Analistas consideran que congresistas no deben integrar Comisión de Ética

(Por La República) Diversos analistas políticos consideran que la Comisión de Ética del Congreso no debe estar integrada por parlamentarios, ya que se ha utilizado para blindar a varios congresistas de la mayoría fujimorista.

Como se recuerda, Ética archivó el caso de la legisladora de Fuerza Popular Yesenia Ponce, acusada de haber pagado 10 mil soles a Daniel Soto, ex director del colegio Mariscal Toribio Luzuriaga, para obtener un certificado de estudios falso.
El también fujimorista Dalmiro Palomino se salvó igualmente de ser investigado, a pesar de las evidencias que lo implican en la contratación de la pareja de su hermano como asesora principal.

Incluso el presidente de este grupo de trabajo, Juan Carlos Gonzales Ardiles (FP), también fue blindado. Él habría recibido dos lapiceros de oro de parte de la cuestionada parlamentaria Yesenia Ponce.

Al respecto, el ex defensor del Pueblo Walter Albán respaldó y sostuvo la necesidad de abrir un debate a favor de la propuesta para que esta comisión no la integren congresistas.

“Hemos asistido a una lamentable actuación de esa comisión, que se ha dedicado a proteger a la mayoría de Fuerza Popular, instrumentalizándola para confrontar a congresistas que objetaban cuestiones de la minoría. Bajo esos términos no tiene sentido que exista una Comisión de Ética así. Lo mínimo para que funcione decorosamente es que la presidencia recaiga en otro grupo político”, sostuvo Albán.

En la misma sintonía, Percy Medina, de Idea Internacional, señaló que es pertinente una discusión serena sobre cuál debe ser la finalidad de una comisión de este tipo. “Este debate puede llevar a distintas soluciones. Primero, incluir en la comisión a ex parlamentarios. Otra posibilidad es que esté a cargo de instituciones”, refirió.

“Se ha convertido en un tribunal que juzga casos cuando el objetivo debería ser velar por la ética parlamentaria, generar mecanismos para visibilizar los intereses de los parlamentarios y evitar conflictos de interés”, consideró.

Por su parte, el sociólogo David Sulmont sostuvo que Ética podría estar integrada por un “grupo de notables”, aunque lo inmediato es que las bancadas minoritarias mantengan su boicot a esta comisión. No obstante, consideró importante una reforma constitucional para restringir con más precisión la inmunidad parlamentaria.

Proyecto de ley bien guardado

– En marzo de 2017, la bancada de PPK presentó un proyecto para cambiar la conformación de la Comisión de Ética. En tal sentido, planteaba modificaciones al Reglamento del Congreso.

– Dicha comisión debería estar integrada por un ex presidente de la República, un ex congresista, un profesor de derecho y dos ciudadanos: uno elegido por la Defensoría del Pueblo y otro, por el Acuerdo Nacional.

8/01/2018

Proética respalda aprobación de ley que impide postulación de personas condenadas por graves delitos

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán señaló que se trata de una verdadera emergencia que el Congreso de la República apruebe este martes 9 de enero la norma que impide la postulación de candidatos sentenciados por graves delitos como el de corrupción, a fin de que esta norma rija en las próximas elecciones municipales y regionales que se llevarán a cabo en octubre de este año. Esta ley no solo permitirá mejorar la idoneidad de quienes postulan a cargos de elección popular, sino que ayudará también a impedir el ingreso de dinero sucio en la política.

Por ello, saludó la acción de la Directiva del Congreso de haber convocado a un pleno extraordinario para este martes, a fin de proceder a la aprobación de dicha ley. Ello ocurrió tras el pedido formulado el pasado viernes por la Asociación Civil Transparencia, que contó de inmediato con el respaldo de Proética y diversas instituciones de la sociedad civil.

Precisó que esta esta norma, aprobada en un inicio por el pleno del Congreso a principios de noviembre de 2017, fue sin embargo observada después por el por el Poder Ejecutivo, quedando en suspenso su promulgación.

