Pronunciamiento de la sociedad civil y pueblos indígenas por la gobernanza forestal del país y la transparencia de sus instituciones

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Los miembros de la sociedad civil y organizaciones indígenas que firmamos este comunicado, quienes formamos parte del Consejo Directivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) a través de nuestros representantes, reiteramos nuestro profundo malestar y preocupación por el despido abrupto de quien fuera elegido a través de un concurso público para ejercer el cargo de Director Ejecutivo del SERFOR por cinco años y designado en enero del 2019. Como ya lo hemos denunciado, tal decisión fue tomada arbitrariamente por el Ministro de Agricultura, sin siquiera informar al Consejo Directivo del SERFOR, considerando además que la Viceministra de Políticas Agrarias es la que preside dicho Consejo Directivo, quebrando así la institucionalidad del sector forestal peruano.

Desde nuestra interpretación de las normas, el cargo del director del SERFOR, al ser elegido por concurso público y nombrado por cinco años, no encaja dentro de la figura de personal de confianza. Por lo tanto, de haber existido motivos reales que forzaran su retiro antes del plazo establecido, estos tendrían que haber sido presentados ante el Consejo Directivo del SERFOR para su evaluación y decisión. Sin embargo, el Ministro de Agricultura sostiene que, al no existir una norma que especifique las causales de remoción para el Director Ejecutivo del SERFOR, se trata entonces de un cargo de confianza y por lo tanto es potestad del Ministro removerlo sin dar explicaciones.

Más allá de las personas, este es un tema que afecta la buena gobernanza forestal del país y la credibilidad de sus instituciones. No podemos olvidar los fuertes conflictos sociales, con incluso el costo de vidas humanas, y los largos procesos técnicos y políticos que nos llevaron como sociedad a construir la institucionalidad actual, que incluye en su “órgano máximo” – el Consejo Directivo – una importante representatividad de las comunidades indígenas y de la sociedad civil. Que se tome este tipo de decisiones sin transparentar el proceso de toma de decisión, pero además ignorando el reiterado pedido de solicitud de diálogo e información – desde marzo del 2020 – de los miembros del Consejo Directivo, muestra una total falta de respeto de parte del gobierno hacia sus propias instituciones.

Recién después de tomada la decisión unilateral, es que el Ministerio de Agricultura convoca al Consejo Directivo, a una sesión de trabajo con una agenda única: aprobar las bases para el nuevo concurso público que elegirá al nuevo Director Ejecutivo del SERFOR. Es así que varios de los miembros del Consejo Directivo hemos tomado la firme decisión de no pasar a revisar el tema de una nueva elección hasta que se haya cumplido con los siguientes pasos previos:

1. Que el Director Ejecutivo del SERFOR removido por el Ministro de Agricultura se presente ante el Consejo Directivo para responder a las observaciones hechas por el Ministro de Agricultura y su equipo.

2. Que el Ministerio de Agricultura presente ante el Consejo Directivo toda la documentación de las comunicaciones que aseguran haber enviado al hasta entonces Director Ejecutivo, y que éste habría ignorado o respondido insatisfactoriamente.

3. Que se revise la institucionalidad del sector forestal, en especial el tema de la selección, nombramiento y causales de remoción del Director Ejecutivo del SERFOR, dejando claro que estos procesos deben pasar necesariamente por el Consejo Directivo del SERFOR. Esto debe quedar claramente definido con los arreglos legales necesarios para garantizar su inmediata implementación, antes de que se pueda empezar a discutir el proceso de selección del próximo Director Ejecutivo. Además de la urgente necesidad de aclarar el tema institucional, está también el aspecto práctico de quiénes se animarían a postular a tal concurso público sin contar con la garantía de una institucionalidad y reglas de juego claras, y con el antecedente de la remoción arbitraria del predecesor. Es necesario también el fortalecimiento del propio Consejo Directivo, de modo que quede establecido como el espacio en el que se informe y se realice la gestión institucional del SERFOR incluyendo se incorpore el tema de trazabilidad y el Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.

