grosero de obstruir la justicia peruana, pues se trata sólo de una medida cautelar para asegurar la investigación, teniendo en cuenta que García radica en el extranjero, independientemente que sea declarado inocente o culpable, lo que se decidirá al final de un proceso realizado por jueces independientes”, dijo el representante de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional.

Cabe recordar que hay obligaciones internacionales que deben ser honradas. Entre ellas, el Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción, el cual fue adoptado por los gobiernos de nuestro continente durante la VIII Cumbre de las Américas, realizada en nuestro país en abril de este año. El acuerdo número 37 de este documento indica que los países promoverán “la más amplia cooperación entre las autoridades judiciales, policías, fiscalías, unidades de inteligencia financiera y autoridades administrativas, en las investigaciones y procedimientos relacionados con los delitos de corrupción, lavado de activos, cohecho y soborno transnacional”.

Esta disposición está en sintonía con instrumentos normativos ratificados por ambos países como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, las cuales han sido ratificadas por Perú y Uruguay.

“Esperamos que el gobierno uruguayo, así como está revisando los compromisos internacionales sobre asilo, también tome en cuenta los dispositivos normativos sobre lucha contra la corrupción en la valoración que está haciendo, de forma tal que no permita que uno de los más notorios investigados por el caso más grande de corrupción de América Latina de los últimos tiempos, obtenga una protección diplomática que pondría en riesgo la llegada de la justicia” señaló Rotta Castilla.

Concluyó invocando a las organizaciones y ciudadanía uruguayas a mantenerse atentas y a no permitir que su gobierno afecte negativamente la reputación de país comprometido con la lucha contra la corrupción que lo acompaña, de acuerdo con las distintas mediciones internacionales sobre este tema.

Descarga nuestra nota de prensa aquí.

Los aportes de campaña o el puerto USB que usaba Odebrecht para funcionar en un país

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Por Samuel Rotta. Hace un tiempo, para algunos de nosotros conectar cualquier aparato a la computadora requería un manual, paciencia y, a veces, suerte. Era necesario configurar el sistema para que ambos dispositivos funcionen correctamente. Poco a poco, los aparatos de tipo “plug & play” fueron llegando para ahorrarnos valiosos minutos y las sensaciones de impotencia o cólera: se sacaban de su caja, se conectaban a la computadora y se usaban; ya no era necesario instalar drivers y configurarlos.

Comentando el caso “Lava Jato” en las Américas, el director del capítulo brasileño de Transparencia Internacional, Bruno Brandao, comparó esta tecnología de conectar y usar con las operaciones de Odebrecht en varios países de la región y Africa . La compañía había montado en Brasil un sistema altamente sofisticado de corrupción, que involucraba, como se sabe, una gerencia de coimas, sistemas informáticos creados para llevar contabilidad paralela y para establecer comunicaciones encriptadas sobre los sobornos, capas de empresas off-shore a través de las cuales viajaba el dinero para ser lavado, un despliegue de doleiros que entregaban el dinero a los sobornados e, incluso, se llegó a comprar la filial de un banco europeo en el Caribe para escalar las operaciones de corrupción.

Toda esta complejidad se trasladaba a cada país de forma sencilla, siguiendo el principio de conectar y usar. ¿Pero cuál era el “puerto USB” de un país al que ese armatoste se conectaba? ¿Cuál era el punto de entrada a partir del que se podría “usar” el complejo sistema de gran corrupción montado por Odebrecht?

Según todas las evidencias conocidas, el puerto por el que se activaba el aparato en un país era su sistema político; y en particular los aportes de campañas. Cuando Marcelo Odebrecht declaró ante los fiscales peruanos en noviembre de 2017, fue claro al decir que sus aportes a las campañas buscaban generar y fortalecer relaciones con actores locales y generar un ambiente favorable a las operaciones de la empresa: “Lo que estoy hablando se aplicó siempre. Siempre que Odebrecht estuvo en un país, se hacía. Cuando uno comienza en un país uno no tiene una relación próxima. Se va construyendo la relación”.

