Agente 003 (o tres a cero), por José Ugaz

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Por José Ugaz,  ex presidente de Transparencia Internacional
Publicado en el diario El Comercio

Hace un año, el gobierno promulgó el Decreto de Urgencia 003-2017, titulado “Decreto de urgencia que asegura la continuidad de proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos y cautela el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción”.

Entre sus fundamentos, la norma declara que quiere evitar la desaceleración de las inversiones y promover a nuevos inversionistas en los proyectos contaminados de corrupción.

El decreto dispuso que las empresas cuyos representantes han sido condenados o han confesado haber incurrido en casos de corrupción, y sus vinculadas, no pueden hacer transferencias al exterior ni vender sus activos sin permiso del Ministerio de Justicia (Minjus). Si alguien está interesado en comprarles a esas empresas sus activos, acciones o derechos, deberá solicitar permiso al Minjus y depositar en un fideicomiso administrado por el Banco de la Nación el íntegro del monto que la procuraduría “haya estimado a ese momento de la reparación civil a favor del Estado”. A ello se agrega que las entidades del Estado que le deben a estas empresas o consorcios retendrán los pagos según una fórmula dispuesta en el DU 003.

¿Cuál ha sido el resultado de la norma? Exactamente el contrario. Solo en el caso de Odebrecht, 147 empresas de 247 proveedores ya quebraron, lo que ha dejado sin empleo a 9.000 trabajadores. Con la paralización del gasoducto del sur, el año pasado dejaron de salir de la pobreza 150.000 peruanos. El proyecto de la hidroeléctrica de Chaglla, valorizado en US$1.400 millones, está entrampado en una negociación con inversionistas chinos.

Al margen de los problemas de constitucionalidad que contiene el DU 003, este ha demostrado ser una norma defectuosa y mal diseñada. Equipara al condenado (que ha negado haber cometido actos de corrupción), con el colaborador que confiesa su delito. Es decir, castiga al que ayuda al Estado entregando información y devolviendo dinero como si se hubiera negado a reconocer su responsabilidad.

De otro lado, obliga a los interesados en adquirir estas empresas o sus proyectos a depositar al Estado una suma de dinero arbitrariamente “estimada” por parte interesada en el proceso (procuraduría), sin que exista fallo de responsabilidad o decisión final sobre el monto de la reparación civil. ¿Quién en su sano juicio va a comprar una empresa o proyecto que además del precio le va a costar un monto adicional “estimado” al libre albedrío de la procuraduría?

El fracaso de la norma ha sido evidente por goleada. Se han paralizado importantes obras de infraestructura, se ha roto la cadena de pagos y se ha desincentivado a los interesados en comprar. Ello pues, por un lado, el Minjus ha actuado con temor ante las pocas solicitudes que ha recibido y, por otro, los potenciales compradores se han asustado ante la amenaza de que se declare nula su compra y encima tengan que pagar solidariamente con el corrupto el íntegro de la reparación civil y ser inhabilitado para contratar con el Estado.

También se ha desmotivado a potenciales colaboradores que no ven razón para acogerse si los van a tratar igual o peor que a aquellos que cínicamente niegan su responsabilidad, poniendo en riesgo, por anticipado, la viabilidad de sus empresas.

Es entendible la encrucijada del gobierno. Por un lado, debe evitar la impunidad de corruptos que han afectado gravemente al país. Por otro, debe asegurar la buena marcha de la economía y la continuidad de grandes proyectos de desarrollo. Sin embargo, en el dilema, intimidado ante la demagogia de los políticos que irresponsablemente exigían a gritos la inmediata expulsión del país de las empresas corruptas sin importarles las consecuencias sociales, optó por el peor camino.

El emblemático juez brasileño Moro usa una frase que resume lo que debe ser un principio rector en estos casos: “No hay que ahorcar al cantante”. No hay que castigar al colaborador, hay que incentivarlo. Que pague su culpa en términos razonables y proporcionales a su delito y su colaboración. No es dable que al día siguiente que una empresa decide colaborar, le caigan desordenadamente y sin coordinación alguna la Sunat, el OSCE, el Indecopi, los bancos y todos los que tienen una pretensión económica o legal, estrangulándola a diez manos.