4. Los cambios que deban realizarse en el Consejo Directivo del Serfor, deberían conversarse con transparencia y de manera clara y directa en este Consejo para evitar seguir aumentando la desconfianza. Se debe informar al Consejo Directivo de qué se trata el “Grupo Consultivo” que supuestamente viene articulando el Ministerio de Agricultura para temas del sector forestal sin comunicar al Consejo Directivo, así como sobre los supuestos planes de ampliar los representantes del Consejo Directivo y los alcances del proyecto de ley que habría sido consensuado con la “Mesa Forestal”, sin consultar o informar al Consejo Directivo (anunciados por el Ministro en su presentación ante el Congreso de la República), poniendo además en riesgo el peso de la representación de sociedad civil y pueblos indígenas, que son quienes casualmente vienen exigiendo explicaciones a la actual gestión del Ministerio de Agricultura sobre decisiones no consensuadas que han ignorado al Consejo Directivo.

Ante la insistencia de la Viceministra de Agricultura – quien preside el Consejo Directivo – para que se apruebe las bases para el nuevo concurso público en la sesión del pasado viernes 12 de junio y la clara demanda de varios de los miembros del Consejo Directivo por resolver antes los temas de institucionalidad, se decidió suspender la sesión hasta este viernes, 19 de junio. Por lo expuesto, queremos dejar claro que consideramos inaceptable que se inicie un nuevo proceso de concurso sin haber resuelto los cruciales puntos pendientes.

Lima, 20 de junio de 2020

Atentamente,

1. Amazónicos por la Amazonía – AMPA
2. Capítulo Peruano de Transparencia Internacional – Proética
3. Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico – CEDIA
4. Centro de Investigación, Educación y Desarrollo (CIED)
5. Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental San Martín – Moyobamba
6. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR
7. EcOceanica
8. Environmental Investigation Agency – EIA
9. Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del
Perú – FEMUCARINAP
10. Frankfurt Zoological Society Perú
11. Instituto del Bien Común – IBC
12. Instituto para el Desarrollo y la Paz Amazónica – IDPA
13. Instituto Runa Pacha – IRUPA
14. Nature Services Peru
15. Paz y Esperanza
16. Perú te quiero verde
17. Oxfam en Perú
18. Servicios en Comunicación Intercultural – Servindi
19. Sociedad Peruana de Ecodesarrollo – SPDE
20. Unidos por los Animales
21. Asociación civil Japiqay, memoria y ciudadanía
22. Asociación Oikos

A título personal:
1. Carlos Ignacio Polo Villanueva, DNI 48051849
2. Carmen Loyola Sirumbal, DNI. 08741753
3. César A. Ipenza Peralta, DNI 40287902
4. Corinne Schirmer, CE 000077189
5. Fernando Rosemberg Fort, DNI 04811708
6. Giuliana Cecilia Larrea Aguinaga, DNI 40826401
7. Hugo Cabieses Cubas, DNI 10585951
8. John Chalo Pizango, DNI 44808292, Pueblo indígena Shawi y Shiwilo
9. Patricia Fernández-Dávila M. DNI 08220816

10. Paul Escajadillo Lock, DNI 40808374
11. Rosa Luz Luyo Cuya, DNI 40865579
12. Sandro Chavez Vasquez, DNI 06694988
13. Silvia Sánchez Huamán, DNI 08762291
14. Ursula Danuser, DNI 08252771
15. Yoselin Tafur Mautino, DNI 46838093

16. Gabriela Flores Chávez, DNI 42135069
17. Tania Alicia Gutiérrez La Torre, DNI 45312624
18. Lucía Augusta Rengifo Medrano, DNI 09998832
19. Siwarq’enti Carlos Alberto Solis Zanabria, DNI 70364257
20. Eric Chavez Betancourt, DNI 40382429
21. Jessica Gabriela Solís Vásquez, DNI 10587681
22. Suemi Shimabuko Kuwae, DNI 71936751
23. Rosa María Gastañeta Alayza, DNI 10269453
24. Gilberto Larrea Tello, DNI 10273840
25. Susana Bedoya Garland, DNI 07842489

Puedes descargar el pronunciamiento aquí.

