La normalización del perjuicio

Por Tania De la Torre. Hace algunos días, caminaba con Gianfranco por la calle, cuando escuchamos una sirena cada vez más estruendosa. Pensé en la viveza de los policías por eludir semáforos. Gianfranco no. Él fue dando saltitos hasta la esquina con inexplicable emoción para ver al policía en acción. Me comentaba feliz cómo ese policía ha de estar siguiendo a un ladrón para llevarlo a la cárcel.

Gianfranco tiene seis años y va en primer grado. Su inevitable inocencia le impide entender cómo funciona el mundo real, porque, bajo mi perspectiva, ese policía no iba a atrapar a un ladrón, solo quería “sacar ventaja”. Entonces pensé que la confianza en estos funcionarios “corruptos”, únicamente podría responder a desconocimiento e ingenuidad. Los funcionarios se roban la plata de obras públicas y nos sacan propinas por infracciones de tránsito. Y eso es lo “normal”.

La decepción frente a una institución corrupta es lamentable, pero no lo es tanto como su normalización. Se dice comúnmente que el nivel de satisfacción está representado por el resultado menos las expectativas. Así, si las instituciones funcionan por debajo de como esperamos, la disconformidad será inminente. Por su parte, normalizar la corrupción, nos lleva a perder la sorpresa e indignación. Toleramos la corrupción a tal punto de que el 48% de los peruanos cree que no se debe condenar a los funcionarios corruptos mientras hagan obra (Fuente: Décima Encuesta Nacional sobre Percepción de la Corrupción 2017 – Proética). Pero claro, si al final “todos roban”.

Ahora bien, pese a que solemos vincular la corrupción al funcionario y en el marco de la gran escala, la corrupción es un mal endémico, presente en la cotidianidad del día a día. Nos hemos resignado a su incidencia, convivimos con ella y nos acomodamos bajo esta dinámica. En ocasiones, podemos rescatar su supuesto beneficio. Con ella, podemos pagar una propina en lugar de una multa, nos permite agilizar trámites, o conseguir algún puesto en el Estado.

Al normalizar la corrupción, normalizamos su perjuicio. La corrupción es un problema transversal, un obstáculo al desarrollo y un alimentador de la pobreza. Según el Banco Mundial, los países pierden alrededor de 4% de su PBI por casos de corrupción, es decir, de confiarse en su veracidad, todos los peruanos perdemos en promedio S/ 20 000 millones al año, lo que equivale a, aproximadamente, 24 veces el programa “Pensión 65” o 54 veces “Cuna Más”. En la misma línea, de acuerdo a declaraciones del ex presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, únicamente el caso Odebrecht, le cuesta al Perú medio punto de su PBI, con lo que podríamos pagar casi 3 millones de sueldos mínimos.

Normalizar un perjuicio, no es lo normal. Para Gianfranco, el policía atrapa a los ladrones y nos protege en las calles, para él, el presidente de la República trabaja por nosotros y el Congreso nos representa. Gianfranco no es ingenuo, porque es la misma premisa que todos deberíamos asumir. No perdamos la indignación, exijamos mejores instituciones y autoridades íntegras; pero sobre todo, no seamos parte del problema. No nos dejemos arrastrar por los tentáculos de esta plaga que nos somete al ensimismamiento y la desidia.

  • Fecha de publicación: 02/02/2018
  • Foto: esejotas.jesuitas.pe

¿Qué tan dispuestos estamos los peruanos a votar por candidatos que “roban pero hacen obras”?

En unos meses se llevarán a cabo las elecciones regionales y municipales 2018. Nuevamente, los peruanos iremos a las urnas a elegir a nuevas autoridades. ¿Cuántos peruanos estaremos dispuestos a votar por candidatos que ofrezcan hacer obras, aunque tengamos la seguridad de que nos robarán?

Para tratar de entender mejor las actitudes detrás de la frase “roba, pero hace obra”, Sofía Vera, investigadora peruana que cursa su doctorado en la Universidad de Pittsburgh (EE.UU.), elaboró el primer estudio experimental realizado en nuestro país sobre cuánto toleramos la corrupción. Vera tomó como materia prima las respuestas a una batería de preguntas diseñadas por ella y aplicadas el año 2015, como parte de la Novena Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética.

Este estudio analiza si los candidatos percibidos como corruptos son castigados electoralmente, utilizando una serie de situaciones y combinaciones de escenarios.