Ahora que vence este DU fracasado, es tiempo de promulgar urgentemente una norma que impida que miles de peruanos vayan al desempleo y se pare el desarrollo del país. Puede implementarse un sistema similar al de las empresas que solicitan su reestructuración: una vez que se acogen a ese régimen, el Estado las protege de la depredación caótica y caníbal, y busca una salida ordenada para beneficio del Perú, no para satisfacer a los demagogos de siempre. Que la fiscalía y el Poder Judicial se ocupen de evitar la impunidad que, en ese ámbito, vienen haciendo un buen trabajo.

Ilustración: Victor Sanjinéz García

5/02/2018

¿Perdonamos los peruanos la corrupción?, por Sofía Vera

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Por Sofía Vera*

Dada la conmoción política generada por los últimos escándalos de corrupción en América Latina, estudiar las actitudes de los ciudadanos hacia la corrupción se ha vuelto de vital importancia. Casos como el de Odebrecht en Brasil, y sus ramificaciones en otros países de América Latina, han reavivado el debate sobre la tolerancia ciudadana a la corrupción. ¿Cómo perciben los ciudadanos a los gobiernos envueltos en casos de corrupción? ¿Acaso la corrupción se percibe como una realidad inevitable tan enquistada en la cultura y el sistema político que no tiene solución, o más bien es vista como un problema que puede combatirse desde la sociedad y frente al cual los ciudadanos toman acción y dicen “basta ya!”?

Se dice que los peruanos toleramos la corrupción y que preferimos un político corrupto pero eficiente a uno honesto pero ineficiente, pero en realidad esta afirmación no ha sido estudiada a profundad con evidencia empírica que lo demuestre. Algunas encuestas afirman que la tolerancia a la corrupción es de 78%.[1] Otras encuestas encuentran que el apoyo ciudadano al “roba pero hace” está entre el 41%[2] y 59%.[3] Pero la idea del intercambio de bienestar económico por corrupción es muy difícil de medir con encuestas ordinarias porque mucha gente responde como cree que debería responder y no como realmente piensa y opina.

Para reducir los problemas de medición y de inferencia causal, aplicamos una metodología experimental de viñetas de encuesta que ha sido utilizada con éxito en otros países del mundo.[4] El experimento se aplicó en la Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción 2015 de Proética.[5] Encontramos que los peruanos son menos tolerantes a la corrupción de lo que usualmente se cree. Si comparamos a dos candidatos hipotéticos promedio, iguales en todo excepto por su record de corrupción, el candidato honesto recibe 49.74% de apoyo electoral, mientras que el corrupto recibe solo 30.10%.[6] Es decir, en promedio, el candidato corrupto recibe 19% menos intención de voto que el candidato honesto.

Al explorar la idea de que el castigo a la corrupción disminuye con las obras, encontramos cierta evidencia de que este es el caso en esta muestra. Mientras que los candidatos eficientes reciben una sanción de 16.59% por acusaciones de corrupción, los candidatos ineficientes acusados por corrupción pierden hasta 22.89% de apoyo electoral. Esto quiere decir que aunque ser eficiente ayuda a amortiguar el peso electoral de la corrupción, el candidato eficiente no se salva por completo del castigo electoral. Incluso para un candidato eficiente ser corrupto tiene un costo alto.

Este es uno de los primeros estudios experimentales en el Perú que nos permite afirmar con precisión que la corrupción tiene un precio político tanto para políticos que hacen obra como para los que no hacen obra. Sus resultados sugieren que la típica frase “roba pero hace” tiene algún fundamento empírico pero que requiere de una precisión importante: las obras reducen el costo de la corrupción pero no garantizan su impunidad.

Esperamos que este estudio motive nuevas investigaciones empíricas sobre este y otros aspectos de la corrupción en el Perú.

*Sofía Vera es candidata a doctora por la Universidad de Pittsburgh e investigadora visitante en el German Institute for Global and Area Studies (GIGA) en Alemania.