Sistema de integridad y conflicto de intereses: hacia el equilibrio entre el control y la transparencia

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Por Samuel Rotta
Director Ejecutivo de Proética
Capítulo Peruano de Transparencia Internacional

Desde el año 2004 en adelante, con la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se empezó a extender el uso de declaraciones de intereses y de patrimonio como piezas de un sistema para prevenir la corrupción y fortalecer la integridad pública (artículo 8.5).  Según el Banco Mundial, hacia el año 2015 había al menos 150 países en los que esta obligación estaba regulada, aunque no de manera uniforme.

¿Con qué fin se hacen estas declaraciones?

Al registrar su patrimonio de forma periódica y al contrastar esa información con otras fuentes, se puede detectar si una autoridad o funcionario se ha enriquecido de forma indebida, supuestamente a costa del presupuesto público. Y al declarar sus intereses, se puede evidenciar potenciales influencias de agentes privados con los que mantiene vínculos sobre sus decisiones públicas. Ambos tipos de declaración (que muchas veces coinciden en un solo documento, no como en nuestro país) deben estar sujetos a control para que sean efectivos. Como práctica regular, se ha establecido el control horizontal, es decir, realizado por otra agencia del Estado.

Adicionalmente, con las facilidades brindadas por la tecnología, se ha ido sumando una capa de transparencia al registro de declaraciones, verticalizando el control al involucrar a periodistas, ONGs, activistas y ciudadanía en general. Hace una década, un estudio global sobre declaraciones juradas de parlamentarios encontraba una asociación estadísticamente significativa entre transparentar las declaraciones y una menor percepción de corrupción.[1]

Pero, a pesar de esa evidencia, garantizar el acceso público a esta información ha sido y es más controversial, debido a preocupaciones por la seguridad y el derecho a la privacidad (en muchos países se pide información de familiares, por ejemplo). Esta discusión parece haberse superado en nuestro país, pues más de 35 mil funcionarios ya han entregado su declaración de intereses en el sistema en línea abierto al escrutinio público; y, de otra parte, no es un argumento que se haya expresado en las excusas de los parlamentarios que promueven excluirse del mismo.

¿Es efectivo el control?

Un elemento que sí es recurrentemente mencionado como razón para justificar el cambio a la regulación de intereses es que quien debe ser responsable de controlar las declaraciones es la Contraloría.  Un proyecto de ley presentado en días pasados por los congresistas Franco Salinas López y Luis Roel Alva, de Acción Popular, que elimina la competencia de la PCM para gestionar todo el sistema y lo pone bajo responsabilidad de la Contraloría, señala en su exposición de motivos que “está comprobado que la entidad con más capacidad para la evaluación y fiscalización de las Declaraciones Juradas de Intereses es la Contraloría General de la República, porque cuenta con las herramientas y el personal calificado para llevar a cabo esta tarea”.[2]

Sin embargo, esta afirmación palidece cuando se contrasta con la experiencia de esta entidad en cuanto a fiscalizar declaraciones patrimoniales y se comprueba que, de acuerdo con datos recogidos por la Defensoría del Pueblo, al 2017 sólo había dos personas en la cárcel por el delito de enriquecimiento ilícito.[3]  Sí: dos; y la información disponible no permite saber si llegaron ahí por hallazgos de la Contraloría sobre las declaraciones patrimoniales o por investigaciones de la Fiscalía sin coordinación con aquella.  Ante esa falta de efectividad, el control ciudadano podría asomar como una estrategia alternativa y complementaria; no obstante, el acceso a la sección detallada de las declaraciones patrimoniales está restringido, por mandato del reglamento de la ley que regula esta obligación, que introdujo en el formato una sección detallada reservada y una sección pública que sólo contiene un consolidado del patrimonio, que dice muy poco.

