(Fuente: La República/ Por Juan de la Puente) Jorge Medina Méndez ha sido CEO y socio de la consultora Ernst & Young Perú; es dirigente empresarial, presidente de Proética y miembro de la Asociación Civil Transparencia. Reflexiona sobre las preocupaciones del empresariado sobre la ética pública y privada y propone un plan anticorrupción en estos ámbitos, empezando por profundas investigaciones. Sugiere la necesidad de que los empresarios propongan políticas de Estado como una forma de participación en la política y que se integren a la demanda de reformas institucionales.

¿Estamos en los inicios de una etapa en que los gremios empresariales se interesan por la transparencia pública? ¿Qué significado tiene?

La razón yo diría es de sostenibilidad. Si el sector privado no es capaz de involucrarse y ejercer liderazgo para cambiar, nuestras empresas corren riesgo de sostenibilidad. ¿Para qué existe una empresa? Para resolver problemas de la sociedad. Lo que tú veas, comunicaciones, electricidad o retail, son empresas resolviendo problemas de la sociedad. Donde la institucionalidad es frágil, la democracia es débil y la corrupción campea.

Hemos tenido 15 años de democracia con buena economía y sentían que estas preocupaciones no eran necesarias.

Los empresarios somos más sensibles a nuestra responsabilidad porque las cosas se han deteriorado demasiado, porque además cuando las papas queman salen a relucir aquellas cosas a las que no les prestamos atención cuando deberíamos haberlo hecho. Fíjate todos esos proyectos parados porque la política se ejerce mal, y porque quienes la ejercen no son los más idóneos.

¿Cuál es costo el costo de la falta de transparencia pública?

Hay varias mediciones; hay estudios en el mundo. Yo diría entre 10% y 15% nos cuesta a la empresa privada operar en un ambiente donde no hay transparencia, rendición de cuentas o donde hay corrupción. Por otro lado, no sé en cuánto estará medido el costo eficiencia, es decir, cuántas veces más gastamos de lo que gastan en promedio los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) producto de las trabas.

Como que hay una relación efectivamente entre corrupción y traba burocrática…

La mejor condición para el corrupto es un Estado que no funcione, con caos, un Poder Judicial no previsible y corrupto; es lo mejor para ellos, o sea, a quienes viven por la corrupción y de la corrupción no les interesan reformas políticas adecuadas o institucionalidad fuerte.

El corrupto tiene un corruptor. ¿En qué medida hay conciencia de esta dependencia? ¿En el Perú se castiga al corrupto?

La manera como se ejerce política en el país hace que tengamos la justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la Contraloría o la policía que tenemos. Si tienes esas debilidades lo esperado es la impunidad; el corruptor en el Perú tiene mucho poder y entonces compra conciencias y voluntades. Tampoco es que se sancione a todos los corruptos o sea a los corruptores está claro, pero no a todos los corruptos. Lo que está ocurriendo en Brasil es algo inédito, tenemos a líderes empresariales números uno y políticos presos, porque está funcionando la última reserva moral, que son sus autoridades judiciales.

¿Por dónde debería empezar un programa anticorrupción? ¿No tenemos Lavajatos en el Perú?

No tenemos porque no están descubiertos. No quiero ser pesimista pero si revisas la región, estas empresas son corruptas no solo en su país, eso opera a nivel regional. Lo que tendríamos que hacer son investigaciones profundas, pero tenemos una Contraloría inoperativa; no ha descubierto un solo gran caso en los últimos años. Nos dicen “tenemos 5 mil o 7 mil denuncias”, pero de compras de papel que no estaba en el presupuesto. Hay que empezar por la cabeza.

Enfrentarse a la gran corrupción implica, otra vez, una gran justicia…

Combatir la gran corrupción e implica un Poder Judicial con vigilancia ciudadana contra la impunidad. Eso es Proética. Una vez que tienes gente pagando sus delitos de acuerdo a nuestras leyes, uno se lo comienza a pensar. Mira lo que pasa en el mundo, Siemens fue descubierta pagando coimas y ahora quieren ser best in class, de las mejores. Ya sufrieron, tuvieron dolor y ahora quieren ser los mejores.

Nosotros tenemos empresas que tienen códigos de ética, normas de responsabilidad social empresarial (RSE), pero hay un problema de cultura empresarial, más transparencia privada.