“Por esa razón, si el Congreso no reitera ahora su aprobación, la norma no entraría en vigencia. Un problema adicional se presenta porque, conforme a la actual legislación electoral, para que una nueva ley se pueda aplicar en el proceso de este año 2018, tiene que ser promulgada hasta un día antes de su convocatoria, y eso ocurrirá este miércoles 10 de enero”, dijo en la última edición de La Voz de Proética.

Recalcó que es indispensable que este martes se cuente con el quorum necesario para llevar a cabo la sesión del pleno y garantizar el éxito de la convocatoria, por lo que las y los Congresistas que han viajado fuera de Lima, debieran retornar de inmediato.

Aunque indicó que hay quienes han planteado algunas preocupaciones en torno a los alcances de esta norma, espera que estas inquietudes puedan ser procesadas más adelante, a fin de mejorar sus contenidos.

“Lo que no podemos hacer los peruanos, es quedarnos de brazos cruzados ante la dramática realidad que experimentamos en la política nacional, convertida hoy en objeto de asalto por gente inescrupulosa, muchas veces vinculada a mafias o diversas modalidades del crimen organizado”, finalizó.

8/01/2018

Proética espera un gabinete dialogante con la oposición y ciudadanía

(Por Agencia Andina) El director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, dijo esperar que el “gabinete de la reconciliación”, anunciado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, sea dialogante no solo con la oposición, sino con la propia ciudadanía, para atender sus demandas y trabajar por el progreso del país.

A su entender, más allá de los nombres que baraje el mandatario para recomponer su equipo ministerial, se necesita mucha voluntad política para tender puentes hacia la sociedad civil, porque esta -dijo- ha perdido la confianza frente al rol de los poderes públicos por su constante “lucha de fuerzas”.

Para el también ex ministro del Interior, se hace indispensable que el nuevo gabinete logre un diálogo que ayude a definir las propuestas que sean más convenientes para el país, en momentos en que -dijo- el Gobierno se ha visto debilitado tras el fallido intento de vacancia presidencial.

“Hay muy poco que esperar, por eso ratifico que la sociedad civil se organice y plantee una agenda de exigencias a atender por los poderes del Estado (…). Cualquiera sea el resultado, lo que tenemos es una más afectada institucionalidad, que ya era débil”, declaró a la Agencia Andina.

El directivo de Proética agregó que la atención de las demandas sociales y necesidades de la población requerirá no solo experiencia profesional y solvencia técnica en los nuevos ministros, sino también cualidades políticas.

Sobre una eventual presencia fujimorista en el nuevo gabinete, Walter Albán sostuvo que “todo puede ocurrir”, puesto que políticos de otras tiendas políticas han descartado ser parte del nuevo gabinete de ministros.

A ello se suman las renuncias de dos ministros de Estado (Carlos Basombrío, Salvador del Solar), tras el indulto a Alberto Fujimori, lo que -en opinión de Walter Albán- ha “aislado” al presidente Kuczynski de aquellos que lo respaldaron desde que era candidato.

Luego de estas renuncias, Pedro Pablo Kuczynski anunció que, junto a la titular del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, trabaja en la recomposición del equipo ministerial, al que llamó “el gabinete de la reconciliación”.

Foto: Radio Capital

Caso Lava Jato

¿Qué es la Operación Lava Jato?

Es la investigación que destapó un esquema de corrupción masiva en la petrolera estatal Petrobras, en Brasil. Involucra a ejecutivos de la petrolera y políticos, quienes recibieron coimas a cambio de grandes proyectos de infraestructura para las principales constructoras de ese país.

La investigación inició a mediados del 2013 pero recién estalló en el 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió las primeras confesiones de una de las principales constructoras beneficiada por la red de sobornos: Odebrecht.

Odebrecht y su filial petroquímica Braskem cotizaban en la Bolsa de Nueva York y usaron el sistema financiero de ese país para realizar los pagos irregulares. Estados Unidos inició la investigación para determinar si violaron la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

¿Qué se descubrió?

La policía federal de Curitiba destapó una red de lavado de activos que operaba desde Brasilia y Sao Paulo. Las principales constructoras brasileñas —Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, OAS, Queiroz Galvao, UTC Engenhaira, etc.— habían montado un cártel que tenía como práctica regular sobornar a funcionarios públicos para conseguir contratos para obras de construcción e ingeniería con Petrobras.