Piezas de un sistema en construcción

Si los parlamentarios, en todo su derecho, consideran que el decreto de urgencia (DU) es defectuoso, lo que correspondería es pasar a un debate abierto al respecto, en comisiones parlamentarias y sobre la base de evidencias nacionales y experiencias internacionales. Y mientras se toma una decisión, todas las autoridades, incluidas los miembros del parlamento, deberían cumplir con las obligaciones establecidas en diciembre pasado, pues al no hacerlo, dejan la sensación de que le quieren quitar el cuerpo a la norma.

Finalmente, el llenado de este tipo de declaraciones, no debe de verse como una tarea aislada, sino como parte de un conjunto mayor, como mencionamos al inicio: se trata de construir un sistema de integridad, que requiere todas sus piezas operando.  Aquí en el Perú, a pesar de que varias de esas piezas andan por ahí sueltas, estamos en un proceso de recolección y buscarles su sitio, así como incorporar piezas faltantes.  Por ello, es necesario que no se petardee lo avanzado, sino que se construya sobre esa base.

25/05/2020

Urge instalación de la Comisión de Ética parlamentaria ante denuncias que involucran a congresistas

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Por Samuel Rotta
Director Ejecutivo de Proética
Capítulo Peruano de Transparencia Internacional

El pasado 22 de marzo, a menos de una semana de que se decretara el estado de emergencia nacional por la pandemia del Covid-19, se conoció que un grupo de parlamentarios había utilizado un vuelo humanitario de la Fuerza Aérea para regresar a su región de origen. De acuerdo con la denuncia, los congresistas, que pertenecen a distintas bancadas, así como algunos de sus familiares, no estaban en la lista, por lo que se sospechó del uso de influencias para acceder a ese beneficio.

La reacción del entonces flamante presidente del congreso, Manuel Merino (Acción Popular), fue cuestionar la conducta de sus colegas y anunciar que la Comisión de Ética tendría que ver el caso una vez que se instale. Sin embargo, a mes y medio después del episodio, esta comisión aún no está operativa.

Mientras tanto, otros casos han ido apareciendo, siendo el más reciente el del congresista José Luna Morales, hijo del líder de Podemos Perú (PP) y dueño de la cuestionada universidad Telesup, José Luna Gálvez. Según la investigación aparecida el domingo por la noche en Punto Final, su empresa, también del rubro de educación superior, se venía apropiando de la fracción del sueldo de sus trabajadores destinada a cubrir su pensión (AFP u ONP). El caso, de por sí escandaloso, escala más aún cuando se recuerda que PP ha sido una de las más activas bancadas a favor de que los trabajadores puedan retirar 25% de su fondo bajo control de las AFP.

Al margen de consideraciones legales, hay claras infracciones al código de conducta parlamentaria que debieran ser estudiadas por la comisión de ética que, como se recuerda, tiene como función cuidar que la conducta de los congresistas se ajuste a ese código y recomendar sanciones al pleno en caso de que se verificase que hubo infracciones en un determinado caso. Si bien es cierto que esta comisión, tal como está diseñada, presenta limitaciones muy serias, no deja de ser el espacio en donde se debe ventilar y discutir este tipo de cuestionamientos.

Es cierto que la cuarentena y la consecuente necesidad de adaptar el trabajo parlamentario a una estrategia remota podría explicar parte de la demora en la instalación, pero el tiempo transcurrido es ya excesivo, más aún si se considera tres factores: que ya hay otras comisiones funcionando, que este congreso complementario tiene un plazo de vida de por sí muy corto y que la elección de enero giró en buena cuenta sobre la agenda para combatir la corrupción y promover la integridad en el país, pero también en el parlamento.

