El 28 y 29 de mayo se realizó con éxito el Encuentro Nacional de la Red Anticorrupción: Sociedad civil contra la corrupción y por un gobierno abierto, evento organizado por Proética donde asistieron representantes de varias organizaciones civiles de distintas partes del Perú.

En esta nueva edición se abordó dos temas: los avances de la lucha anticorrupción y gobierno abierto en nuestro país, los cuales se desarrollaron en seis mesas donde participaron como ponentes el Presidente de Transparency International, José Ugaz; el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega; el Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán; el exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu; el Secretario General de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Távara; Santiago Pedraglio y Roberto Pereira del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

Además nos acompañaron Patricia Guillén de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, Sergio Meza de la Municipalidad de Miraflores, Cruz Silva del Instituto de Defensa Legal, Carolina Gibu de Ciudadanos al Día, Juan José Ccoyllo del Grupo Propuesta Ciudadana, Mónica Callirgos de la Defensoría del Pueblo, César Arturo Revoredo de la ONPE, Luís Egúsquiza de Idea Internacional, Diana Chávez de AC Transparencia y los periodistas Marco Sifuentes del Utero.pe y Nelly Luna de Ojo-Público.

Aquí pueden ver más imágenes del Encuentro Nacional de la Red Anticorrupción.

También pueden descargar a través de este link las presentaciones de los expositores.

(Fuente: Agencia Andina) El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, exhortó a los partidos políticos a realizar una depuración preventiva de sus padrones de militantes a fin de expulsar a todas las personas involucradas con la corrupción, narcotráfico, y otras actividades ilícitas.

Refirió que el caso de Gerald Oropeza, vinculado al Partido Aprista e investigado por narcotráfico, merece una reflexión de todas las agrupaciones políticas para adoptar acciones preventivas orientadas a evitar la infiltración de ese tipo de personas.

“Los partidos deben hacer una reflexión muy seria y a fondo sobre este asunto y adoptar acciones concretas como depurar de sus filas a todas las personas involucradas en irregularidades. Estas medidas se deben tomar en forma preventiva y no respondiendo a situaciones circunstanciales”, señaló a la agencia Andina.

Refirió que esa depuración debe ir acompañada de mecanismos complementarios como transparentar la mayor información de fondos partidarios y de los candidatos que participarán en las próximas elecciones.

Agregó que las agrupaciones políticas deben hacer uso obligatorio de la “ventanilla única” para obtener información sobre los antecedentes penales o judiciales de sus candidatos a cargos de elección popular, así como deudas y bienes.

Albán consideró también que la sociedad civil no debe “bajar la guardia” ante los casos de presuntas irregularidades y debe denunciar cualquier sospecha de corrupción.

“Creo que la sociedad civil es la más interesada en que sea erradicada la corrupción porque este flagelo termina perjudicando a la ciudadanía en general”, aseveró.

Remarcó que mientras más corrupción exista en el país, habrá menores posibilidades para atender servicios esenciales a favor de la población.

“Todos los ciudadanos debemos estar alerta en las próximas elecciones”, acotó.

La propuesta del Poder Ejecutivo para intervenir los gobiernos regionales involucrados en casos de corrupción es acertada porque contribuirá a garantizar la continuidad de las obras en beneficio de la población y complementará las acciones para combatir a ese flagelo, consideró el director ejecutivo de Proética, Walter Albán.

“Creo que tal como se ha planteado es una iniciativa positiva. Había la necesidad de crear mecanismos para que la población no se perjudique por la corrupción. Además tendrá un efecto complementario en la lucha contra ese flagelo”, señaló en declaraciones a la Agencia de Noticias Andina.

Comentó que en términos generales la iniciativa del Gobierno, anunciada por el jefe del Gabinete, Pedro Cateriano, es valorada positivamente porque permitirá prevenir situaciones como las del gobierno regional de Áncash, el cual fue objeto de graves denuncias de corrupción a lo largo del año pasado.

“Existe la necesidad de establecer mecanismos para que ante esos casos no se perjudique a la población y garantizar que no se paralicen obras, contratos públicos y la ejecución del presupuesto”, aseveró.

Asimismo, dijo esperar que al momento de elaborar el mencionado proyecto de ley, el cual ha sido respaldado por la Comisión de Fiscalización del Parlamento, se realicen todas las precisiones pertinentes para no vulnerar la autonomía de las regiones.

En opinión de Albán, esa iniciativa también deberá ir acompañada de un proceso de potenciación de las entidades encargadas de fiscalizar la labor de las regiones, especialmente de la Contraloría General de la República.

“Hay que revisar el trabajo de la Contraloría y de todas las instituciones que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, la población reclama acciones más rápidas contra ese flagelo y ese debe ser un objetivo nacional”, acotó.

