(Fuente: Expreso). Los problemas de desempeño funcional demostrados por la Contraloría General de la República (CGR), que le han impedido detectar a tiempo muchos casos de corrupción, entre ellos los sobornos de Odebrecht para ganar obras públicas, conllevan a la necesidad de refundar ese organismo de control. Así lo sostuvo el ex procurador ad hoc para los casos Fujimori y Montesinos y actual presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz Sánchez-Moreno, en entrevista exclusiva con EXPRESO.

¿Cómo es posible que los órganos de control del Perú no hayan podido detectar a tiempo los grandes negociados que se daban en torno a las grandes obras públicas?

Eso da cuenta, en primer lugar, que las instituciones de control han fallado. La situación de la corrupción debería llevarnos a pensar qué tipo de institución tenemos. Yo creo que se debe reestructurar o refundar la Contraloría General de la República porque ha demostrado que llega tarde, no cumple con su función y cuando se señala la existencia de irregularidades, estas terminan por ser archivadas porque la investigación no estuvo bien estructurada.

Entonces hay un problema de desempeño funcional de la Contraloría que exige un cambio radical, y eso debería ser una prioridad en la agenda nacional.

¿Las denuncias contra el contralor Édgar Alarcón abonan más en su tesis de reestructurar la Contraloría?

No, lo del contralor es sólo un elemento más. El problema es que históricamente la Contraloría General de la República, como tal, no ha cumplido el rol que se le ha encargado. Han pasado muchos contralores y a todos se les ha hecho la misma crítica. Además, la Contraloría nunca ha descubierto un gran caso de corrupción, todo lo descubre la prensa o sale por denuncias privadas y no por un trabajo articulado de control. Yo creo que refundar la Contraloría es una necesidad impostergable de la agenda nacional.

¿Debe ser reemplazada por otra institución?

Lo que se tiene que hacer ahora es abrir un proceso de evaluación de cómo ha evolucionado la corrupción en el país para establecer qué tipo de institución necesitamos. Por ejemplo, esta fórmula de control por la cual las Oficinas de Control Interno (OCI) son pagadas por los mismos organismos que están siendo auditados, es un procedimiento pernicioso que ha venido generando una serie de problemas y disfuncionalidades.

¿Qué hacer entonces?

Pienso que se debe crear una comisión o un grupo de trabajo que se dedique a analizar la situación y reflexionar sobre ella. Creo que tiene que ser algo altamente técnico y, por supuesto, hay que buscar cooperación internacional.

¿Las denuncias contra Alarcón fortalecen el descrédito de la Contraloría?

El contralor tiene imputaciones muy serias que resolver. Primero por presionar a un funcionario subalterno para que retire un informe donde él estaba implicado, luego por beneficiar a una trabajadora con la que tenía una relación personal, después por realizar una serie de negocios que están prohibidos por ley; todo eso tiene que ser materia de una investigación profunda.

¿Se debe ir?

Vamos a ver si la comisión que se ha creado para investigarlo, más allá de los intereses políticos, piensa en el país. Si eso es así, la única salida posible es la destitución [del contralor], no hay otra vía con una responsabilidad tan grande.

En términos generales, ¿qué otra cosa se puede hacer para frenar esta gran ola de corrupción?

Hay iniciativas buenas pero esto tiene que integrarse al Plan Nacional Anticorrupción, y se tiene que implementar una política de mediano y largo plazo que sea comprensiva en todos los aspectos. Esto involucra a la ciudadanía, porque todos tenemos que tomar conciencia de lo que está causando la corrupción, de la responsabilidad y de nuestra obligación al momento de fiscalizar cuando encontramos que se están tomando decisiones corruptas.

¿La corrupción nos está ganando la pelea?

Como en muchos otros países, sobre todo los que están en vías de desarrollo, la corrupción es estructural, por lo tanto para poder resolver esta problemática se requieren reformas estructurales. Acá hay que trabajar un plan nacional anticorrupción, buscar políticas predictivas en el ámbito de educación, administración pública desde los estamentos de toma de decisión del gobierno, dar acceso a la información. Por supuesto también se requiere de un proceso de administración de justicia y de acción fiscal que sea fuerte y sólido. Entonces, todo esto necesita de un esfuerzo mucho más grande que adoptar una u otra medida aislada.

Hubo un esfuerzo importante en el gobierno de Valentín Paniagua, ¿no es así?