Sin embargo, en general, los congresistas parecen haber olvidado de dónde vienen y que están sentados en su curul, así sea de manera remota, porque el anterior congreso fue disuelto como salida a una profunda y extendida crisis política en la que la corrupción tuvo un rol protagónico. Basta con recordar que la percepción de corrupción sobre el congreso, registrada en la última encuesta nacional de Proética y cuyo trabajo de campo se hizo casi coincidiendo con la disolución, alcanzó una histórica cumbre de 76%, veinte puntos más que su peor evaluación desde que se empezó a aplicar esta encuesta en 2002.

Por todo ello, desde nuestra organización, exhortamos a los parlamentarios y a las parlamentarias a recuperar el sentido ético que la población le exige a este poder del Estado y corregir a la brevedad los preocupantes vacíos en el sistema de autocontrol institucional y que también se extienden a otros órganos clave, como la subcomisión de acusaciones constitucionales, que también dejó pendiente una importante agenda de lucha anticorrupción.

04/05/2020

Análisis de los datos abiertos sobre contrataciones públicas en el marco de la emergencia sanitaria contra el Covid-19

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A través del Portal Nacional de Datos Abiertos, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) viene liberando información relacionada a las contrataciones de las entidades públicas que se están ejecutando para atender la emergencia sanitaria para frenar la propagación del nuevo Coronavirus.

Los datos abiertos ofrecen la información pública de forma libre y cruda, para que pueda ser procesada y analizada por agentes independientes, como académicos, organizaciones civiles, periodistas, analistas de datos, entre otros.

En nuestro país, las normas que gobiernan las contrataciones directas por situación de emergencia permiten a las entidades públicas regularizar la publicación de la información sobre los procesos de contratación hasta 30 días después de iniciado el servicio o entregado el bien adquirido. Por ello, el esfuerzo de liberación de datos abiertos durante la emergencia sanitaria, antes de ese plazo, es una señal importante del interés por transparentar las acciones en este campo.

Sin embargo, es necesario anotar que al 27 de abril, fecha de corte de este reporte, el aplicativo de consulta amigable “Recursos para el COVID-19” del Ministerio de Economía y Finanzas informaba que la inversión para combatir la emergencia sanitaria ascendía a más de 5 mil millones de soles (S/ 5,415,688,108.00 soles), mientras que los datos que se han liberado a través del portal de datos abiertos de contrataciones suman algo más de 40 millones de soles (S/ 40’395,491.68), lo que representa el 0.75% de la inversión total.

Esta figura cambia si se compara solamente con el monto destinado a contrataciones dentro del total de transferencias registrado a través de procesos en el Sistema de Adquisiciones del Estado, que al cierre de este informe asciende a 184 millones de soles, pero que está todavía lejos de ser el total de las contrataciones, pues, como se sabe, sólo los municipios tienen más de S/ 270 millones destinados a compras de canastas de bienes básicos, de los cuales se ha ejecutado una fracción muy reducida.

¿Qué nos dicen los datos disponibles?

La base de datos disponible en el portal de datos abiertos de OSCE tiene información actualizada al 10 de abril, en relación a 172 procesos de contratación, de las cuales 105 han sido realizadas por entidades del gobierno nacional, 25 de los gobiernos regionales y 42 de los gobiernos locales.

Estas contrataciones se dividen en bienes y servicios, aunque priman claramente las adquisiciones de bienes. En efecto, de las 105 contrataciones efectuadas por el gobierno nacional, 96 fueron por bienes y 9 por servicios. En el caso de los gobiernos regionales, 3 fueron servicios y 22 pertenecieron a bienes. Finalmente, en el caso de los gobiernos locales se trató de 41 bienes contratados y 1 servicio.