Estas relaciones permitieron ganar contratos, no ser hostigados o, podemos suponer también, impulsar proyectos innecesarios o magnificados. Odebrecht también declaró que apoyaron a todos: “A muchos candidatos de oposición, incluso sabiendo que no iban a ser elegidos, los apoyábamos de alguna manera. Porque la oposición también puede crear problemas. Una manera de crear una red es apoyar”. Era importante que el ambiente favorable sea independiente de la dinámica política del país.

Si las actividades corruptas de Odebrecht tenían en el financiamiento político su punto de entrada (y, agregaríamos, su sostenibilidad), no es entendible que una comisión investigadora del Congreso de la República, que conduce pesquisas y busca establecer responsabilidades de naturaleza política, pase por alto precisamente esta dimensión política. Sea por ingenuidad o adrede, se ha perdido una oportunidad de entender mejor las formas a través de las cuales esta conexión se facilitó e identificar responsabilidades de los actores políticos que participaron en este esquema, hayan sido gobierno o no. Pero, lo más importante, es que se pierde la oportunidad de alimentar la discusión y plantear soluciones de fondo sobre nuestro todavía vulnerable sistema de financiamiento político, problema cuya centralidad ha sido confirmado, otra vez, por el caso Lava Jato.

QUINTA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CORRUPCIÓN 2008

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Proética solicitó a Ipsos Apoyo Opinión y Mercado la realización de un estudio cuantitativo para determinar la percepción de la ciudadanía sobre la corrupción y comparar los resultados con los obtenidos en la medición de los años 2006 y 2004. Para tal efecto, se realizó una encuesta entre jefes de hogar de todos los niveles socioeconómicos y en todos los departamentos del país. Sepa Ud. cuáles fueron los principales hallazgos de dicha investigación.

Puedes descargar la encuesta completa aquí:

DESCARGA LA ENCUESTA AQUÍ

También puedes descargar la base de datos de la encuesta aquí:

DESCARGA LA BASE DE DATOS PARA SPSS (SAV) AQUÍ

Región Ucayali

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En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, la BRIGADA ANTICORRUPCIÓN realizó una auditoría ciudadana a los planes de gobierno de las organizaciones políticas, la que sirvió para identificar las propuestas enfocadas en materia anticorrupción y a través de este espacio darlas a conocer a la ciudadanía haciendo posible contar con más elementos para emitir un voto responsable.

 

¡Todos cumplimos un rol importante en la lucha contra la corrupción!

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DESCARGA LAS CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA CIUDADANA A LOS PLANES DE GOBIERNO

-Los planes de gobierno revisados corresponden a aquellos, cuyas organizaciones políticas presentaron al 19 de junio, fecha límite para la presentación de listas de candidatos ante Jurado Electoral Especial, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018. Se encuentran disponibles a la ciudadanía en la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones.

-No se han considerado contextos políticos ni antecedentes partidarios.

-Se consideran, exclusivamente, las propuestas anticorrupción concretas, aquellas que puedan ser sujetas de rendición de cuentas.

-Fecha de revisión de planes de gobierno: 20 y 21 de julio de 2018.

PRONUNCIAMIENTO ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROPERUANOS FRENTE AL PROCESO “DIALOGUEMOS – REGLAMENTO DE LA LEY MARCO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO”

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La promulgación de la Ley Marco sobre Cambio Climático (Ley N° 30754) en abril de este año ha significado para las organizaciones de sociedad civil, los pueblos indígenas y el pueblo afroperuano un gran avance y una buena señal del gobierno frente a la gravedad de la situación, más aún con la última alerta presentada por Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático (IPCC), que coloca al Perú en una situación de mayor vulnerabilidad.