En el sector privado no queremos corrupción y te hablo de la empresa chica, la mediana, la grande, la local, la internacional, no queremos, y porque además es antieconómico, quisiéramos que todo fuese transparente. Operamos en condiciones muy complejas, no hay empresarios que no tenga problemas en las municipalidades no puede sacar licencias si antes no te piden plata.

Eso pasa por sacar de los presupuestos privados ese tipo de costo de transacción

Tenemos que resolver lo de las garantías. Y cómo es que pensamos, “si yo salgo al frente qué me va a pasar, me van a archivar mis proyectos, porque la corrupción es muy poderosa, ¡ah! eres rebelde, bueno ahora toma tu castigo”. Entonces el empresario en forma individual no quiere dar ese paso, dice si esto es el sistema, dentro de mi empresa no hago cosas malas, mi directorio tiene su gobierno corporativo y ahí cumplo yo, pero no voy más allá si luego van a tomar represalias conmigo. Mira a los empresarios que han denunciado extorsiones.

¿Hay condiciones ahora para un pacto al interior del empresariado, para un nuevo momento pro transparencia privada?

Creo que sí; piensa en los 10 primeros grupos empresariales; basta que un líder de ese grupo levante el teléfono y llame a su par y le diga vamos a tomarnos un café y vamos a hablar de este tema, el líder del grupo, no su gerente general, no su representante gremial, me refiero al que corta el pastel. No hay que inventar la pólvora, en qué otros países esto ha funcionado y luego llamas a Proética, Transparencia, Confiep, IPAE, Perú 2021. ¿Qué nos falta? Liderazgo, ponerlo en la agenda y unirnos.

Un tema sensible en lo que estamos discutiendo es la gestión de intereses, el lobby. Hay una norma, pero desde la empresa privada se generan lobbies indebidos frente al Estado.

Hace tres o cuatro años se hizo un estudio bien interesante con IPAE y el Banco Mundial financiado por la Comisión Anticorrupción; se entrevistó a cerca de 300 presidentes y CEOs (Chief Executive Officer, en inglés). Para hacer la historia corta, sugieren que los empresarios tomen la iniciativa de mejorar la ley de lobby para que registremos todo y hagamos transparente cualquier gestión que además es válida y legítima. El lobby es una cosa buenísima, bien hecha y en forma transparente.

Otro tema es el financiamiento de la política; no se trata de impedir el financiamiento privado, pero hay un enorme hueco que se llenan con billetes.

Mira el dilema en que se está y la presión que se tiene; viene un candidato y el empresario le dice mi empresa por nuestras regulaciones no hace donaciones políticas. El político se va diciendo “a mí no me ha querido donar y a otro sí”. El empresario dice “no me creen que no doy donaciones porque otros donan”.

Y no sería mejor transparentar en el sentido de “yo empresa donó al partido A y que sepa que yo dono al partido A” porque la costumbre es que una empresa dona a varios; esa es la lógica del granjero, que le da un poco de maíz a cada pollito.

Eso es en el mundo ideal donde las instituciones funcionan. Digamos que yo voy a transparentar mi donación porque creo que es lo mejor para el país y ese candidato no sale elegido, sale el otro al que no le diste. Y yo me pregunto: ¿va a tomar represalias? Los empresarios pensamos que sí. Ahora, nuevamente, porque pensamos en forma individual; si nos unimos y decimos no damos a menos que sea totalmente transparente y cuando tú que aportaste al que ganó y yo que aporte a este no, gremialmente nos defendemos para que no tomen represalias. La otra cosa es que nuestra regulación es un desastre. Los últimos cambios al financiamiento son un mamarracho.

Se va armando un paquete político en este nuevo momento en que crecemos menos y hay más corrupción e inseguridad. Qué otros cambios deberían producirse al interior del mundo empresarial.

El gremio empresarial en Colombia, equivalente a la Confiep, tiene un think tank; no sé si todos forman parte del think tank, pero tiene más de 150 personas en su staff; y en qué piensa esa gente financiada por el sector privado, piensa en infraestructura, salud, anticorrupción y transparencia. Te voy a hablar sólo de los tres países que son nuestros socios en la Alianza del Pacífico, todos tienen centros de pensamiento. Compara esos tres países con el Perú y con nuestro gremio más poderoso y cuál es nuestro staff, cuáles son nuestros think tanks, cuánto estamos contribuyendo es un tema también de recursos.

Es una entrada a la política desde otro ángulo, pero para eso se necesita ideas de Estado.