Ésta licitaba sus obras bajo la fachada de la política “Compre Nacional”, que tenía como objetivo impulsar la industria del país. Aproximadamente el 3% del costo de cada obra se desviaba en sobornos. El dinero era blanqueado en negocios de gasolineras, lavanderías u hoteles. Luego era transferido a cuentas offshore a través de empresas ficticias y transacciones no registradas.

Esta modalidad se extendió a otros países de América Latina y África —donde las constructoras brasileñas también tenían presencia— para obtener contratos con el Estado.

¿Cómo se descubrió?

La figura legal de la delación premiada permitió desenredar la trama. Ésta beneficia a los involucrados en casos de corrupción con atenuar sus penas a cambio de información relevante para revelar redes de corrupción. Los testimonios del cambista y experto en blanqueo de dinero, Alberto Youssef, y del ex director de Abastecimiento de Petrobras entre 2004 y 2012, Paulo Roberto Costa, fueron clave para dar con los actores envueltos en Lava Jato.

Mientras la policía de Brasil investigaba a un cambista ilegal, dio con una red mayor de lavado de activos dirigida por Youssef. Él tenía varios negocios de lavados de carros y una conexión con Costa: en el 2013 le había regalado una camioneta Land Rover al ex funcionario. En el 2014, la policía detuvo a Youssef, quien decidió contar que se encargaba de blanquear los sobornos a cambio de reducir su pena de ocho años. Ya está en libertad. Su testimonio permitió dar con Costa y otros políticos, empresarios y ex funcionarios de Petrobras.

Tras conocerse las evidencias de corrupción, las empresas constructoras involucradas también optaron por colaborar con la justicia. Odebrecht fue la primera, con 77 ejecutivos dispuestos a brindar información. La prensa ha calificado estas confesiones como “las delaciones del fin del mundo”.

¿Cuánto dinero se gastó en coimas?

Se calcula que la operación Lava Jato ha destapado, en los últimos tres años, el pago de al menos US$1.300 millones en sobornos a partidos políticos y funcionarios públicos.

¿Cuáles son las principales figuras involucradas en Brasil?

Los ex presidentes Fernando Collor de Melo (1990-1992), Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y Dilma Rousseff (2011-2016) están mencionados en la investigación, al igual que casi un centenar de parlamentarios de más de diez partidos políticos. Según Marcelo Odebrecht, el ex presidente de la constructora que lleva su apellido, el 75% de las campañas electorales en Brasil se financiaron irregularmente, con dinero de la “caja B” de la empresa.

El juez Sérgio Moro, responsable del caso en Brasil, ha dictado prisión a los ex ministros Antonio Palocci y José Dirceu, así como al ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (ex miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, del presidente Michel Temer) y al tesorero del Partido de los Trabajadores, José Vaccari Neto.

También han caído los ex presidentes de Andrade Gutierrez (Otavio Marques de Azevedo), Camargo Correa (Dalton Avancini), OAS (José Adelmario Pinheiro) y Odebrecht (Marcelo Odebrecht).

¿Qué es Odebrecht?

Fundada en 1944, Odebrecht es la principal constructora de Brasil y América Latina, con 168.000 empleados y presencia en 28 países, como Perú, Colombia y Estados Unidos. Prosperó durante la dictadura militar de Brasil (1964-1985). A partir de la operación Lava Jato, el juez Sérgio Moro, responsable de la investigación, señaló que Odebrecht formó un “club” para conseguir las licitaciones y un sistema “sofisticado” de lavado de dinero, con cuentas en Brasil y el extranjero. Dalton Avancini, presidente de Camargo Correa —también involucrada en la red de corrupción— confesó que Odebrecht lideraba “el club de las constructoras”, conformado por unas 16 empresas. Entre el 2001 y 2014 Odebrecht participó en 120 concursos de licitación para Petrobras de los que consiguió el 10%, según el diario español El País.

¿Cómo operaba Odebrecht?