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[1] https://elcomercio.pe/politica/actualidad/78-peruanos-son-tolerantes-corrupcion-389838

[2] http://semanaeconomica.com/article/economia/144060-roba-pero-hace-obra-por-que-los-peruanos-toleramos-la-corrupcion/

[3] http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/roba-hace-obra-noticia-11024

[4] En América Latina resaltan los estudios en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, y Uruguay que utilizan esta metodología: Winters y Weitz-Shapiro 2013, Botero et al 2015, Carreras y Vera 2017, Klašnja et al 2017, Weitz-Shapiro y Winters 2017

[5] Link a los resultados y detalles tecnicos de la encuesta.

[6] La probabilidad de apoyo al candidato es medida en una escala del 1 al 7 (donde 1 es muy improbable y 7 es muy probable) y ha sido transformada a una variable de 0-100 para facilitar la interpretación.

Referencias:

Winters, M. S., & Weitz-Shapiro, R. (2013). Lacking information or condoning corruption: When will voters support corrupt politicians? Comparative Politics.

Botero, S., Cornejo, R. C., Gamboa, L., Pavao, N., & Nickerson, D. W. (2015). Says who? an experiment on allegations of corruption and credibility of sources. Political Research Quarterly.

Klašnja, M., Lupu, N., & Tucker, J. (2017). When Do Voters Sanction Corrupt Politicians? Paper presented at the 2017 Annual Meeting of the European Political Science Association.

Carreras, Miguel, & Vera, Sofia (2017). Do Corrupt Politicians Mobilize or Demobilize Voters? A Vignette Experiment in Colombia.

Weitz-Shapiro, R., & Winters, M. S. (2017). Can Citizens Discern? Information Credibility, Political Sophistication, and the Punishment of Corruption in Brazil. Journal of Politics, 79(1).

2/02/2018

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¿Qué tan dispuestos estamos los peruanos a votar por candidatos que “roban pero hacen obras”?

La normalización del perjuicio

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Por Tania De la Torre. Hace algunos días, caminaba con Gianfranco por la calle, cuando escuchamos una sirena cada vez más estruendosa. Pensé en la viveza de los policías por eludir semáforos. Gianfranco no. Él fue dando saltitos hasta la esquina con inexplicable emoción para ver al policía en acción. Me comentaba feliz cómo ese policía ha de estar siguiendo a un ladrón para llevarlo a la cárcel.

Gianfranco tiene seis años y va en primer grado. Su inevitable inocencia le impide entender cómo funciona el mundo real, porque, bajo mi perspectiva, ese policía no iba a atrapar a un ladrón, solo quería “sacar ventaja”. Entonces pensé que la confianza en estos funcionarios “corruptos”, únicamente podría responder a desconocimiento e ingenuidad. Los funcionarios se roban la plata de obras públicas y nos sacan propinas por infracciones de tránsito. Y eso es lo “normal”.

La decepción frente a una institución corrupta es lamentable, pero no lo es tanto como su normalización. Se dice comúnmente que el nivel de satisfacción está representado por el resultado menos las expectativas. Así, si las instituciones funcionan por debajo de como esperamos, la disconformidad será inminente. Por su parte, normalizar la corrupción, nos lleva a perder la sorpresa e indignación. Toleramos la corrupción a tal punto de que el 48% de los peruanos cree que no se debe condenar a los funcionarios corruptos mientras hagan obra (Fuente: Décima Encuesta Nacional sobre Percepción de la Corrupción 2017 – Proética). Pero claro, si al final “todos roban”.

Ahora bien, pese a que solemos vincular la corrupción al funcionario y en el marco de la gran escala, la corrupción es un mal endémico, presente en la cotidianidad del día a día. Nos hemos resignado a su incidencia, convivimos con ella y nos acomodamos bajo esta dinámica. En ocasiones, podemos rescatar su supuesto beneficio. Con ella, podemos pagar una propina en lugar de una multa, nos permite agilizar trámites, o conseguir algún puesto en el Estado.

Al normalizar la corrupción, normalizamos su perjuicio. La corrupción es un problema transversal, un obstáculo al desarrollo y un alimentador de la pobreza. Según el Banco Mundial, los países pierden alrededor de 4% de su PBI por casos de corrupción, es decir, de confiarse en su veracidad, todos los peruanos perdemos en promedio S/ 20 000 millones al año, lo que equivale a, aproximadamente, 24 veces el programa “Pensión 65” o 54 veces “Cuna Más”. En la misma línea, de acuerdo a declaraciones del ex presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, únicamente el caso Odebrecht, le cuesta al Perú medio punto de su PBI, con lo que podríamos pagar casi 3 millones de sueldos mínimos.