Entre julio y setiembre de este año el Ministerio del Ambiente (MINAM) desarrolló el proceso “Dialoguemos”, a fin de “construir de manera conjunta y participativa” el Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático (RLMCC). Las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones y colectivos juveniles y los pueblos indígenas y afroperuanos participamos en todos los espacios convocados de manera activa, para ver reflejados nuestros aportes y demandas en el reglamento.

El MINAM se comprometió a difundir un documento preliminar, resultado del proceso de diálogo, en su portal web para continuar con una segunda ronda de aportes a través de reuniones y talleres. Sin embargo, el texto del reglamento ha sido pre-publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de septiembre. Este documento no reconoce, ni incorpora efectivamente nuestros aportes. Ello refleja la falta de compromiso institucional del MINAM.

Posteriormente, el 15 de octubre se pre-publicaron proyectos de Decreto Supremo adecuando la conformación de la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático a la Ley N° 30754 y creando la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, en los cuales se limita la participación de actores no estatales, particularmente en el caso de esta última comisión, que solo es integrada por representantes estatales.

Conforme a lo indicado, exigimos al Ministerio del Ambiente:

1. Reconocer los aportes de todas y todos los actores que participamos en el Proceso de Dialoguemos, particularmente los pueblos indígenas y afroperuanos, las mujeres, y los colectivos de jóvenes. Y sustentar las razones de la incorporación u omisión de las mismas en el reglamento.

2. Argumentar la exclusión de los cinco ejes temáticos propuestos por las organizaciones indígenas: 1) acceso directo de los pueblos indígenas al financiamiento climático; 2) participación y ambición climática indígena en relación a las Contribuciones Nacionales; 3) resiliencia mediante la seguridad y soberanía alimentaria; 4) fortalecer el enfoque intercultural, de género y diálogo de saberes; y 5) garantizar la distribución justa y equitativa de los beneficios climáticos.

3. Publicar la sistematización de los aportes realizados en cada uno de los talleres (multiactor, multinivel) desarrollados durante todo el proceso de Dialoguemos, en aras de la transparencia de la información y el principio de máxima publicidad, garantizados por el Acuerdo de Escazú suscrito por el Perú.

4. Garantizar la representación de los pueblos indígenas y pueblos afroperuanos, agricultores familiares, jóvenes y trabajadores sindicalizados en ambas comisiones, a fin de cumplir su rol de seguimiento, supervisión, fiscalización, y emisión de propuestas, con representación paritaria frente a los sectores privados.

5. Incorporar en el reglamento y las comisiones una sección precisando la participación de sociedad civil en el proceso de formulación de las Contribuciones Nacionales Determinadas.

6. Garantizar la participación activa, informada, plena y efectiva de las juventudes en la gestión integral de cambio climático, a través de medidas normativas, formativas y de provisión de recursos necesarios para esa participación, y el fortalecimiento de las organizaciones juveniles en materia de cambio climático.

7. Reconocer al sector agrario, particularmente la agricultura familiar, como prioridad en las medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático.

8. Garantizar la participación activa de trabajadores y trabajadoras sindicalizados como representantes del gran sector laboral, que tiene un rol clave en la transición justa a una economía baja en carbono y trabajo digno, y que por otro lado verán sus trabajos y oficios afectados por el cambio climático.

9. Incorporar a los gobiernos distritales como autoridades competentes en cambio climático, como constaba en el documento 0 del reglamento. Por principio de subsidiaridad son responsables de garantizar la implementación de la Ley y Reglamento de cambio climático en sus ámbitos jurisdiccionales.

10. Garantizar el pleno ejercicio del derecho a la consulta previa e informada en el marco del Convenio N°169 de la OIT, sobre el texto del Reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático; del Decreto Supremo que adecúa la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático a la Ley N 30754 Ley Marco sobre Cambio Climático y el Decreto Supremo que crea la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, en tanto afectan derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. La voluntad política expresada por el MINAM al respecto debe ser concretada a través de un documento oficial y publicitado vía su portal web.

11. Respetar la Declaración y los objetivos del Programa de Acción de Durban, que fueron adoptados en la Conferencia Mundial contra el Racismo, y el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, ambos suscritos por el Perú.

