• Por Walter Albán, Director Ejecutivo​ de Proética
• Columna publicada en el diario El Comercio

Existen circunstancias en las que, más que un buen análisis jurídico o debate técnico –que personalmente no tendría problema en sostener– lo trascendental de la cuestión obliga a una narración más sencilla, capaz de permitir que el mayor número de personas de buena voluntad pueda calibrar adecuadamente la dimensión de lo que ocurre. Me refiero esta vez al atropello que algunos pocos, pero con mayoría prepotente en el Congreso, pretenden consumar en estos días, con la acusación constitucional en curso contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), por el simple hecho de haber puesto las cosas en su lugar o, más bien, haber destapado un verdadero fraude del que son responsables algunos ex magistrados de ese mismo TC, cuando resolvieron un caso de hábeas corpus en el 2013. En aquella ocasión, esos ex magistrados nos mintieron a todos diciendo que existía una sentencia donde no la había.

Durante las últimas semanas, la mayoría fujimorista en el Congreso, con algunos aliados estables o circunstanciales, viene apurando el trámite desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para destituir a los cuatro magistrados. Lo viene haciendo pisoteando al efecto todo principio y regla constitucional, así como elementales exigencias del debido proceso, al ocultarnos por ejemplo a los abogados, durante la audiencia, el informe de hechos y de valoración de pruebas que les servirá de base para su acusación. No obstante ello, los abogados pudimos dejar en claro durante dicha audiencia varios hechos claves que el país debería conocer, ya que fue obvio que para la mayoría de congresistas allí presentes importaban muy poco.

Lo primero que establecimos fue que en la supuesta sentencia de 2013, habiendo participado seis magistrados como sala plena, para llegar a tener un fallo se requería de cuatro votos como mínimo. De no ser así, el pedido sobre el que debían pronunciarse –y que el Poder Judicial ya había desestimado en dos instancias– habría resultado nuevamente rechazado. Fue solamente la audacia y falta de escrúpulos de algunos de los entonces magistrados lo que puede explicarnos ahora cómo, al momento de contar, erraron la suma para decir que había cuatro votos conformes donde solo había tres.

El voto del entonces magistrado Vergara Gotelli (falsamente señalado como el cuarto) fue distinto al de sus tres colegas. Ello quedó demostrado con documentos suscritos por el propio Vergara Gotelli, que obran en el expediente y en los que reitera que su voto fue diferente. Pero lo más importante, quedó absolutamente claro que, cuando el último de esos documentos llegó a manos del entonces magistrado Álvarez Miranda, el 4 de octubre de 2013, este anotó de inmediato, de puño y letra, un mensaje para su colega Carlos Mesía, expresándole su preocupación porque el documento de Vergara Gotelli recogía “en forma errada la sentencia” e instándolo a una coordinación “urgente”. Lejos de atender esa voz de alarma y continuar con el trámite pendiente, Mesía optó por guardar consigo el expediente durante 235 días, según los registros administrativos del TC; es decir, hasta el momento en que fueron elegidos los actuales magistrados.

Esa sustracción hizo que, entre octubre de 2013 y junio de 2014, nadie pudiera reparar en el entuerto. Pero entonces, inexplicablemente, el actual magistrado José Luis Sardón, a quien tocó en suerte recibir ese 2014 el expediente con materia aún por resolver, lo “encarpetó” durante un total de 470 días, según se aprecia de los registros de seguimiento de expedientes del TC. Cuando a inicios del año pasado, por reclamo del anterior defensor del Pueblo, fue necesario dar cuenta de varias causas que registraban un notable atraso, se hizo evidente el fraude. En rigor entonces, los cuatro magistrados ahora expuestos a las iras políticas de algunos, se comportaron como toda persona decente exigiría: resolvieron, de oficio, un pedido de aclaración abandonado por más de dos años, y lo hicieron recogiendo la interpretación que, como consta en el expediente, era también la de Vergara Gotelli. De todo ello queda registro irrefutable en dos videos que circulan ahora en YouTube; uno anterior, del propio Vergara Gotelli, y otro de Álvarez Miranda, de junio de este año. Pero la decencia, lamentablemente, no es ahora la que predomina en las altas esferas del poder en el Perú. No obstante ello, los ciudadanos que aspiramos a un país distinto no debemos permitir que nos quieran escamotear los pocos espacios de integridad con los que aún podemos contar en el Estado Peruano; y entre ellos, sin duda, hay que contar no solo al TC, sino también a la Fiscalía de la Nación.

13/12/2017