Normalizar un perjuicio, no es lo normal. Para Gianfranco, el policía atrapa a los ladrones y nos protege en las calles, para él, el presidente de la República trabaja por nosotros y el Congreso nos representa. Gianfranco no es ingenuo, porque es la misma premisa que todos deberíamos asumir. No perdamos la indignación, exijamos mejores instituciones y autoridades íntegras; pero sobre todo, no seamos parte del problema. No nos dejemos arrastrar por los tentáculos de esta plaga que nos somete al ensimismamiento y la desidia.

  • Fecha de publicación: 02/02/2018
  • Foto: esejotas.jesuitas.pe

¿Qué tan dispuestos estamos los peruanos a votar por candidatos que “roban pero hacen obras”?

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En unos meses se llevarán a cabo las elecciones regionales y municipales 2018. Nuevamente, los peruanos iremos a las urnas a elegir a nuevas autoridades. ¿Cuántos peruanos estaremos dispuestos a votar por candidatos que ofrezcan hacer obras, aunque tengamos la seguridad de que nos robarán?

Para tratar de entender mejor las actitudes detrás de la frase “roba, pero hace obra”, Sofía Vera, investigadora peruana que cursa su doctorado en la Universidad de Pittsburgh (EE.UU.), elaboró el primer estudio experimental realizado en nuestro país sobre cuánto toleramos la corrupción. Vera tomó como materia prima las respuestas a una batería de preguntas diseñadas por ella y aplicadas el año 2015, como parte de la Novena Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética.

Este estudio analiza si los candidatos percibidos como corruptos son castigados electoralmente, utilizando una serie de situaciones y combinaciones de escenarios.

Veamos los resultados en la siguiente infografía:

 

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1/02/2018

Indecopi declara barrera ilegal examen de suficiencia profesional del Colegio Odontológico del Perú

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Los cirujanos dentistas peruanos o extranjeros que cuenten con un título profesional reconocido por la Sunedu o revalidado por una universidad peruana, podrán colegiarse y ejercer cumpliendo los mismos requisitos que alguien titulado en el Perú. Así lo determinó el Tribunal del Indecopi, tras declarar barrera burocrática ilegal la exigencia del Colegio Odontológico del Perú (COP) para que las personas (de cualquier nacionalidad) que hayan obtenido su título de cirujano dentista fuera del país rindan un examen de suficiencia profesional para acceder a la colegiatura.

La controversia se inició debido a que el COP incluyó en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) el requisito de un examen de suficiencia profesional para verificar la calidad de la formación de los odontólogos que ejerzan en el Perú y disminuir el riesgo de perjudicar a pacientes. Según el COP, dicha exigencia se basa en que la Sunedu informó que no verificaba las competencias de los profesionales con títulos obtenidos en el extranjero. Originalmente se exigía dicho examen y un monto de colegiación más elevado solamente a los odontólogos extranjeros titulados en el extranjero. Es decir, se discriminaba tanto por el origen del título, como por la nacionalidad del profesional.

En octubre de 2016, Melita Velic, una odontóloga extranjera residente en el Perú denunció al COP ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi por la exigencia de rendir un examen para tramitar su colegiación y pagar por derechos de colegiatura.

Velic cuenta con el título de odontóloga otorgado por la Universidad Mohammed V de Rabat, en Marruecos, el cual fue reconocido por la Sunedu e inscrito en el Registro Nacional de Grados y Títulos en diciembre de 2015. Sin embargo, cuando inició el trámite para registrarse en el COP, en julio del 2016, dicha entidad le exigió presentar una “constancia del examen de suficiencia profesional” y “constancias de pago por derechos de colegiatura” como requisitos para tramitar la solicitud de colegiación.

Antes de iniciar formalmente su pedido de colegiación, Velic recurrió a la Defensoría del Pueblo, entidad que, luego de evaluar el caso, remitió al COP una recomendación en la que señalaba el carácter discriminatorio de la medida y sus problemas legales respecto a otras normas.