El gobierno de transición de Paniagua creó la Iniciativa Nacional Anticorrupción que hizo un diagnóstico de la situación y proponía soluciones, era algo parecido a la comisión de integridad nacional que creó este gobierno. Pero cuando se entregó este informe simplemente se archivó. Allí había una oportunidad perdida y el resultado es la presencia de gobernadores regionales y más de un 80 % de los alcaldes a escala nacional investigados por actos de corrupción. Esto nos demuestra que estamos ante un problema sistémico.

¿La descentralización falló?

Esto no es culpa de la descentralización. Yo creo que como decisión política era necesaria pero se aplicó parcialmente. Se desconcentró el poder y los recursos pero no así el control, por eso es que hay autoridades que se dedicaron a saquear lo que les fue asignado para educación, salud y otras necesidades de su región.

Por otro lado, ¿está bien que el informe entregado por las autoridades brasileñas sobre las coimas de Odebrecht se mantenga en reserva?

Como es información que va a ser materia de investigación no se debe hacer público porque de lo contrario se perjudica la estrategia de la investigación. Creo que es una medida acertada que la información se mantenga en reserva para que las investigaciones puedan avanzar sin tropiezos.

¿Diría que el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski tiene la voluntad de frenar la corrupción?

El Gobierno ha tenido muchas expresiones respecto a generar una agenda de honestidad; pero hemos visto que ha incurrido en graves defectos. Primero con la designación de un asesor personal del Presidente que terminó siendo un traficante de la salud [caso ‘negociazo’ de Carlos Moreno]. Luego nos parece que no ha tenido la fortaleza que se debió observar al momento de designar a la Autoridad Nacional de Transparencia; y se ha creado una institución que no tiene todas las facultades que se requieren para que el acceso a la información sea realmente una realidad.

¿A qué se debe esto?

Percibimos que hay sectores del Gobierno que sí están interesados en la transparencia, pero nos parece que desde el más alto nivel falta una actitud más sostenida y coherente en esta materia.

CASO TOLEDO

¿Por qué se afirma que el tema de la extradición del expresidente Alejandro Toledo va a demorar?

La extradición es un proceso regulado y tiene plazos para poder cumplir con la entrega de la persona requerida. En este caso el Perú ha cumplido con enviar la información y la solicitud formal para que se proceda a la captura y entrega de Toledo en los Estados Unidos.

Eso tiene que seguir un procedimiento, no es como en otros países donde primero se captura y luego se extradita. En Estados Unidos antes de la detención debe judicializarse la solicitud. Y Toledo, por supuesto, tiene derecho a nombrar a un abogado y defenderse. Y luego se tiene que seguir todas las etapas, es decir, tendrá que pasar primero por una decisión judicial, luego ir a la corte del Estado y recién allí se va a determinar si esta procede o no.

¿Cuánto dura un proceso de extradición?

No hay un plazo exacto. Pero en casos de extradiciones anteriores como el de Manuel Aybar Malca [operador de Vladimiro Montesinos] y Carlos Manrique Carreño [directivo de CLAE], que fueron traídos de Estados Unidos, el proceso demoró años.

¿Qué opinión le merece que en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia aún no se haya dictado la prisión preventiva pese a la existencia de indicios que los vincularían a temas de corrupción?

No conozco realmente el contenido completo de las investigaciones, solo las publicaciones de prensa; pero también considero que no es una decisión discrecional si se justifica o no una medida cautelar. Entiendo que parte de las investigaciones giran en torno al origen de los fondos que recibieron. Considero que el hecho de recibir dinero para una campaña política es un hecho que debe ser investigado por encima de si esos fondos tienen un origen legal. Entonces, que lo que está haciendo la Fiscalía es tratar de acreditar de dónde vino ese dinero.

14/06/2017

Debido a la reciente decisión adoptada por mayoría de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que revoca el mandato de prisión preventiva del Sr. Félix Moreno Caballero, Gobernador del Callao; Proética, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional, considera necesario expresar lo siguiente:

1. Esta polémica decisión, adoptada en las últimas horas, ha puesto en evidencia la falta de criterios uniformes en el sistema judicial para evaluar la validez de los mandatos de prisión preventiva cuando ellos se sustentan en incriminaciones hechas por aspirantes a colaboradores eficaces.

