Proética espera un gabinete dialogante con la oposición y ciudadanía

(Por Agencia Andina) El director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, dijo esperar que el “gabinete de la reconciliación”, anunciado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, sea dialogante no solo con la oposición, sino con la propia ciudadanía, para atender sus demandas y trabajar por el progreso del país.

A su entender, más allá de los nombres que baraje el mandatario para recomponer su equipo ministerial, se necesita mucha voluntad política para tender puentes hacia la sociedad civil, porque esta -dijo- ha perdido la confianza frente al rol de los poderes públicos por su constante “lucha de fuerzas”.

Para el también ex ministro del Interior, se hace indispensable que el nuevo gabinete logre un diálogo que ayude a definir las propuestas que sean más convenientes para el país, en momentos en que -dijo- el Gobierno se ha visto debilitado tras el fallido intento de vacancia presidencial.

“Hay muy poco que esperar, por eso ratifico que la sociedad civil se organice y plantee una agenda de exigencias a atender por los poderes del Estado (…). Cualquiera sea el resultado, lo que tenemos es una más afectada institucionalidad, que ya era débil”, declaró a la Agencia Andina.

El directivo de Proética agregó que la atención de las demandas sociales y necesidades de la población requerirá no solo experiencia profesional y solvencia técnica en los nuevos ministros, sino también cualidades políticas.

Sobre una eventual presencia fujimorista en el nuevo gabinete, Walter Albán sostuvo que “todo puede ocurrir”, puesto que políticos de otras tiendas políticas han descartado ser parte del nuevo gabinete de ministros.

A ello se suman las renuncias de dos ministros de Estado (Carlos Basombrío, Salvador del Solar), tras el indulto a Alberto Fujimori, lo que -en opinión de Walter Albán- ha “aislado” al presidente Kuczynski de aquellos que lo respaldaron desde que era candidato.

Luego de estas renuncias, Pedro Pablo Kuczynski anunció que, junto a la titular del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, trabaja en la recomposición del equipo ministerial, al que llamó “el gabinete de la reconciliación”.

Foto: Radio Capital

Caso Lava Jato

¿Qué es la Operación Lava Jato?

Es la investigación que destapó un esquema de corrupción masiva en la petrolera estatal Petrobras, en Brasil. Involucra a ejecutivos de la petrolera y políticos, quienes recibieron coimas a cambio de grandes proyectos de infraestructura para las principales constructoras de ese país.

La investigación inició a mediados del 2013 pero recién estalló en el 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió las primeras confesiones de una de las principales constructoras beneficiada por la red de sobornos: Odebrecht.

Odebrecht y su filial petroquímica Braskem cotizaban en la Bolsa de Nueva York y usaron el sistema financiero de ese país para realizar los pagos irregulares. Estados Unidos inició la investigación para determinar si violaron la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

¿Qué se descubrió?

La policía federal de Curitiba destapó una red de lavado de activos que operaba desde Brasilia y Sao Paulo. Las principales constructoras brasileñas —Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, OAS, Queiroz Galvao, UTC Engenhaira, etc.— habían montado un cártel que tenía como práctica regular sobornar a funcionarios públicos para conseguir contratos para obras de construcción e ingeniería con Petrobras.

Ésta licitaba sus obras bajo la fachada de la política “Compre Nacional”, que tenía como objetivo impulsar la industria del país. Aproximadamente el 3% del costo de cada obra se desviaba en sobornos. El dinero era blanqueado en negocios de gasolineras, lavanderías u hoteles. Luego era transferido a cuentas offshore a través de empresas ficticias y transacciones no registradas.

Esta modalidad se extendió a otros países de América Latina y África —donde las constructoras brasileñas también tenían presencia— para obtener contratos con el Estado.

¿Cómo se descubrió?

La figura legal de la delación premiada permitió desenredar la trama. Ésta beneficia a los involucrados en casos de corrupción con atenuar sus penas a cambio de información relevante para revelar redes de corrupción. Los testimonios del cambista y experto en blanqueo de dinero, Alberto Youssef, y del ex director de Abastecimiento de Petrobras entre 2004 y 2012, Paulo Roberto Costa, fueron clave para dar con los actores envueltos en Lava Jato.

