La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción a presentado el “Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupción”

Uno de los principales problemas que enfrenta la administración pública para prevenir y combatir la corrupción en el país es la ausencia de información estadística sobre casos de corrupción e infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción, lo cual impide al gobierno contar con insumos para adoptar políticas públicas que contribuyan a reducir los niveles de corrupción en el país.

Si bien existen avances en la sistematización de información estadística en materia de delitos de corrupción -Registros de Prófugos, Procesados, Sentenciados y Deudores por delitos de Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-, aún está pendiente la sistematización y difusión de información estadística sobre los procedimientos administrativos disciplinarios vinculados a presuntos actos de corrupción. Esta ausencia de información no permite adoptar medidas y/o acciones concretas para reducir los niveles de corrupción en el país y generar al interior de las entidades públicas un entorno positivo que prevenga la comisión de dichos actos; además, impide a la ciudadanía, al amparo del derecho fundamental de acceso a la información pública, ejercer un adecuado control social.

En esa línea, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) mediante Resolución Ministerial Nº 298 -2012 – PCM aprobó la Directiva N° 002-2012- PCM/SGP “Lineamientos para la elaboración de reportes trimestrales sobre el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción” , que obliga a las entidades del Poder Ejecutivo a remitir trimestralmente a la Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) información sobre los procedimientos administrativos disciplinarios vinculados a actos de corrupción (origen del procedimiento: denuncia o de oficio, tipo de infracción, régimen laboral, sanción, entre otros datos). Asimismo, dispone que la Coordinación General de la CAN publique la lista sobre el nivel de cumplimiento por parte de las entidades obligadas y un reporte que sistematice la información enviada.

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