El resultado de las instituciones percibidas como más corruptas por los peruanos y las peruanas en la encuesta nacional sobre corrupción de Proética no mostraba sorpresas: hasta la penúltima edición de 2017, el Congreso de la República, la Policía Nacional y el Poder Judicial se repartían los tres primeros puestos, obteniendo siempre valores en el rango de 40% a 50% de menciones por parte de las personas encuestadas. Esto cambió en la última edición de diciembre de 2019 al registrarse un resultado inusualmente alto para el caso del Congreso: pasó de acumular 45% de menciones el 2017 a 76%; es decir, tres de cada cuatro peruanos lo señaló como una de las instituciones más corruptas del país.
El trabajo de campo de esta última encuesta se realizó en octubre pasado, cuando estaba muy fresco el episodio de disolución del parlamento, y también los episodios que llevaron a ese desenlace, entre ellos los innumerables blindajes a altos funcionarios cuestionados, incluyendo fiscales y jueces supremos investigados por corrupción y crimen organizado, y congresistas sentenciados por la justicia; pero también otros capítulos, como el agotador tira y afloja a las propuestas de reforma política presentadas por el Poder Ejecutivo y, finalmente, el infame intento de designar miembros del Tribunal Constitucional cercanos a la bancada mayoritaria, llegando a nombrar irregularmente a uno de ellos, hecho que motivó al presidente a apretar el botón rojo constitucional.
En todos los casos, la fórmula se basó en una combinación entre un manejo cuestionable de los formalismos y el abuso de la posición mayoritaria parlamentaria; y aún cuando hubo pasajes en los cuales se impuso la razón, en la percepción ciudadana quedó plasmado también, y claramente reflejado en la encuesta de Proética, el proceso previo. Todo esto ocurrió, además, en medio de un contexto político cargado por las investigaciones de gran corrupción relacionadas al escándalo “Lava Jato”, en el que varios líderes políticos se juegan la libertad.
Muchos de los parlamentarios que sucedieron a los disueltos parecen haberse olvidado a qué deben estar sentados en sus curules virtuales: la disolución del Congreso fue el capítulo final de esa triste temporada de prepotencia política y rechazo a las reformas que buscan cambiar buena parte de la dinámica más perversa del sistema político, entre ellas revisar la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, fortalecer los sistemas de control sobre el financiamiento de partidos e impedir que personas con sentencias de primera instancia postulen a un cargo público.
¿En qué momento ocurrió este descalabro de la memoria de los actuales parlamentarios? Sin duda, no fue durante la campaña relámpago de diciembre y enero, en la cual candidatos y candidatas parecían tener muy claro que la exigencia de retomar las reformas sería el eje del mandato y así lo declaraban en cuanta oportunidad de quedar bien ante la opinión pública tenían. Esta sintonía se perdió, entonces, en algún momento posterior a la elección.
Sea como fuere, los plazos se han ido consumiendo y ya estamos entrando a una semana decisiva, donde algunas de las medidas tienen que ser aprobadas, de lo contrario perderán la oportunidad de incorporarse a las reglas de la elección del bicentenario.
Con respecto a la inmunidad parlamentaria, una revisión realizada por Proética de las solicitudes de levantamiento de inmunidad por parte del Poder Judicial entre el 2006 y 2019, arrojó que solo 6 de las 40 fueron respondidas positivamente. Esto quiere decir que en las otras 34, el Congreso encontró evidencias suficientes de influencia política indebida contra los parlamentarios acusados; es decir, se les estaba persiguiendo políticamente. Esto, claramente, es una realidad distorsionada y que llama la atención sobre la urgencia de revisar esa prerrogativa sea limitándola al máximo o eliminándola.
De otro lado, a estas últimas elecciones postularon más de 230 candidatos con sentencias condenatorias. Está incluso el caso del ex gobernador de Lambayeque, Humberto Acuña, quien fuera sentenciado en primera instancia en noviembre pasado como cómplice de cohecho e inhabilitado a asumir cargos públicos. Sin embargo, para que la sentencia sea efectiva, ésta debe corroborarse en una instancia superior; mientras tanto, ocupa una curul por su región.
El parlamento tiene un reto enorme esta semana: hacer que estas dos propuestas, que involucran modificaciones constitucionales, puedan ser aprobadas para que, en una siguiente legislatura, puedan ser validadas y entren en vigencia para las elecciones de 2021 por un bicentenario con mejores representantes.