Veamos los resultados en la siguiente infografía:

 

Indecopi declara barrera ilegal examen de suficiencia profesional del Colegio Odontológico del Perú

Los cirujanos dentistas peruanos o extranjeros que cuenten con un título profesional reconocido por la Sunedu o revalidado por una universidad peruana, podrán colegiarse y ejercer cumpliendo los mismos requisitos que alguien titulado en el Perú. Así lo determinó el Tribunal del Indecopi, tras declarar barrera burocrática ilegal la exigencia del Colegio Odontológico del Perú (COP) para que las personas (de cualquier nacionalidad) que hayan obtenido su título de cirujano dentista fuera del país rindan un examen de suficiencia profesional para acceder a la colegiatura.

La controversia se inició debido a que el COP incluyó en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) el requisito de un examen de suficiencia profesional para verificar la calidad de la formación de los odontólogos que ejerzan en el Perú y disminuir el riesgo de perjudicar a pacientes. Según el COP, dicha exigencia se basa en que la Sunedu informó que no verificaba las competencias de los profesionales con títulos obtenidos en el extranjero. Originalmente se exigía dicho examen y un monto de colegiación más elevado solamente a los odontólogos extranjeros titulados en el extranjero. Es decir, se discriminaba tanto por el origen del título, como por la nacionalidad del profesional.

En octubre de 2016, Melita Velic, una odontóloga extranjera residente en el Perú denunció al COP ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi por la exigencia de rendir un examen para tramitar su colegiación y pagar por derechos de colegiatura.

Velic cuenta con el título de odontóloga otorgado por la Universidad Mohammed V de Rabat, en Marruecos, el cual fue reconocido por la Sunedu e inscrito en el Registro Nacional de Grados y Títulos en diciembre de 2015. Sin embargo, cuando inició el trámite para registrarse en el COP, en julio del 2016, dicha entidad le exigió presentar una “constancia del examen de suficiencia profesional” y “constancias de pago por derechos de colegiatura” como requisitos para tramitar la solicitud de colegiación.

Antes de iniciar formalmente su pedido de colegiación, Velic recurrió a la Defensoría del Pueblo, entidad que, luego de evaluar el caso, remitió al COP una recomendación en la que señalaba el carácter discriminatorio de la medida y sus problemas legales respecto a otras normas.

“Los daños que este abuso ha producido son múltiples. En mi caso, y el de todos los otros profesionales que he conocido, ha significado una prohibición de facto para trabajar, ganarse la vida e integrarse a la sociedad. Entre quienes hemos sido afectados hay quien ha tenido que cancelar sus planes de retornar, vivir, trabajar e invertir en el Perú, quien ha tenido que dedicarse a otras actividades o trabajar en condiciones que —aunque eran causadas por una injusticia— le podían producir un problema legal por ejercer sin estar colegiado”, reveló Melita Velic.

Para determinar que exigir un examen de suficiencia profesional es ilegal, el Indecopi consideró que el Ministerio de Salud es la única entidad autorizada para modificar o crear requisitos de colegiatura.

“(…) La exigencia del examen de suficiencia profesional por parte del COP resulta ilegal en tanto el Ministerio de Salud, que es la única entidad autorizada por ley para modificar o crear los requisitos de la colegiatura de los cirujanos dentistas que deseen ejercer su profesión en el país, no la ha considerado como una condición necesaria para solicitar la colegiación”, explicó el Indecopi a través de un comunicado.

El Indecopi también señaló que los títulos profesionales emitidos en el extranjero reconocidos por la Sunedu o validados por una universidad peruana tienen el mismo valor que uno emitido en el Perú. Tras este trámite, el cirujano dentista debe solicitar la colegiación ante el COP sin necesidad de rendir un examen.

“Recurrir al INDECOPI no es gratuito ni sencillo, pero en mi experiencia ha demostrado ser una vía efectiva para impugnar normas abusivas e ilegales”, dijo Velic.

Los profesionales que se vean afectados por la exigencia del COP, pueden ir a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi para solicitar el inicio de un proceso sancionador.

“Tanto el ‘examen’ como el cobro discriminatorio han desaparecido y me consta que decenas de profesionales peruanos y extranjeros se están inscribiendo sin problemas. Sin embargo, las autoridades del COP han anunciado que impugnarán la resolución del tribunal del Indecopi en el “, alertó Velic.

Foto: El comercio

31/01/2018

Gris panza de burro: Tolerancia a la corrupción en el Perú

Por Samuel Rotta. Hace casi medio siglo, Arnold Heidenheimer, en un texto clásico dentro de la literatura académica sobre corrupción, se preguntaba por qué algunas conductas corruptas tenían más probabilidades de extenderse en determinados tipos de sociedades que en otros.