El pasado lunes, durante la exposición de la política general del gobierno en el Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano anunció la presentación de un proyecto de ley para que el Ejecutivo pueda intervenir en los gobiernos regionales y locales inmersos en casos de corrupción.

Dirigió la Defensoría del Pueblo entre el 2000 y 2005, y fue ministro del Interior del 2013 al2014. Sin duda, su vasta expe-riencia lo convierte en unavoz autorizada sobre la luchacontra la impunidad y su rela-ción con la corrupción. El Mg.Walter Albán nos recibió en su recién estrenada oficina de Proética, desde donde seguirá librando la misma batalla.

¿Qué condiciones permiten la generalización de la impunidad en nuestra sociedad? Las reglas que se establecen con demasiada ligereza no son asumidas por el conjunto de la sociedad porque existe una percepción de que no, necesariamente, se tienen que acatar. Hay poca confianza ciudadana en la importancia de su respeto y, a veces, estas reglas no tienen un correlato práctico o ponen exigencias más allá de lo razonable. Así contribuimos a que no tengan vigencia, generamos condiciones para la transgresión y, por ende, para la impunidad, porque sería materialmente imposible sancionara todos los transgresores. Ese es el caldo de cultivo de la corrupción.

Entonces, ¿deberíamos buscar soluciones más creativas que punitivas? Ciertas reglas deben tener una sanción en caso sean incumplidas, pero no basta con establecer sanciones, se necesita que la regla sea razonable y hacer una difusión de sus beneficios para la sociedad. Sin una conciencia cívica clara ya sumida sobre la necesidad de respetar reglas, la transgresión se convierte en una actitud hacia todo el conjunto de la normatividad.

¿Existe algún plan concreto de lucha contra la corrupción desde el Estado? Creo que no hay un plan articulado, sino iniciativas aisladas. A fines de la década de los 90, fue relativamente fácil cohesionar fuerzas políticas y sociales para luchar contra un régimen autoritario y corrupto, pero eso quedó en una promesa y, con la supuesta descentralización, la corrupción ha hecho metástasis, lo que se puede observar en casos como los de Orellana o César Álvarez, sin que se haya tomado ninguna medida importante para ponerle coto.

Instituciones como la Policía o el sistema judicial mantienen la peor percepción de corrupción. Claro, porque a las prácticas tradicionales de corrupción menor le sumamos esta corrupción organizada de mayores dimensiones. No es lo mismo el policía que coimea en la calle que un señor López Meneses que permea a la institución al más alto nivel. Nadie ha podido medir el nivel de corrupción de la Policía, pero es enorme.

¿Por qué aceptó dirigir el Ministerio del Interior, un sector tan asociado a la corrupción? Y, además, asociado a la violación de derechos humanos. La dimensión del reto era enorme, pero no se puede mirar el país por compartimentos y escoger uno en el que se esté más cómodo. La Policía requiere de una depuración. Hay 115 mil policías y una buena cantidad debe salir. Requerimos policías a tiempo completo y con dedicación exclusiva, pues más del 70% trabajan un día sí y otro, no. No habrá un cambio significativo mientras sigamos con una policía de medio tiempo y no se haga una depuración clara. Mi gran reto fue trabajar estos dos temas.

¿Qué margen de acción tuvo? Tuve el respaldo del presidente, aunque hubo que superar temas presupuestarios con el entonces ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla. Al final, acordamos poner en marcha un plan de recuperación de dedicación exclusiva que, lamentablemente, no me explico porqué quedó en el aire.

¿El Estado es capaz de construir ciudadanía? Creo que eso no va a ocurrir desde un Estado que refleja lo que pasa en la sociedad. Tenemos que trabajar desde la sociedad civil y, por eso, he aceptado el reto de Proética. Dentro del Estado hay instituciones con una responsabilidad mucho más marcada y yo encuentro ahí a la Defensoría del Pueblo, que, a pesar de sufrir atropellos, mantiene un patrón de actuación que la hace de las pocas realmente confiables. Hay que fortalecerla para que sea una socia natural de las organizaciones de la sociedad civil.

El Perú está en el puesto 85 de corrupción mundial y ha sido amonestado por faltas de transparencia. ¿Ve una res-puesta real a estos esfuerzos de la sociedad civil? A pesar de estar en una situación disminuida, estamos mucho mejor que hace una década porque el Estado ya ha asumido compromisos por voluntad propia, así no los esté cumpliendo todos. Veo voluntad de mejora, pero los avatares políticos hacen que esta pase a un segundo plano. Espero que esto se retome, pero se hará más rápido y mejor si las organizaciones de la sociedad civil hacemos de esto un tema de primer lugar en la agenda.