Todos sabemos que Perú es uno de los países más vulnerables a los efectos de cambio climático, y que los pueblos indígenas, afroperuanos, y la población asentada en ecosistemas y zonas vulnerables están afrontando las consecuencias directas. El proceso de Dialoguemos se vislumbró como una oportunidad para revertir la histórica marginación política y económica, así como institucional por parte del Estado, Esperamos que no se desperdicie esa oportunidad.

Pacto de Unidad
Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú-ONAMIAP
Confederación Campesina del Perú-CCP
Conferencia Nacional Agraria – CNA

Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú – ANPE PERU
Asociación Afroperuana para el Desarrollo de Capote – Afrodec (Lambayeque)
Asociación Cultural Despertar de Zaña (Lambayeque)
Asociación Nacional de Centros – ANC
Centro Cultural Afroperuano San Daniel Comboni (El Carmen, Ica)
Centro de Desarrollo Étnico (Lima)
Colectivo Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático – JPCC
Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP
Emma Jones (Callao)
Grupo Perú Ambiente y Clima
Makungu para el Desarrollo (Lima)
Movimiento Nacional Afroperuano FC (Morropón, Piura)
Movimiento Negro Francisco Congo (Ica)
Movimiento Negro Tomasita de Alcalá (El Ingenio, Ica)
Organización Afro-feminista “Presencia y Palabra”
Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes – Ashanti Perú (Lima)
Tierra Activa Perú

Descarga el pronunciamiento completo AQUÍ

Samuel Rotta: “Es muy negativo que se hostigue a fiscales incómodos”

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El día de ayer, la Comisión Permanente del Congreso de la República decidió archivar los informes contra el congresista Héctor Becerril y el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry por presuntas infracciones a la Constitución. Como se sabe, hay indicios muy preocupantes del involucramiento activo de Becerril y Chávarry en la presunta organización criminal conocida como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, que está siendo investigada en la fiscalía.

“La Comisión Permanente tuvo la oportunidad de corregir la apuesta por la impunidad que hizo la subcomisión de acusaciones constitucionales el pasado miércoles, pero optó por ir en contra de las evidencias, de las opiniones de expertos y del sentir de la ciudadanía al archivar ambos casos”, señaló el Director Ejecutivo de Proética, Samuel Rotta Castilla.

También se refirió a las recientes amenazas contra el equipo especial de la fiscalía que investiga varios de los casos relacionados a “Lava Jato”. “Lo único que debería estar blindado son las investigaciones relacionadas a los casos “Lava Jato” y “Cuellos Blancos”, para proteger a los fiscales de los contrataques de los corruptos que se sientan amenazados”, apuntó. Cabe recordar que, según datos recogidos por Proética en setiembre de este año, 33% de peruanos cree que la impunidad no retrocede principalmente porque los corruptos están coludidos con quienes deben investigarlos, mientras que 19% considera que la principal razón son las amenazas y presiones contra fiscales y jueces.

Al respecto, Rotta Castilla advirtió que lo que se está viendo estos días, en relación a los ataques contra miembros del equipo especial del Ministerio Público, es muy preocupante. “Es una señal muy negativa que se hostigue a los fiscales que ven casos incómodos. Ahora ha quedado claro que el Fiscal de la Nación no garantiza la seguridad que ellos y sus investigaciones requieren”, agregó al referirse a la arbitraria decisión de Chávarry de separar a una fiscal del equipo especial y al tuit en el que éste se suma a la campaña de desprestigio contra el fiscal José Domingo Pérez, quien dirige las investigaciones de lavado de activos en las campañas políticas.

Proética hace un llamado a la ciudadanía, periodismo independiente y organizaciones civiles comprometidas con la lucha contra la corrupción a seguir de cerca los avances relacionados a estos casos y manifestar su voz cuando se vea intentos de amedrentamiento.

Lima, 16 de octubre de 2018