Para responderse, elaboró una simple escala de grises: etiquetó como “corrupción blanca” a aquellas conductas que no generan un rechazo vigoroso en ningún sector social; como “corrupción negra” a aquellas conductas sobre las que hay amplio consenso en que no pueden ser toleradas y deben ser sancionadas; finalmente, como “corrupción gris” a aquellas conductas frente a las cuales solo algunos sectores, particularmente las elites, tienen una actitud de rechazo, mientras que la mayoría las tolera o no es tajante en su rechazo.

Heidenheimer aplicó este esquema a un grupo de conductas de corrupción en cuatro tipos distintos de comunidades para analizar la tolerancia a en cada una de ellas.  Verificó que en el sistema moderno basado en la cultura cívica había una menor recurrencia y un mayor rechazo que en las otras tres comunidades: sistemas tradicionales basados en relaciones de parentesco o patronazgo y el sistema moderno basado en relaciones clientelares.

 

 

En el Perú

Como en cualquier sociedad, distintos sistemas de intercambio socio-políticos conviven en el Perú. Hay decisiones públicas que se toman por el peso de relaciones familiares o amicales (contrataciones en puestos de confianza, por ejemplo), por los compromisos asumidos a través de redes de clientela política (entrega de certificados de posesión en zonas de riesgo, como volvimos a ver a propósito de las tragedias generadas por los deslizamientos e inundaciones del verano pasado) o para satisfacer expectativas de beneficios económicos que se hicieron actores corporativos luego de apoyar financieramente una campaña política (reformas normativas o relajo de regulaciones), entre otras razones.

Mapear las distintas conductas, según su grado de tolerancia y las razones que lo explican, puede ayudar a diseñar y gestionar programas anticorrupción más “inteligentes”, que enfrenten causas particulares para cada una de ellas, con medidas que no se queden en la solución facilista de reformas legales universales que se implementan a tientas, si no que se dirijan a cambiar actitudes y prácticas cotidianas.

Un ejercicio muy preliminar en nuestro país puede hacerse con datos de la Encuesta Nacional sobre Corrupción (Proética 2017). Aunque son pocas conductas analizadas y limitadas a pequeña corrupción, podemos apreciar que el rechazo está lejos de ser consensual hacia ninguno de los casos evaluados y lo que predomina es una actitud ambigua (corrupción gris).

 

 

El ejercicio puede profundizarse para ver cómo se comportan los distintos grupos sociales frente a cada conducta; en particular para encontrar si es que, como sugería Heidenheimer para el caso de comunidades con alto rechazo a la corrupción, las élites presentan una inclinación a reflejar una “cultura cívica” más clara que otros sectores.

Aunque sí hay un rechazo a las conductas de corrupción mayor entre el grupo económicamente más acomodado (A), este no es categórico y más bien está en ligera desventaja frente a los que se muestran ambiguos (gris).  Prácticamente, a medias.

 

 

 

 

Por su parte, las clases medias (B-C) y los sectores populares (D-E) presentan datos parecidos frente a las tres conductas: una ambigüedad bastante alta, con barras grises entre 55% y 70%, complementado con rechazos que van de 15% a 34%. Hay una tendencia a que se reduzca el mientras más bajo es el NSE.

Este ejercicio preliminar comprueba la actitud ambigua ante la corrupción –al menos, pequeña corrupción—extendida entre todos los sectores socioeconómicos; ni siquiera en el grupo más acomodado hay una “cultura cívica” que predomine.  Esto sugiere, por lo pronto, la necesidad de estrategias dirigidas a quebrar la idea de la corrupción como algo inevitable y “natural”, sea con campañas informativas y de sensibilización, como con ejemplos de sanción efectiva y difusión, dirigidas a públicos muy distintos entre sí.

  • Fecha de publicación: 30/01/2018
  • Foto: Propia

Proética exige respetar el pronunciamiento de la Corte IDH respecto al indulto de Alberto Fujimori y los cuatro miembros del TC

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, señaló que la decisión que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia que se llevará a cabo el próximo 2 de febrero en San José de Costa Rica, sobre el indulto del expresidente Alberto Fujimori y la acusación constitucional en el Congreso de la República contra los miembros del Tribunal Constitucional, será de obligatorio cumplimiento para las distintas autoridades del Estado.