Odebrecht conseguía inflar los costos de las obras a partir de la firma de numerosas adendas. En el Perú, por ejemplo, la carretera Interoceánica fue valorizada en US$800 millones. Diez años después valía US$2.000 millones. Odebrecht montó un “departamento de coimas” (propinas en portugués) con el nombre formal de Departamento de Operaciones Estructuradas, en paralelo a la contabilidad oficial, para pagar los sobornos a funcionarios dentro y fuera de Brasil. Usó un sistema secreto de comunicaciones —Drousys— para registrar los pagos.

¿Cuánto dinero gastó Odebrecht en coimas?

Ante la justicia estadounidense, Odebrecht reconoció que entre los años 2001 y 2016 pagó US$788 millones en sobornos para más de 100 proyectos en 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. Braskem, el brazo petroquímico de Odebrecht, pagó US$250 millones entre el 2006 y el 2014. Sin embargo, el ex jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas (conocido como el departamento de sobornos), Hilberto Mascarenhas da Silva, confesó a las autoridades de Brasil —en el marco de la delación premiada— que entre los años 2006 y 2014 Odebrecht realizó pagos ilícitos por casi US$3.390 millones.

¿Quién es Marcelo Odebrecht?

Pertenece a la tercera generación de una de las familias más poderosas de Brasil, ubicada en el puesto ocho de la lista de millonarios brasileños, según la revista Forbes del 2014. Es nieto de Norberto Odebrecht, quien en 1944 fundó la constructora que lleva su apellido en Bahía, al norte del país. Es ingeniero y tiene un MBA. En 1992 ingresó a trabajar al grupo familiar y en el 2008 asumió las riendas de la empresa. En junio del 2015 fue imputado en la investigación de la operación Lava Jato por sobornar a funcionarios de Petrobras a cambio de contratos. En marzo del 2016 fue condenado a 19 años y cuatro meses de cárcel por corrupción, lavado de activos y asociación criminal. Tras varios meses en silencio, se acogió —junto a otros miembros de la empresa— a la delación premiada, es decir, a confesar a cambio de rebajar diez años su condena. En diciembre del 2017 salió de la cárcel de Curitiva para pasar a régimen de prisión domiciliaria en Sao Paulo.

Marcelo-Odebrecht

¿Qué hizo Odebrecht en el Perú?

Odebrecht está en el Perú desde 1979, durante el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez, y constituyó no menos de 27 empresas. Ha participado, individualmente o consorciada, en proyectos de infraestructura. Odebrecht se presentaba a licitaciones tanto con empresas que llevaban su nombre como con firmas de distinto nombre. En el 2016 se destaparon los casos de corrupción.

Odebrecht también contrató con gobiernos regionales. El ex presidente regional de Áncash, César Álvarez —hoy preso— le encargó a la firma brasileña la carretera Chacas – San Luis, que terminó teniendo un sobrecosto de S/.150 millones. El portal Convoca.pe informó que en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht figura la frase “consessão (concesión) Rutas de Lima” junto a la cifra de US$291.700 y al nombre “Budian”. La Municipalidad de Lima adjudicó este proyecto a Odebrecht en septiembre de 2012 y comprende la operación y mantenimiento por 30 años de tramos de la Panamericana Norte, Sur y la autopista Ramiro Prialé, financiados con los recursos de los peajes. El supuesto pago se efectuó al cierre de campaña de las elecciones municipales del 2012. Luis Castañeda fue elegido alcalde en Lima ese año.

¿Cuánto dinero entregó Odebrecht en sobornos en el Perú?

Ante la justicia estadounidense, Marcelo Odebrecht reconoció el pago de US$29 millones en sobornos a funcionarios de gobierno peruano entre los años 2005 y 2014, que involucra a los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. En ese lapso, Odebrecht obtuvo US$143 millones en beneficios ilegales. Sin embargo, los sobornos que se conocen hasta ahora alcanzan los US$36 millones: A los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala se les acusa de haber recibido US$20 millones, US$1 millón y US$3 millones respectivamente. A eso se suman US$8 millones para la adjudicación del Metro de Lima y US$4 millones por el proyecto Costa Verde.

¿Quiénes son los principales involucrados en el Perú?

El caso Lava Jato ha salpicado a los gobiernos de tres ex presidentes de la República: Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

¿Cómo respondió Odebrecht?