Si queremos combatir la corrupción no esperemos que venga otro y lo haga. El dilema sobre si los empresarios participamos o no en política es falso. Eso de que no participo en política porque es incompatible o porque van a creer que solo participo por mis intereses no es bueno. Debo hacerme más transparente, abrirme. No voy a publicar mis secretos comerciales, técnicos, mi cartera de clientes, pero sí voy a decir “soy una empresa libre de corrupción incluyendo temas de donación política”. Hay empresas en el mundo que lo están haciendo, 180 empresas globales firmaron un pacto y están trabajando en temas específicos.

“Hacer política proponiendo grandes temas públicos” ¿Qué debería pasar en los próximos cinco años en la relación empresas-gobierno?

Para el presidente Humala era incorrecto tomarse foto con los empresarios, pero la señora Heredia sí tenía reuniones con los empresarios. Pero vamos a darle el beneficio de la duda porque nosotros no hemos sido capaces de demostrar de modo total que no solo buscamos esos intereses.

¿Cómo avanzar hacia una relación provechosa para el país?

Creo que tenemos que hacer las propuestas de Estado por el bien común; eso es hacer política, Y si el gobierno o el Estado no responden, tenemos que ejercer una presión abierta y legítima.

¿Qué significa este concepto de presión porque de hecho este gobierno ha soportado una presión empresarial?

No creo que tengamos tanto poder porque el sentido de la presión de la que hablo viene de la pregunta sobre si es conveniente para el Perú tener un Poder Judicial transparente o si debe seguir este formato de política. Creo que de algún modo los empresarios también pueden canalizar las demandas de cambio.

Desde Proética, y el informe que se presenta ahora, ¿cómo se miran los próximos 5 años?

La misión de Proética es influir en los que influencian; si somos capaces de lograr que te invdignes tomarás acción, y si no llego a persuadirte de que esto es por tu interés, te pones de costado.

¿Cuál es el hallazgo central de este informe?

Ipsos ha hecho un trabajo de campo fabuloso. El primer problema identificado por la población es la inseguridad ciudadana y el segundo, por el 46%, la corrupción; más abajo vienen el consumo de drogas y el desempleo… pero mucho más abajo.

Es decir, la corrupción se ha convertido en un problema central del país.

Absolutamente, y está en segundo lugar porque ha aumentado la inseguridad ciudadana que tiene que ver con la integridad física. Si no sería el primero. Uno de cada dos peruanos piensa que la corrupción es el principal, y si le preguntas a ellos mismos sí ha mejorado en los últimos años, 8 de cada 10 dicen que han empeorado.

Pero este pesimismo realista puede ayudar, ¿no?

Si no hacemos cambios concretos no veo por qué debe bajar la percepción y esos ocho tendrían razón. Una pregunta bien interesante es sobre si cree que el crimen organizado se ha infiltrado en la política; la gente lo siente y sobre todo la gente de las regiones porque lo ven. Eso tiene que cambiar porque no tenemos otra alternativa.

Titular de Proética subraya que el financiamiento de los partidos es la madre del cordero de la corrupción.

(Fuente: La República) Las propuestas de los candidatos presidenciales que participaron el viernes en el CADE 2015 brillaron por la ausencia de planteamientos específicos y de fondo en los temas de lucha contra la corrupción y la tan ansiada reforma del sistema de justicia.

Tal es la conclusión a la que arribaron el presidente de Proética, Jorge Medina Méndez, y la coordinadora del programa Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL), Cruz Silva Del Carpio. Hubo mucho ruido y aplausos del empresariado, aunque el vacío de propuestas concretas fue notorio.

La corrupción

El primero en intervenir, Alejandro Toledo, no hizo la más mínima referencia al tema de la lucha contra la corrupción. En su intervención apenas se limitó a mencionar que los gobernantes deben rendir cuentas ante la ciudadanía.

Cuando intervino Keiko Fujimori ni siquiera fue necesario recordarle toda la corrupción del régimen de su padre, periodo en el cual hizo de primera dama. Apenas fue consultada sobre la figura del actual secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, quien tiene una investigación fiscal por lavado de activos.

En su respuesta, la candidata mencionó que guarda respeto por la presunción de inocencia, con lo que prefirió defender a uno de los principales financistas de su partido.

En cuanto a propuestas, Fujimori se limitó a señalar que no le temblará las manos para luchar contra la corrupción, pero no lanzó ni una sola propuesta específica.

El candidato César Acuña sí lanzó una idea más puntual: “Instituiremos la muerte civil para todo funcionario público que cometa actos de corrupción”, expresó.