Recordó que conforme al artículo 205 de nuestra Constitución, los peruanos tenemos el derecho de acudir a dicha instancia internacional, cuando no conseguimos que se protejan nuestros derechos fundamentales a través de la jurisdicción interna. En esa situación, tenemos expedita la posibilidad de acudir entonces a la Comisión o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según corresponda”, indicó Albán en la última edición de La Voz de Proética.

Además, recalcó que esta experiencia la vivimos muy intensamente los peruanos durante el gobierno autoritario de Fujimori, cuando los derechos fundamentales quedaron desprotegidos cuando bajo ese régimen fueron prácticamente intervenidos el Ministerio Público, el Poder Judicial y hasta el Tribunal Constitucional.

Aunque manifestó que no podemos adelantarnos a lo que finalmente resolverá la Corte Interamericana sobre los asuntos que habrá de abordar, consideró preocupante que algunas autoridades de nuestro país, hayan insinuado desde ya que podrían no acatar lo que se resuelva si el resultado no es satisface.

“La defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción van de la mano, y no podemos permitir que nos escamoteen, como ha ocurrido con el pueblo venezolano, la posibilidad de acudir a estos organismos internacionales, cuando así corresponda conforme a nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Lo que decida la Corte, deberá ser cumplido a cabalidad”, finalizó.

Foto: El Peruano

29/01/2018

Cinco lecciones para enfrentar la corrupción

Por Débora Dongo-Soria. Transparencia Internacional, el movimiento global que lucha contra la corrupción, organiza una vez al año un curso anticorrupción de siete días en Vilna, la capital de Lituania, para jóvenes líderes. Desde su lanzamiento, en el 2010, han participado unas 800 personas de 90 países. En el 2017 fuimos tres peruanos.

El curso es una oportunidad para entender las causas y efectos de la corrupción, saber en qué dirección está yendo el mundo para enfrentarla y adquirir mejores habilidades para difundir un mensaje de integridad y transparencia.

Estas son las cinco conclusiones que saqué del curso:

  1. INVOLUCRAR A TODOS. La corrupción funciona a través de fuertes estructuras y redes. Si queremos combatirla eficazmente, toda la ciudadanía se tiene que involucrar en la solución del problema. Todos, desde donde nos toque estar (empresa, universidad, entidades públicas, medios de comunicación), tenemos una responsabilidad, un liderazgo y un poder que ejercer para construir un país más transparente, íntegro y justo. Por ello, Proética busca ser un movimiento que lidere esfuerzos por un Perú libre de corrupción, y desarrolla diferentes movilizaciones, campañas y actividades de vigilancia ciudadana.
  1. ATRAER A LOS JÓVENES. Los jóvenes de 15 a 29 años conforman el 26.9% de la población peruana, según el INEI. En las elecciones generales del 2016, los menores de 30 años fueron el grupo etario más numeroso (30.25%), por lo que su voto es decisivo para elegir autoridades honestas. Hay que buscar a los jóvenes y construir comunidades —como Jóvenes Proética— en las que desde ahora puedan comprender el rol que les toca jugar y aportar con su energía y creatividad. Así, cuando asuman posiciones de poder, será más difícil que caigan o acepten actos de corrupción.
  1. RECHAZAR LA CORRUPCIÓN (¡PERO EN SERIO!). Tenemos que tener tolerancia cero frente a la corrupción porque impide nuestro desarrollo económico y social. No debemos aceptar ni un “poquito” de contrabando, ni a quien “roba pero hace obra”, ni pensar que alguien “la hizo linda” por enriquecerse a costa del Estado sin que nadie se dé cuenta. La conducta ética debe ser parte de nuestra cultura y de nuestro día a día. Es urgente reformar el sistema judicial, policial, político y educativo. Empecemos a reconocer el valor de hacer las cosas bien, dejemos de quejarnos y de echarle la culpa a alguien más. Hay quepasar de la indignación a la acción.          
  1. CONSTRUIR INDICADORES. Todos los años Transparencia Internacional publica el Índice de Percepción de la Corrupción. En el 2016, el 69% de los 176 países evaluados obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de ínfimos niveles de corrupción). El Perú obtuvo 35 puntos. Cada dos años, Proética publica una encuesta nacional sobre percepción de la corrupción. En el año 2017 la encuesta revela que el 62% considera la corrupción de funcionarios y autoridades como el principal problema del Estado. Pero las percepciones y opiniones deben complementarse también con evaluaciones rigurosas sobre la efectividad de nuestros esfuerzos por erradicar la corrupción y la impunidad para saber si estamos yendo por el camino correcto. Por ejemplo, hay que evaluar qué se ha conseguido con las leyes anticorrupción, cuántas redes de corrupción se han desarticulado, o cuántas autoridades o empresas han sido sancionadas por actos de corrupción.
  1. EMPEZAR AHORA Y NO RENDIRSE. La corrupción es uno de los principales problemas del Perú, según la última encuesta nacional sobre corrupción de Proética. El momento y la oportunidad para enfrentarla son ahora. Es difícil, pero no imposible. Querer es poder. Antes, a nadie se le ocurría usar el cinturón de seguridad en el auto, reciclar o salir a marchar en contra de la violencia contra la mujer, pero hoy son prácticas comunes. Ese cambio de actitud también puede darse en la lucha contra la corrupción. Hay que innovar, ejercer presión y liderazgo, tener paciencia y nunca —pero nunca— rendirse.

