Urge instalación de la Comisión de Ética parlamentaria ante denuncias que involucran a congresistas

El pasado 22 de marzo, a menos de una semana de que se decretara el estado de emergencia nacional por la pandemia del Covid-19, se conoció que un grupo de parlamentarios había utilizado un vuelo humanitario de la Fuerza Aérea para regresar a su región de origen. De acuerdo con la denuncia, los congresistas, que pertenecen a distintas bancadas, así como algunos de sus familiares, no estaban en la lista, por lo que se sospechó del uso de influencias para acceder a ese beneficio.

La reacción del entonces flamante presidente del congreso, Manuel Merino (Acción Popular), fue cuestionar la conducta de sus colegas y anunciar que la Comisión de Ética tendría que ver el caso una vez que se instale. Sin embargo, a mes y medio después del episodio, esta comisión aún no está operativa.

Mientras tanto, otros casos han ido apareciendo, siendo el más reciente el del congresista José Luna Morales, hijo del líder de Podemos Perú (PP) y dueño de la cuestionada universidad Telesup, José Luna Gálvez. Según la investigación aparecida el domingo por la noche en Punto Final, su empresa, también del rubro de educación superior, se venía apropiando de la fracción del sueldo de sus trabajadores destinada a cubrir su pensión (AFP u ONP). El caso, de por sí escandaloso, escala más aún cuando se recuerda que PP ha sido una de las más activas bancadas a favor de que los trabajadores puedan retirar 25% de su fondo bajo control de las AFP.

Al margen de consideraciones legales, hay claras infracciones al código de conducta parlamentaria que debieran ser estudiadas por la comisión de ética que, como se recuerda, tiene como función cuidar que la conducta de los congresistas se ajuste a ese código y recomendar sanciones al pleno en caso de que se verificase que hubo infracciones en un determinado caso. Si bien es cierto que esta comisión, tal como está diseñada, presenta limitaciones muy serias, no deja de ser el espacio en donde se debe ventilar y discutir este tipo de cuestionamientos.

Es cierto que la cuarentena y la consecuente necesidad de adaptar el trabajo parlamentario a una estrategia remota podría explicar parte de la demora en la instalación, pero el tiempo transcurrido es ya excesivo, más aún si se considera tres factores: que ya hay otras comisiones funcionando, que este congreso complementario tiene un plazo de vida de por sí muy corto y que la elección de enero giró en buena cuenta sobre la agenda para combatir la corrupción y promover la integridad en el país, pero también en el parlamento.

Sin embargo, en general, los congresistas parecen haber olvidado de dónde vienen y que están sentados en su curul, así sea de manera remota, porque el anterior congreso fue disuelto como salida a una profunda y extendida crisis política en la que la corrupción tuvo un rol protagónico. Basta con recordar que la percepción de corrupción sobre el congreso, registrada en la última encuesta nacional de Proética y cuyo trabajo de campo se hizo casi coincidiendo con la disolución, alcanzó una histórica cumbre de 76%, veinte puntos más que su peor evaluación desde que se empezó a aplicar esta encuesta en 2002.

Por todo ello, desde nuestra organización, exhortamos a los parlamentarios y a las parlamentarias a recuperar el sentido ético que la población le exige a este poder del Estado y corregir a la brevedad los preocupantes vacíos en el sistema de autocontrol institucional y que también se extienden a otros órganos clave, como la subcomisión de acusaciones constitucionales, que también dejó pendiente una importante agenda de lucha anticorrupción.