Mientras la policía de Brasil investigaba a un cambista ilegal, dio con una red mayor de lavado de activos dirigida por Youssef. Él tenía varios negocios de lavados de carros y una conexión con Costa: en el 2013 le había regalado una camioneta Land Rover al ex funcionario. En el 2014, la policía detuvo a Youssef, quien decidió contar que se encargaba de blanquear los sobornos a cambio de reducir su pena de ocho años. Ya está en libertad. Su testimonio permitió dar con Costa y otros políticos, empresarios y ex funcionarios de Petrobras.

Tras conocerse las evidencias de corrupción, las empresas constructoras involucradas también optaron por colaborar con la justicia. Odebrecht fue la primera, con 77 ejecutivos dispuestos a brindar información. La prensa ha calificado estas confesiones como “las delaciones del fin del mundo”.

¿Cuánto dinero se gastó en coimas?

Se calcula que la operación Lava Jato ha destapado, en los últimos tres años, el pago de al menos US$1.300 millones en sobornos a partidos políticos y funcionarios públicos.

¿Cuáles son las principales figuras involucradas en Brasil?

Los ex presidentes Fernando Collor de Melo (1990-1992), Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y Dilma Rousseff (2011-2016) están mencionados en la investigación, al igual que casi un centenar de parlamentarios de más de diez partidos políticos. Según Marcelo Odebrecht, el ex presidente de la constructora que lleva su apellido, el 75% de las campañas electorales en Brasil se financiaron irregularmente, con dinero de la “caja B” de la empresa.

El juez Sérgio Moro, responsable del caso en Brasil, ha dictado prisión a los ex ministros Antonio Palocci y José Dirceu, así como al ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (ex miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, del presidente Michel Temer) y al tesorero del Partido de los Trabajadores, José Vaccari Neto.

También han caído los ex presidentes de Andrade Gutierrez (Otavio Marques de Azevedo), Camargo Correa (Dalton Avancini), OAS (José Adelmario Pinheiro) y Odebrecht (Marcelo Odebrecht).

¿Qué es Odebrecht?

Fundada en 1944, Odebrecht es la principal constructora de Brasil y América Latina, con 168.000 empleados y presencia en 28 países, como Perú, Colombia y Estados Unidos. Prosperó durante la dictadura militar de Brasil (1964-1985). A partir de la operación Lava Jato, el juez Sérgio Moro, responsable de la investigación, señaló que Odebrecht formó un “club” para conseguir las licitaciones y un sistema “sofisticado” de lavado de dinero, con cuentas en Brasil y el extranjero. Dalton Avancini, presidente de Camargo Correa —también involucrada en la red de corrupción— confesó que Odebrecht lideraba “el club de las constructoras”, conformado por unas 16 empresas. Entre el 2001 y 2014 Odebrecht participó en 120 concursos de licitación para Petrobras de los que consiguió el 10%, según el diario español El País.

¿Cómo operaba Odebrecht?

Odebrecht conseguía inflar los costos de las obras a partir de la firma de numerosas adendas. En el Perú, por ejemplo, la carretera Interoceánica fue valorizada en US$800 millones. Diez años después valía US$2.000 millones. Odebrecht montó un “departamento de coimas” (propinas en portugués) con el nombre formal de Departamento de Operaciones Estructuradas, en paralelo a la contabilidad oficial, para pagar los sobornos a funcionarios dentro y fuera de Brasil. Usó un sistema secreto de comunicaciones —Drousys— para registrar los pagos.

¿Cuánto dinero gastó Odebrecht en coimas?

Ante la justicia estadounidense, Odebrecht reconoció que entre los años 2001 y 2016 pagó US$788 millones en sobornos para más de 100 proyectos en 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. Braskem, el brazo petroquímico de Odebrecht, pagó US$250 millones entre el 2006 y el 2014. Sin embargo, el ex jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas (conocido como el departamento de sobornos), Hilberto Mascarenhas da Silva, confesó a las autoridades de Brasil —en el marco de la delación premiada— que entre los años 2006 y 2014 Odebrecht realizó pagos ilícitos por casi US$3.390 millones.