“Los daños que este abuso ha producido son múltiples. En mi caso, y el de todos los otros profesionales que he conocido, ha significado una prohibición de facto para trabajar, ganarse la vida e integrarse a la sociedad. Entre quienes hemos sido afectados hay quien ha tenido que cancelar sus planes de retornar, vivir, trabajar e invertir en el Perú, quien ha tenido que dedicarse a otras actividades o trabajar en condiciones que —aunque eran causadas por una injusticia— le podían producir un problema legal por ejercer sin estar colegiado”, reveló Melita Velic.

Para determinar que exigir un examen de suficiencia profesional es ilegal, el Indecopi consideró que el Ministerio de Salud es la única entidad autorizada para modificar o crear requisitos de colegiatura.

“(…) La exigencia del examen de suficiencia profesional por parte del COP resulta ilegal en tanto el Ministerio de Salud, que es la única entidad autorizada por ley para modificar o crear los requisitos de la colegiatura de los cirujanos dentistas que deseen ejercer su profesión en el país, no la ha considerado como una condición necesaria para solicitar la colegiación”, explicó el Indecopi a través de un comunicado.

El Indecopi también señaló que los títulos profesionales emitidos en el extranjero reconocidos por la Sunedu o validados por una universidad peruana tienen el mismo valor que uno emitido en el Perú. Tras este trámite, el cirujano dentista debe solicitar la colegiación ante el COP sin necesidad de rendir un examen.

“Recurrir al INDECOPI no es gratuito ni sencillo, pero en mi experiencia ha demostrado ser una vía efectiva para impugnar normas abusivas e ilegales”, dijo Velic.

Los profesionales que se vean afectados por la exigencia del COP, pueden ir a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi para solicitar el inicio de un proceso sancionador.

“Tanto el ‘examen’ como el cobro discriminatorio han desaparecido y me consta que decenas de profesionales peruanos y extranjeros se están inscribiendo sin problemas. Sin embargo, las autoridades del COP han anunciado que impugnarán la resolución del tribunal del Indecopi en el “, alertó Velic.

Foto: El comercio

31/01/2018

Gris panza de burro: Tolerancia a la corrupción en el Perú

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Por Samuel Rotta. Hace casi medio siglo, Arnold Heidenheimer, en un texto clásico dentro de la literatura académica sobre corrupción, se preguntaba por qué algunas conductas corruptas tenían más probabilidades de extenderse en determinados tipos de sociedades que en otros.

Para responderse, elaboró una simple escala de grises: etiquetó como “corrupción blanca” a aquellas conductas que no generan un rechazo vigoroso en ningún sector social; como “corrupción negra” a aquellas conductas sobre las que hay amplio consenso en que no pueden ser toleradas y deben ser sancionadas; finalmente, como “corrupción gris” a aquellas conductas frente a las cuales solo algunos sectores, particularmente las elites, tienen una actitud de rechazo, mientras que la mayoría las tolera o no es tajante en su rechazo.

Heidenheimer aplicó este esquema a un grupo de conductas de corrupción en cuatro tipos distintos de comunidades para analizar la tolerancia a en cada una de ellas.  Verificó que en el sistema moderno basado en la cultura cívica había una menor recurrencia y un mayor rechazo que en las otras tres comunidades: sistemas tradicionales basados en relaciones de parentesco o patronazgo y el sistema moderno basado en relaciones clientelares.

 

 

En el Perú

Como en cualquier sociedad, distintos sistemas de intercambio socio-políticos conviven en el Perú. Hay decisiones públicas que se toman por el peso de relaciones familiares o amicales (contrataciones en puestos de confianza, por ejemplo), por los compromisos asumidos a través de redes de clientela política (entrega de certificados de posesión en zonas de riesgo, como volvimos a ver a propósito de las tragedias generadas por los deslizamientos e inundaciones del verano pasado) o para satisfacer expectativas de beneficios económicos que se hicieron actores corporativos luego de apoyar financieramente una campaña política (reformas normativas o relajo de regulaciones), entre otras razones.