2. La libertad decretada en favor del Sr. Moreno bajo mandato de comparecencia con restricciones, supone la continuidad del proceso y no lo libra de una eventual determinación de responsabilidad por los delitos que le han sido imputados o incluso de una nueva medida de detención provisional, en tanto se configuren los requisitos para su procedencia.

3. No obstante ello, resulta preocupante que los jueces superiores que tomaron esa decisión, no hayan tenido en consideración el obvio peligro procesal derivado de la misma. En efecto, bajo las actuales circunstancias, es inminente el riesgo de que esta persona pueda ocultar o manipular pruebas, al tener absoluto control sobre ellas en su condición de gobernador y máxima autoridad del gobierno regional. En tal sentido, preocupa también que la Sala no haya atendido dicho riesgo estableciendo cuando menos como regla de conducta, que se abstenga de ejercer el cargo de gobernador.

4. Estimamos urgente la presentación de la casación anunciada por el Ministerio Público para que la Sala Suprema revise esta decisión y, en tal sentido, dada la relevancia del caso, exhortamos a la Presidencia del Poder Judicial a promover que este delicado asunto sea examinado a la brevedad posible, estableciendo además los criterios definitivos a observar por todas las instancias tratándose estos mandatos de prisión preventiva.

Foto: Agencia Andina

8/06/2017

(Fuente: El Comercio). Las prácticas sistemáticas de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht han generado toda clase de impactos en empresas de su mismo rubro, sobre todo en aquellas que se vincularon con esta como parte de un consorcio, en momentos en los que por lo menos la justicia brasileña consideraba a la firma brasileña sospechosa de actos de soborno. ¿Cómo evitar verse arrastrado por situaciones como las que está atravesando Odebrecht, hasta hace poco considerada una empresa ejemplar en otros campos?

Jorge Medina Méndez, presidente de la asociación Proética, representante en el Perú de Transparencia Internacional, así como ex CEO de EY para Perú, comparte aquellas pautas que deben seguir los altos directivos de las compañías para no verse involucrados en casos que pongan en entredicho la reputación de sus firmas ni tampoco la de sus propios nombres.

Para Medina, luchar contra la corrupción no solo genera un impacto positivo en la sociedad sino sobre todo promueve resultados financieros en azul y alta rentabilidad. Además, nos cuenta qué políticas seguir y cómo podemos definir un plan o programa anticorrupción.

En el mundo corporativo, ¿qué debemos entender por corrupción?

La pregunta es importante porque permite que nos pongamos todos en la misma página. Corrupción es el abuso del poder en forma indebida violando la ética y las leyes para obtener beneficios personales en desmedro o perjuicios de otros. Eso es corrupción.

¿Y qué debemos saber de los Programas de Cumplimiento Anticorrupción?

Son el conjunto de políticas, estrategias y procedimientos que le permiten a las empresas obtener una seguridad razonable de que todo riesgo de corrupción será prevenido y detectado en forma oportuna, y remediado de forma eficaz.

¿A través de qué mecanismos se expresan estos programas de anticorrupción?

Hay varios factores críticos de éxito para que un Programa Anticorrupción logre su objetivo. El primer factor crítico de éxito es lo que se conoce en inglés como Tone At The Top, que es la posición o postura de la alta dirección de la empresa, y cómo esta se manifiesta. Otros mecanismos son la declaración de valores o el predicamento del presidente de la compañía. Esto se manifiesta, en principio, a través del ejemplo. Sobre todo, cuando se asignan los recursos necesarios para que ese programa funcione, en el que se utilizan recursos tecnológicos, humanos y financieros.

¿Incluye un análisis de riesgo frente a eventuales casos de corrupción?

Ese es un segundo factor crítico: el risk assessment. Los riesgos de corrupción varían en función de la industria o del sector en el que opera la empresa, de su tamaño, de la geografía o del mercado, de su complejidad o su estructura. Hay que hacer una evaluación de riesgos que le permita a dirección de la empresa entender a qué se expone en estas situaciones, que comprenda las consecuencias legales y reputacionales, para que tome decisiones bien informadas. Entonces, una vez que tenemos esa evaluación de riesgos, ¿qué cosa hacemos? Decidimos hacer o no hacer las cosas, entrar o no entrar a un negocio.

¿En qué momento se define el plan anticorrupción?

Una vez que tengo los recursos y el llamado risk assessment establecido, podemos preparar un programa específico para la empresa. ¿Qué cosa se requiere? Tener gente capacitada, buenos sistemas y que este proceso sea monitoreado y controlado. Es muy importante que el directorio descargue su responsabilidad de monitorear el programa para que se cumpla de forma debida.