También se puede diferenciar las contrataciones realizadas según los rubros adquiridos: protección, aseo y limpieza, material y equipo médico, servicios, medicamentos, alimentos y otros bienes, de acuerdo con la siguiente proporción:

Las entidades contratantes pertenecen a las siguientes regiones:

De todo este universo, las cinco adquisiciones más grandes son las siguientes:

Puedes descargar el cuadro completo aquí:

Y si queremos saber quién efectuó la compra, en qué proveedor y a qué valor total, se tiene la siguiente información:

Puedes descargar el cuadro completo aquí:

Contrataciones por el gobierno nacional

Las 105 contrataciones efectuadas por el gobierno nacional fueron realizadas por los siguientes sectores: agricultura, defensa, interior, salud y vivienda, construcción y saneamiento:

Contrataciones realizadas por los gobiernos regionales

Los siguientes gobiernos regionales registraron en total 25 contrataciones, las que se distribuyen de la siguiente manera:

Contrataciones de gobiernos locales

Hay 42 contrataciones identificadas. Vale resaltar que cerca de la mitad (18 contrataciones) se realizaron en la región Puno y que estas responden a 13 municipalidades.

Los datos y su contribución en la lucha contra la corrupción

El domingo 26 de abril, el programa periodístico Panorama, emitió dos reportajes donde se evidencia sospechas de corrupción en procesos de adquisición realizados por dependencias de la Policía Nacional del Perú y que están siendo investigados por el Ministerio Público.

El siguiente cuadro muestra la información que tiene el portal de datos abiertos de tres de las compras cuestionadas aparecidas en el programa periodístico relacionadas a las empresas FIVE NETWORKS SAC, FINANCE GROUP y al proveedor LANAO SALVATIERRA MICHEL ALEXIS. A este último también se le identificó otro proceso de adquisición, pero realizada por el Ejército del Perú, por un monto de más de S/ 1 millón, que es una de las cinco contrataciones con mayor monto según la base de datos abiertos disponible, como se señaló más arriba. También se identificó una compra realizada por la PNP DIREICAJ a la empresa UNIFORM SNIPER E.I.R.L. por más de 200 mil soles. Al momento de realizar este reporte, no sabemos si se están investigando estas últimas adquisiciones.

Puedes descargar el cuadro completo aquí:

¿Qué lecciones se puede obtener de esta primera revisión?

Queda claro que sí es posible brindar información de manera casi simultánea de las contrataciones públicas que se vienen celebrando en el marco de la emergencia sanitaria. Debe reconocerse al OSCE por haber procurado este formato en medio de esta pandemia.

Sin embargo, si bien ello aporta sustancialmente a la calidad de la transparencia activa, hay una parte importante de los procesos, como los documentos de sustento y los contratos, que todavía no están disponibles, debido a las regulaciones sobre adquisiciones en periodos de emergencia. Asimismo, la propia base de datos abierta podría ofrecer más oportunidades para la vigilancia ciudadana y periodística si contuviera otros rubros, como la cantidad de bienes adquiridos y los precios unitarios de cada compra.

Finalmente, el grupo de contrataciones que se ha abierto no deja de ser limitado en comparación con el universo de procesos en curso y con el tiempo transcurrido desde la última actualización de la base de datos. Por ello, exhortamos a las instituciones que están realizando adquisiciones a que provean sus datos para facilitar el involucramiento de la comunidad, las organizaciones sociales y del periodismo en el control de los riesgos de corrupción en la atención a la emergencia.

¡Basta de hacerle el juego a la corrupción desde el Congreso!

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Este último martes 21 de abril, la Comisión de Fiscalización y Contraloría, eligió como su presidente, por mayoría absoluta, al congresista Edgar Alarcón, reclutado por la agrupación UPP, que lidera Antauro Humala, condenado por el asesinato de varios policías.

El flamante presidente de la Comisión de Fiscalización fue destituido del cargo de Contralor General de la República, luego de varias escandalosas denuncias y bajo cargos de corrupción, motivo por el cual a la fecha, existen 7 investigaciones en su contra.