En enero del 2017, Odebrecht se comprometió a dar S/.30 millones en adelanto de la devolución de sus ganancias ilícitas en el Perú y a colaborar con información sobre los actos ilícitos en los que habría incurrido, así como los nombres de los funcionarios públicos involucrados. A través de un comunicado, pidió perdón a sus trabajadores y al país.

¿Qué otras constructoras estarían involucradas en Lava Jato en el Perú?

Además de Odebrecht, el Ministerio Público investiga las concesiones que obtuvieron en el Perú las constructoras OAS, Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao, también involucradas en el caso Lava Jato. Por ejemplo, Camargo Correa ganó la buena pro de la Interoceánica Sur Tramo 4, en consorcio con Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao. Según el fiscal anticorrupción, Hamilton Castro, dinero presuntamente vinculado a Camargo Correa fue transferido a una cuenta inglesa de la empresa Trailbridge Ltda. que le pertenece al empresario y financista del ex presidente Alejandro Toledo, Josef Maiman. La transferencia sería una coima de Camargo Correa por la Interoceánica. OAS desvió US$6.150.000 a través de contratos ficticios en la ejecución del proyecto Línea Amarilla o Vía Parque Rímac, presuntamente para el pago de sobornos.

¿Con quién trabajó Odebrecht en el Perú?

Odebrecht y la peruana Graña y Montero integraron consorcios para adjudicarse obras de gran envergadura en el Perú, como la carretera IIRSA Norte y Sur, la línea 1 del Metro de Lima, Chavimochic y el Gasoducto Sur Peruano. Las empresas Andrade Gutierrez, ICCGSA y JJC Contratistas Generales también formaron parte de algunos de los consorcios. Jorge Barata, ex director ejecutivo de Odebrecht en el Perú y colaborador eficaz en la investigación que se sigue en el país, confesó que Graña y Montero y JJC Contratistas Generales —que junto a Odebrecht e ICCGSA integraban el consorcio Conirsa— sabían del pago de sobornos a funcionarios públicos para la construcción de la Interoceánica. Graña y Montero negó las acusaciones. La Fiscalía negó ampliar la investigación por el caso Odebrecht a Jorge Barata y a José Graña, ex presidente del directorio de Graña y Montero. Tras la revelación de Barata, las acciones de Graña y Montero se desplomaron, aunque con el tiempo se fueron recuperando. Semanas después, la empresa peruana renovó casi todo su directorio con personas independientes.

¿Qué medidas anticorrupción se dieron en el Perú?

Se creó un grupo especial para analizar el caso Lava Jato a cargo del procurador anticorrupción, Amado Enco. Además, el presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció la modificación de la Ley de Contrataciones para que el Estado no contrate con empresas condenadas por corrupción y la muerte civil para los funcionarios corruptos. Además, dijo que Odebrecht no podrá participar en nuevas licitaciones y que las empresas corruptas tendrán que pedir permiso al Estado para vender sus activos. El Estado peruano también canceló el contrato para construir el Gasoducto del Sur —con una inversión de US$7.000 millones— y penalizó al consorcio a cargo de la obra, encabezado por Odebrecht, por no contar con la financiación para concluir la obra en el plazo establecido. Odebrecht ya pagó la penalización de US$262 millones.

¿Qué ha hecho el Congreso peruano?

En el 2015, el Congreso creó una comisión investigadora —comisión Lava Jato— encargada de investigar el pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos por parte de las constructoras brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez, Quiroz Galvao. En ese entonces, el congresista Juan Pari (Partido Nacionalista) presidió la comisión. Su informe en minoría no pudo ser ni debatido ni votado en el pleno del Congreso. Las investigaciones continúan en el actual Congreso. La congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, preside el grupo de trabajo, tras la renuncia de su colega de bancada Víctor Albrecht por su presunta vinculación con el encarcelado ex gobernador regional del Callao, Félix Moreno.

¿Cuáles serían las consecuencias para el Perú?

El costo de la corrupción del caso Odebrecht sería de medio punto menos de crecimiento del PBI durante el 2017, según el IPE. El contralor Édgar Alarcón reveló que las irregularidades en la ejecución de obras públicas entre 1998 y 2015 habrían causado perjuicios por US$283 millones.