¿Quién es Marcelo Odebrecht?

Pertenece a la tercera generación de una de las familias más poderosas de Brasil, ubicada en el puesto ocho de la lista de millonarios brasileños, según la revista Forbes del 2014. Es nieto de Norberto Odebrecht, quien en 1944 fundó la constructora que lleva su apellido en Bahía, al norte del país. Es ingeniero y tiene un MBA. En 1992 ingresó a trabajar al grupo familiar y en el 2008 asumió las riendas de la empresa. En junio del 2015 fue imputado en la investigación de la operación Lava Jato por sobornar a funcionarios de Petrobras a cambio de contratos. En marzo del 2016 fue condenado a 19 años y cuatro meses de cárcel por corrupción, lavado de activos y asociación criminal. Tras varios meses en silencio, se acogió —junto a otros miembros de la empresa— a la delación premiada, es decir, a confesar a cambio de rebajar diez años su condena. En diciembre del 2017 salió de la cárcel de Curitiva para pasar a régimen de prisión domiciliaria en Sao Paulo.

Marcelo-Odebrecht

¿Qué hizo Odebrecht en el Perú?

Odebrecht está en el Perú desde 1979, durante el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez, y constituyó no menos de 27 empresas. Ha participado, individualmente o consorciada, en proyectos de infraestructura. Odebrecht se presentaba a licitaciones tanto con empresas que llevaban su nombre como con firmas de distinto nombre. En el 2016 se destaparon los casos de corrupción.

Odebrecht también contrató con gobiernos regionales. El ex presidente regional de Áncash, César Álvarez —hoy preso— le encargó a la firma brasileña la carretera Chacas – San Luis, que terminó teniendo un sobrecosto de S/.150 millones. El portal Convoca.pe informó que en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht figura la frase “consessão (concesión) Rutas de Lima” junto a la cifra de US$291.700 y al nombre “Budian”. La Municipalidad de Lima adjudicó este proyecto a Odebrecht en septiembre de 2012 y comprende la operación y mantenimiento por 30 años de tramos de la Panamericana Norte, Sur y la autopista Ramiro Prialé, financiados con los recursos de los peajes. El supuesto pago se efectuó al cierre de campaña de las elecciones municipales del 2012. Luis Castañeda fue elegido alcalde en Lima ese año.

¿Cuánto dinero entregó Odebrecht en sobornos en el Perú?

Ante la justicia estadounidense, Marcelo Odebrecht reconoció el pago de US$29 millones en sobornos a funcionarios de gobierno peruano entre los años 2005 y 2014, que involucra a los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. En ese lapso, Odebrecht obtuvo US$143 millones en beneficios ilegales. Sin embargo, los sobornos que se conocen hasta ahora alcanzan los US$36 millones: A los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala se les acusa de haber recibido US$20 millones, US$1 millón y US$3 millones respectivamente. A eso se suman US$8 millones para la adjudicación del Metro de Lima y US$4 millones por el proyecto Costa Verde.

¿Quiénes son los principales involucrados en el Perú?

El caso Lava Jato ha salpicado a los gobiernos de tres ex presidentes de la República: Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

¿Cómo respondió Odebrecht?

En enero del 2017, Odebrecht se comprometió a dar S/.30 millones en adelanto de la devolución de sus ganancias ilícitas en el Perú y a colaborar con información sobre los actos ilícitos en los que habría incurrido, así como los nombres de los funcionarios públicos involucrados. A través de un comunicado, pidió perdón a sus trabajadores y al país.

¿Qué otras constructoras estarían involucradas en Lava Jato en el Perú?