Para Jorge Medina esta propuesta es “un saludo a la bandera”, pues no prosperaría debido a la debilidad en el funcionamiento del sistema judicial.

Por su parte, Alan García se refirió al tema desde un punto de vista general, al considerar que el mejor programa contra la corrupción es la democracia. En esa línea, se refirió a la separación de los poderes y el respeto a los jueces y fiscales.

El dos veces presidente de la República habló también de fortalecer la Contraloría, órgano que, según su propuesta, debe presentar un informe anual al Congreso.

El presidente de Proética considera que urge una reforma integral de la Contraloría, órgano que, a diferencia de otros países, no tiene casos emblemáticos de lucha contra la corrupción.

El líder aprista se dirigió a los empresarios que asistieron al certamen, señalando que la corrupción es tanto pública como privada. “Esa sí es una asociación público-privada”, bromeó, aunque no hizo planteamiento alguno para atacar esa dualidad.

Dijo, en cambio, que en su opinión no debería existir inmunidad para el Presidente, pero también para los parlamentarios y los funcionarios.

El último en intervenir, Pedro Pablo Kuczynski, apenas se refirió a la necesidad de una ley anticorrupción, pero fue en respuesta a una pregunta directa formulada por el panel.

La madre del cordero

Jorge Medina, presidente de Proética, que acudió a la cita en Paracas, resume estas intervenciones con una sola frase: “Ninguno de los candidatos trató a fondo el tema de la corrupción”. En su opinión, la madre del cordero de todo el problema de la corrupción es la forma cómo llegan los políticos al poder.

Uno de los ejes que se debe atacar es la infiltración del dinero sucio en la política. “El Congreso, en su gran mayoría, está a cargo de personas con desconocimiento e ineptitud, sobre lo que deberían ser funciones. Todos sabemos que llegar al Congreso cuesta mucho dinero, ¿de dónde sale ese dinero?”, se pregunta.

Para Medina esto es vital, porque son los congresistas los que deben dar las leyes para la lucha anticorrupción.

“El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) cómo va a ser reformado si hemos visto que algunos partidos defienden a esta instancia, cuando es una verdadera vergüenza lo que pasa ahí”, expresó el titular de la organización Proética. El sistema judicial En el CADE 2015, solamente Pedro Pablo Kuczynski y Alan García hablaron del CNM. Mientras Kuczynski dijo que debe haber una reforma en este organismo, García hizo referencias a una mejor elección de los consejeros.

“El problema de la elección de los representantes de los profesionales para el CNM comenzó con un proyecto de ley que el gobierno de García propuso y que terminó con la vulneración al derecho al voto de miles de profesionales”, recuerda Cruz Silva, del IDL.

Fueron, del mismo modo, Kuczynski y García quienes ahondaron más en el sistema de justicia. El primero habló de realizar reformas en el Poder Judicial y la Fiscalía. El segundo, subrayó que se debe incrementar el número de jueces.

Para Cruz Silva hay tres aspectos claves para reformar la justicia: “Primero, se debe remover las redes de poder y de impunidad que existen. En segundo lugar, debemos poner como foco central la lucha contra la corrupción en el sistema y, finalmente, necesitamos personas que no tengan rabo de paja y que den garantía”.

Sobre Keiko Fujimori, la especialista del IDL subrayó que el gobierno de su padre heredó hasta hoy a “jueces y fiscales sin las garantías de la titularidad en el cargo”.

Las encuestas y CADE 2015

El presidente de Proética, Jorge Medina, expresó su sorpresa debido a que el tema de la corrupción no fue un tema prioritario para los candidatos, a pesar de que una encuesta específica elaborada por Ipsos destaca este punto de manera transversal en varios ejes.

Medina recordó que la mayoría de encuestados identificó como principales medidas contra la inseguridad el combate decidido a la corrupción en el sistema judicial y la Policía.

Por otro lado, subrayó que el 90% de los encuestados expresó estar de acuerdo con que se haga transparente la información sobre el financiamiento privado de las campañas, pero este tema tampoco fue abordado por los candidatos.

Ilustración: Giovanni Tazza. Fuente: El Comercio

(Fuente: El Comercio) En la situación por la que atraviesa el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), tras los escandalosos sucesos ocurridos semanas atrás, no es aceptable que pretendan continuar con el concurso al que se convocó para nombrar a los nuevos juez y fiscal supremos. Dicho concurso, plagado de irregularidades y transgresiones éticas, debe ser suspendido de inmediato, porque sus resultados carecerían de toda legitimidad.