PROÉTICA deplora esta decisión, que compromete la imagen de todo el Congreso. La Comisión de Fiscalización y Contraloría, cuyo mandato es precisamente supervisar el buen funcionamiento del sistema de control y de la administración pública en general, a fin de evitar actos de corrupción y promover la transparencia, no puede estar presidida por alguien destituido de la alta función pública, precisamente bajo sospecha, en base a claros indicios de graves actos de corrupción.

Con esta decisión, el Congreso no hace más que confirmar su divorcio con las aspiraciones de la ciudadanía que, hastiada de la corrupción y de una clase política que actúa de espaldas a los intereses del pueblo, hace pocos meses optó por respaldar abrumadoramente la disolución del parlamento, con la esperanza de que la renovación traería el cambio.

Por tal motivo, solicitamos a las fuerzas sanas del legislativo, adoptar las medidas necesarias para revocar este vergonzoso nombramiento, e invocamos a la ciudadanía a mantenerse vigilante ante un Congreso que cuenta entre sus miembros con el lamentable concurso de personas que, aún bajo las actuales circunstancias, demuestra no haber aprendido nada de las lecciones de la historia, y actúa de acuerdo a sus intereses subalternos.

Lima, 24 de abril de 2020

Foto: Agencia Andina

Entidades públicas han ejecutado el 43% del presupuesto designado para enfrentar al COVID-19

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Del total de montos transferidos por el gobierno central a las distintas entidades ejecutoras del país para afrontar la crisis sanitaria, se ha ejecutado, hasta hoy, 15 de abril, el 43%, según el monitoreo que realiza Proética a las transferencias, que actualmente rozan los S/ 3,200 millones.

 

Según aplicativo dedicado al Covid-19 del MEF

La revisión se ha realizado a partir del aplicativo “Recursos para el Covid-19”, herramienta del Ministerio de Economía y Finanzas, recientemente puesta a disposición del público, que aísla la línea presupuestal que agrupa los gastos decretados en el marco de esta emergencia, facilitando el seguimiento de los mismos. Cabe añadir que desde hace unos días el Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE) está publicando, en formato de datos abiertos, la información sobre las contrataciones realizadas en este contexto de crisis.

Revisa el seguimiento a la ejecución presupuestal por nivel de gobierno, sectores, gobiernos regionales y locales.

“Saludamos los pasos que el gobierno ha dado para transparentar el gasto y su ejecución al publicar estas herramientas”, señaló el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta Castilla, quien recordó que pocos días después de decretarse el estado de excepción, esta organización hizo llegar al gobierno, a través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, cuatro recomendaciones para prevenir el uso corrupto de los ingentes montos que se estaba destinando para combatir la pandemia en nuestro país.

Indicó que entre esas recomendaciones se encontraba aplicar el principio de máxima transparencia a los procesos de adquisiciones y reparto de ayuda, informando sobre los contratos y los contratistas, tanto para incentivar el control ciudadano y del periodismo, como para contar con un registro que facilite investigaciones oficiales posteriores.

Sin embargo, advirtió que es indispensable que los órganos de control y fiscalización no bajen la guardia. “Los casos que están apareciendo son evidencia de que los corruptos no están en cuarentena y es necesario ser más disuasivos”, añadió.

Además, recordó que los concejos municipales y regionales también tienen un papel fiscalizador y son la primera línea de control descentralizado, junto a la vigilancia de la ciudadanía y del periodismo. El gran reto, puntualizó Rotta Castilla, es hacerlo respetando la cuarentena, lo cual le da mayor importancia a la disponibilidad y oportunidad de información en línea.