Además de Odebrecht, el Ministerio Público investiga las concesiones que obtuvieron en el Perú las constructoras OAS, Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao, también involucradas en el caso Lava Jato. Por ejemplo, Camargo Correa ganó la buena pro de la Interoceánica Sur Tramo 4, en consorcio con Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao. Según el fiscal anticorrupción, Hamilton Castro, dinero presuntamente vinculado a Camargo Correa fue transferido a una cuenta inglesa de la empresa Trailbridge Ltda. que le pertenece al empresario y financista del ex presidente Alejandro Toledo, Josef Maiman. La transferencia sería una coima de Camargo Correa por la Interoceánica. OAS desvió US$6.150.000 a través de contratos ficticios en la ejecución del proyecto Línea Amarilla o Vía Parque Rímac, presuntamente para el pago de sobornos.

¿Con quién trabajó Odebrecht en el Perú?

Odebrecht y la peruana Graña y Montero integraron consorcios para adjudicarse obras de gran envergadura en el Perú, como la carretera IIRSA Norte y Sur, la línea 1 del Metro de Lima, Chavimochic y el Gasoducto Sur Peruano. Las empresas Andrade Gutierrez, ICCGSA y JJC Contratistas Generales también formaron parte de algunos de los consorcios. Jorge Barata, ex director ejecutivo de Odebrecht en el Perú y colaborador eficaz en la investigación que se sigue en el país, confesó que Graña y Montero y JJC Contratistas Generales —que junto a Odebrecht e ICCGSA integraban el consorcio Conirsa— sabían del pago de sobornos a funcionarios públicos para la construcción de la Interoceánica. Graña y Montero negó las acusaciones. La Fiscalía negó ampliar la investigación por el caso Odebrecht a Jorge Barata y a José Graña, ex presidente del directorio de Graña y Montero. Tras la revelación de Barata, las acciones de Graña y Montero se desplomaron, aunque con el tiempo se fueron recuperando. Semanas después, la empresa peruana renovó casi todo su directorio con personas independientes.

¿Qué medidas anticorrupción se dieron en el Perú?

Se creó un grupo especial para analizar el caso Lava Jato a cargo del procurador anticorrupción, Amado Enco. Además, el presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció la modificación de la Ley de Contrataciones para que el Estado no contrate con empresas condenadas por corrupción y la muerte civil para los funcionarios corruptos. Además, dijo que Odebrecht no podrá participar en nuevas licitaciones y que las empresas corruptas tendrán que pedir permiso al Estado para vender sus activos. El Estado peruano también canceló el contrato para construir el Gasoducto del Sur —con una inversión de US$7.000 millones— y penalizó al consorcio a cargo de la obra, encabezado por Odebrecht, por no contar con la financiación para concluir la obra en el plazo establecido. Odebrecht ya pagó la penalización de US$262 millones.

¿Qué ha hecho el Congreso peruano?

En el 2015, el Congreso creó una comisión investigadora —comisión Lava Jato— encargada de investigar el pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos por parte de las constructoras brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez, Quiroz Galvao. En ese entonces, el congresista Juan Pari (Partido Nacionalista) presidió la comisión. Su informe en minoría no pudo ser ni debatido ni votado en el pleno del Congreso. Las investigaciones continúan en el actual Congreso. La congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, preside el grupo de trabajo, tras la renuncia de su colega de bancada Víctor Albrecht por su presunta vinculación con el encarcelado ex gobernador regional del Callao, Félix Moreno.

¿Cuáles serían las consecuencias para el Perú?

El costo de la corrupción del caso Odebrecht sería de medio punto menos de crecimiento del PBI durante el 2017, según el IPE. El contralor Édgar Alarcón reveló que las irregularidades en la ejecución de obras públicas entre 1998 y 2015 habrían causado perjuicios por US$283 millones.

Proética expresa su preocupación por el contexto político con el que iniciamos el 2018

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, señaló que iniciamos este nuevo año con un panorama incierto tras los últimos graves hechos producidos en el escenario político nacional, como los ataques del Congreso al Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación, así como el pedido de vacancia presidencial y el indulto al ex Presidente Alberto Fujimori. Todo ello ha ocasionado que las instituciones queden seriamente debilitadas, comenzando por el propio gobierno del Presidente Kuczynski.