Si otra fuera la situación en el país y contáramos con un Congreso capaz de reaccionar y corregir oportunamente fallas institucionales tan groseras, los actuales consejeros habrían sido ya removidos de sus cargos. Es evidente, sin embargo, que este no es el caso, y será necesario llevar adelante una tarea sostenida para el logro de ese propósito. Así, la iniciativa promovida por varios congresistas para acordar dicha remoción ha dado lugar a otras que pretenden lo contrario: evitar que el Parlamento se ocupe de este engorroso asunto.

Mientras tanto, el afán de los actuales miembros del CNM por apurar el concurso para proceder a los nombramientos responde más a su interés por afirmarse en el puesto y demostrar al conjunto de magistrados –tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público– que, no obstante lo ocurrido, se encuentran en capacidad de hacer eso y más. Esto incluye, por ejemplo, la evaluación de todos y cada uno de ellos mediante los procesos de ratificación que la Constitución también les encarga.

El mensaje es claro y nada sutil, si consideramos que entre los tres miembros que vienen evaluando en primera instancia a los postulantes se encuentra quien todavía representa al Ministerio Público –a pesar de haber sido fotografiado por un diario local almorzando con un candidato a la Fiscalía de Crimen Organizado–. Ese solo hecho, que constituye falta grave conforme a la Ley Orgánica del CNM, debió dar lugar a su inmediata remoción. El proceso se ventila en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso y se ha dilatado por los procedimientos propios del Legislativo, pero no cabe duda de que habrá de concluir con el cese en el cargo de quien ha demostrado, con creces, no ser digno del mismo.

No podemos permanecer impasibles mientras la corrupción y la desfachatez avanzan. En Proética –como viene ocurriendo también con otras instituciones–, diariamente recibimos información y denuncias en contra de los distintos consejeros, aumentando nuestra sorpresa acerca de cómo pudieron llegar a ocupar estos cargos. Resulta triste reconocerlo, pero en el Perú de hoy ya no solamente asistimos a una debilidad, sino a una verdadera descomposición institucional.

En estos momentos se lleva a cabo una nueva edición de CADE en Paracas. Como ocurre regularmente en un año previo a las elecciones, los empresarios escucharán las propuestas de los principales candidatos que toman parte en la contienda electoral. ¿Cuánto del discurso hará referencia a compromisos concretos en esta materia? ¿Son acaso ajenas las organizaciones políticas a la debacle del CNM y, asociado a ello, a los problemas de corrupción que atraviesan el Poder Judicial y el Ministerio Público? Ciertamente no, y bien harían quienes participan en este importante espacio de debate en exigirle a los candidatos que asuman su responsabilidad no solamente con el mensaje, sino con hechos y medidas tangibles e inmediatas. Después de todo, son las reformas y el fortalecimiento institucional indispensables para alcanzar el desarrollo, la inversión y el crecimiento. Y estos motores huyen de los sistemas judiciales corroídos por la corrupción y el descrédito.

Nos encontramos a tiempo de reaccionar, desde la sociedad civil, donde la indignación crece y la movilización avanza. Contamos también con aliados en las instituciones involucradas, como el Poder Judicial, el Ministerio Público o el propio Congreso. Se trata de no dividir esfuerzos por espejismos ideológicos o partidarios, para sumar a una causa común y prioritaria: la defensa de la integridad y los valores éticos. Una lucha tenaz contra la corrupción y la perversión de las instituciones. En suma, una verdadera cruzada por la decencia que, de paso, nos permitiría elevar el nivel de la política en el país.

(Fuente: Transparency International) A menos que hayas estado viviendo bajo una roca, probablemente sabes que el lunes se inició la COP21: una cumbre de la ONU para combatir el cambio climático con enorme potencial para ser histórica.

Durante dos semanas, los líderes mundiales y sus equipos de negociadores entrarán y saldrán de un centro de conferencias en las afueras de París, Francia, para (esperemos) lograr un acuerdo (esperemos) vinculante entre los gobiernos. ONG, jóvenes, expertos y grupos indígenas estarán observando de cerca.

El objetivo es mantener las emisiones de carbono que están en constante crecimiento en el mundo bajo control. El resultado, según se espera, será que las temperaturas globales no se eleven más allá del llamado “umbral de dos grados”, por encima del cual los impactos del cambio climático podrían llegar a ser irreversible.