Mapear las distintas conductas, según su grado de tolerancia y las razones que lo explican, puede ayudar a diseñar y gestionar programas anticorrupción más “inteligentes”, que enfrenten causas particulares para cada una de ellas, con medidas que no se queden en la solución facilista de reformas legales universales que se implementan a tientas, si no que se dirijan a cambiar actitudes y prácticas cotidianas.

Un ejercicio muy preliminar en nuestro país puede hacerse con datos de la Encuesta Nacional sobre Corrupción (Proética 2017). Aunque son pocas conductas analizadas y limitadas a pequeña corrupción, podemos apreciar que el rechazo está lejos de ser consensual hacia ninguno de los casos evaluados y lo que predomina es una actitud ambigua (corrupción gris).

 

 

El ejercicio puede profundizarse para ver cómo se comportan los distintos grupos sociales frente a cada conducta; en particular para encontrar si es que, como sugería Heidenheimer para el caso de comunidades con alto rechazo a la corrupción, las élites presentan una inclinación a reflejar una “cultura cívica” más clara que otros sectores.

Aunque sí hay un rechazo a las conductas de corrupción mayor entre el grupo económicamente más acomodado (A), este no es categórico y más bien está en ligera desventaja frente a los que se muestran ambiguos (gris).  Prácticamente, a medias.

 

 

 

 

Por su parte, las clases medias (B-C) y los sectores populares (D-E) presentan datos parecidos frente a las tres conductas: una ambigüedad bastante alta, con barras grises entre 55% y 70%, complementado con rechazos que van de 15% a 34%. Hay una tendencia a que se reduzca el mientras más bajo es el NSE.

Este ejercicio preliminar comprueba la actitud ambigua ante la corrupción –al menos, pequeña corrupción—extendida entre todos los sectores socioeconómicos; ni siquiera en el grupo más acomodado hay una “cultura cívica” que predomine.  Esto sugiere, por lo pronto, la necesidad de estrategias dirigidas a quebrar la idea de la corrupción como algo inevitable y “natural”, sea con campañas informativas y de sensibilización, como con ejemplos de sanción efectiva y difusión, dirigidas a públicos muy distintos entre sí.

  • Fecha de publicación: 30/01/2018
  • Foto: Propia

Proética exige respetar el pronunciamiento de la Corte IDH respecto al indulto de Alberto Fujimori y los cuatro miembros del TC

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El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, señaló que la decisión que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia que se llevará a cabo el próximo 2 de febrero en San José de Costa Rica, sobre el indulto del expresidente Alberto Fujimori y la acusación constitucional en el Congreso de la República contra los miembros del Tribunal Constitucional, será de obligatorio cumplimiento para las distintas autoridades del Estado.

Recordó que conforme al artículo 205 de nuestra Constitución, los peruanos tenemos el derecho de acudir a dicha instancia internacional, cuando no conseguimos que se protejan nuestros derechos fundamentales a través de la jurisdicción interna. En esa situación, tenemos expedita la posibilidad de acudir entonces a la Comisión o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según corresponda”, indicó Albán en la última edición de La Voz de Proética.

Además, recalcó que esta experiencia la vivimos muy intensamente los peruanos durante el gobierno autoritario de Fujimori, cuando los derechos fundamentales quedaron desprotegidos cuando bajo ese régimen fueron prácticamente intervenidos el Ministerio Público, el Poder Judicial y hasta el Tribunal Constitucional.

Aunque manifestó que no podemos adelantarnos a lo que finalmente resolverá la Corte Interamericana sobre los asuntos que habrá de abordar, consideró preocupante que algunas autoridades de nuestro país, hayan insinuado desde ya que podrían no acatar lo que se resuelva si el resultado no es satisface.

“La defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción van de la mano, y no podemos permitir que nos escamoteen, como ha ocurrido con el pueblo venezolano, la posibilidad de acudir a estos organismos internacionales, cuando así corresponda conforme a nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Lo que decida la Corte, deberá ser cumplido a cabalidad”, finalizó.

Foto: El Peruano

29/01/2018

Cinco lecciones para enfrentar la corrupción

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Por Débora Dongo-Soria. Transparencia Internacional, el movimiento global que lucha contra la corrupción, organiza una vez al año un curso anticorrupción de siete días en Vilna, la capital de Lituania, para jóvenes líderes. Desde su lanzamiento, en el 2010, han participado unas 800 personas de 90 países. En el 2017 fuimos tres peruanos.