Proética expresa su preocupación por el contexto político con el que iniciamos el 2018

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, señaló que iniciamos este nuevo año con un panorama incierto tras los últimos graves hechos producidos en el escenario político nacional, como los ataques del Congreso al Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación, así como el pedido de vacancia presidencial y el indulto al ex Presidente Alberto Fujimori. Todo ello ha ocasionado que las instituciones queden seriamente debilitadas, comenzando por el propio gobierno del Presidente Kuczynski.

“Los riesgos que enfrentamos son pues enormes y específicamente en materia de la lucha contra la corrupción, como lo hemos señalado antes, es indispensable que la ciudadanía adquiera un rol protagónico, que permita establecer una agenda y exigir su atención al Ejecutivo y al parlamento”, dijo en la nueva edición de La Voz de Proética 2018.

Por ello, precisó que es importante que la sociedad civil recupere la capacidad de movilización y formule propuestas eficientes, en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, cuestión que sin duda, ha adquirido la mayor prioridad por la situación que atraviesa el país.

En esa perspectiva, indicó que hoy resulta fundamental defender la independencia de los organismos jurisdiccionales y poner especial atención en lo que viene ocurriendo en el Consejo Nacional de la Magistratura y, desde allí, en el Poder Judicial.

“No podemos permitir que las investigaciones de casos escandalosos como el de Lava jato se frustren, permitiendo la impunidad de quienes deben responder por los graves delitos cometidos, en perjuicio de millones de peruanos”, finalizó.

3/01/2018

Walter Albán se pronuncia sobre indulto a Fujimori

(Fuente: ATV+). Walter Albán director de Proética se pronunció sobre la situación política actual del país y considera que se han juntado muchos factores que tienen que ver con la debilidad institucional que tiene el país.

Con respecto a el indulto a Alberto Fujimori, expresó que el indulto humanitario no está en cuestión pero tiene una serie de requisitos que no parecen haberse presentado en este caso.

Proética rechaza el indulto otorgado a Alberto Fujimori

Lima, 27 de diciembre del 2017.- Ante la reciente decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de otorgar los beneficios de indulto y gracia presidencial al ex presidente Alberto Fujimori, Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, expresa su rechazo a tal medida por las siguientes consideraciones:

  1. El contexto en el que esta decisión ha tenido lugar y lo expeditivo del trámite observado, además de las deficiencias denunciadas con respecto al proceso mismo, constituyen claras evidencias de que no nos encontramos ante un caso de indulto humanitario, único supuesto en el que cabría admitir la aprobación de tan excepcionales beneficios.
  2. La escasa o nula transparencia con la que se ha procedido en este asunto, sumada al hecho de que el presidente Kuczynski haya faltado al expreso compromiso asumido durante su campaña electoral, respecto de que no otorgaría tal indulto y recibiría a los familiares de las víctimas de violación a los derechos humanos, quienes hasta la fecha no son compensados, agrava una situación en la que el descrédito y la desconfianza de la ciudadanía hacia su persona, han adquirido niveles extremadamente preocupantes que afectan la gobernabilidad del país.
  3. Resulta claro que el gobierno del presidente Kuczynski ha perdido el rumbo en lo que atañe a la lucha contra la corrupción y la impunidad, por lo que es urgente que tome acciones con el propósito de revertir esta situación. Bajo las actuales circunstancias, es imperativo proceder a una recomposición del gabinete ministerial que refleje esa opción de gobierno. Asimismo, es indispensable que se garantice también el derecho de la ciudadanía a expresar su descontento ante el indulto, en un marco de respeto a la Constitución y la ley.

Desde Proética nos mantendremos en alerta, apoyando las acciones que puedan emprenderse para obtener una rectificación de tan controversial medida ante los tribunales, ya sea a nivel interno o ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Walter Albán, Director Ejecutivo de Proética

Proética: Las empresas tienen que cambiar su actitud pasiva

(Por El Comercio)

Si algo –digamos, positivo– deja el escándalo de corrupción que terminó de ensombrecer el 2017, eso es la oportunidad que como país tenemos para aprender de los errores y empoderar a la ciudadanía –incluida la clase empresarial– para lograr un verdadero cambio. Así lo considera el presidente de Proética, Jorge Medina, quien en su calidad de empresario, inversionista ángel y director de empresas, no duda en alzar la voz para que los hombres de negocios mejoren la percepción que tiene la ciudadanía sobre ellos.