Desde la publicación de nuestro Informe Global de la Corrupción sobre el Cambio Climático, en 2011, hemos hecho hincapié en que los países más vulnerables al cambio climático también tienden a rankear mal en nuestro Índice de Percepciones de Corrupción.

Ninguna persona y ningún país escapará al cambio climático. Pero los países y sus poblaciones no están expuestos a los mismos riesgos. Una cosa es cierta, sin embargo: la corrupción hace que el cambio climático sea peor y amenace las soluciones que necesitamos para responder.

Estamos llevando ese mensaje a París. Transparencia Internacional y el movimiento anticorrupción estarán en la COP21, representado por activistas y expertos de todo el mundo, incluyendo países, como Bangladesh y Maldivas, que están entre los más vulnerables a los impactos del cambio climático.

Nuestras demandas son las siguientes:

1 Abordar el cambio climático, ser transparente. Darle voz a los ciudadanos

El resultado esperado de la COP21 -“el acuerdo de París”- probablemente será un texto extenso que cubra una miríada de áreas de regulación ambiental global y mucho más: el texto afectará a los gobiernos, a las empresas y a los ciudadanos, y levantará muchas discusiones espinosas sobre la «ejecución» del mismo.

Esto significa que el público tiene un papel crucial que desempeñar en el despliegue del acuerdo de París sobre el terreno. Es esencial que el público sea capaz de participar en el seguimiento de los compromisos del mundo para “mitigación” (es decir, la limitación de las emisiones de carbono) y la “adaptación” (protegernos de los impactos del cambio climático que ya están ocurriendo).

Hacemos hincapié en la importancia de la protección de un espacio para la sociedad civil para participar en la supervisión de las operaciones, a nivel global y en cada país, para asegurar que las promesas de cada gobierno se realicen y se rinda cuentas de ellas con exactitud.

2 No hay que dejar que un escándalo de corrupción arruine todo. El ‘financiamiento climático’ puede facilitar o quebrar el Acuerdo de París

La financiación climática es el dinero prometido por los países ricos, industriales, principales emisores de carbono, para ayudar a los países menos desarrollados a adaptarse al cambio climático (por ejemplo, mediante la adopción de tecnologías más limpias) y a que resistan a los impactos (por ejemplo, la protección frente a inundaciones y tifones).

En negociaciones anteriores se ha acordado llegar a los US $ 100 mil millones al año para el año 2020, gran parte de los cuales debe fluir a través de un nuevo organismo de la ONU llamado Fondo Verde para el Clima.

Un estudio reciente de Adaptation Watch sugiere que más del 70 por ciento de la ayuda bilateral de adaptación al cambio climático no estaba claramente categorizada y era ‘turbia’. Se necesita una mayor transparencia para garantizar que los países industrializados cumplan con sus compromisos financieros para apoyar a los países en desarrollo para hacer frente a los impactos del cambio climático.

También hemos señalado que muchos países vulnerables al clima tienen problemas de gobernanza y de capacidad para combatir la corrupción. La corrupción podría hacer fracasar el propósito del financiamiento climático. Una vez más (como en el punto 1), los ciudadanos necesitan jugar un papel en el control de los fondos climáticos.

Algunos países están estableciendo los medios para vigilar el financiamiento climático: en México, hemos ayudado a establecer una plataforma de datos abiertos para realizar un seguimiento de los proyectos financiados con estos fondos.

Nuestro mensaje es simple: queremos asegurarnos de que cada dólar vaya a donde se necesita, y vamos a apoyar a la sociedad civil para reunir pruebas si es que el dinero se pierde. (Véase este artículo de opinión por el Director Ejecutivo de Transparencia Internacional Maldivas o un artículo reciente en la revista Newsweek.)

3 Para que el acuerdo cuente, debe rendir cuentas

Hemos supervisado los flujos de financiamiento para el clima y proyectos climáticos en los países en desarrollo durante varios años. Hemos visto que ha habido dinero perdido y que algunos proyectos han fracasado debido a la corrupción en alguna parte de la cadena.

En los peores casos, los proyectos climáticos incluso han llegado a causar abusos de los derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, el proyecto de una represa “verde” en Guatemala condujo al asesinato de pobladores indígenas cuyos medios de vida fueron amenazados por ella. En Uganda, hay empresas que plantan bosques para vender compensaciones de carbono a compañías petroleras, pero para obtener la tierra asesinaron a los lugareños y prendieron fuego a sus aldeas.