Solo juntos podremos construir el Perú que todos queremos. Y tú, ¿qué vas a hacer para combatir la corrupción? Aquí hay 15 maneras en la que los jóvenes pueden dar la pelea.

  • Foto: Transparency International School on Integrity 2017
  • Fecha de publicación: 26/01/18

Las frases que dejó el Papa Francisco sobre la corrupción

Durante su visita a Puerto Maldonado, Trujillo y Lima, Jorge Bergoglio, el papa Francisco, reflexionó sobre varios de los problemas más profundos y controversiales que afectan a la sociedad peruana.

En una de las actividades programadas en Palacio de Gobierno, el papa Francisco aprovechó la oportunidad y la presencia de autoridades para referirse a un tema que está muy presente en gran parte de América Latina: la corrupción. Al respecto dijo “La corrupción: cuánto mal le hace a nuestros pueblos latinoamericanos y a las democracias de este bendito continente ese virus social, un fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres y la madre tierra los más perjudicados”. Asimismo, precisó que para luchar contra ello es necesario una mayor “implicación y mayor cultura de la transparencia entre entidades públicas, sector privado y sociedad civil. Nadie puede resultar ajeno a este proceso”.

Sin embargo, no fueron las únicas frases que dejó el Sumo Pontífice sobre este “virus social” como llamó a la corrupción. Aquí les dejamos una breve lista con sus mensajes más resaltantes sobre esta amenaza para el país y que, para ser consecuentes, deberían sean tomadas en serio por políticos y autoridades de un Perú que se reconoce mayoritariamente católico:

– “En Latinoamérica hay muchos focos de corrupción”.

– “El problema de la crisis política es no solo del Perú sino de toda Latinoamérica (…). Hoy podemos hablar que gran parte de Latinoamérica sufre en su política una gran decadencia debido en parte a la corrupción. El Caso Odebrecht es simplemente una anécdota chiquita”.

– “Hoy está de moda hablar de Odebrecht, pero es apenas un botón de muestra”.

– “¿Qué pasa en Perú que cada vez que sale un presidente lo meten preso? Humala está preso, Toledo está preso (se halla prófugo), Fujimori estuvo preso hasta ahora y Alan García está que entro y no entro; y presos con rabia, ¿no? El sistema llama la atención”.

– “Gana la oposición y acusa de corrupto a los anteriores. Vuelve la otra y acusa de corruptos a ellos y los dos tienen algo de razón. Entonces el juego político es muy difícil y a nosotros nos ponen en dificultad si queremos ser pastores, ¿cómo evangelizar el mundo de la política? No es fácil”.

– “La corrupción es evitable y exige el compromiso de todos”.

– “Trabajar unidos para defender la esperanza exige estar muy atentos a esa otra forma –muchas veces sutil– de degradación ambiental que contamina progresivamente todo el entramado vital: la corrupción”.

– “Lo que se haga para luchar contra este flagelo social merece la mayor de las ponderaciones y ayudas. Y esta lucha nos compete a todos”.

– “Nadie puede estar ajeno a este proceso. La corrupción es evitable y exige el compromiso de todos”

– “(La corrupción) es la destrucción de la persona”

– “La política está enferma, está muy enferma. Y hay excepciones. Pero, en general, está más enferma que sana”.

– “Si nos dejamos guiar por personas que solo hablan el lenguaje de la corrupción, estamos condenados”.

– “Todos somos pecadores (…) pero luego intentamos no volver a hacerlo. Yo al pecado no le tengo miedo, le tengo miedo a la corrupción, que te va viciando el alma y el cuerpo”.