“Los riesgos que enfrentamos son pues enormes y específicamente en materia de la lucha contra la corrupción, como lo hemos señalado antes, es indispensable que la ciudadanía adquiera un rol protagónico, que permita establecer una agenda y exigir su atención al Ejecutivo y al parlamento”, dijo en la nueva edición de La Voz de Proética 2018.

Por ello, precisó que es importante que la sociedad civil recupere la capacidad de movilización y formule propuestas eficientes, en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, cuestión que sin duda, ha adquirido la mayor prioridad por la situación que atraviesa el país.

En esa perspectiva, indicó que hoy resulta fundamental defender la independencia de los organismos jurisdiccionales y poner especial atención en lo que viene ocurriendo en el Consejo Nacional de la Magistratura y, desde allí, en el Poder Judicial.

“No podemos permitir que las investigaciones de casos escandalosos como el de Lava jato se frustren, permitiendo la impunidad de quienes deben responder por los graves delitos cometidos, en perjuicio de millones de peruanos”, finalizó.

3/01/2018

Walter Albán se pronuncia sobre indulto a Fujimori

(Fuente: ATV+). Walter Albán director de Proética se pronunció sobre la situación política actual del país y considera que se han juntado muchos factores que tienen que ver con la debilidad institucional que tiene el país.

Con respecto a el indulto a Alberto Fujimori, expresó que el indulto humanitario no está en cuestión pero tiene una serie de requisitos que no parecen haberse presentado en este caso.

Proética rechaza el indulto otorgado a Alberto Fujimori

Lima, 27 de diciembre del 2017.- Ante la reciente decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de otorgar los beneficios de indulto y gracia presidencial al ex presidente Alberto Fujimori, Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, expresa su rechazo a tal medida por las siguientes consideraciones:

  1. El contexto en el que esta decisión ha tenido lugar y lo expeditivo del trámite observado, además de las deficiencias denunciadas con respecto al proceso mismo, constituyen claras evidencias de que no nos encontramos ante un caso de indulto humanitario, único supuesto en el que cabría admitir la aprobación de tan excepcionales beneficios.
  2. La escasa o nula transparencia con la que se ha procedido en este asunto, sumada al hecho de que el presidente Kuczynski haya faltado al expreso compromiso asumido durante su campaña electoral, respecto de que no otorgaría tal indulto y recibiría a los familiares de las víctimas de violación a los derechos humanos, quienes hasta la fecha no son compensados, agrava una situación en la que el descrédito y la desconfianza de la ciudadanía hacia su persona, han adquirido niveles extremadamente preocupantes que afectan la gobernabilidad del país.
  3. Resulta claro que el gobierno del presidente Kuczynski ha perdido el rumbo en lo que atañe a la lucha contra la corrupción y la impunidad, por lo que es urgente que tome acciones con el propósito de revertir esta situación. Bajo las actuales circunstancias, es imperativo proceder a una recomposición del gabinete ministerial que refleje esa opción de gobierno. Asimismo, es indispensable que se garantice también el derecho de la ciudadanía a expresar su descontento ante el indulto, en un marco de respeto a la Constitución y la ley.

Desde Proética nos mantendremos en alerta, apoyando las acciones que puedan emprenderse para obtener una rectificación de tan controversial medida ante los tribunales, ya sea a nivel interno o ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Walter Albán, Director Ejecutivo de Proética

Proética: Las empresas tienen que cambiar su actitud pasiva

(Por El Comercio)

Si algo –digamos, positivo– deja el escándalo de corrupción que terminó de ensombrecer el 2017, eso es la oportunidad que como país tenemos para aprender de los errores y empoderar a la ciudadanía –incluida la clase empresarial– para lograr un verdadero cambio. Así lo considera el presidente de Proética, Jorge Medina, quien en su calidad de empresario, inversionista ángel y director de empresas, no duda en alzar la voz para que los hombres de negocios mejoren la percepción que tiene la ciudadanía sobre ellos.