Cuando las cosas van mal, la gente necesita medios para exponer los abusos, incluida la corrupción.

El 4 de diciembre, durante la COP21, realizaremos un panel de discusión junto con Carbon Market Watch y Both ENDS, en el que discutiremos cómo los organismos que implementan proyectos de desarrollo relacionados con el clima pueden ser responsables y transparentes ante las poblaciones locales.

El acuerdo de París debe incluir fuertes disposiciones en favor de los derechos humanos e incluir el mismo tipo de medidas de rendición de cuentas y supervisión como otros tratados internacionales.

En muchos sentidos, el trabajo duro comienza después de la COP21. En Transparencia Internacional estamos listos.

¿Qué puedes hacer?

– Únete a la discusión en la #COP21 y hazle a la gente saber cuáles son las tres maneras para luchar contra la corrupción que amenaza el acuerdo de París. – Mira el siguiente video (en inglés) y conoce de qué manera la corrupción amenaza nuestros bosques, la primera línea de defensa contra el cambio climático.

Ministro Pulgar-Vidal con la Secretaria Ejecutiva de CMNUCC, Christiana Figueres. Foto: Proética.

Perú presentó el Nivel de Referencia Forestal y registro de proyectos REDD+.

Paris, 03 diciembre.- El día de ayer, en el Pabellón Perú, con la presencia de Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), y Manuel Pulgar Vidal, Ministro del Ambiente, nuestro país presentó el Nivel de Referencia Forestal (NRF) a la CMNUCC. Este NRF contiene información sobre cómo ha ido evolucionando la deforestación en Perú entre los años 2000 y 2014.

Este instrumento es muy importante, porque servirá para tomar mejores decisiones de política en el marco de la Estrategia Nacional de Bosques de Cambio Climático (ENBCC), cuando esta esté aprobada. Entre las principales acciones que se tiene previsto ejecutar están la asignación de derechos de propiedad en territorios donde se produce la mayor cantidad de la deforestación y restaurar 20 millones de hectáreas en plantaciones comerciales.

El NRF debe estar acompañado de un mecanismo de Monitoreo, Verificación y Reporte (MRV), que permita verificar si las acciones realizadas realmente apoyan o no la reducción de la deforestación. También fue presentado el registro de proyectos REDD+, que busca ser la plataforma virtual que brinde información sobre las iniciativas contra la deforestación y degradación para reducir gases de efecto invernadero.

Desde Proética, saludamos las iniciativas presentadas ayer por el gobierno peruano en la COP21, pues son un avance importante en cuanto a política forestal y permitirán transparentar mucha información clave en este campo.

Sin embargo, consideramos que debe aprovecharse la oportunidad que brinda contar un registro de proyectos REDD+ para que se pueda sistematizar información sobre la ejecución de cada proyecto, llegando a contar con una suerte de “historia clínica” de los mismos, que permita señalar si ha habido incumplimiento con la normatividad pertinente, si ha habido o no cumplimiento de estándares por parte de las empresas, si se vulneró o no derechos de los pueblos indígenas, entre otra información valiosa para conocer mejor la implementación.

También sugerimos que el registro de proyectos se haga en un formato en que los datos estén abiertos, es decir que sean descargables, leíbles por cualquier dispositivo y que no tengan restricciones para la reutilización, de tal forma que puedan ser utilizados por organizaciones y ciudadanos, incluyendo usuarios del bosque, explotando el gran potencial de transparencia que tiene el instrumento.

Este martes 1 de diciembre se presentó “Candidatazos: Reto 2016″, una iniciativa de Idea Internacional en alianza con Proética, Asociación Cultural Tránsito y TV Cultura, que tiene como objetivo que los electores se informen bien acerca de sus candidatos o candidatas y puedan sufragar de una manera más consciente en los comicios presidenciales que se celebrarán el próximo 10 de abril en nuestro país.

Durante la presentación, el representante de Idea Internacional en Perú, Percy Medina señaló que esta iniciativa “está inspirada en la idea de que es posible tener mejores elecciones y mejores resultados del proceso electoral”. Medina precisó que es importante que en las próximas elecciones, los ciudadanos sean más conscientes a la hora de votar y elijan aquellos candidatos y candidatas que tengan una trayectoria limpia, vocación política y “que estén en la política para servir y no para servirse de ella”.

Por ello, la plataforma ciudadana “Candidatazos” cuenta con las siguientes herramientas interactivas: “Prueba-T”, “Intrusus” y “Cuentas Limpias”.