 

Terminamos el año con el Caso Lava Jato haciendo remecer los cimientos del Gobierno y de algunas de las más importantes empresas del país. ¿Cuál es la principal reflexión a la que debemos arribar?
Lo que está ocurriendo no surge hoy, es algo crónico y muy grave que pone de manifiesto la perversa relación entre el mal poder político y el mal poder económico que, a su vez, pone de manifiesto dos cosas muy graves: la infiltración de dinero ilícito en la política y la penetración de la corrupción.

 

¿Imaginaba que la corrupción había llegado a tal nivel?
Solo te puedo decir que [la corrupción] existe y ha existido siempre y, mientras hablamos, sigue existiendo. Quizá, en la década de los 90, en la época del fujimontesinismo, estaba centralizada desde la cabeza del Estado, pero a partir del 2002, con la regionalización, se descentralizó y de las 1.800 autoridades locales, por ejemplo, 9 de cada 10 están implicadas en procesos de corrupción.

 

¿Qué hacer frente a esa realidad?
​Hoy estamos concentrándonos en la fiebre, pero el problema es la infección que origina esa fiebre. Vemos las consecuencias, pero no la causa y cuando ataquemos la causa, recién empezaremos a resolver el problema.

 

¿Por dónde empezar para que esa infección no se siga propagando?
Hay varios temas. No pretendamos resolver el problema si vamos a tener políticos que resultan del financiamiento ilícito. Desafortunadamente, la reforma que tenemos para impedir la penetración del dinero ilícito en la política es parcial y no ha tocado el fondo. Y, si un partido o agrupación política comete una ilegalidad, debe tener sanción política.

 

¿Podemos confiar en esa sanción política considerando el famoso ‘rabo de paja’?
Me refiero a la sanción política de los organismos electorales, como quitarte el registro para que no participes en política.

 

¿Tenemos que pensar en nuevas leyes?
Es verdad que se requieren algunas reformas, pero ante indicios o conductas que no son las mejores en el sector privado, debe haber sanción moral y social.

 

¿Resultará fácil aplicar esa sanción social cuando mientras conversamos, como usted dice, se pueden estar transando negocios bajo la mesa?
En el mundo empresarial hay indicios y, más o menos, sabes quién es quién. Hace algunos años, una empresa dejó de participar en licitaciones cuando sabía o intuía que iban a estar amañadas. Por eso, cuando sabes que hay algo que no está bien, abstente, no lo avales con tu presencia. Eso es ejercer sanción social.

 

Hay tres empresas socias de Odebrecht que están investigación. ¿Sería parte de esa sanción social que sus pares privados les cancelen contratos?
Déjame contestarte de esta manera. Si han perdido o no contratos, no lo sé, pero han sufrido efectos negativos: han vendido activos para pagar deudas, el valor de sus acciones ha bajado y es probable que sus bancos les pidan mayores garantías, porque su riesgo ha aumentado. A donde no podemos llegar es al extremo de hacer aseveraciones que solo el Poder Judicial puede hacer. Lo importante es que ya están en investigación.

 

Si entre bambalinas se sabía que existían prebendas y pagos, ¿por qué dejamos que la corrupción se empodere tanto?
Según la historia, en el Perú y en América Latina la impunidad ha reinado siempre. La corrupción se ha insertado de tal manera que compra voluntades en el Poder Judicial, en la fiscalía, en la policía, en la política, en el Congreso o en autoridades regionales. Pero hoy hay muchísima más conciencia ciudadana y los empresarios no podemos desligarnos.

 

¿Cuál debe ser el rol de los empresarios?
Las empresas tienen que cambiar su actitud pasiva. Si tengo buenas prácticas y programas de combate a la corrupción y de buen gobierno corporativo, me toca influir positivamente en mi cadena de valor (proveedores, clientes, abogados y gestores de intereses). Pero, también me toca influir en políticas públicas para saber qué origina la fiebre y cómo mato la infección. Me debo pronunciar, no puedo seguir poniéndome de costado porque antes que empresario soy un ciudadano, soy peruano y no puedo ser indiferente.