 

Terminamos el año con el Caso Lava Jato haciendo remecer los cimientos del Gobierno y de algunas de las más importantes empresas del país. ¿Cuál es la principal reflexión a la que debemos arribar?
Lo que está ocurriendo no surge hoy, es algo crónico y muy grave que pone de manifiesto la perversa relación entre el mal poder político y el mal poder económico que, a su vez, pone de manifiesto dos cosas muy graves: la infiltración de dinero ilícito en la política y la penetración de la corrupción.

 

¿Imaginaba que la corrupción había llegado a tal nivel?
Solo te puedo decir que [la corrupción] existe y ha existido siempre y, mientras hablamos, sigue existiendo. Quizá, en la década de los 90, en la época del fujimontesinismo, estaba centralizada desde la cabeza del Estado, pero a partir del 2002, con la regionalización, se descentralizó y de las 1.800 autoridades locales, por ejemplo, 9 de cada 10 están implicadas en procesos de corrupción.

 

¿Qué hacer frente a esa realidad?
​Hoy estamos concentrándonos en la fiebre, pero el problema es la infección que origina esa fiebre. Vemos las consecuencias, pero no la causa y cuando ataquemos la causa, recién empezaremos a resolver el problema.

 

¿Por dónde empezar para que esa infección no se siga propagando?
Hay varios temas. No pretendamos resolver el problema si vamos a tener políticos que resultan del financiamiento ilícito. Desafortunadamente, la reforma que tenemos para impedir la penetración del dinero ilícito en la política es parcial y no ha tocado el fondo. Y, si un partido o agrupación política comete una ilegalidad, debe tener sanción política.

 

¿Podemos confiar en esa sanción política considerando el famoso ‘rabo de paja’?
Me refiero a la sanción política de los organismos electorales, como quitarte el registro para que no participes en política.

 

¿Tenemos que pensar en nuevas leyes?
Es verdad que se requieren algunas reformas, pero ante indicios o conductas que no son las mejores en el sector privado, debe haber sanción moral y social.

 

¿Resultará fácil aplicar esa sanción social cuando mientras conversamos, como usted dice, se pueden estar transando negocios bajo la mesa?
En el mundo empresarial hay indicios y, más o menos, sabes quién es quién. Hace algunos años, una empresa dejó de participar en licitaciones cuando sabía o intuía que iban a estar amañadas. Por eso, cuando sabes que hay algo que no está bien, abstente, no lo avales con tu presencia. Eso es ejercer sanción social.

 

Hay tres empresas socias de Odebrecht que están investigación. ¿Sería parte de esa sanción social que sus pares privados les cancelen contratos?
Déjame contestarte de esta manera. Si han perdido o no contratos, no lo sé, pero han sufrido efectos negativos: han vendido activos para pagar deudas, el valor de sus acciones ha bajado y es probable que sus bancos les pidan mayores garantías, porque su riesgo ha aumentado. A donde no podemos llegar es al extremo de hacer aseveraciones que solo el Poder Judicial puede hacer. Lo importante es que ya están en investigación.

 

Si entre bambalinas se sabía que existían prebendas y pagos, ¿por qué dejamos que la corrupción se empodere tanto?
Según la historia, en el Perú y en América Latina la impunidad ha reinado siempre. La corrupción se ha insertado de tal manera que compra voluntades en el Poder Judicial, en la fiscalía, en la policía, en la política, en el Congreso o en autoridades regionales. Pero hoy hay muchísima más conciencia ciudadana y los empresarios no podemos desligarnos.

 

¿Cuál debe ser el rol de los empresarios?
Las empresas tienen que cambiar su actitud pasiva. Si tengo buenas prácticas y programas de combate a la corrupción y de buen gobierno corporativo, me toca influir positivamente en mi cadena de valor (proveedores, clientes, abogados y gestores de intereses). Pero, también me toca influir en políticas públicas para saber qué origina la fiebre y cómo mato la infección. Me debo pronunciar, no puedo seguir poniéndome de costado porque antes que empresario soy un ciudadano, soy peruano y no puedo ser indiferente.