Transparencia Internacional identifica riesgos de corrupción y medidas de integridad en contrataciones públicas en el marco de Covid-19

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  • Integra TI grupo de trabajo en 13 países latinoamericanos para identificar riesgos en contrataciones públicas y mitigarlos.
  • Se presentó un conjunto de propuestas para mitigar el riesgo de opacidad, contratos ocultos, sobreprecios, falta de competencia y colusión, entre otros.
  • Hace un llamado especial al sector privado para evitar prácticas que afecten el abasto de los bienes y servicios necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria.

Un grupo de trabajo integrado por 13 capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional presentó esta mañana un análisis sobre los riesgos de corrupción identificados y estrategias preventivas claves, para asegurar que las compras y contrataciones directas que están haciendo los estados frente a la crisis sanitaria producto de la pandemia de virus COVID-19, cumplan los objetivos de aliviar los impactos en la salud de los ciudadanos y las economías locales de forma íntegra, y que no sean desviados por la corrupción y el oportunismo.

Leer el informe

Es esencial que la transparencia, la apertura y la integridad se mantengan y refuercen las compras y contrataciones públicas durante la emergencia declarada en nuestros países. El análisis “Integridad ante la emergencia: recomendaciones para la integridad de las compras y contrataciones públicas” detecta cinco líneas estratégicas: (1) máxima apertura en la información (incluidos datos abiertos) con una visión integral de las contrataciones públicas (de la planeación hasta la entrega del bien), (2) activación de mecanismos pro-competencia, (3) fiscalización en tiempo real, (4) identificación plena de los recursos utilizados y su destino en un solo sitio, y (5) amplia rendición de cuentas públicas sobre los recursos utilizados y su destino.

Los integrantes de los 13 capítulos de Transparencia Internacional insistieron en que los riesgos de captura de recursos por grupos de interés económicos y la administración desigual de las ayudas directas puede resultar en afectaciones graves a la salud pública de la región. Con frecuencia se dice que la transparencia retrasa la entrega de bienes y servicios. Después de revisar extensamente la experiencia de América Latina, no hay duda de que lo que realmente compromete la entrega de los bienes necesarios para atender las necesidades de la población es la opacidad y la corrupción.

Líneas estratégicas para que los gobiernos compren bien en tiempos de emergencia sanitaria

  • Máxima publicidad en la información sobre compras gubernamentales vinculadas con la emergencia.
  • Activación de las agencias nacionales antimonopolio para evitar colusión entre actores económicos o prácticas que resulten en la especulación de los precios.
  • Activar auditorías en tiempo real para los procesos de contratación pública, precisamente por la naturaleza excepcional de la situación y la magnitud de la emergencia.#
  • Concentración en una sola plataforma de toda la información relativa a las contrataciones gubernamentales en este tema o generando identificadores en la plataformas electrónicas de contratación pública.
  • La emergencia no es justificación para evitar una apropiada rendición de cuentas.

La transparencia y la integridad salvan vidas

La corrupción en emergencias aumenta el impacto hacia la sociedad. El llamado a la transparencia en las compras y contrataciones públicas es la solución para prevenir que su mal uso cueste vidas innecesariamente y es la prevención para actuaciones delictivas.

Cuatro recomendaciones para el buen uso de los fondos públicos durante el Estado de Emergencia por el COVID-19

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El Gobierno peruano está haciendo valiosos esfuerzos para brindar información fidedigna y oportuna a la población frente a la propagación del COVID-19 en nuestro país, a través de distintos medios, como conferencias de prensa regulares, entrevistas de voceros y voceras en medios de comunicación, publicación de piezas gráficas en redes sociales, entre otros.

Como parte de esas acciones, el gobierno ha hecho saber que se está destinando más de S/ 2,300 millones a la atención de la emergencia y a proporcionar soporte económico a familias vulnerables y MYPEs.

Frente a esa importante inyección de recursos públicos y considerando el riesgo de apropiación indebida de los fondos, pues no sería la primera vez que personas inescrupulosas se aprovechan de la urgencia y del caos en una situación de crisis, Proética recomienda al gobierno peruano lo siguiente: