Del 7 al 10 de noviembre pasado se realizó en Brasilia la décimo quinta Conferencia Mundial Anticorrupción, el principal evento mundial que aborda el tema de la lucha contra la corrupción desde 1983.

Con la participación de delegaciones de 140 países del mundo –más de 1900 personas involucradas-, esta conferencia bianual representa una oportunidad sumamente valiosa para que las instituciones y personas que promueven y asumen el combate contra la corrupción en sus respectivos países intercambien ideas y se expongan a las distintas visiones, proyectos y propuestas innovadoras de sus pares en los lugares más remotos del planeta.

Entre los peruanos participantes estuvieron, de Proética, Cecilia Blondet, Samuel Rotta y Lorenzo Zolezzi; también el ex procurador y miembro del directorio de Transparencia Internacional, José Ugaz. Del lado del Estado estuvo Julia Cori, como representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción; y por el sector privado estuvo Jorge Medina, de Ernst & Young.

Desde herramientas web para monitorear los fondos de las escuelas públicas en Indonesia, propuestas de seguimiento financiero de la elecciones en Centroamérica, organizaciones que promueven la música anticorrupción en el Congo, proyectos de empoderamiento de la mujer rural para mejorar el acceso a la salud en el Perú, ejemplos del uso de las redes de internet para movilizar a las personas en Bangladesh y el mundo árabe, proyectos de monitoreo de tierras forestales en Nigeria, propuestas de eliminación del secreto bancario de los políticos en España, etc. Más de 60 conferencias y plenarias donde se discutieron las diversas aproximaciones a los problemas de corrupción que afectan a los ciudadanos en todo el mundo.

El diagnóstico hoy es que la corrupción está inserta en casi todos los aspectos de la sociedad mundial: en la política, en la educación, en las empresas, en los deportes; en pequeñas instituciones locales y en grandes organizaciones mundiales. Y para combatirla en cada aspecto se requiere acciones específicas, respaldadas por una organización sólida de los movimientos sociales, y un monitoreo permanente de los ciudadanos.

Además, se insiste de manera especial en que los esfuerzos en la lucha contra la corrupción deben ser multilaterales, sin fronteras legales, culturales ni éticas, para lograr políticas mundiales de fomento a la transparencia, la rendición de cuentas y para imponer castigos ejemplares a los corruptos.

Detener la impunidad de quienes abusan de su posición de poder ha sido sin duda el tema principal de la conferencia, al ser hoy en día una fuerte preocupación en común para la mayoría de países del mundo. Está claro que si los políticos y dirigentes corruptos siguen impunes –como ocurre en tantos lugares-, la propia base de la sociedad, el respeto y la justicia, están en grave riesgo.

Citando la declaración final de la conferencia:

“Si estamos invirtiendo esfuerzos y recursos colectivos en la lucha contra la pobreza, violaciones de los derechos humanos, el cambio climático o el rescate de las economías endeudadas, tenemos que darle a la gente una razón para creer que la impunidad se detendrá.

Para llevar adelante esta importante lucha internacional contra la corrupción, la comunidad debe promover una mayor participación de las personas y encontrar formas de proporcionar mayor seguridad a los activistas contra la corrupción.

La reducción de la impunidad también requiere un poder judicial independiente y con muchos recursos que son responsables ante las personas a las que sirven.

Hacemos un llamado a los líderes de todas partes para abarcar no sólo la transparencia en la vida pública, sino una cultura de transparencia que lleva a una sociedad participativa en la que los líderes deben rendir cuentas.

Hacemos un llamado al movimiento anti-corrupción para apoyar y proteger a los denunciantes y activistas, periodistas que denuncian la corrupción, a menudo con gran riesgo.

Nos corresponde a todos nosotros en el gobierno, los negocios y la sociedad abrazar la transparencia de modo que garantice la plena participación de todas las personas, para unidos enviar un mensaje claro: Estamos observando a aquellos que actúan con impunidad y no vamos a dejar que se con la suya.”

Para ver la declaración completa acceda a La Delacaración de Brasilia.

La próxima Conferencia Mundial Anticorrupción será en el año 2014 en Túnez.

Ante la cercanía del término de la vigencia del primer periodo del Protocolo de Kyoto, el 31 de diciembre de 2012, un grupo de organizaciones se unieron para realizar la campaña “Yo voto por Kyoto”, con el fin de hacer un llamado a los gobernantes sobre la urgencia de suscribir un nuevo acuerdo internacional.

El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional mediante el cual los países en su mayoría desarrollados se comprometieron a reducir el 5% de las emisiones globales de Gases del Efecto Invernadero (GEI) teniendo como base las concentraciones presentes en la atmósfera del año 1990.

Esta campaña apoya un segundo periodo de Kioto desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015, evitando un vacío en la lucha contra el cambio climático hasta la firma del nuevo tratado.

Si antes del año 2015, la emisión de gases de efecto invernadero no disminuye al menos de 40 a 50%, podría aumentar la temperatura del planeta a más de 2 grados centígrados, poniendo en riesgo la seguridad y existencia de los seres humanos y de las diversas formas de vida en la tierra, según indicó el Panel Intergubernamental de Científicos sobre Cambio Climático (IPCC).

La campaña también incluye la publicación de algunos videos sobre testimonios de personas que ya están siendo afectadas por el cambio climático. Las sequías, inundaciones o el calor extremo son algunos de los efectos de este fenómeno global.

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología junto al Movimiento ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), PROÉTICA, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregion Andina (CONDESAN) y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), realizarán el conversatorio “Perú hacia la Conferencia de las Partes COP 18 Qatar: avances y desafíos”, donde participarán representantes del Ministerio del Ambiente, Relaciones Exteriores, congresistas, sector privado y sociedad civil con el fin de promover un espacio de diálogo entre ellos. El Protocolo de Kyoto culmina su primer periodo el 31 de diciembre de 2012 y los países industrializados no han cumplido con reducir sus emisiones de acuerdo a los compromisos contraídos. El Panel Intergubernamental de Científicos sobre Cambio Climático (IPCC) ha planeado la urgencia de reducir al menos de 40% a 50% las emisiones de gases de efecto de invernadero antes del 2015. De otra manera podría aumentar la temperatura del planeta a más de 2°C, poniendo en riesgo la seguridad y bienestar de la humanidad y las diversas formas de vida en la Tierra.

En la conferencia de las Partes – COP 17, realizado el año pasado, los países acordaron lanzar la Plataforma de Durban, con el propósito de avanzar hacia un segundo acuerdo de compromisos con objetivos y metas de reducción y a la vez disponer los recursos financieros para que los países en desarrollo puedan actuar y enfrentar el cambio climático. En el Perú, el Ministerio del Ambiente está promoviendo políticas públicas desde lo nacional para responder el llamado internacional diseñando estrategias de mitigación y adaptación para enfrentar el cambio climático. La existencia de la Comisión Nacional de Cambio Climático es un buen paso para fomentar el diálogo y la coordinación entre los sectores del Estado y la sociedad civil. En este marco, el conversatorio permitirá reflexionar y analizar el estado actual de las negociaciones sobre el Protocolo de Kyoto, con el fin de alcanzar recomendaciones y propuestas para lograr un segundo acuerdo justo, equitativo y vinculante.

El conversatorio está programado para el lunes 19 de noviembre a las 9:00 a.m. en la Sala Quiñonez del Congreso de la República.

Confirmar su participación enviando un correo a comunicaciones@mocicc.org o llamar al teléfono: 262-8522

Catalina Durand

Es conocido que el Congreso de la República no cumple apropiadamente su función de representación de los peruanos y peruanas, quienes perciben la labor que realiza como muy alejada de sus preocupaciones cotidianas. Y, más aun, hoy en día es una de las instituciones más desacreditadas por el comportamiento anti ético y, en ocasiones, delictivo de algunos de los denominados “padres de la patria”.

Recientemente, el Pleno del Congreso sancionó a tres congresistas de distintas bancadas por brindar información falsa en su Hoja de vida al momento de su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. No obstante, no se aplicó la misma sanción para los congresistas de Wilder Ruíz de Gana Perú, y Néstor Valqui de Fuerza 2011 acusados por la misma falta. Otros casos como los congresistas de Gana Perú Walter Acha, acusado de violación sexual, y Celia Anicama, denunciada por robar la señal de una empresa de cable, ameritaron suspensión del Congreso por 120 días sin goce de haber hace unos meses atrás.

Del mismo modo, por recomendación de la Comisión de Ética, el Congreso aprobó durante el verano de este año el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los congresistas Eulogio Amado Romero de Gana Perú, investigado por sus vínculos con la minería ilegal, y María López Córdova de Fuerza 2011, acusada de delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Estos acontecimientos del último año, con bastante repercusión mediática, le han costado al Congreso la confianza de los ciudadanos. Según la VII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú (2012), cerca del 50% de los consultados considera que el Congreso es corrupto; lo cual significa que gran parte de los ciudadanos da por sentado que los congresistas buscan favorecer intereses personales, más que representar los intereses de quienes votaron por ellos para dar leyes que beneficien al país.

Tomando en cuenta que la presencia de un Congreso que represente efectivamente a los ciudadanos, legisle en beneficio del país y fiscalice a las demás instancias del Estado es indispensable para la existencia de la democracia, consideramos necesario que desde la sociedad civil debemos contribuir para fortalecer la labor del Congreso en el ejercicio de sus funciones prioritarias de forma transparente y eficaz.

En tal sentido, nuestros amigos de la Asociación Civil Transparencia ejecutan el proyecto “Congreso Responsable y Transparente”. Esta iniciativa no partidaria se propone fortalecer las acciones fundamentales del Parlamento, a través de la colaboración con algunas comisiones congresales de gran importancia, como la Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Representación, la Comisión de Constitución, la Comisión de Ética Parlamentaria y la Mesa de Mujeres Parlamentarias. Este trabajo conjunto permitirá promover la aprobación de reformas importantes, como el proyecto presentado por el Ejecutivo que posibilita la alternancia de género en las listas electorales para el Congreso y los Consejos Regionales y Municipales; o impulsar el financiamiento público a los partidos políticos como medida para fortalecer la democracia y prevenir la corrupción. La realización de audiencias públicas descentralizadas también será una estrategia que se aplicará buscando la articulación de congresistas con la ciudadanía.

Desde la Red Nacional Anticorrupción que impulsa Proética estamos dispuestos a contribuir con esta iniciativa, estimulando la participación activa de los miembros en las audiencias y difundiendo entre la población local estos espacios privilegiados de encuentro entre congresistas y ciudadanos, apostando de esta manera por un Congreso más representativo y transparente.

Nº758, 29 de octubre del 2012

A fines de la semana pasada se difundió un audio que involucraría en un muy grave acto de corrupción y tráfico de influencias al ex presidente de la Corte Superior de Huaura, Luis Vásquez Silva y, hasta esa misma semana, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), en representación de los jueces superiores a nivel nacional.

El audio revelaría que el ex miembro del CEPJ le solicitó a la suspendida alcaldesa de Tochache US$ 150 000 para interceder a su favor ante el Jurado Nacional de Elecciones y le habría pedido un adelanto de US$ 5 000 para comprometer a un funcionario de dicha entidad.

Ante esa grave denuncia IDL-Justicia Viva expresa lo siguiente:

1. El Consejo Ejecutivo (CEPJ) es una de las instancias de gobierno más importantes del Poder Judicial, por lo que un cuestionamiento a cualquier de sus miembros es de suma gravedad para la justicia peruana.

1. Los actos de corrupción son deplorables por sí mismos, pero lo son más cuando provienen de magistrados y autoridades del sistema de justicia, quienes justamente tienen el deber de aplicar el derecho y no transgredirlo.

2. La difusión del audio referido involucra a un miembro del CEPJ en un muy grave acto de corrupción y tráfico de influencias, sancionable con destitución, de acuerdo a la Ley de la Carrera Judicial N° 29277 artículo 48 numeral 9: “Establecer relaciones extraprocesales con las partes o terceros, que afecten su imparcialidad e independencia, o la de otros, en el desempeño de la función jurisdiccional”. Ello pone seriamente en cuestión a esta instancia de gobierno, más aún porque no es la primera vez que integrantes de este órgano cometen inconductas funcionales desairando lo que la ciudadanía espera de ellos.

3. Nos parece adecuada la decisión del CEPJ de aceptar la renuncia del consejero implicado, así como la suspensión dictaminada por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), pero creemos que eso no basta. El consejero es a su vez magistrado y el Consejo Nacional de la Magistratura debe analizar el pedido de destitución que deberá formular la OCMA. Además, el presente cuestionamiento debe ser tomado en cuenta en el proceso de ratificación del juez Vásquez Silva y sumados a los que IDL- Justicia Viva presentó en su contra.

4. Invocamos al Poder Judicial a retomar acciones frontales para combatir la corrupción al interior del aparato judicial, pues éste es un mal que socaba la legitimidad de dicho Poder del Estado y atenta contra la protección de los derechos de todos y todas.

5. De cara a la elección para presidente del Poder Judicial y presidentes de las cortes superiores, le pedimos a los jueces elegir a sus autoridades con responsabilidad y no votar a favor de personas cuestionables para cargos de gobierno. Para eso contribuirá tener mayor apertura a la transparencia, así como reglas claras en las elecciones que se aproximan (ver propuesta de reglamento). Lima, 29 de octubre de 2012

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El Instituto de Defensa Legal es una voz desde la sociedad civil, independiente de los partidos políticos, abierta a las opiniones plurales de muchos, que trata de combinar capacidad de propuesta con la más exigente fiscalización a los responsables de los asuntos públicos.

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Después de un trabajo de varios meses, en los que se consultó con distintas organizaciones sociales e instituciones públicas, el Grupo de Trabajo de la Alianza para un Gobierno Abierto en el Perú presentó el jueves 25 la matriz de indicadores para hacer seguimiento a la implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto del Perú, aprobado el 9 de abril de este año (Resolución Ministerial 085-2012-PCM).

El Grupo de Trabajo está integrado por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, del lado del Estado peruano; y Ciudadanos al Día, el Consejo de la Prensa Peruana, la Asociación Nacional de Centros y Proética, del lado de la sociedad civil.

La matriz es la primera pieza en la puesta en marcha de un sistema de monitoreo que permita determinar el grado de avance en los próximos meses y años.

El Plan de Acción involucra importantes compromisos del país en los campos de la promoción de la transparencia, el aumento de los niveles de integridad pública, la apertura a la participación ciudadana y la mejora de los servicios al ciudadano, los cuales deben irse cumpliendo entre 2012 y 2014.

Para acceder a la matriz hacer click en el siguiente enlace: MATRIZ

Rendir Cuentas, iniciativa regional a la que Proética pertenece, presenta un estudio que tiene por objetivo identificar en cada país de América Latina y de manera comparada, los factores en lo regulatorio, normativo, jurídico o legal, que vienen desde el sector público-estatal como decisión de alguna instancia del Estado, y que facilitan u obstruyen las prácticas de rendición de cuentas y transparencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

El análisis se concentra en los países involucrados actualmente en la Iniciativa Regional Rendir Cuentas (Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay), sin perder el contexto latinoamericano para el análisis global.

Las conclusiones de este estudio comparativo indican que en la región, sin excepciones, los marcos constitucionales son garantistas de los derechos y libertades de pensamiento, expresión y asociación, lo que es un valor que debe preservarse. Pero los mismos marcos son claramente insuficiente desde una perspectiva de fortalecimiento del sector de la sociedad civil. Bajo este mismo manto constitucional, las legislaciones difieren mucho de país a país y se pueden agrupar en tres tendencias: normatividad amigable, normatividad insuficiente y normatividad hostil. En cualquier caso, la voluntad política de los gobernantes es es el factor definitivo, o bien para implementar con la debida celeridad la normatividad amigable o para no convertir los recursos legales existentes en armas en contra de las organizaciones.

Para ir a los informes por país, por favor entrar al siguiente LINK

El día de ayer se llevó a cabo la primera reunión de la “Mesa de Vigilancia al Financiamiento Climático” en la oficina de Proética. El objetivo principal de la mesa es vigilar el nivel de transparencia de los fondos climáticos públicos para una adecuada gestión de los recursos.

Este espacio es impulsado por Proética, MOCICC y la RED JUBILEO PERÚ, y contó con la participación de representantes de Oxfam, Soluciones Prácticas, SPDA y DAR. La Mesa está conformada por organizaciones de sociedad civil en su calidad de miembros, con el objetivo de generar un espacio de coordinación, dialogo y trabajo conjunto entre la sociedad civil y el gobierno, que permita una adecuada transparencia y gestión de los recursos financieros en el manejo del financiamiento climático.

En el Perú existe una débil transparencia y escasa información en la gestión del financiamiento climático, debido al desorden y desorganización con la que se maneja la información, ya que aunque ésta existe, es muy difícil rastrearla y hacerla pública. Por ello, creemos que una estrategia para poder acceder a esta información, tiene que ver con que las organizaciones de sociedad civil vigilemos estos fondos de manera colectiva, organizada y conjunta, a través de una plataforma de vigilancia ciudadana.