¿Sin participación del directorio esto sería posible?

El directorio tiene que cerciorarse de que ese programa será bien ejecutado. Y una manera muy eficaz es cuando se hace a través de revisiones independientes externas. Si tenemos una empresa donde hay el apoyo de la más alta autoridad de la compañía, donde hemos hecho un programa en base a nuestros riesgos, podemos ser capaces de llamar a terceros independientes y preguntarles qué tal estamos. Eso le permite al directorio y a la alta gerencia hacer los cambios adecuados.

Todos son temas internos, ¿hay formas de hacer evidente que las empresas participan de estos programas, de cara a los consumidores o clientes?

Ese es el último paso. Es fundamental, y revela en qué medida existe el verdadero compromiso de la compañía de tolerancia cero a la corrupción, publicar los resultados de esa revisión. Así como publicas tus memorias financieras anuales y tus actividades de responsabilidad social, deberíamos informar a nuestros stakeholders el resultado de nuestros programas anticorrupción.

En su experiencia, de las grandes empresas que conoce, sobre todo aquellas que contratan con el Estado, ¿cuántas presentan públicamente estos reportes?

No conozco a ninguna. En el mundo hay, pero deberíamos hacerlo. En el Perú, según he visto, hay 118 empresas que han firmado el Pacto Global de Naciones Unidas, cuyo décimo principio es el combate a la corrupción. Y las empresas que han firmado, empresas de primer nivel, medianas y chicas, han asumido el compromiso de combatir la corrupción en todas sus formas, incluyendo el soborno y la extorción. No dice que solamente tengas un buen gobierno corporativo o un buen sistema de control interno, un buen código de conducta o una buena declaración de valores. Dice específicamente: “Hemos firmado el compromiso de combatir la corrupción en todas sus formas”. Eso implica ser consecuentes no solo al interior de mi empresa, sino especialmente con mi cadena de valor. Es allí donde se esconden espacios para la corrupción.

Muchas empresas prefieren que estos casos no se hagan públicos si se descubren.

Sí, ese es un error. Porque las empresas y los empresarios somos muy sensibles al impacto que tienen las consecuencias de lo que decimos o no decimos, de lo que hacemos y no hacemos. Entonces, ante estas situaciones, actuamos de forma muy reservada. Aunque, en el mundo hay empresas que en sus códigos de conducta se señala explícitamente que, ante casos como estos, de violación de normas legales o de la ética, se hará pública la situación, incluyendo los nombres propios de los involucrados. Eso ayuda muchísimo a que esas cosas no ocurran.

Muchos empresarios peruanos son declarativos en estos temas, pero no los vemos activos en la denuncia de la corrupción. ¿Sientes eso?

Tiene que estar en tu ADN. No solo es actuar éticamente al interior de nuestras organizaciones, sino el poder influenciar. Este año, muchos analistas señalaron que el caso Lava Jato nos iba a costar un punto del PBI de crecimiento. Un punto implica cerca a 150.000 menos de peruanos que saldrán de la pobreza. Es decir, la relación entre la ética en los negocios con el desarrollo del país, que al final del día significa mejores y mayores consumidores (y mejor beneficio para los negocios y para los mercados) es directa. Entonces, los principios éticos, el vivir los valores día a día en nuestras operaciones, debería ser un tema absolutamente de negocios.

¿Qué dirías de los socios de Odebrecht en los consorcios? ¿No hubo un buen análisis de riesgos?

Allí hay un tema que es bien importante. Ciertamente es delicado, complejo, pero se requiere del ejercicio de un liderazgo valiente y con coraje como para que se deslinde de la corrupción, más allá de que no haya ninguna sentencia judicial o acusaciones. Había indicios. Tampoco se les ve a los gremios empresariales muy activos en estos temas. Los gremios tenemos la facultad de aceptar o no a alguien que se asocie a estos actos. Asimismo, tenemos la facultad de modificar nuestros estatutos, de hacer que el cumplimiento de ciertas normas sea obligatorio. Además, de mejorar nuestras regulaciones de cómo podemos expulsar o no aceptar a alguien.