En el caso de “Prueba-T”, los ciudadanos podrán medir el nivel de confianza que tienen por su candidato favorito. Mientras “Intrusus” permitirá conocer la ruta del financiamiento ilegal en las campañas electorales que proviene principalmente del narcotráfico, tala ilegal, y minería ilegal. Con “Cuentas Limpias”, el elector podrá exigir a los candidatos vía redes sociales mayor transparencia en el financiamiento que ingresa a sus campañas.

Por otra parte, a través del hashtag #Reto2016 se busca que los ciudadanos cumplan no solo con el reto de informarse a través de las hojas de vidas de los aspirantes al sillón presidencial, sino que evalúen sus perfiles académicos, sus planes de gobierno, sus reportes financieros y qué tan honestos han sido. El reto también alcanza a los candidatos para que no mientan u omitan información en sus hojas de vida, que no reciban dinero ilícito o de fuente poco clara, que rindan cuentas, entre otros compromisos.

Periodistas durante la mesa de diálogo: “Se busca Candidataz@: Lo que los ciudadanos deben exigir a sus próximas autoridades”. Foto: Proética.

Esta campaña fue presentada en las instalaciones del Hotel Sheraton y contó con la participación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara, el jefe de la Oficina Nacional de Elecciones (ONPE), Mariano Cucho, los periodistas Augusto Álvarez Rodrich, Clara Elvira Ospina, Zenaida Solís y Carlos Castro.

París, 02 de diciembre.- El día de ayer, en el Pabellón Perú de la COP21, se oficializó el primer desembolso de 5 millones de dólares del acuerdo suscrito en setiembre de 2014 entre los gobiernos de Perú, Noruega y Alemania para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la deforestación y degradación de bosques y el desarrollo sostenible (REDD+). Este fondo será administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Además de agradecer el apoyo de Noruega y Alemania para la sostenibilidad del bosque amazónico, el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, resaltó que este fondo pasó por un proceso de consulta que involucró la participación de gobiernos locales y regionales y pueblos indígenas, y que se han adoptado planes para la sostenibilidad del acuerdo enfocándose en los resultados. Estos 5 millones son solo la primera parte de la primera etapa (50 millones) de un fondo total que asciende a 300 millones, que se debe desembolsar en tres etapas en los próximos años.

Este fondo incluye un componente de fortalecimiento institucional, que va en la línea de la Ley Forestal y sus reglamentos. Es conveniente señalar que este y otros fondos deben dialogar con la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC), la cual debe ser aprobada en el primer trimestre de 2016, como resultado de un proceso participativo, según hizo saber Gustavo Suárez de Freitas, Coordinador Ejecutivo del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, durante su intervención. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) viene apoyando técnicamente el desarrollo de este instrumento, como lo hizo con los reglamentos de la ley. Una sólida base técnica es requisito para que se desembolse lo que falta para completar la primera etapa del fondo NORAD.

Suárez de Freitas llamó la atención sobre la titulación de tierras para los pueblos indígenas, al cual calificó como el componente más complejo de trabajar en esta etapa de preparación de dispositivos legales e institucionales, debido a que exige coordinación muy especializada entre distintos niveles de gobierno, además de varios otros factores. Al respecto, el Gobernador Regional de San Martín, Víctor Manuel Noriega, hizo hincapié en la necesidad de articular el trabajo regional y nacional y en la necesidad de contar con recursos técnicos, humanos y financieros para aterrizar las propuestas a nivel sub-nacional.

De otra parte, Oseas Barbarán, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) manifestó los pueblos indígenas son actores cruciales en la gobernanza de los bosques y es necesario que puedan empoderarse para aprender a administrar técnicamente sus proyectos, dentro de este fondo y de los que vengan en los próximos años.

Proética, capitulo peruano de Transparencia Internacional, quiere llamar la atención sobre la importancia de asegurar pilares sólidos de transparencia y participación ciudadana en la administración de los fondos para la conservación de bosques. Es sumamente importante, en estas etapas iniciales de diseño y gestión, prestarle atención a los altos niveles de informalidad, a los bajos niveles de cumplimiento de la ley y la actividad de organizaciones criminales en los márgenes de la institucionalidad pública, particularmente en zonas, donde activistas ambientales han llegado incluso a ser asesinados. La promesa de 300 millones es tremendamente apetitosa para la corrupción. El país tiene la obligación de asegurar un uso íntegro de estos fondos.