Por Samuel Rotta. Hace un tiempo, para algunos de nosotros conectar cualquier aparato a la computadora requería un manual, paciencia y, a veces, suerte. Era necesario configurar el sistema para que ambos dispositivos funcionen correctamente. Poco a poco, los aparatos de tipo “plug & play” fueron llegando para ahorrarnos valiosos minutos y las sensaciones de impotencia o cólera: se sacaban de su caja, se conectaban a la computadora y se usaban; ya no era necesario instalar drivers y configurarlos.
Comentando el caso “Lava Jato” en las Américas, el director del capítulo brasileño de Transparencia Internacional, Bruno Brandao, comparó esta tecnología de conectar y usar con las operaciones de Odebrecht en varios países de la región y Africa . La compañía había montado en Brasil un sistema altamente sofisticado de corrupción, que involucraba, como se sabe, una gerencia de coimas, sistemas informáticos creados para llevar contabilidad paralela y para establecer comunicaciones encriptadas sobre los sobornos, capas de empresas off-shore a través de las cuales viajaba el dinero para ser lavado, un despliegue de doleiros que entregaban el dinero a los sobornados e, incluso, se llegó a comprar la filial de un banco europeo en el Caribe para escalar las operaciones de corrupción.
Toda esta complejidad se trasladaba a cada país de forma sencilla, siguiendo el principio de conectar y usar. ¿Pero cuál era el “puerto USB” de un país al que ese armatoste se conectaba? ¿Cuál era el punto de entrada a partir del que se podría “usar” el complejo sistema de gran corrupción montado por Odebrecht?
Según todas las evidencias conocidas, el puerto por el que se activaba el aparato en un país era su sistema político; y en particular los aportes de campañas. Cuando Marcelo Odebrecht declaró ante los fiscales peruanos en noviembre de 2017, fue claro al decir que sus aportes a las campañas buscaban generar y fortalecer relaciones con actores locales y generar un ambiente favorable a las operaciones de la empresa: “Lo que estoy hablando se aplicó siempre. Siempre que Odebrecht estuvo en un país, se hacía. Cuando uno comienza en un país uno no tiene una relación próxima. Se va construyendo la relación”.
Estas relaciones permitieron ganar contratos, no ser hostigados o, podemos suponer también, impulsar proyectos innecesarios o magnificados. Odebrecht también declaró que apoyaron a todos: “A muchos candidatos de oposición, incluso sabiendo que no iban a ser elegidos, los apoyábamos de alguna manera. Porque la oposición también puede crear problemas. Una manera de crear una red es apoyar”. Era importante que el ambiente favorable sea independiente de la dinámica política del país.
Si las actividades corruptas de Odebrecht tenían en el financiamiento político su punto de entrada (y, agregaríamos, su sostenibilidad), no es entendible que una comisión investigadora del Congreso de la República, que conduce pesquisas y busca establecer responsabilidades de naturaleza política, pase por alto precisamente esta dimensión política. Sea por ingenuidad o adrede, se ha perdido una oportunidad de entender mejor las formas a través de las cuales esta conexión se facilitó e identificar responsabilidades de los actores políticos que participaron en este esquema, hayan sido gobierno o no. Pero, lo más importante, es que se pierde la oportunidad de alimentar la discusión y plantear soluciones de fondo sobre nuestro todavía vulnerable sistema de financiamiento político, problema cuya centralidad ha sido confirmado, otra vez, por el caso Lava Jato.
