El director ejecutivo de Proética, Walter Albán consideró que hay mucho que investigar en relación a las presuntas irregularidades cometidas en el programa Agua para Todos, gestionado durante el gobierno del ex presidente Alan García Pérez.
Albán hizo mención a este caso a propósito del informe de la Megacomisión que ha sido aprobado en el Pleno del Legislativo y que pide acusar constitucionalmente al ex mandatario aprista y a sus exministros Jorge Del Castillo, Luis Carranza y Hernán Garrido Lecca por este tema.
Durante la novena edición de La Voz de Proética, Albán consideró que los peruanos debemos saber el porqué se recurrieron a tantos decretos de urgencia para no llevar adelante concursos y licitaciones y en cambio se prefirió escoger a dedo a empresas constructoras que pretendían dotar de servicios de agua y desagüe a la población.
Asimismo, mostró su preocupación de que en la región Lambayeque, donde se invirtieron más de 600 millones de soles para este programa, hayan numerosos testimonios de personas que recibieron un servicio deficiente o incluso dan testimonio de obras que no se concluyeron.
Por otro lado, Albán también llamó la atención sobre el hecho de que los municipios de esta región hayan aceptado cartas fianzas de entidades crediticias que no tenían la calificación legal para emitir estas garantías.
“Interesa por ejemplo, el caso de Concisa, una empresa que a pesar de haber incurrido en varios incumplimientos, fue contratada para varias obras adicionales en la región Lambayeque”, señaló al respecto.
En ese sentido, consideró necesario que se investigue la actuación que habría tenido en este caso César Velásquez Quesquén, hermano del congresista aprista Javier Velásquez Quesquén de quien, se señala, habría actuado para favorecer a la cuestionada empresa.
Nuestro director ejecutivo recordó además que últimamente, César Velásquez ha sido involucrado con la organización manejada por el hoy procesado y detenido, Rodolfo Orellana, a través de la cooperativa Coopex, una entidad que ha sido utilizada para extender ilegalmente cartas fianza para contratistas con el Estado peruano.
“Hay mucho que investigar pero no con un afán revanchista, no por una cuestión de cálculo político. El Perú tiene que sanar de esta situación. Tenemos que recuperar la fe en nuestras instituciones y eso solo se logra cuando se conoce la verdad y se sanciona a quienes fueran responsables de una mala utilización de recursos públicos”, señaló.
Finalmente Albán recomendó al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo revisar la normatividad sobre la contratación pública, ya que el común de las empresas tienen que cumplir con procedimientos que resultan muchas veces engorrosos o que exigen requisitos casi imposibles de cumplir. Esta situación, explicó, es la que favorece que con frecuencia se siga el camino de la exoneración de procesos que a la larga terminan haciendo mucho daño al país.
“Busquemos mecanismos que sean aplicables a todos y que estemos seguros de que se van a llevar a cabo a fin de cautelar los recursos que deben servir a la ciudadanía y no a los bolsillos de nadie en particular”, finalizó.
Fecha de publicación: 07 de setiembre de 2015