El curso es una oportunidad para entender las causas y efectos de la corrupción, saber en qué dirección está yendo el mundo para enfrentarla y adquirir mejores habilidades para difundir un mensaje de integridad y transparencia.

Estas son las cinco conclusiones que saqué del curso:

  1. INVOLUCRAR A TODOS. La corrupción funciona a través de fuertes estructuras y redes. Si queremos combatirla eficazmente, toda la ciudadanía se tiene que involucrar en la solución del problema. Todos, desde donde nos toque estar (empresa, universidad, entidades públicas, medios de comunicación), tenemos una responsabilidad, un liderazgo y un poder que ejercer para construir un país más transparente, íntegro y justo. Por ello, Proética busca ser un movimiento que lidere esfuerzos por un Perú libre de corrupción, y desarrolla diferentes movilizaciones, campañas y actividades de vigilancia ciudadana.
  1. ATRAER A LOS JÓVENES. Los jóvenes de 15 a 29 años conforman el 26.9% de la población peruana, según el INEI. En las elecciones generales del 2016, los menores de 30 años fueron el grupo etario más numeroso (30.25%), por lo que su voto es decisivo para elegir autoridades honestas. Hay que buscar a los jóvenes y construir comunidades —como Jóvenes Proética— en las que desde ahora puedan comprender el rol que les toca jugar y aportar con su energía y creatividad. Así, cuando asuman posiciones de poder, será más difícil que caigan o acepten actos de corrupción.
  1. RECHAZAR LA CORRUPCIÓN (¡PERO EN SERIO!). Tenemos que tener tolerancia cero frente a la corrupción porque impide nuestro desarrollo económico y social. No debemos aceptar ni un “poquito” de contrabando, ni a quien “roba pero hace obra”, ni pensar que alguien “la hizo linda” por enriquecerse a costa del Estado sin que nadie se dé cuenta. La conducta ética debe ser parte de nuestra cultura y de nuestro día a día. Es urgente reformar el sistema judicial, policial, político y educativo. Empecemos a reconocer el valor de hacer las cosas bien, dejemos de quejarnos y de echarle la culpa a alguien más. Hay quepasar de la indignación a la acción.          
  1. CONSTRUIR INDICADORES. Todos los años Transparencia Internacional publica el Índice de Percepción de la Corrupción. En el 2016, el 69% de los 176 países evaluados obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de ínfimos niveles de corrupción). El Perú obtuvo 35 puntos. Cada dos años, Proética publica una encuesta nacional sobre percepción de la corrupción. En el año 2017 la encuesta revela que el 62% considera la corrupción de funcionarios y autoridades como el principal problema del Estado. Pero las percepciones y opiniones deben complementarse también con evaluaciones rigurosas sobre la efectividad de nuestros esfuerzos por erradicar la corrupción y la impunidad para saber si estamos yendo por el camino correcto. Por ejemplo, hay que evaluar qué se ha conseguido con las leyes anticorrupción, cuántas redes de corrupción se han desarticulado, o cuántas autoridades o empresas han sido sancionadas por actos de corrupción.
  1. EMPEZAR AHORA Y NO RENDIRSE. La corrupción es uno de los principales problemas del Perú, según la última encuesta nacional sobre corrupción de Proética. El momento y la oportunidad para enfrentarla son ahora. Es difícil, pero no imposible. Querer es poder. Antes, a nadie se le ocurría usar el cinturón de seguridad en el auto, reciclar o salir a marchar en contra de la violencia contra la mujer, pero hoy son prácticas comunes. Ese cambio de actitud también puede darse en la lucha contra la corrupción. Hay que innovar, ejercer presión y liderazgo, tener paciencia y nunca —pero nunca— rendirse.

Solo juntos podremos construir el Perú que todos queremos. Y tú, ¿qué vas a hacer para combatir la corrupción? Aquí hay 15 maneras en la que los jóvenes pueden dar la pelea.

  • Foto: Transparency International School on Integrity 2017
  • Fecha de publicación: 26/01/18