Después del referéndum y de la salida del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, desde algunos sectores se ha venido señalando que la agenda de la lucha contra la corrupción del gobierno se ha desgastado como fuente de apoyo político y que al presidente Vizcarra le convendría trasladar su liderazgo a otros campos, usualmente entendidos como más cercanos al día a día de la ciudadanía.

Hay tres motivos, desde nuestro punto de vista, por los que descartar el tema anticorrupción o ponerlo en un segundo plano sería un error. En primer lugar, las investigaciones relacionadas al caso Lava Jato seguirán siendo protagonistas de nuestra vida política, tal como acaba de demostrarse con la orden de detención al ex presidente Pedro Pablo Kuczinsky, por lo que, mientras vayan conociéndose más detalles de las operaciones del elenco político y empresarial relacionado al caso, mientras vayan tomándose medidas restrictivas o no y, principalmente, en la forma en la que vayan respondiendo los imputados en el terreno político, la corrupción se mantendrá altamente visible en la agenda pública.

En segundo término, no hay que olvidar que en nuestro país los escándalos de corrupción son como los temblores: sabemos que van a ocurrir, aunque no sepamos cuándo ni dónde. Cuando el próximo escándalo suceda, se le reclamará al gobierno haber dejado de darle la prioridad que se merece al tema. Se puede replicar que si el gobierno ha estado activo en el tema, cuando surja un nuevo escándalo igual se le reclamará no haberlo previsto. Pero este riesgo es normal; más bien, si ha estado activo, contará con más elementos para manejar la crisis de mejor manera. La gran diferencia entre países percibidos como corruptos de los íntegros no es que no haya corrupción, sino la forma en la que se responde ante ella.

Y, tercero, el plan reformista está todavía a medias. La presentación de los proyectos de ley que configurarán la reforma política debe tener lugar esta semana, y se abrirá una crucial fase de discusión en el parlamento, en la cual toca cuidar que no se metan de contrabando candados que busquen asegurar que nada cambie. Mientras eso ocurra, se está entrando recién a la etapa de implementación de la reforma de justicia. Y aún falta sumar reformas pendientes en otros campos menos visibles, como el necesario fortalecimiento de la autoridad de transparencia, anunciado hace ocho meses y que aún no se concreta.

El nivel de control por parte del gobierno sobre la mayoría de estos procesos varía notoriamente, con un claro balance al déficit, pues la aprobación de leyes en el Congreso o la puesta en marcha de la Junta Nacional de Justicia, dependen de otros actores. Sin embargo, el papel de liderazgo político es indispensable para avanzar sustancialmente en todos esos frentes. En la última encuesta nacional sobre corrupción de Proética (setiembre 2017), cuando preguntábamos a la ciudadanía quién debería liderar la lucha contra la corrupción en el país, la principal respuesta era “el presidente” (44%). Al mismo tiempo, también registramos que solo 1 de cada 4 peruanos consideraba que el gobierno de Kuczynski estaba siendo eficaz contra la corrupción, a solo un año de haber asumido su mandato y cuando el escándalo Lava Jato todavía no lo había tocado, revelando una brecha entre expectativa y realidad.

El gobierno no solo no debe desentenderse de esta agenda, sino que debe redefinir su posición, entendiendo con mayor profundidad la dimensión y horizonte del reto, proponiendo el cambio al cual se quiere llegar como país y liderando la ruta para ello.

Fecha de publicación: 10/04/19

La cochera que funcionaba como paradero donde se incendió el bus de la empresa Sajy el domingo pasado había sido clausurada un mes atrás por la Municipalidad de San Martín de Porres, debido a que no tenía licencia para operar dando este servicio, según los reportes periodísticos. Los buses de Sajy salían de ese lugar porque poco antes, a inicios de febrero, el municipio había encontrado que el terminal formal que usaban solo tenía licencia para una empresa, no para las 60 que lo utilizaban. Y, sin embargo, luego de los dos inconvenientes, los buses siguieron saliendo y llegando.

Se puede hacer una tipología tentativa de las relaciones entre informalidad y corrupción. Un primer tipo ocurre porque las actividades empresariales informales requieren romper algunas manos de funcionarios fiscalizadores para que sus ojos se hagan de la vista gorda, permitiéndoles reproducirse sin mayores contratiempos. Un ejemplo de manual es el conductor de la chatarra sobre ruedas que soborna a un policía para que pase por alto que no tiene la revisión técnica. La ineptitud o la escasez de recursos son una buena justificación de los órganos supervisores para ocultar la corrupción. Podría ser que estuviéramos ante este tipo de relación en el caso de los terminales informales.

En una segunda forma de la relación, la informalidad es una oportunidad para obtener proactivamente rentas ilegales por parte de funcionarios públicos. Era lo que ocurrió con la gestión del ex alcalde de La Victoria, Elías Cuba, que habría organizado un sistema de cobro de cupos a los ambulantes de Gamarra y otras zonas comerciales del distrito para permitirles vender sus productos. Es una relación inversa con respecto de la primera.

Hay un nivel más avanzado de relación, en el cual se complejizan las actividades y escalan hasta un punto en que informalidad y corrupción se vuelven indistinguibles. Es lo que pasaba con los alcaldes de Punta Negra, Santa Rosa y Tacna, entre otros, capturados en distintos “mega-operativos”, sospechosos de pertenecer a organizaciones criminales de tráfico de terrenos o liderarlas desde sus respectivos municipios.

Frente a las 17 muertes en el bus Sajy, las medidas reactivas son necesarias, pero insuficientes. En el mejor escenario, se podrá esclarecer responsabilidades y corregir deficiencias específicas: la empresa perderá su licencia, se clausurará el local, alguien irá a la cárcel y posiblemente se llegue a determinar qué órgano fiscalizador falló y por qué (si es que hubo corrupción) y se le sancione.

Sin embargo, el problema es claramente mayor. Se ha señalado de forma recurrente que ante la informalidad todos tenemos alguna responsabilidad. Solo como ejemplo, los datos de la última edición de la encuesta nacional sobre corrupción de Proética (setiembre 2017), recogen el nivel de tolerancia a conductas corruptas y transgresoras, una de las cuales es el “pirateo” de servicios, como electricidad, agua, TV cable e internet. Entre aquellas personas que toleraban abiertamente esa conducta y quienes respondían con una actitud ambigua, se agrupaba un sólido 72% de peruanos y peruanas.

El gobierno del presidente Martín Vizcarra está realizando un esfuerzo muy saludable por fortalecer la institucionalidad del país que, por ahora, está concentrado en el sistema de justicia y en la política. Esta nueva tragedia podría moverlo a pensar también en las actividades económicas informales, empezando por el transporte interprovincial. Pero, además, debiera servir para recordar que este impulso institucionalista no puede quedarse en la necesaria y, sin duda, complicada aprobación de reformas, sino que debe ir considerando la fase crucial de la implementación y el ambiente social en el que se van a tener que desplegar estas normas; un ambiente cruzado por la tolerancia a la corrupción y la prevalencia de relaciones informales.

Fecha de publicación: 02/04/19