Finalmente, el papa se despidió de los miembros de su iglesia en el Perú exhortándolos a que no se dejen robar la esperanza; sin embargo, cabe recordar que según la más reciente encuesta de Proética, la gran mayoría se siente desanimada y cree que no se va a poder mejorar la situación de corrupción en los próximos años. Por ello, la insistencia de Francisco en este tema debiera servir de fuerte llamado de atención a políticos y autoridades que gobiernan un país que se reconoce mayoritariamente católico para promover las reformas más urgentes, adoptarlas e implementarlas. Podrían empezar, por ejemplo, revisando las Recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad, entregado al presidente Kuczynski hace más de un año.

  • 24/01/18
  • Foto: AFP

Los jueces en el banquillo y los riesgos de una intromisión política

Por Walter Albán. Bajo las actuales circunstancias en el Perú, los riesgos para el sistema jurisdiccional, comprendiendo aquí tanto al Poder Judicial (PJ) como al Ministerio público (MP) y al Tribunal Constitucional (TC), son enormes. Y ello es así, no solamente por nuestra secular debilidad institucional y los problemas propios de cada una de estas entidades, sino principalmente por los procesos judiciales iniciados por lo menos en los últimos dos años, a propósito de los escándalos de corrupción derivados del caso Lava Jato.

Tales procesos, ahora sustantivamente concentrados en la labor del MP, han ingresado a una nueva etapa desde que quedó finalmente allanado el camino para obtener las declaraciones del señor Jorge Barata, principal operador de la empresa Odebrecht en el Perú en los últimos años, quien ha sido señalado por el titular de la misma, Marcelo Odebrecht, como la persona que posee toda la información de detalle acerca de cómo se manejaron los recursos ilícitos con los que esta constructora brasileña financió campañas electorales y candidaturas en el Perú en diferentes momentos, pagando además cuantiosos sobornos a nuestras más altas autoridades, para obtener concesiones y otros beneficios indebidos.

Si los pocos avances hasta ahora conocidos de estas investigaciones han impactado con tanta fuerza en el escenario político nacional, lo que debiera ocurrir en adelante amenaza con provocar un verdadero terremoto en este mismo espacio, considerando los alcances de la información que se presume maneja Barata, según lo ya declarado por su empleador.

No es casual entonces que  la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación en el Congreso de la República, promovida por Fuerza popular, haya tenido lugar casi inmediatamente después de que el MP decidiera ampliar el testimonio de Marcelo Odebrecht en Brasil, para despejar varias incógnitas respecto a probables financiamientos otorgados por su empresa a la campañas de Keiko Fujimori y Alan García, además de explorar otros indicios que aportarían al desarrollo de varias de las investigaciones en curso.

El hecho de que dicha acusación coincida también con la reapertura de la investigación que se sigue a Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular y mecenas de esa organización política, por supuesto lavado de activos, permite afirmar la hipótesis de que, lo que se quiere evitar, es que la actuación de la fiscalía pueda continuar avanzando en la dirección descrita.

De otro lado, la acusación formulada también en el Congreso contra cuatro magistrados del TC (teniendo presente que su composición es de siete en total)  esta vez impulsada principalmente por Fuerza Popular y el APRA, si bien se origina en una motivación distinta, no puede ser entendida al margen de lo anterior. En la actualidad, sectores mayoritarios del Parlamento evidencian un claro propósito de controlar, o al menos neutralizar, la actuación de esta entidad, cuyas decisiones podrían modificar sustantivamente (a través de procesos constitucionales de Amparo o Hábeas Corpus) las medidas adoptadas por el MP o el PJ, contra las personas involucradas en los procesos por lavado de activos o corrupción.

Si a lo anterior sumamos la actuación del cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), donde se ha iniciado, en paralelo al Congreso, un proceso disciplinario contra el fiscal de la Nación, al tiempo de haber concluido pocas semanas atrás el proceso de nombramiento de cuatro nuevos jueces supremos y cuando se apresta a convocar a “concurso” para cubrir las plazas de magistrados titulares en el PJ con competencia para ocuparse de los casos de corrupción, lavado de activos y crimen organizado, la conclusión no puede ser distinta a la señalada al inicio: Nos encontramos en una situación en la que urge defender la autonomía e independencia de nuestros organismos jurisdiccionales, si queremos evitar que la impunidad y la corrupción, se instalen definitivamente en la ya débil institucionalidad con la que contamos en el Perú.

  • Fecha de publicación: 24/01/18
  • Foto: Agencia Andina