 

Dos firmas que trabajan junto a ex consorciadas con Odebrecht me decían que seguirán trabajando con estas compañías porque, de comprobarse los delitos, las corruptas serían las personas, no las empresas.
En efecto, las personas son las corruptas. No podemos pretender cerrar empresas por conductas de algunos de sus dirigentes. Las empresas tienen su propia personería jurídica y, además, tienen trabajadores, proveedores y obligaciones con el Estado. No puedes matar a la empresa porque cortas la cadena de pago y causas un peor problema.

 

Entonces, ¿está en contra del DU 003 que pretende impedir que participen en futuras licitaciones públicas?
El 003 tuvo buenas intenciones, pero fue pésimamente diseñado y ahora, con las modificaciones del Congreso, están agravando el problema. Aunque se debe hacer responsable a la empresa no podemos matarla.

 

Tras lo sucedido, ¿habrá un verdadero cambio en el tratamiento del gobierno corporativo en las empresas?
El buen gobierno corporativo es fundamental, pero hay que ser realistas, el problema estaba en que se creía que había que ganar las licitaciones comprando voluntades.

 

¿Cuál debe ser el rol de los directorios?
Los directorios van a ser mucho más sensibles al riesgo de corrupción y las empresas deberían tener un sistema ad hoc de prevención y combate a la corrupción, pero también se deben hacer públicos los resultados de los programas de cumplimiento, prevención y combate a la corrupción.

 

¿Se podrá?
Claro, se requiere de una buena dosis de valentía y coraje y, sobre todo, de visión. Sería un extraordinario paso en el sector privado.

 

Pero el año pasado una encuesta de EY revelaba que cerca del 50% de los equipos financieros justificaría comportamientos poco éticos con el objetivo de alcanzar metas financieras.
Si fuese así, no significa que eso no pueda cambiar. Pero se trata de un cambio desde la cabeza, es en ese lugar donde se parte el pastel para hacer las reformas y los cambios.

 

¿Lograremos hacerlo en el breve plazo?
Si no se hace, ponemos en serio riesgo a la sostenibilidad empresarial. Aquellos líderes que tengan la visión suficiente y hayan desarrollado ese nivel de conciencia, lo van a hacer, no tengo duda, pero se requiere una visión de largo plazo. Quizá al inicio te signifique perder algunos negocios y tu competidor te gane porque usó malas armas pero, al final del día, serás sostenible.

 

¿Qué esperar de la clase empresarial a la que pertenece?
El sector privado tiene que bajar de la tribuna, ir a la cancha, jugar y ganar el partido. Eso es liderazgo y visión de largo plazo. No debemos seguir jugando el rol de víctimas sino de líderes, no podemos desentendernos porque no somos gobierno, tenemos que participar.

 

Al final de túnel, ¿Lava Jato permitirá iniciar la verdadera lucha contra la corrupción?
Podría ser el punto de quiebre y aquello que nos abra los ojos.

 

¿Cómo avizora a la clase empresarial después de este escándalo?
Si participamos y dejamos el miedo atrás y la hipocresía de decir lo que es políticamente correcto, y nos involucramos con acciones y predicamos con el ejemplo, veo a una clase empresarial exitosa, generando empleo y bienestar, con impactos positivos en el país.

 

¿Participando con efectos positivos en política, porque hay quienes dicen que como políticos no la hacen?
Esa es una falsa dicotomía porque, sin pertenecer a un partido, los empresarios sí hacemos política, que es ejercer influencia positiva en lo que tiene que ver con el bien común, con el progreso del país y su desarrollo.

 

¿Veremos gremios más fortalecidos?
Insisto, si es que nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos y cambiamos nuestras actitudes, sí, incluso mejoraremos la percepción que tiene la ciudadanía sobre nosotros, que no tiene una buena percepción de los empresarios, y no le echemos la culpa a las ONG, a los medios o a los de izquierda, es un tema nuestro y no es gratuito.