 

Dos firmas que trabajan junto a ex consorciadas con Odebrecht me decían que seguirán trabajando con estas compañías porque, de comprobarse los delitos, las corruptas serían las personas, no las empresas.
En efecto, las personas son las corruptas. No podemos pretender cerrar empresas por conductas de algunos de sus dirigentes. Las empresas tienen su propia personería jurídica y, además, tienen trabajadores, proveedores y obligaciones con el Estado. No puedes matar a la empresa porque cortas la cadena de pago y causas un peor problema.

 

Entonces, ¿está en contra del DU 003 que pretende impedir que participen en futuras licitaciones públicas?
El 003 tuvo buenas intenciones, pero fue pésimamente diseñado y ahora, con las modificaciones del Congreso, están agravando el problema. Aunque se debe hacer responsable a la empresa no podemos matarla.

 

Tras lo sucedido, ¿habrá un verdadero cambio en el tratamiento del gobierno corporativo en las empresas?
El buen gobierno corporativo es fundamental, pero hay que ser realistas, el problema estaba en que se creía que había que ganar las licitaciones comprando voluntades.

 

¿Cuál debe ser el rol de los directorios?
Los directorios van a ser mucho más sensibles al riesgo de corrupción y las empresas deberían tener un sistema ad hoc de prevención y combate a la corrupción, pero también se deben hacer públicos los resultados de los programas de cumplimiento, prevención y combate a la corrupción.

 

¿Se podrá?
Claro, se requiere de una buena dosis de valentía y coraje y, sobre todo, de visión. Sería un extraordinario paso en el sector privado.

 

Pero el año pasado una encuesta de EY revelaba que cerca del 50% de los equipos financieros justificaría comportamientos poco éticos con el objetivo de alcanzar metas financieras.
Si fuese así, no significa que eso no pueda cambiar. Pero se trata de un cambio desde la cabeza, es en ese lugar donde se parte el pastel para hacer las reformas y los cambios.

 

¿Lograremos hacerlo en el breve plazo?
Si no se hace, ponemos en serio riesgo a la sostenibilidad empresarial. Aquellos líderes que tengan la visión suficiente y hayan desarrollado ese nivel de conciencia, lo van a hacer, no tengo duda, pero se requiere una visión de largo plazo. Quizá al inicio te signifique perder algunos negocios y tu competidor te gane porque usó malas armas pero, al final del día, serás sostenible.

 

¿Qué esperar de la clase empresarial a la que pertenece?
El sector privado tiene que bajar de la tribuna, ir a la cancha, jugar y ganar el partido. Eso es liderazgo y visión de largo plazo. No debemos seguir jugando el rol de víctimas sino de líderes, no podemos desentendernos porque no somos gobierno, tenemos que participar.

 

Al final de túnel, ¿Lava Jato permitirá iniciar la verdadera lucha contra la corrupción?
Podría ser el punto de quiebre y aquello que nos abra los ojos.

 

¿Cómo avizora a la clase empresarial después de este escándalo?
Si participamos y dejamos el miedo atrás y la hipocresía de decir lo que es políticamente correcto, y nos involucramos con acciones y predicamos con el ejemplo, veo a una clase empresarial exitosa, generando empleo y bienestar, con impactos positivos en el país.

 

¿Participando con efectos positivos en política, porque hay quienes dicen que como políticos no la hacen?
Esa es una falsa dicotomía porque, sin pertenecer a un partido, los empresarios sí hacemos política, que es ejercer influencia positiva en lo que tiene que ver con el bien común, con el progreso del país y su desarrollo.

 

¿Veremos gremios más fortalecidos?
Insisto, si es que nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos y cambiamos nuestras actitudes, sí, incluso mejoraremos la percepción que tiene la ciudadanía sobre nosotros, que no tiene una buena percepción de los empresarios, y no le echemos la culpa a las ONG, a los medios o a los de izquierda, es un tema nuestro y no es gratuito.

 

26/12/2017