8/06/2017

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6/06/2017

• Por el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz
• Publicado en el diario El Comercio

Según mandato constitucional, quienes asumen la condición de congresistas de la República deben jurar cumplir fielmente con el cargo, al punto que, de no hacerlo, aceptan que Dios y la patria se los demanden. Independientemente de que en los últimos años hayamos asistido a juramentos matizados por fórmulas folclóricas –por sus pueblos, líderes de partidos, parientes, etc.– y hasta expresiones de actos fallidos (como aquellos que juraron “por Dios y por la plata”), lo que persigue el juramento es comprometer a los neocongresistas con la defensa de los altos intereses del país.

Ello implica que los parlamentarios, coloquialmente llamados padres (o madres) de la patria, deben ejercer responsablemente su patria potestad actuando conforme a lo que más conviene al Perú y a sus ciudadanos, y no a sus intereses personales o de los partidos que representan.

Lamentablemente, en estos tiempos de mayoría parlamentaria absoluta, se ha puesto de manifiesto con toda claridad lo poco que importan los intereses de la patria a los congresistas cuando de lo que se trata es de imponer la agenda partidaria. El mundo al revés. En vez de subordinar los intereses de los grupos políticos y sus líderes a los del Perú, se ha optado por una patria subordinada a intereses subalternos de grupo. Se pone de lado el bien común –o se le sacrifica– en aras de la táctica política de coyuntura.

Pruebas al canto: la bancada mayoritaria arremetió contra el ministro de Educación, quien a todas luces venía desarrollando una gestión exitosa, para darle un ‘estatequieto’ al Ejecutivo y hacer una demostración de hasta dónde pueden llegar si quieren. Hoy, confirmando que fue una absurda decisión de exclusiva motivación política, el ministro depuesto ha sido designado como una de las autoridades emblemáticas de la educación mundial.

Estudios revelan que los autores de ‘bullying’, si atropellan una vez y les resulta sin consecuencias, repiten la práctica sistemáticamente. En este caso sucede igual. Luego de tumbarse a un buen ministro por intereses partidarios sin que pase nada, ahora, aún con la sangre en las garras, la práctica se extiende a los otros. Lo paradójico e inaceptable de esta abusiva actitud es que no repara en que se trate de ministros que están aportando al país, sino que, por el contrario, parece cebarse en quienes precisamente lo vienen haciendo bien. Enfilaron sus ataques contra el ministro de Transportes, a quien llevaron a la renuncia, y ahora anuncian hostilidades contra los ministros de los sectores Interior y Salud.

El caso del ministro del Interior es clamoroso. No interesa si él y el equipo que lidera vienen obteniendo notorios resultados a favor de la seguridad, aspecto por el que la ciudadanía ha venido reclamando unánimemente debido al aumento de la violencia, inseguridad y victimización. Ha pasado a ser un objetivo político. No importa si funciona, se trata de cobrar un nuevo trofeo partidario.

Esta gestión en Interior ha privilegiado la inteligencia y desarrollado una estrategia coherente contra el crimen organizado que viene produciendo resultados inéditos. En lo que va del gobierno, se han realizado 62 megaoperaciones en el ámbito nacional contra peligrosas bandas criminales, se han desarticulado 58 organizaciones delictivas que gozaban de impunidad (como las de Peter Ferrari, el alcalde de Chilca y el ex gobernador regional de Ucayali), movilizando 18.000 policías en coordinación con más de 1.200 fiscales. El equipo de Interior se inauguró investigando la existencia de un escuadrón policial de limpieza social que había asesinado a varios presuntos o reales delincuentes. Nadie les creyó y hoy el hecho ha sido confirmado por el Congreso y la fiscalía.

El Ministerio del Interior potenció un programa de recompensas que incluye a 1.500 requisitoriados. Ya capturaron a 293. Descubren y apresan a los autores de crímenes de alto impacto en cuestión de días. Nada importa.

Congresistas de la mayoría insisten en la censura anunciada pese a que siete de cada diez peruanos –a quienes dicen representar–, según una reciente encuesta, desconocen por qué. ¿Motivo? La marcha de una veintena de facinerosos del Movadef y, según la declaración de un congresista, porque le han cerrado un local por razones administrativas (¿?).

Cuando se subordina la patria al empujón político, perdemos todos, incluso los que creen que ganan. Si censuran a este ministro del Interior por razones tan absurdas, serán responsables de volvernos a subir al tiovivo de los cambios constantes e irracionales de ministros de Interior y de devolverle la iniciativa a la delincuencia. Eso no se agradece.

Ilustración: Giovanni Tazza

6/06/2017