 

26/12/2017

Congreso está obligado a acatar orden de la Corte IDH sobre jueces del TC

(Por La República) El Poder Legislativo está obligado a acatar la disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender de inmediato el proceso que se sigue a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por el caso El Frontón. Si no lo hace, estaría yendo contra la normativa nacional e internacional, advirtió el Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán.

En ese sentido, dijo esperar que la mayoría parlamentaria cumpla con lo resuelto por el organismo supranacional y el proceso al que son sometidos los magistrados del TC en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales quede congelado hasta el próximo 2 de febrero, fecha en que la Corte IDH realizará la audiencia de supervisión del caso El Frontón y evalúe el cumplimiento de su sentencia contra el Estado peruano.

Precisamente, la Corte señaló que el caso de los magistrados del TC le compete porque la decisión que estos adoptaron en el recurso de reposición de ex marinos procesados por ejecuciones extrajudiciales en el Frontón podría incidir en el juicio oral.

El organismo supranacional ordenó al Perú, en el 2000, investigar y sancionar, así como iniciar nuevos procesos a eventuales responsables de las muertes y desapariciones ocurridas durante el motín en El Frontón, en junio de 1986.

Albán, abogado defensor de uno de los procesados, sostuvo que ningún representante del Estado peruano puede desconocer un mandato del sistema interamericano, del cual el Perú forma parte a través de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. “Hacerlo traería consecuencias graves, más aún en el contexto de crisis que vivimos”, sostuvo.

Como se sabe, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomendó destituir a Eloy Espinosa-Saldaña y suspender a Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda por supuestamente haber cambiado el fondo de la sentencia del caso El Frontón.

Por su parte, el director del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, advirtió que si el Congreso no cumple con el mandato de la Corte IDH se generaría un “nivel de responsabilidad internacional del Estado”, que el organismo supranacional tendrá que especificar respecto a las consecuencias y acciones que eso conllevaría.

Rivera calificó la disposición de la Corte como un “hecho de carácter histórico”.

“Se cumplirá lo resuelto”
En declaración pública, los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional anunciaron que cumplirán “estricta y escrupulosamente” lo resuelto por la Corte IDH, en cumplimiento de la Constitución Política, que reconoce a los tratados firmados por el Estado como parte del derecho nacional.

19/12/2017

Comisión de Ética debe ser disuelta para su recomposición, sugiere Proética

(Por Agencia Andina) El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, dijo hoy que la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso debe ser disuelta para pasar por un proceso de recomposición y no pueda ser usada como un instrumento de agresión política.

En declaraciones a la Agencia Andina, precisó que este grupo de trabajo generó “una decepción total” debido a su controvertida forma de actuar frente a determinados casos de inconducta legislativa sometidos a su fuero.

“La Comisión de Ética tiene que ser reformulada (en su composición), en primer lugar, disolverla y ver un nuevo diseño, para que esa función la cumpla gente que no tenga la posibilidad de utilizarla como un instrumento de agresión política y de protección o blindaje a los fieles y leales que son a su causa”, señaló.

Albán señaló que el mencionado grupo parlamentario, que preside Juan Carlos Gonzales, “no es una instancia seria”, porque en ella “se castiga a los enemigos y protegen a los propios”.
“Nos parece bien que algunos integrantes de diversas bancadas hayan decidido salir de este grupo de trabajo, para, de esta manera, se evite suscribir alguna pantomima promovida por dicha comisión. Por ello, consideramos que deben verse otras formas de conformación”, añadió.

Recordó que existen muchos casos que dieron vergüenza por la forma como fueron resueltos por este grupo de trabajo, como el caso de la legisladora de Fuerza Popular, Yesenia Ponce, que participó en el tráfico de tierras y que pagó por un certificado de estudios y que no fue sancionada.

“Esa congresista, estuvo en primera fila en la Subcomisión (de Acusaciones Constitucionales) evaluando a los magistrados del Tribunal Constitucional, es vergonzoso”, agregó.

Foto: Agencia Andina

18/12/2017